Mientras la vocera «rebelde» aparecía en su polémico fashion emergency de la Revista Caras, su padre se frotaba las manos con la aprobación por parte de algunos miembros del senado de la ley que privatiza las semillas. Pocos días después, ya aparece como dueño de la patente de la Quinoa y otros cultivos. En escándalo […]
Mientras la vocera «rebelde» aparecía en su polémico fashion emergency de la Revista Caras, su padre se frotaba las manos con la aprobación por parte de algunos miembros del senado de la ley que privatiza las semillas. Pocos días después, ya aparece como dueño de la patente de la Quinoa y otros cultivos.
En escándalo se convirtió la privatización de las semillas chilenas y la vía libre a la llegada de los transgénicos, luego de conocerse que además de la norteamericana Monsanto, las patentes de los cultivos chilenos están también en manos de personajes ligados al gobierno y que ahora serán beneficiados por la privatización de las semillas, como el padre de la portavoz de La Moneda, Ena Von Baer.
La olla se destapó cuando el representante de Chile sin Transgénicos, Cristián Sauvageot, denunció en el programa El Semáforo de Radio Universidad de Chile, que de las más de 700 semillas inscritas, la Quínoa ahora es propiedad de Erick Von Baer, padre de la ministra Secretaria General de Gobierno, hasta el año 2016. Además, «Semillas Baer» tiene casi una veintena de variedades registradas, entre las que se cuentan tipos de avena, cebada y una gran variedad en trigo.
Sauvageot subrayó que el polémico convenio se está ratificando, porque es parte de las obligaciones de los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito, pero dicha obligación no está considerando otros tratados que protegen los derechos de los agricultores, quienes ahora tendrán que pagar a los dueños de las patentes para sembrar los productos.
Al respecto, Sauvageot recalcó la necesidad de que la nueva legislación genere un equilibrio para obtentores y agricultores.
Por su parte, un grupo de senadores opositores al gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional para impedir la promulgación de la ratificación de este convenio.
El senador PPD Jaime Quintana, explicó a Radio Universidad de Chile que «el Convenio 169 tiene rango constitucional y esta norma que se acaba de aprobar es un tratado que Chile ratifica tiene un rango legal. Con esa diferencia y supremacía de una norma sobre otra hay que mirar lo que dice el Convenio 169, y cuando se van pasar a llevar derechos o se van a intervenir prácticas, en este caso del mundo campesino particularmente indígena, deben ser consultadas las comunidades, que es lo que no se hizo en este caso, más bien se votó sin escuchar a genuinos representantes del mundo campesino tanto indígena como no indígena».
El parlamentario recalcó que este convenio no tenía la obligación de ser ratificado y que sólo lo fue por la presión de grandes consorcios económicos que quieren que Chile produzca alimentos transgénicos (como el caso de Monsanto) y ese es un debate mucho más de fondo.