Escuche apartes de esta entrevista en el especial que La Radio del Sur dedicó al tema del TLC entre la UE y Colombia en el espacio «En Órbita», conducido por Hernán Cano (*)
Héctor León Moncayo es investigador del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), co-fundador y vocero de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (RECALCA), y miembro de la ejecutiva de la Alianza Social Continental. Aura Rodríguez es economista, miembro de la Corporación Cactus (Organización de defensa de los derechos humanos) y de la Secretaría Técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Ambos han visitado España con motivo del seminario internacional Contextos de aplicación de acuerdos económicos y garantías de los derechos humanos . Acuerdo Multipartes entre la Unión Europea y Colombia ( http://www.pachakuti.org/
Aprovechamos la invitación que nos hizo Ecologistas en Acción para preguntarles todo lo que usted siempre necesitó saber y ningún medio masivo de comunicación le contó acerca del Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea ha negociado con total opacidad y el presidente de turno de la UE, Rodríguez Zapatero, se apresuró a firmar durante la cumbre de presidentes realizada en mayo en Madrid. En este momento el tratado se encuentra en fase de ratificación, y deberá pasar por los parlamentos nacionales de Colombia y de todos los países miembros de la UE, lo que significa que todavía no está dicha la última palabra y estamos a tiempo de presionar a nuestro Parlamento para que no lo ratifique.
1. ¿Qué implicaciones tiene el tratado de libre comercio entre la UE y Colombia, en materia económica, pero también en los derechos humanos, en el aspecto social, ambiental e incluso sobre la soberanía de Colombia?
H.L.M. Muchas veces hemos discutido sobre estos tratados mirando la situación de derechos humanos, civiles y políticos en los países, y entonces se critica el tratado porque en países como Colombia o Perú se están violando los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y, en general, de la ciudadanía y, por lo tanto, no deja de ser una burla que, por ejemplo, Europa, que siempre ha contemplado como parte de su ideario la defensa de los derechos humanos, negocie con gobiernos que tienen esa actitud. Y, por ejemplo, se dice: «vamos a colocar una cláusula democrática en el tratado». Pero nosotros decimos: si no han tenido en cuenta la democracia para negociarlo, ¿por qué les vamos a creer que la van a tener en cuenta después? En realidad esas cláusulas democráticas no tienen ninguna fuerza vinculante, no tienen ninguna capacidad sancionatoria. Decir que van a suspender un tratado porque se violan los derechos humanos es prácticamente caer en la ficción. Esa ha sido una primera gran crítica a los tratados de libre comercio que hemos hecho nosotros y otras organizaciones solidarias en Europa.
Pero vamos más allá. Es que el Tratado en sí mismo, la forma como está concebido, su estructura, su texto, está vulnerando los derechos humanos en los aspectos laborales, en los aspectos del medio ambiente, en lo que tiene que ver con soberanía alimentaria y, en general, porque estos tratados le amarran las manos a los Estados y les impiden desarrollar una política pública, ya sea social, ya sea de desarrollo. Pierden por completo toda iniciativa en estas materias.
Entonces, no sólo son perjudiciales -que lo son- para Colombia y Perú, o los países centroamericanos, sino que también son perjudiciales para los países europeos, porque quien gana en estos tratados en realidad es un puñado de grandes empresas multinacionales y corporaciones financieras, no los pueblos, ni de allá, ni de acá.
2. En el caso del TLC con Estados Unidos, ahora congelado, el principal impacto y los principales riesgos sobre la economía de Colombia y sus trabajadores era específicamente el sector agrario, fundamentalmente, por el nivel de subvención que tiene la agricultura en Estados Unidos, y en determinados rubros como el pollo o el maíz, había peligro de que desaparecieran muchos pequeños productores e incluso medianas empresas que se han logrado conformar. En el caso del tratado con la UE, ¿cuáles serían los impactos y en qué sectores golpearían con más fuerza?
A.R. Los tratados de libre comercio, en general, tienen los mismos parámetros, y podemos decir que el de la Unión Europea es todavía más nefasto que el que ya se negoció con Estados Unidos. Tiene efectos negativos no solamente para trabajadores de uno u otro sector, sino que, en general, va en contra de las posibilidades de autodeterminación de políticas económicas que puedan generar, en realidad, una superación de la pobreza o desarrollo en nuestros países. Hay sectores que se van a ver más afectados que otros, pero en general, van a continuar con unas políticas de flexibilización fuertes, por supuesto van a colitar toda la persecución de sindicalistas y las posibilidades de organización sindical en el país.
Uno de los sectores que más afectado puede verse es el sector lechero y no solamente en Colombia, sino también en Europa. En realidad es un modelo que va en detrimento de los derechos en general de la población del mundo, y que gran parte de las medidas que van estableciendo en países como España ya se han aplicado en nuestros países y efectivamente la historia demuestra que lo que han producido es un aumento de la pobreza, una precarización en general de las condiciones de vida de todo el mundo.
Por supuesto el sector agrícola en un país como el nuestro se vería seriamente afectado: los pequeños productores, la producción de alimentos desplazada por monocultivos de gran extensión para agrocombustibles, por ejemplo (el caso de la palma o de la caña aceitera, y de otro tipo de agroindustrias para la exportación, como la floricultura), que vienen desplazando la producción de alimentos y afectaría a algunos sectores en particular. Pero los daños son mucho más estructurales que algunos casos aislados.
H.L.M. Los efectos sobre la agricultura, pero especialmente sobre la economía campesina, a veces se dan directamente, como en el caso de Estados Unidos, porque las exportaciones subsidiadas de Estados Unidos de excedentes agrícolas, arruinan a los campesinos que producen los mismos productos. Y en el caso de la relación con Europa, es verdad que Europa no exporta a nuestros países muchos productos, pero hay algunos que tendrían el mismo efecto. Pero hay un impacto indirecto sobre la destinación de la tierra, de los suelos, porque este tipo de tratados, que están basados en el juego del mercado, lo que hacen es obligar a los países a especializarse en determinados renglones. Entonces la tierra, aunque no haya el mismo producto que venga de afuera y compita con el de aquí, la tierra se vuelve más rentable si la destino a un producto de exportación. Las grandes empresas, que muchas veces son también de inversión extranjera, van a encontrar que no tiene sentido producir alimentos, que es mejor destinar la tierra a producir agrocombustible. De esa manera, se va quebrando la economía campesina. Y hay una cosa que es clara en Colombia: la disputa por la propiedad y la utilización del suelo ha sido uno de los factores que tradicionalmente ha motivado el conflicto armado interno, pero además, toda una estrategia paramilitar que ha estado encaminada a desplazar a la población campesina. Entonces, nosotros creemos que estos tratados, aunque en sí ellos no lo digan, producen un modelo de desarrollo que favorece a estos sectores que han sido violentos en Colombia.
