El descuadernamiento y crisis moral a que llevaron el país es de tal magnitud, que a diario las instituciones del Estado, se enfrentan entre sí envueltas en escándalos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y crímenes del Estado. Esta crisis de Estado que viene de tiempo atrás, la aceleró el actual gobierno con la política […]
El descuadernamiento y crisis moral a que llevaron el país es de tal magnitud, que a diario las instituciones del Estado, se enfrentan entre sí envueltas en escándalos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y crímenes del Estado.
Esta crisis de Estado que viene de tiempo atrás, la aceleró el actual gobierno con la política de Seguridad Democrática, la gran mentira con que el Presidente Uribe embruja a los colombianos y tras la que oculta la corrupción desenfrenada de su gobierno y el terrorismo de Estado camuflado, como guerra contra la insurgencia armada, pero que en lo fundamental se dirige contra la oposición legal y disidentes políticos, que estorben la desbocada acumulación del gran capital, afecten el poder de la oligarquía lacaya y cuestionen la injerencia imperialista.
El Estado controlado por las mafias no tolera el menor bostezo, que afecte los intereses de la clase política y la élite dominante. La Corte Suprema de Justicia sigue amenazada, como en los tiempos del Cartel de Pablo Escobar, por investigar y judicializar a más de cien parlamentarios, casi todos pertenecientes al partido de gobierno, además de a otros tantos funcionarios públicos vinculados con el narcotráfico y por investigar las dádivas concedidas a varios parlamentarios, a cambio del voto para la reelección del Presidente Uribe.
Pero este fenómeno no es nuevo. El Estado mafioso se constituyó desde que la oligarquía arrebató el poder al pueblo y optó por la acumulación de capital por la vía fraudulenta, mediante la expropiación de la tierra a través de la guerra, el robo del erario público, el contrabando y el enriquecimiento rápido en el negocio del narcotráfico.
Hoy como ayer quienes denuncian, se oponen y luchan contra las distintas formas de corrupción y crímenes del Estado, son víctimas de su criminal estructura terrorista, constituida como soporte del poder derivado de aquella acumulación capitalista fraudulenta.
Mucha sangre de líderes sociales y políticos comprometidos con la defensa del interés popular y la soberanía nacional, ha sido derramada; muchas vidas truncadas, con lo que se privó al país de numerosas inteligencias brillantes y virtuosas.
Víctimas de esa oligarquía intolerante cayeron abatidos el General Rafael Uribe Uribe en 1.914 y Jorge Eliécer Gaitán en 1.948; además de ser asesinados por la oligarquía narcoparamilitar en la década del 80 del siglo pasado, los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro Leongómez y Luis Carlos Galán Sarmiento.
Crímenes del Estado terrorista que reposan en la impunidad. El de Galán Sarmiento tiende a esclarecerse con la judicialización del General Maza Márquez, en ese entonces director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad del Estado), actualmente preso, acusado de participar en dicho crimen.
La mafia terrorista que tiene descuadernado el país, que amenaza a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, asesina a sindicalistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, opositores políticos y amenaza a disidentes del uribismo, se cubre bajo la sombra de la política de Seguridad Democrática, para calificar de ‘terroristas’ y perseguir con la bota guerrerista, a quienes luchan por liberar a Colombia del Estado terrorista y construir el nuevo país, donde impere la justicia social, el bienestar con desarrollo sostenible y la dignidad de Nación.