«Todos los servidores públicos Deben atender y despachar con Prontitud y eficacia las solicitudes De información, trámite o gestión Que ante ellos realicen las organizaciones De derechos humanos» Directiva Presidencial 07 sep 09 de 1999 (1) El gobierno nacional debe «(.) tomar acciones para que sean procesados y sancionados aquellos servidores públicos que no guarden […]
«Todos los servidores públicos
Deben atender y despachar con
Prontitud y eficacia las solicitudes
De información, trámite o gestión
Que ante ellos realicen las organizaciones
De derechos humanos»
Directiva Presidencial 07 sep 09 de 1999 (1)
El gobierno nacional debe «(.) tomar acciones para que sean procesados y sancionados aquellos servidores públicos que no guarden el respeto debido al trabajo de los defensores de derechos humanos y otros grupos (.)» indicación de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (3) que junto a la Directiva Presidencial O7 de septiembre 09 de 1999 para nada han servido cuando se trata de la protección a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos que el estado pretende caracterizarlas como opositoras políticos y objetivos de guerra desconociendo por lo tanto el supuesto estado de derecho que dice el gobierno representar, ejercer y defender.
Parece ser que el Estado, su régimen político, sus Instituciones y sus agentes en un grave despropósito jurídico han interpretado al revés la Directiva Presidencial 07-09/09/99, puede ser, o también que ya no existe seguridad jurídica, ni credibilidad en lo prescrito constitucional y legalmente por parte de las autoridades; no se puede entender diferente cuando se conoció el «allanamiento voluntario» realizado por agentes del Estado al Semanario VOZ, la Verdad del Pueblo, al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, a Sinaltrainal, el apabullante despliegue militar en el allanamiento de la sede nacional de la UP, y al robo de los discos duros a Codhes con la información sobre el desplazamiento forzado, delito de lesa humanidad que sigue impune en Colombia. (4)
Acciones cruentas de allanamiento realizadas sin orden judicial. Parece ser que estas «órdenes» emanadas de la justicia ya no hacen falta, pues la juridicidad no existe, sólo es formal, señorea el autoritarismo y/o terrorismo estatal que no requiere, ni le hace falta juridicidad alguna, ni siquiera le incomoda la legislación imperante, pues en la práctica la desconoce; es toda una ilegitimidad del mismo estado: como el alacrán que él mismo se inocula de veneno, así es el estado autoritario: él mismo, para imperar, se inocula terrorismo estatal, creando inseguridad jurídica, inseguridad democrática, inseguridad social, inseguridad callejera, inseguridad laboral, inseguridad prestacional, inseguridad personal, inseguridad ciudadana, inseguridad total.
El CPDH (5) , filial de la FIDH, con sede en París (6) surgió en 1979 como una Organización permanente defensora de los derechos humanos en la época del «Estatuto de Seguridad» cuando Colombia sucumbía en la más feroz vulneración a los Derechos Humanos; de esa época a hoy le han sido asesinados más de medio centenar de sus integrantes, muchos víctimas del desplazamiento forzado, del exilio, el destierro, las amenazas, y una y otra vez ha sido declarado objetivo militar por los enemigos de la democracia; y hoy el continuismo del terrorismo estatal lo asedia, tal como lo hace con Codhes y las demás organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La libertad de prensa es entorpecida por estas acciones cometidas contra el Semanario VOZ, la Verdad del Pueblo, (7) prensa alternativa que con sus denuncias sobre la vulneración a los derechos humanos de los residentes Colombianos lo ha hecho merecedor de ser también objetivo militar, víctima del terrorismo de estado; el Director Abogado Carlos Lozano Guillén, sus periodistas, corresponsales, colaboradores, en todas sus etapas, como Voz de la Democracia, Voz Proletaria y ahora VOZ la Verdad del Pueblo han sido y son amenazados, desplazados y perseguidos políticos, también muchos fueron asesinados en el genocidio al Partido Comunista Colombiano (8) y a la Unión patriótica, cuya casa y sede nacional fue allanada este domingo en apabullante operativo militar(9); y hoy con sus 2353 ediciones hebdomadarias ha construido la más grande hemeroteca de denuncia a la vulneración de los derechos humanos en Colombia como auténtico periódico alternativo.
El Centro de Derechos Humanos e Interpretación Política de la Universidad Santiago de Cali (10) en cumplimiento de sus funciones coadyuva con todo respeto las mismas exigencias del CPDH: de una investigación inmediata y con resultados por parte de los órganos de control, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior de estos hechos que son a todas luces condenables y haya una sanción a los responsables; igualmente solicitamos cesen los hostigamientos oficiales contra el CPDH, VOZ, CODHES y demás Organizaciones que defendemos los derechos humanos; de manera similar, en el marco de los Tratados Internacionales, la Constitución Política y la Ley exigimos todas las garantías para el desarrollo de nuestra labor y efectivas medidas de protección y seguridad para nuestros miembros.
(1) http://www.derechoshumanos.gov.co/modules.php?name=informacion&file=article&sid=129
(2) Athemay Sterling, Abogado Defensor de Derechos Humanos, Profesor Universitario, Director del Centro de Derechos Humanos e interpretación política de la Universidad Santiago de Cali, integrante del Equipo Periodístico de VOZ, integrante del CPDH como responsable de la Comisión Jurídica del CPDH-Valle, Directivo Nacional de Andas
(3) http://www.hchr.org.co/
(4) Como lo indicó Notipaco en http://www.anncol.org/es/site/doc.php?id=2306
(5) http://cpdh.free.fr/
(6) http://www.fidh.org/
(7) http://www.geocities.com/vozxcol/bogota.htm
(8) http://www.pacocol.org/es/Inicio/index.htm http://www.pacocol.org/es/Inicio/index.htm
(9) http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/cepeda6.html
(10) http://virtual.usc.edu.co/derechos/