Daniel Reyes trabajó dos años en Casa Joven, centro terapéutico de protección de menores en Azuqueca (Guadalajara). A su marcha, denunció el trato que se dispensaba a los menores.
DIAGONAL: ¿Cuál es la situación de los trabajadores en los centros de menores?
DANIEL REYES: La privatización de los servicios sociales, además de la depauperación del servicio, ha conllevado la generalización de la precariedad laboral en el sector, lo que repercute en el servicio, y favorece la represión antisindical. Así, en O’Belen no se remuneraban las frecuentes horas extra; yo tenía un contrato por obra y servicio, y como educador a jornada completa cobraba 780 euros.
D.: Trabajaste dos años en el centro de O’Belen Casa Joven, ¿qué viste?
D.R.: El trato que recibían los menores era inhumano. Los insultos, las vejaciones de todo tipo y las penas de aislamiento eran constantes. También eran habituales las agresiones físicas, que eran justificadas como contenciones. Algunos chavales se pasaban meses sin estar al aire libre (ni siquiera en el patio), se producían registros con desnudo integral, la correspondencia se intervenía y se escuchaban las llamadas, se abusaba de los psicofármacos…, era una locura. Además, teníamos constancia de que aquello no era la excepción sino la norma en los centros de O’Belen. Por desgracia, luego hemos sabido que no sólo en los de O’Belen ocurren estas barbaridades.
D.: ¿Cómo llevasteis a cabo la denuncia? ¿Con qué apoyos contasteis?
D.R.: Un grupo de educadores decidimos hacer algo. A través del Sindicato de Estudiantes y del Sector Crítico de CC OO de Guadalajara pusimos una denuncia ante el Defensor del Pueblo. Por las mismas fechas, un educador en Madrid interpuso otra denuncia ante la misma institución. Y paralelamente se inició un proceso de movilización social contra O’Belen y contra los centros de menores en general (muy vinculado con los movimientos antirrepresivos que suelen articularse entorno a centros sociales okupados).
La combinación de estos frentes va dando sus frutos: y al menos cuatro de los centros terapéuticos de O’Belen han sido clausurados y su presidente, Emilio Pinto, tuvo que dimitir. Pero aún queda mucho por hacer, ya que con el psiquiatra Javier San Sebastián a la cabeza, están intentando diversificar el negocio hacia la salud mental infanto-juvenil.
D.: Según denunciáis desde el Colectivo No a O’Belen, la Fundación lleva una campaña de ‘acoso judicial’ contra ti. ¿En qué consiste?
D.R.: He aparecido en numerosos medios de comunicación -prensa, radio y televisión- denunciando lo que ocurre en los centros de esta empresa. Y por ello a finales del año pasado recibí cuatro citaciones para acudir a actos de conciliación, un paso previo al inicio de un procedimiento por injurias. Esto ha supuesto que tenga que acudir numerosas veces al juzgado, ya que todas eran denuncias individuales (en distintos juzgados). Pero los denunciantes estaban sin localizar y cuando ya eran localizados no se presentaban a los actos de conciliación.
Tras denunciar esta situación al Colectivo, uno de ellos, finalmente apareció. Por cierto, dicha persona vino acompañada por un responsable de O’Belen y no por el letrado que figura en las denuncias. Desconozco si seguirá adelante el proceso y habrá juicio, pero de ser así tomaremos las medidas legales y políticas que consideremos oportunas. Y en cualquier caso, aquí nadie se va a callar.
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