3. Según la versión oficial, en Colombia hay desplazamiento y violencia porque hay narcotráfico, mientras que las organizaciones sociales defienden que el desplazamiento y la violencia se dan con más fuerza precisamente donde se concentra la inversión extranjera y donde el Gobierno colombiano está haciendo la apuesta por «desarrollar» el país. ¿Cuál sería el punto de vista que ustedes defenderían desde su conocimiento de la realidad social de Colombia y de su trabajo con desplazados, con mujeres, con las víctimas de esta estrategia de desarrollo?
A.R. Lo que es claro es que el territorio colombiano y especialmente esas zonas de intereses estratégicos para las grandes inversiones internacionales y también de las élites colombianas son esos territorios donde existe una gran violación de derechos humanos, donde existe el conflicto armado con muchísima más fuerza. Si uno hiciera un mapa de Colombia donde están los territorios estratégicos, los más ricos en recursos naturales, donde existen reservas minerales, agua, etcétera, y los cruzas con aquellos en donde hay grandes niveles de desplazamiento y, en general, masacres, violaciones de los derechos humanos de todo tipo, encuentras que coinciden esas zonas. No es un argumento gratuito, sino que la realidad comprueba que es así: si tienes los dos mapas y los juntas son, claramente, las mismas zonas, donde hay intereses estratégicos económicas y las zonas de conflicto y de vulneración masiva de derechos humanos.
De hecho, no solamente lo decimos las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Naciones Unidas reconoce en el último examen de derechos sociales, económicos y culturales que le hizo a Colombia este año en el mes de mayo que son esas zonas estratégicas y también estos tratados de libre comercio que vulneran estructuralmente los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, esos territorios donde también viven pueblos indígenas o se concentran mayoritariamente afrodescendientes, y hay campesinos y campesinas, es donde se da mayor afectación por parte de estos megaproyectos. Incluso, hay alertas de Naciones Unidas frente a los tratados en particular que se han firmado, ante el impacto negativo que estos grandes proyectos están provocando. ONGs como Amnistía Internacional han dicho claramente que en el caso colombiano, aquellos pueblos que tienen una mayor vulneración, por ejemplo, en el tema de desplazamiento forzoso, son justamente aquellos que habitan donde existen intereses económicos estratégicos.
4. ¿Cómo se podría caracterizar el comportamiento del capital europeo que se ha afincado en Colombia en los últimos años, al calor de esas políticas desregulatorias, de bajos impuestos y de apertura de mercados para -en teoría- promover el desarrollo del país?
H.L.M. Esto es interesante, porque seguramente el ciudadano europeo todavía tiene esa imagen de América Latina como el patio trasero del imperialismo de los Estados Unidos. Y, la verdad, ya eso no es tan cierto para toda Latinoamérica. Desde los años 80, que empieza toda la política neoliberal, que llevó, entre otras cosas, a la desregulación y a la privatización de las empresas estatales, aparecieron muchas inversiones de empresas de origen europeo. En particular, también con sede en el Estado español, aunque no estamos seguros del origen real del capital, y llegaron específicamente a sectores de lo que llamamos servicios públicos básicos: energía eléctrica, agua, gas hidrocarburos, el sector financiero, el de las comunicaciones, la telefonía, el sector de los medios masivos de comunicación (en la radio, en la televisión, en la prensa escrita). Han tomado posesión de sectores claves, estratégicos, en el sector comercial, y en un país donde se ha ido desregulando y flexibilizando el mercado laboral, obviamente estas empresas cuentan con esas ventajas: el salario es bastante bajo y fuera de eso, hay pocos compromisos en materia de prestaciones sociales.
Claro, su comportamiento en términos laborales corresponde al comportamiento de todas las empresas que hay allá. Pero además, hay un problema general, que no tiene que ver con el hecho de que sean europeas o de Estados Unidos, que es el ánimo de lucro. En realidad, darle los servicios básicos a la gestión de quien está sólo interesado en la ganancia privada va en contra de la idea del interés público, del bienestar de la población, y ese es uno de los problemas más graves que tenemos. En verdad, si uno hace el análisis de los últimos 30 años, en términos del flujo de las inversiones hacia América Latina y, en particular, hacia Colombia, es superior el de empresas de origen europeo, que el de empresas de Estados Unidos.
5. ¿Y es mejor la Repsol o la Exxon? ¿Qué prefieren ustedes?
H.L.M. (Risas) Eso sería como escoger entre el Sida y el cáncer.
A.R. Es claro que no quisiéramos ninguna. Hay todo tipo de empresas de origen europeo y norteamericano, que han ido en contravía de los intereses de los colombianos y colombianas. Casos hay por montones y de esas dos no tendríamos cómo escoger: ninguna para nosotros representa una oportunidad real de lo que el país necesitaría.
H.L.M. Claro que, siendo justos, las grandes empresas colombianas también violan los derechos laborales y los derechos humanos. Para nosotros el punto fundamental es que todas las empresas y, sobre todo, las que están en servicios públicos, deben ser reguladas y controladas por el Estado. En realidad, el capitalismo sólo tiene un funcionamiento medianamente al servicio de la población en la medida en que sea regulado. Este capitalismo neoliberal salvaje nunca va a servir, y las empresas, no importa qué origen tengan, todas se comportan igual. Y lo que exigen en todos estos tratados son más y más garantías. Nosotros decimos que debe haber una intervención de los estados, hay que ponerles un límite a las grandes empresas multinacionales.
A.R. Por supuesto, si el único objetivo es el lucro y tener ganancias interminables, el bienestar de la gente nunca aparece.
