El Gobierno catalán, teorícamente gobernado por la izquierda, se ha sumado a la política del estado y de otras comunidades autónomas, «casí todas« según el responsable del área Pública de CCOO de Cataluña Joan Carles Gallego, consistente en privatizar parte de las pensiones y computar como aumento salarial la aportación por parte de la Generalitat […]
El Gobierno catalán, teorícamente gobernado por la izquierda, se ha sumado a la política del estado y de otras comunidades autónomas, «casí todas« según el responsable del área Pública de CCOO de Cataluña Joan Carles Gallego, consistente en privatizar parte de las pensiones y computar como aumento salarial la aportación por parte de la Generalitat de un fondo de 38 millones de euros, que se corresponden al 0,5 % de la masa salarial correspondiente a los años 2004 y 2005.
Recordemos que estas «subidas salariales« las inauguraron los sindicatos mayoritarios pactando con el anterior gobierno del PP y que el actual administración ha mantenido. El fondo creado para los funcionarios de la administración central se gestiona por una sociedad participada en un 70 % por el Banco BBVA y en un 30 por ciento por los sindicatos UGT y CCOO.
Cuando según los datos que facilita la propia Seguridad Social, el sistema de pensiones tiene superavit, parte de los salarios de los trabajadores públicos se desvían para ser gestionados por banqueros que no garantizan en ningún caso el poder adquisitivo de los pensionistas, así se esquiva el carácter redistributivo de la riqueza propio de los sistemas públicos de previsión social. Si a esta iniciativa sumamos la posible implantación de la tasa por la utilización de los servicios médicos de la Seguridad Social estaremos ante uno de los más graves ataques a los servicios públicos desde gobiernos teóricamente de izquierdas que practican políticas privatizadoras y conservadoras.