El martes de la semana pasada la presidenta chilena Michelle Bachelet con visible emoción recibió de parte de familiares de víctimas de la dictadura militar donaciones que constituirán el Museo de la Memoria, un edificio que pretende recordar los crímenes del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). La construcción será probablemente el único legado sobre derechos […]
El martes de la semana pasada la presidenta chilena Michelle Bachelet con visible emoción recibió de parte de familiares de víctimas de la dictadura militar donaciones que constituirán el Museo de la Memoria, un edificio que pretende recordar los crímenes del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). La construcción será probablemente el único legado sobre derechos humanos que dejará la actual administración, caracterizada por un decepcionante laissez faire en materia de verdad y justicia sobre los peores crímenes en la historia del país.
Con Bachelet llegó al poder no sólo la primera mujer mandataria en la historia del país sino una víctima directa de la represión militar, hija de un general asesinado por sus ex compañeros de armas en los inicios de la dictadura, la propia presidenta junto a su madre fueron cautivas en el centro de exterminio de Villa Grimaldi en la capital.
Sin embargo cuando el cuarto gobierno de la coalición Concertación Por la Democracia finalice en marzo próximo la principal característica de su mandato será la polémica designación de jueces abiertamente proclives a la fenecida dictadura y la consiguiente y consistente denegación de justicia por parte de la Corte Suprema del país lo que ha significado la ex carcelación de la mayoría de los represores por la vía de la prescripción o ridículas penas.
La impunidad cruza el país pero es invisible. En la próxima elección presidencial de diciembre para suceder en el poder a Bachelet postularán por el oficialismo el ex presidente Eduardo Frei, cuyo padre, el ex mandatario del mismo nombre, fue envenenado en 1982 por la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía secreta de Pinochet. Frei se medirá con el candidato de la oposición, el empresario derechista Sebastián Piñera, cuyo hijo mayor fue secuestrado por agentes de inteligencia en 1993 tras un operación militar de escuchas telefónicas para desbancarlo en ese entonces de la disputa presidencial. Ambos enfrentarán la irrupción del mediático director de televisión Marco Enríquez, hijo del asesinado líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel y cuyo tío Edgardo es hasta hoy un detenido desaparecido. Entre los candidatos de la desmembrada izquierda Alejandro Navarro y Jorge Arrate también tienen historias de represión aunque no tan dramáticas como las descritas pero con el denominador común de la absoluta impunidad.
Pese al dramático registro ninguno de los candidatos menciona una frase sobre los derechos humanos sobre verdad y justicia, sobre la Ley de Amnistía dictada por los militares en una especie de autoperdón exculpatorio. Respecto al nombramiento de jueces al máximo tribunal que garantizan impunidad. Las mismas viejas discusiones de 1989, cuando el primer gobierno de la transición prometía verdad y justicia y la anulación de la amnistía, todo un recordatorio del verdadero legado de la coalición gobernante en materia de derechos humanos.
Sobre el vergonzoso comportamiento de los jueces, el gobierno chileno ha continuado la doctrina de «no comentar los fallos». Regla que sólo tuvo una excepción la semana pasada cuando el vocero gubernamental Patricio Rosende consideró «curiosa» la libertad concedida a un grupo de comuneros mapuche por la quema de un predio de un hacendado sureño.
Curiosidad que no se extiende a los homicidios por parte de agentes del Estado del adolescentes Alex Lemún en 2003 y del estudiante Matías Catrileo en enero de 2008, ambos sin resolver. Mientras la Cámara de Diputados de Chile muestra mediante una resolución su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, y nadie cae en el ridículo.
*periodista chileno, [email protected]