6. Lo decía también porque uno se puede imaginar desde España que Telefónica, Repsol, aquí nos explotan como trabajadores y nos sobrefacturan como usuarios de sus servicios, pero en Colombia además estamos hablando de asesinato y persecución de dirigentes sindicales, utilización de paramilitares en algunos de los casos que ustedes mencionaban de estas empresas que se han posicionado en Colombia. Y es un tema poco conocido en España y que conviene no olvidar: nuestras empresas se están comportando, muchas veces, como los peores ejemplos del imperialismo en Colombia.
H.L.M. Hay algunos libros ya que se han publicado acerca del comportamiento de las empresas multinacionales de origen europeo en Colombia. Digamos que todas las empresas buscan estos tratados y logran firmarlos con muchos países, pero en aquellos países donde ha habido una resistencia social, como en Colombia, no han dudado en recurrir a la violencia. Y, seguramente, si no hubiera ciertos controles en Europa, también recurrirían a la violencia. En verdad, no tienen escrúpulos. Nosotros estamos haciendo un llamado a mirar este problema tanto en América Latina como en Europa también, porque, efectivamente, el proceso de desregulación, de recorte de las condiciones básicas de los trabajadores, aquí también avanza. Ustedes pueden ver en Latinoamérica el espejo de lo que les puede ocurrir en Europa. Si no hay control de las grandes empresas, todos vamos a sufrir.
7. La otra gran vertiente de este tratado de libre comercio, que siempre se argumenta desde el Gobierno colombiano, es que como contrapartida a todas las concesiones que se van a hacer en materia de soberanía y de riqueza del país, van a venir ayudas, en forma de un fondo de financiación de la Unión Europea para la llamada «ayuda al desarrollo». Desde su conocimiento del terreno, ¿cuál es el papel de las ONGs de origen europeo y hasta qué punto esa ayuda fomenta el desarrollo o qué efectos deja en el territorio colombiano?
A.R. El tema de cooperación es muy importante, porque, de hecho, en el último tiempo, la cooperación europea ha estado mucho más enfocada hacia iniciativas del Gobierno Nacional y de gobiernos locales, que también han ido en contra de la misma población colombiana y del disfrute en general de los derechos sociales, económicos y culturales, así como otro tipo de derechos civiles y políticos. Por ejemplo, iniciativas como Familias en Acción, Familias Guardabosques, han tenido un gran apoyo de la cooperación internacional, mucho más interestatal, que hemos alertado nosotros en otros momentos que hay que tener mucho cuidado, porque fondos que son públicos en Europa han contribuido al aumento de la corrupción en sectores específicos y a la financiación de la guerra en el país.
Por otro lado, hay organizaciones españolas que han apoyado firmemente la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales, y para nosotros eso es muy importante. El apoyo de la sociedad civil española a las organizaciones sociales y de derechos humanos es vital, mucho más en un país como el nuestro, y creo que ha sido un respaldo no solamente económico, sino también un respaldo político en muchos momentos, frente a políticas europeas que van contra nosotros. Incluso, en la interlocución con sus propios gobiernos, han posibilitado un diálogo mucho más fluido entre las organizaciones sociales y de derechos humanos y sus propios estados.
Pero han reducido cada vez más la cooperación y la han centralizado hacia políticas gubernamentales. De hecho, si uno le hace un recorrido a planes como «Familias en Acción», que tiene un gran componente de cooperación internacional, y lo liga a escenarios de corrupción en las elecciones y a otro tipo de hechos mucho más fuertes, vemos la necesidad de llamar a una alerta alrededor de esto.
8. Aquí llegaron imágenes en la última campaña electoral, del ahora presidente Santos utilizando los autobuses de «Familias en Acción», directamente para trasladar votantes y amenazando con que si él no salía elegido, ese programa se iba a acabar. Por cierto, ¿qué tienen de malo los guardabosques?
A.R. Nosotros hemos ubicado varias cosas. Uno, la llamada política antidroga se centra en atacar directamente a campesinos productores en zonas del país donde no tienen otra posibilidad económica de sobrevivir, donde el problema fundamental del negocio tan grande que es el narcotráfico se traslada fundamentalmente a campesinos de las regiones, y ese no es el eslabón fundamental de toda esta gran cadena del narcotráfico en el mundo. Programas como el de «Familias Guardabosques» han, por un lado, desviado la atención de este problema estructural, pero también genera al interior de las propias familias la imposibilidad de tejer nuevas redes sociales y organizarse. También se provoca una gran dependencia de estas familias y se llega a perseguir incluso a las familias que no quieren hacer parte de estos programas, como si fueran terroristas o colaboradores de las guerrillas, según dicen ellos, y que, en general, son campesinos que no tienen otras posibilidades concretas. Esto no genera posibilidades específicas reales de superación de la pobreza en la gente.
H.L.M Hay que tener en cuenta que la política de guerra que desarrolló Uribe durante 8 años estaba ante todo encaminada a polarizar el país, a colocar en situación de sospecha a todo el que reivindicara algún derecho, a todos los que estaban buscando una salida negociada del conflicto, a los que estuvieran buscando la paz. La idea era colocar a todos ellos bajo un manto de sospecha. Y, por otro lado, colocar a quienes habían hecho parte de los grupos paramilitares en una condición de delincuentes políticos, negando su relación con el Estado, y presentándolos como «luchadores contra el comunismo». En realidad, lo que hizo la estrategia paramilitar es limpiar los territorios para dejar las tierras al servicio de estas grandes inversiones. En el caso de los campesinos, fueron sometidos a una intensa presión.
Después de toda esta campaña paramilitar, que nos ha costado mucha sangre y mucho dolor, las familias que quedan en el campo son objeto de una suerte de soborno, porque se les ofrecen unos programas que son completamente asistenciales, pero eso implica para ellos involucrarlos dentro de lo que sería el componente cívico de la guerra. Al principio el Gobierno habló de la «red de informantes» o de los «soldados campesinos», que eran dos programas para comprometerlos en las tareas de inteligencia, o en tareas de milicia civil de apoyo al Ejército. Fueron muy criticados, incluso internacionalmente, y entonces se mantuvieron principalmente dentro de programas como «Familias en Acción» o, sobre todo, en «Familias Guardabosques», en el que los presionan mucho para que sirvan de colchón de seguridad para las operaciones militares. Todo supuestamente contra el narcotráfico, pero la lucha contra el narcotráfico es en realidad en defensa de algunas zonas donde hay cultivos al servicio de ciertos grupos, y persiguen otras zonas donde son los grupos de la insurgencia armada los que protegen a los campesinos cultivadores de coca. En verdad todo ha sido manipulado para utilizarlo en beneficio de una política.
