«No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse», dijo el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, tras hacer un recuento de los hechos y eventos a los cuales se ha vinculado al ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares en […]
«No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse», dijo el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, tras hacer un recuento de los hechos y eventos a los cuales se ha vinculado al ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares en las últimas dos décadas, al final del cual anunció que ordenará que se investigue por promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales.
La decisión, tomada en sala mayoritaria (dos de tres magistrados), fue leída en Medellín durante una audiencia de control de legalidad de cargos contra siete desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que aspiran a obtener los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos, la pena alternativa de ocho años de cárcel.
Tras hacer una serie de consideraciones sobre la génesis del paramilitarismo en Colombia, los apoyos que este proyecto armado contrainsurgente recibió de agentes del Estado, entre ellos la Policía y el Ejército, así como de amplios sectores económicos, sociales y políticos, el nombre del ex gobernador de Antioquia y ex presidente de la República surgió en el análisis del magistrado Pinilla Cogollo.
El magistrado hizo alusión a la relación de Uribe Vélez con Pedro Juan Moreno Villa, un empresario (hoy fallecido) al que nombró Secretario de Gobierno durante su período como Gobernador de Antioquia, y quien ha sido señalado por ex paramilitares de ser uno de los líderes que «definían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá»; además, fue promotor principal de la creación de cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, Convivir, y que, a juicio del magistrado, se convertieron en «un germen del paramilitarismo».
A ello le sumó su relación con la hacienda Guacharacas, una propiedad de la familia Uribe Vélez en el municipio de San Roque, nordeste antioqueño donde operó una Convivir conocida como El Cóndor. Según versiones del desmovilizado de las Auc, John Fredy González Isaza, alias ‘El Rosco’, «eran los mismos paramilitares y cuyo administrador era un colaborador de éstos». Gónzalez, quién fue del Bloque Metro, fue asesinado en la cárcel La Modelo de Barranquilla el junio de 2011.
El magistrado también se refirió a las relaciones de Uribe Vélez con el general retirado del Ejército Rito Alejo Del Río, condenado por sus nexos con el paramilitarismo. Dijo el magistrado que el político estuvo «detrás de la pacificación de Urabá durante su periodo como Gobernador, que él exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del general Rito Alejo Del Río y los paramilitares de la región».
Asimismo, recordó que la Gobernación a su cargo fue informada desde el comienzo de la masacre de El Aro, en Ituango, perpetrada por paramilitares a finales de octubre de 1997, pero no le brindó apoyo a la comunidad durante siete días y, luego, desmintió las denuncias sobre lo que allí había sucedido.
Pinilla Cogollo también hizo referencia a los acuerdos con el Estado Mayor de las Auc una vez inició su primer mandato como Presidente de la República el 7 de agosto de 2002: Aseguró que de las negociaciones de Uribe Vélez con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, emergió el proyecto de ley de alternatividad penal para los paramilitares que presentó originalmente el gobierno al Congreso «que aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario».
El magistrado abordó también el caso del general retirado de la Policía, Mauricio Santoyo, quien fue condenado por la justicia de Estados Unidos en diciembre de 2012 por sus nexos con grupos paramilitares y organizaciones del narcotráfico: «Él estuvo a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como oficial de seguridad en la Presidencia de la República. Sus vínculos con los paramilitares están ya establecidos y no pudo ser su asesor de seguridad sin su asentimiento».
Pinilla Cogollo aseveró que Uribe Vélez estaba «detrás de los directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes», haciendo alusión a los casos de Jorge Noguera, condenado en septiembre de 2011 por sus nexos con el Bloque Norte de las Auc, y de María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá y comprometida con las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas a opositores del gobierno, magistrados, periodistas, entre otros.
«No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas como tantos otros que se le atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar», afirmó de manera categórica Pinilla Cogollo, quien, citando al entonces director de El Espectador, Guillermo Cano, dijo que «no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse».
Por lo tanto, el magistrado anunció que «se ordenará expedir copias para investigarlo por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y a las Convivir asociadas o vinculadas con ellos, y/o concertarse con estos, no sólo como Gobernador de Antioquia sino después de su gobernación y en su condición de Presidente de la República». Por su dignidad, el exmandatario solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Adicional a ello, Pinilla Cogollo hizo una corta alusión al ex presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, en cuyo periodo de gobierno (1994-1998) se dio la expansión de los grupos paramilitares: «La Sala no tiene suficientes elementos, todavía, para ordenar la investigación de éste, pero será una materia que deberá profundizar la Fiscalía y rendir información de ello».
Apoyos públicos y privados El magistrado Pinilla de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín no sólo le pedirá al Congreso investigar a Uribe Vélez, sino aseguró que, según lo demuestran cientos de horas de declaraciones de desmovilizados, víctimas y testigos, en los procesos por paramilitarismo presentados a esa Sala, la promoción y apoyo al paramilitarismo «se convirtió en una política trazada, auspiciada, permitida y facilitada por los altos mandos de las Fuerzas Militares».
Asimismo, señaló que el surgimiento de grupos paramilitares, a diferencia de lo que han dicho los mismos integrantes de estas estructuras armadas ilegales y algunos analistas, «no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas de la geografía nacional ni se explica por esa causa, por el contrario, nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de las Fuerzas Militares y de la mano de éstas».
En su exposición sobre los apoyos de sectores estatales, el magistrado aseguró que había una estrecha relación ente el Ejército, las llamadas Convivir y los grupos paramilitares, derivada de la identidad de sus fines y objetivos, lo que indica «que hubo una política de guerra sucia para combatir a los grupos insurgentes, a los disidentes políticos y a ciertos movimientos y líderes sociales».
Sustentado en las confesiones entregadas por ex paramilitares a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, así como en el cúmulo de evidencias recaudadas durante los últimos siete años, el magistrado Pinilla Cogollo aseveró que no solo el Ejército estuvo vinculado a la promoción, organización y apoyo de los paramilitares. A su juicio, «el Estado sabía de su existencia y de la vinculación de los altos mandos militares a estos desde 1983 y lo supo durante los largos años de su funcionamiento», asunto que lo llevó a concluir que «el Estado colombiano es responsable, por acción y omisión, de los hechos cometidos por los paramilitares».
Además, hizo alusión al sector privado y al narcotráfico, como otro de los apoyos sustanciales al proyecto paramilitar. «En ese proceso participaron amplios sectores de las clases dirigentes, la empresa privada y el narcotráfico, en una asociación o alianza criminal de intereses, objetivos, recursos y medios que los hace responsables».
Finalmente cuestionó a La Fiscalía General de la Nación y la calificó de «omisiva» en la investigación y acusación de las estructuras y redes que promovieron, auspiciaron, financiaron y apoyaron a los grupos paramilitares: «La mayoría de las investigaciones contra los altos oficiales de las Fuerzas Militares y los empresarios privados de los distintos sectores y niveles permanecen en investigación previa, o estancadas, como lo ha constatado la Sala».