Y el nuevo Gobierno recoge esto y lo mantiene, lo utilizó para su elección, pero mantiene esa relación que podríamos llamar neopopulismo neoliberal, que es esa utilización de la población al servicio de su política. Y este Gobierno va a continuar con eso, incluso lo estamos viendo exhibir un discurso de derechos humanos, de democracia, tratando de fortalecer su posición internacional sobre la base de la retórica, pero en la realidad sigue siendo igual.
9. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto las rupturas y hasta dónde las continuidades con la época de 8 años del presidente Uribe que, como ustedes muy bien han explicado, lo que hizo fue extender la guerra a todos los sectores de la población y paramilitarizar amplias capas de la población civil colombiana? ¿Qué se puede esperar de Santos y qué les dicen los primeros datos que empiezan a tener en la mano en términos de desplazamiento, de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos, de persecución, de hostigamiento a la actividad de las organizaciones sociales que están intentando resistir?
H.L.M. Santos en realidad trabaja sobre los resultados ya conseguidos por Uribe. Santos fue su ministro de Hacienda; buena parte de las cosas que se hicieron durante el Gobierno de Uribe fueron hechas o ideadas por Santos. Cosas terribles, como los llamados «falsos positivos», como toda la utilización del aparato de inteligencia, todo esto forma parte de un mismo proyecto político. Pero ha habido una confusión. Se dice que hay un cambio, porque Santos no está haciendo las mismas tareas, cuando es obvio que él no tiene que hacer las mismas porque cuenta con las que ya se hicieron. Él tiene más focalizada su atención en las cuestiones económicas, en el proyecto neoliberal que es el de consolidar el modelo de desarrollo colombiano al servicio de las grandes empresas multinacionales, etc. Santos aparentemente tiene un discurso que no polariza, es distinto, llama a la unidad, pero él ya cuenta con un hecho: en Colombia ya hay una estructura de violación de los derechos humanos, que es estatal, social y, por lo tanto, no va a desaparecer. Él puede manifestar un discurso, pero el aparato sigue funcionando. En el momento en que haya una u otra resistencia, el aparato funciona. De hecho, en estos primeros cien días, ya hemos venido registrando un aumento de homicidios, aumento de masacres, amenazas, etc. Esto continúa y lo único que podría hacerlo disminuir sería la paz de los sepulcros. Es decir, si nadie protesta, lógicamente no pasa nada. Pero arrasan con poblaciones enteras.
A.R. Y también es claro que en un país como el nuestro hay varias cosas que a veces se nos olvidan cuando hay cambio de Gobierno. Lo primero es que existe una sistematicidad en la violación de derechos humanos en el país, que no cambia de un día para otro. El nivel de impunidad en el país sigue siendo alrededor del 97%; existe un involucramiento del Estado, por acción o por omisión, en crímenes de lesa humanidad y de violación de derechos humanos; un respaldo a grupos paramilitares que no ha cambiado. También continúa un conflicto armado interno armado muy fuerte. No estamos en ninguna etapa de post-conflicto, como se ha querido vender. Y existe una estructura estatal que permite, favorece y que, en muchos casos, ha estado involucrada en la violación de derechos humanos en el país. En las cifras lo que podemos ver es que hay una continuidad estructural en lo que en materia de violación de derechos humanos y profundización de políticas neoliberales hay en el país. Y eso es lo que se viene. Con otra cara hacia el público, más amable, pero no menos destructiva y violadora de derechos humanos.
10. Cuando se analiza el impacto en la economía de un TLC con Estados Unidos o con la UE, se ve que en realidad las exportaciones que hace Colombia a estas dos regiones sonde materias primas o de productos con muy poco valor agregado, es decir, que no permiten acompañar una estrategia de desarrollo nacional industrial o agrícola, sino que más bien van desmantelando lo poquito que había en favor de grandes multinacionales que explotan y arrasan por donde pasan. Como economistas, ¿dónde creen que está la lógica de este llamado modelo de desarrollo que nunca deja desarrollo detrás de sí?
H.L.M. En América Latina ha habido desde los años 50 o 60 tentativas de integración, pero en las condiciones del capitalismo sólo puede funcionar una integración con una intervención del Estado. El ejemplo de la Unión Europea puede traerse a cuento, aunque haya críticas aquí sobre el proceso mismo, pero la UE llegó en un momento dado a un 67% de todas sus transacciones exteriores hechas internamente en la Unión. En América Latina esos procesos han fracasado. Tal vez en Centroamérica tiene un 20%, en Mercosur llegó al 18%, en la Comunidad Andina no pasó del 12%. Es decir, son procesos de integración muy deficiente, porque se necesitaría cambiar el modelo de desarrollo. Y los países, como se propuso inicialmente en el Pacto Andino, deberían concertar sus políticas para hacer sus economías complementarias. Si algo se ha dado de eso, ha sido por algunas de las cosas que se hicieron en los años 70, pero también por una vía espontánea.
Por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones hacia Venezuela y un poco hacia Ecuador, son una muestra de eso. Pero eso empezó a frenarse, porque las élites colombianas son absolutamente dependientes: les parece mucho mejor colgarse a la cadena de explotación de las grandes multinacionales y no intentar nada por su cuenta. Cuando se empezó a discutir por ejemplo el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas), que proponía Estados Unidos, la respuesta de los tecnócratas y de los políticos colombianos era: «es que hay que asociarse con el gran mercado de los Estados Unidos, porque los mercados de Venezuela, Ecuador, Latinoamérica, son despreciables». Cuando, por razones políticas tan rápidamente y tan irresponsablemente se rompieron relaciones con Venezuela y con Ecuador, vieron claramente el desplome de las exportaciones y los impactos que tuvo. En materia de exportaciones, el volumen de Colombia es de unos 32 mil millones de dólares, y a Venezuela se exportaban unos seis o siete mil millones anuales. Ahora, claro está que la cantidad de lo que se exporta a Estados Unidos es por el alto precio de las materias primas, y Colombia está exportando carbón, petróleo, ferro-níquel, algunas otras materias primas, y eso suma mucho más. Pero en términos de la importancia para la economía, había muchos productos agrícolas y muchos productos manufacturados diversos que se exportaban hacia Venezuela y Ecuador. Y ellos sacrifican esos mercados, que tiene mayor significado económico, desde el punto de vista del valor agregado y del aparato productivo, para meternos en el modelo de los tratados de libre comercio, que es un modelo primario exportador, como el del siglo XIX, y nosotros no queremos un país así.
11. Cuando se estaba negociando el TLC con Estados Unidos, vimos que en determinados departamentos se produjeron consultas populares, movilizaciones, los indígenas promovieron marchas y tienen clarísima su postura contra el TLC. En el caso de este tratado en particular, ¿cuál es el nivel de información y de movilización que tiene la población colombiana?
A.R. Hay un nivel significativo de organizaciones que seguimos oponiéndonos al tratado. También es que la historia con la Unión Europea marca algunos matices, que distorsionaron en un comienzo las negociaciones. Incluso, como presentó la Unión Europea el proceso de las negociaciones era aparentemente diferente a un TLC: se hablaba de un Acuerdo de Asociación con tres pilares, que generó entre algunos sectores que no están muy cercanos a este tema la visión de que la Unión Europea es distinta, tiene políticas comerciales diferentes, estamos hablando de acuerdos de asociación, no de TLC, tienen tres componentes: diálogo político, cooperación y comercio… era algo que se veía como importante. Los que siempre le han hecho seguimiento a este tipo de acuerdos se mantuvieron en decir que, efectivamente, era igual que un TLC, sólo que estos dos componentes generaban una distorsión en el común de la gente y en las organizaciones. A medida que ha pasado el tiempo y que con claridad se ve que la Unión Europea desde siempre lo que ha querido es un TLC tan nefasto como el de Estados Unidos, hay una mayor claridad en el tema y, por supuesto, sigue habiendo movilizaciones y protestas, pero no es en la magnitud que se ha tenido contra el de Estados Unidos.
De hecho, parte de nuestro trabajo tiene que seguir siendo informar a todas las organizaciones y en general a los colombianos y colombianas frente a estas negociaciones, a este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque ha de haber un nivel todavía mucho más alto de movilización y de información, que pueda generar presión y una oposición mucho más fuerte frente a este tratado y, en general, frente a todos los tratados de libre comercio. Hay iniciativas muy fuertes, como RECALCA, que aglutina a más de 70 organizaciones del país, y movimientos como el indígena, o el sector sindical a través de las tres centrales sindicales, también han dejado clara su posición en contra de los TLC. La Plataforma de la que hacemos parte que es la Plataforma de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, que agrupa a más de 150 organizaciones, también ha dejado claro que está en contra de este tratado. Sin embargo, el trabajo todavía sigue siendo mucho, y tanto en Colombia como en la Unión Europea hay que seguir conociendo mucho más a fondo el resultado de las negociaciones. Tenemos mucho que hacer allá y tendrán mucho que hacer acá también.
H.L.M. Claro está que es difícil. Uno de los factores que marcha en contra de todo esto es el gran poder de los medios masivos de comunicación. Nosotros en la Red de Acción Frente al Libre Comercio (RECALCA) analizábamos que haber logrado que estos tratados se convirtieran en Colombia en un tema de debate público ya era un logro. Porque al principio, como se hacen estos tratados, y aquí en Europa también, es de manera secreta. Y casi nadie se entera. Cuando aparece la noticia es: «Firmaron un tratado». Y todo el mundo dice: «¡Ah! firmaron un Tratado». Pero nosotros logramos que se lo tomaran en serio y los obligamos al debate. Y en el caso del tratado con la Unión Europea también hemos logrado que se abra el debate, pero está restingido a ciertos sectores. A los sectores sociales organizados, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que el campesinado ha sufrido mucho y las organizaciones campesinas están muy debilitadas. De las organizaciones indígenas también ha habido participación; en organizaciones gremiales, académicas, el movimiento basados en ONGs. Algunos sectores medios de la población… pero de todas maneras competimos con la enorme capacidad de los medios masivos, que desequilibran por completo.
Uno trata de llegar a la población con una información, pero al día siguiente se la pueden voltear al revés. Es muy difícil, verdaderamente, y nosotros tenemos que estar todos los días insistiendo para que no nos saquen el tema de la agenda pública y para aclarar las distorsiones que producen permanentemente los medios. Por ejemplo, ellos dicen, como si fuera un dogma: «es que vamos a conquistar un mercado de 500 millones de personas en Europa, y esa es la estrategia de desarrollo para el país». Y claro, nadie se pregunta ¿con qué los vamos a conquistar? ¿Con carbón? ¿Cuánto les vamos a vender? ¿Bananos? ¿Flores? ¿Cuánto representa para Colombia? Nadie se hace esas preguntas, sino que dicen «eso es muy bueno para Colombia», y nosotros tenemos que empezar a hacer pensar a todo el mundo: «Fíjese bien, eso no es tan cierto. Hay además muchas limitaciones para llegar a Europa, no es cualquiera que se echa al hombro una caja y se monta en un avión y llega a Europa a vender, eso no es así tampoco». Entonces, los medios cumplen un papel terrible.
A.R. Además de los medios, yo diría que también todo el proceso de persecución y de criminalización en general de la protesta, de la oposición, que va a continuar con este Gobierno, es un factor en contra de la discusión. La gente en las ciudades puede que tenga un poquito más de condiciones, pero en el campo es todavía mucho más nefasto, porque pueden ser perseguidos y acusados de «terroristas» por poner sobre la agenda pública más local o estar públicamente en contra de ese tipo de políticas económicas.
H.L.M. Ahora, cuando regresemos a Colombia, como ya sucedió otras veces, nos van a acusar de estar contra la patria, de ser apátridas, porque acá hemos dicho estas cosas.
12. Acaba de salir el ejemplo de la exportación de flores: las flores colombianas son reconocidas internacionalmente por su calidad y por lo baratas que salen. ¿Qué hay detrás de una industria como la de las flores y, en general, cuáles son las repercusiones sobre la mujer de ese modelo económico que se está imponiendo en Colombia?
A.R. La floricultura es un muy buen ejemplo para explicar cómo este tipo de modelos de libre comercio están basados en profundizar un modelo de discriminación económica, social, política, cultural contra las mujeres. Éste es un sector que en la última década ha tenido preferencias arancelarias con la Unión Europea y también con Estados Unidos que se ve como uno de los que más van a ganar en el caso de entrar a regir el TLC con la Unión Europea. Sin embargo, lo que es claro en el sector, que tiene una mano de obra femenina del 70%, es, por un lado, una precarización de las condiciones de trabajo muy fuerte. Cada vez son menos los contratos laborales, cada vez son más usadas las cooperativas de trabajo asociado, que son unas figuras de la economía solidaria que son mal usadas, son tergiversadas completamente para hacer intermediación laboral y legal, en contra de los intereses de las mujeres mayoritariamente en este sector.
Estas cooperativas hacen que ya no firmes un contrato de trabajo, sino un acta de asociación a esa supuesta cooperativa, por la que renuncias a una relación laboral obrero-patronal y en el caso de vulneración de tus derechos, no tienes a quién exigírselos. Son instrumentos que hacen que las mujeres ganen aproximadamente 25% menos de lo que ganaría una trabajadora si se utilizara el salario mínimo como estándar, sabiendo que el salario mínimo solamente cubre alrededor del 20% de la canasta básica en el país.
Otro de los fenómenos que se da en el sector y que se reproduce con el libre comercio en general, es que seguimos siendo utilizadas como mano de obra en actividades alrededor del trabajo reproductivo y del trabajo del cuidado en general. Se utiliza trabajo femenino en las agroindustrias en general, porque en teoría tenemos más cuidado y somos más fácilmente explotadas, porque pensando en el cuidado de nuestros hijos -y cada vez son más las mujeres cabezas de familia- aceptamos extenuantes jornadas de trabajo. En el caso de la floricultura, en época de temporada, las mujeres pueden llegar a trabajar 16, 18 horas diarias, abandonando incluso el cuidado de sus hijos y su autocuidado.
Otra tendencia ya observada desde la última reforma laboral, y que se va a agudizar más con los tratados es cómo las mujeres sacrificamos una serie de condiciones personales, como la cultura, la recreación para el bienestar de otros y otras. O la necesidad de conseguir dos o tres trabajos simultáneamente para poder suplir los ingresos que por la flexibilización laboral se pierden.
Otro de los posibles efectos sobre las mujeres es que podemos desarrollar actividades productivas de pequeña escala, microempresas ligadas a la producción de alimentos o pequeños núcleos agrícolas, que son justamente estos sectores que se ven más perjudicados en este tipo de liberalización comercial. O simplemente seguimos trabajando como maquiladoras en sectores como el textil, y eso se ve como una cosa normal: «el mercado funciona así». Pero es claro que cuando se habla de pobreza en el mundo y por supuesto también en Colombia, mayoritariamente somos las mujeres quienes hemos llevado la peor carga de este sistema tan nefasto.
13. ¿No se podría condicionar el acuerdo comercial con la Unión Europea, además de a la cláusula democrática, a otro tipo de cláusulas que obligaran a respetar los mínimos establecidos por la legislación laboral?
H.L.M. Hay propuestas unas cláusulas democráticas, pero no tienen ningún efecto vinculante. Sería muy difícil pensar que por el incumplimiento de alguna de las cláusulas se suspendiera el tratado. No vemos tampoco voluntad política de la Unión Europea que en otros casos de otros tratados no ha hecho nada, a pesar de violaciones evidentes. Esas cláusulas generalmente son muy vagas expresan la conformidad de las partes con los niveles mínimos de protección laboral que exige la OIT, en materia de igualdad salarial, de no discriminación, etc. Pero, sobre todo, insisten en que no sean usados los desmejoramientos laborales para competir en el mercado externo, a modo de dumping. Si eso no es usado directamente para competir, no es considerado una sanción. En general, da a entender que se ponen de acuerdo en los niveles de legislación laboral que ya existen en los países. Por ejemplo en Colombia, en cualquier sector, incluido el de las flores, que está flexibilizado, pues ahí no están rebajando nada. Y en el caso de las normas de la OIT, ellos han podido eludirlas con la figura de las Cooperativas de Trabajo Asociado. Hay miles de trucos jurídicos para eludirlas, y por eso creemos poco en las cláusulas.
A.R. Además, tú no puedes reducir las luchas de los movimientos sociales en el mundo que finalmente, después de mucha sangre, han conseguido que se traduzcan algunas en los tratados de derechos humanos a simplemente unas notas en los acuerdos comerciales. Primero, porque el comercio no está para regular los derechos humanos. Para eso se ha inventado tratados internacionales de derechos humanos, luego eso no lo resuelve ni la cláusula democrática ni unas líneas más o menos dentro de un tratado comercial. Existe una legislación internacional de derechos humanos para proteger a la población del mundo en general, luego un acuerdo comercial no puede sustituir toda esa historia de la humanidad con dos o tres renglones, que, además no llevan aparejada ninguna sanción. Si quisieran respetar los derechos humanos no tendrían por qué desarrollar un comercio que pasa por encima de las muertes de los sindicalistas, por encima de la flexibilización laboral, por encima del medio ambiente y lo degrada. Para eso el mundo entero ha hecho toda una serie de reclamaciones recogidas en los tratados internacionales.
14. ¿Un mensaje para cerrar?
H.L.M. Lo primero que debería decirse es que nosotros estamos peleando contra un modelo económico en el mundo. Hace poco nos decía una congresista aquí en España que «en Europa no tenemos cabeza para pensar en esas cosas, porque estamos en una crisis». Nosotros le respondimos que, justamente, ese modelo de los tratados de libre comercio, que es el modelo de la superioridad del mercado sobre cualquier interés público, es el que, entre todos, tenemos que empezar a derrumbar o evitar que se imponga. No creemos que firmar un tratado con países como Colombia ayude a sortear la crisis en Europa. En realidad, las grandes empresas multinacionales con origen europeo, y específicamente español, sí están obteniendo ganancias altísimas de su operación en países como Colombia. Por ejemplo, el sector financiero: el 70% de las ganancias del sector financiero que está invertido allá proviene de las ganancias en el extranjero. Pero no quiere decir que esas ganancias se vayan a invertir en Europa, porque probablemente les va a servir como capital para invertir en otra parte. O, sencillamente, para repartírselo en los sobresueldos que pueden tener los ejecutivos de las grandes compañías. Es decir, que si no se presiona a las grandes empresas, lo que ganan allá no va a contribuir al bienestar de acá o a solucionar la crisis. Por el contrario, todos estos acuerdos lo que consagran es la libertad absoluta para las multinacionales, y eso no nos conviene a los ciudadanos.
Y por eso tenemos algunas propuestas inmediatas.
A.R. Hay varias cosas. Primero, que todos tenemos un nivel de responsabilidad y, yo diría, de poder frente a lo que está pasando. Lo peor que podemos hacer es creer que no tenemos nada que hacer, que ya está todo dado y que la lucha está perdida. El ALCA se presentaba como una realidad hace unos años y no fue. Hay posibilidades de revertir las cosas. Estamos haciendo un llamado a los europeos y latinoamericanos que viven en Europa a que hagan cartas directamente a sus eurodiputados y que soliciten la no ratificación de los tratados de libre comercio, ni con Colombia y Perú ni con Centroamérica, que pidan que efectivamente estos acuerdos sean mixtos y que haya una discusión en cada Parlamento Nacional. De hecho, existen argumentos claros dentro de estos tratados que los convierten en acuerdos mixtos, que hacen que tengan que pasar por los parlamentos de cada uno de los países europeos para ser firmados.
Otra cosa urgente es que también tenemos la posibilidad de decidir qué consumimos, cómo lo consumimos, de quién queremos comprar o no, que son decisiones cotidianas, que parecen muy pequeñas y simples, pero que en realidad pueden generar efectos en este sistema perverso de que las empresas multinacionales sigan ganando a costa de nosotros.
H.L.M. Y que no se vaya a creer que nosotros estamos planteando que no haya relaciones entre Europa y América Latina. Eso es importante dejarlo claro, porque a veces nos acusan de eso. Nosotros queremos otro tipo de relaciones, que nacen de la solidaridad entre los pueblos, y podemos acordar relaciones económicas, comerciales, etc, pero no bajo este modelo.
(*) Escuche apartes de esta entrevista en el programa «En Órbita», conducido por Hernán Cano y emitido por la Radio del Sur el 2 de diciembre de 2010: http://laradiodelsur.com/?cat=36
NOTA:
En el siguiente manifiesto se condensan los argumentos de los movimientos sociales contra el TLC promovido por la UE:
No a la ratificación de los Acuerdos negociados por la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú.
Manifiesto de Organizaciones, Redes y Movimientos Sociales de América Central, Región Andina y la Unión Europea.
En la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno entre la Unión Europea y América Latina y El Caribe, celebrada en Madrid el 18 de mayo de 2010 se anunciaron la culminación de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central y de un Acuerdo Comercial Multipartes entre la UE y Colombia y Perú.
Las organizaciones, redes y movimientos sociales de las tres regiones que tuvieron también la oportunidad de encontrarse en Madrid en el marco de la Cumbre Alternativa de los Pueblos para debatir sobre el alcance y posibles impactos de los Acuerdos negociados, acordaron coordinar acciones de información, sensibilización, incidencia y movilización sobre los peligros que entrañan los Acuerdos negociados. Como parte de este proceso, hacen público el siguiente Manifiesto:
La crisis económica mundial ha cuestionado el paradigma del «libre comercio» en que se sustentan los acuerdos negociados. La lógica predominantemente «librecambista» de los Acuerdos negociados entre la UE y Centroamérica y la UE y Colombia y Perú, corresponde a un modelo en crisis que va a limitar fuertemente la autonomía de los Estados parte para promover y definir políticas regionales y nacionales de desarrollo en beneficio de las mayorías. El cierre de estos acuerdos se da en un contexto de crisis múltiple: económica, climática, energética y alimentaria que afecta fuertemente a los países del Sur y especialmente a los países centroamericanos y andinos, derivado de la vulnerabilidad ambiental que los caracteriza.
1. De Acuerdos de Asociación a Acuerdos de Libre Comercio.
Los Acuerdos negociados privilegian ante todo los intereses comerciales de la UE, tanto en el acceso a mercados, como en el alcance de los temas de servicios, inversiones, compras gubernamentales, propiedad intelectual entre otros. A cambio los países centroamericanos, así como Colombia y Perú han logrado «algunas ventajas» en acceso a mercados, que no hacen otra cosa que consolidar el acceso que ya tenían estos países en el marco del Sistema General de Preferencias (SGP), reafirmando el carácter de países exportadores de materias primas y por ende, su vulnerabilidad frente a los mercados internacionales.
2. Acuerdos abismalmente Asimétricos.
Las asimetrías en los niveles de desarrollo, bienestar y calidad de vida entre la UE y América Central, Colombia y Perú son abismales. La reducción de estas asimetrías entre las regiones, y al interior de estas, era un propósito prioritario de las negociaciones, no obstante los Acuerdos negociados no incorporan mecanismos realmente efectivos que contribuyan a reducirlas, por el contrario, las exacerban.
Los resultados de la negociación del sector lácteo, es un ejemplo de esta inequidad. Ya que el ingreso de los lácteos subsidiados europeos van generar un desplazamiento de los mercados internos centroamericanos y andinos, afectando a los productores locales y comprometiendo la soberanía alimentaría de estas regiones, tomando en cuenta que la leche es un alimento esencial de la canasta básica familiar.
3. Los Acuerdos negociados lejos de favorecer, afectan los procesos de integración regional en curso.
Fortalecer los procesos subregionales de integración, el andino y el centroamericano, fue uno de los objetivos fundamentales enunciados por la UE con estos Acuerdos y presentado como una diferencia significativa frente a los Tratados de Libre Comercio negociados con los Estados Unidos. No obstante, la evolución de la negociación demostró su incoherencia al respecto. En lo que se refiere al proceso de integración andino, el haber aceptado continuar la negociación con tan solo dos miembros Perú y Colombia, ha contribuido a agudizar las tensiones ya existentes entre los países miembros de la Comunidad Andina. De la misma manera, la aceptación de Panamá, como parte del Acuerdo, sin haber cumplido previamente con el ingreso al Sistema de Integración Económico Centroamericano – SIECA y tras haber anunciado su retiro del Parlamento Centroamericano – PARLACEN, afecta la institucionalidad centroamericana.
El Gobierno ecuatoriano ha anunciado la disponibilidad de negociar un Acuerdo de Comercio para el Desarrollo con la UE, sin embargo la poca flexibilidad que ha demostrado la UE en las negociaciones precedentes hace poco probable pensar que una negociación bajo estas características pueda llevarse a cabo. Sin embrago, y ante este escenario las organizaciones demandamos que este proceso sea consultado y consensuado con la población, respete la Constitución de Ecuador y se enmarque en los principio de igualdad y equidad para el Buen Vivir. Las organizaciones, redes y movimientos sociales nos mantendremos vigilantes al rumbo que tomen estas conversaciones.
4. Liberalizar el acceso a recursos naturales y sectores estratégicos limita las posibilidades de desarrollo y coarta la soberanía de los Estados.
Los recursos naturales, la biodiversidad, los conocimientos ancestrales, los servicios públicos, las fuentes de agua, los recursos minerales y energéticos tanto de Centroamérica como de la región andina, han sido objetivo codiciado de las empresas transnacionales de Europa y Estados Unidos. Los Acuerdos negociados favorecen los intereses de las multinacionales Europeas en estas áreas. Poner sectores estratégicos para el desarrollo de las regiones al servicio de los afanes de lucro de empresas europeas, afecta las posibilidades hacia futuro de la integración económica regional, la soberanía de los Estados y viene a reafirmar el paradigma en crisis del libre comercio, haciendo caso omiso de sus efectos.
5. Los Acuerdos negociados con la UE pueden agudizar los conflictos existentes en Colombia, Perú y la región centroamericana.
Los modelos extractivistas que se vienen aplicando tanto en Centroamérica, como en la región andina, generan el rechazo de la población y la movilización social en defensa del territorio y de los recursos naturales, principalmente, de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Los Acuerdos negociados con la UE tienden a fortalecer este modelo con lo cual van a contribuir a exacerbar los conflictos socio ambientales existentes.
6. Los Acuerdos negociados no privilegian la defensa y protección de los derechos humanos sobre el libre comercio.
Estos Acuerdos, además de contener medidas que afectarán los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos centroamericanos, peruano y colombiano, no incluyen mecanismos efectivos que condicionen las preferencias comerciales al adecuado cumplimiento de los derechos humanos, y para ello incluyan mecanismos efectivos de sanción comercial frente a violaciones.
Adicionalmente, vale la pena subrayar como la culminación de las negociaciones estuvo por encima de cualquier otra consideración referida al buen gobierno o los derechos humanos: ni la crisis democrática de Honduras tras el golpe de Estado o las graves violaciones a la libertad sindical en países como Colombia, Guatemala o Panamá ocurridas durante la negociación lograron alterar el curso de las mismas. Estas situaciones evidenciaron la incoherencia de la Unión Europea, que priorizó el avance y culminación de los Acuerdos, y evidenció la ausencia de mecanismos efectivos de protección.
7. Los Acuerdos Negociados limitan las posibilidades de participación de la sociedad civil en la implementación de los Acuerdos.
A lo largo de las negociaciones las propuestas y recomendaciones de diversas organizaciones y movimientos sociales de las tres regiones fueron desconocidas. Tampoco el acuerdo contempla una participación vinculante, amplia y diversa de organizaciones y movimientos sociales. Los Foros previstos son un mecanismo de participación insuficiente, que no garantizan la transparencia ni la democracia en el Acuerdo.
8. Los Acuerdos negociados desconocen los Estudios de impacto socio ambiental.
Los Estudios de Impacto Socio Ambiental -encomendados por la Comisión Europea y publicados antes de la finalizar las negociaciones- pese a sus limitaciones, hacían referencia a impactos en algunas áreas sensibles. A pesar de contar con esta advertencia, las partes desconocieron de plano estos resultados a la hora de definir los textos de los Acuerdos, mostrando que no se buscó corregir estos posibles impactos en la negociación.
Frente a lo antes expuesto, considerando que la crisis económica se mantiene, que los Acuerdos negociados privilegian los intereses comerciales de la UE, comprometen recursos estratégicos de los Estados, debilitan los procesos de integración regional y no constituyen un avance en materia de protección a los derechos humanos ni superación de las inequidades sociales existentes, las organizaciones abajo firmantes, provenientes de las tres regiones y comprometidas en estas negociaciones, demandamos a todos los Parlamentos involucrados en la Ratificación de estos Acuerdos, que aborden la discusión de estos Acuerdos tomando en cuenta:
– Las evidencias y lecciones de las crisis globales respecto al fallido modelo neoliberal bajo el cual se inscriben estos Acuerdos y que privilegien los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y Medio Ambiente sobre los intereses comerciales,
– El objetivo prioritario de reducir las asimetrías existentes entre las partes, las cuales no fueron tenidas en cuenta dando como resultado Acuerdos Inequitativos e Injustos.
– Que su propósito inicial de contribuir al fortalecimiento de los procesos de integración regional, reconociendo que el resultado de los Acuerdos se orientan en la dirección contraria.
En consideración a los antes expuesto, exhortamos a todos y todas los parlamentarios y parlamentarias concernidos a emitir un voto negativo a la aprobación, que abra una ventana de oportunidad para reabrir la discusión sobre las relaciones de la UE con América Central y la región Andina, sobre nuevas bases, en condiciones de igualdad y una agenda renovada que incorpore a las organizaciones de la sociedad civil.
NO a la ratificación de los Acuerdos negociados
Promovamos verdaderas condiciones de justicia y equidad entre nuestras regiones.
Octubre de 2010
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.