EN 2018 finaliza el segundo y último periodo de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, largos años en los que se dedicó a buscar la «prosperidad», que para él significa el rescate de los sectores financieros, entrega de recursos y territorios nacionales a trasnacionales, destrucción y abuso de la naturaleza, y aumento de los […]
EN 2018 finaliza el segundo y último periodo de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, largos años en los que se dedicó a buscar la «prosperidad», que para él significa el rescate de los sectores financieros, entrega de recursos y territorios nacionales a trasnacionales, destrucción y abuso de la naturaleza, y aumento de los privilegios de clase de la oligarquía.
Para ello debió garantizar la desmovilización y el desarme de la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), solución política mediante el celebrado Acuerdo de Paz de La Habana de 2016, que se ha caracterizado por el incumplimiento por parte del gobierno de lo acordado, haciendo caso a las presiones del poder fáctico y del expresidente Álvaro Uribe, portavoz de los intereses de los grupos paramilitares.
Hoy, la pacificación del país, puede ser la mayor promesa incumplida de Santos, quien vendió la idea de que paz significa el desarme de las guerrillas, y mientras permite el accionar de bandas paramilitares y excesos de la fuerza pública, se niega a la participación de la ciudadanía, del pueblo, de la sociedad, en su construcción. Decía el uruguayo Aram Aharonian que la construcción siempre se hace desde abajo, porque lo único que se construye desde arriba es un pozo.
La ultraderecha colombiana, el poder económico tradicional (ganaderos, terratenientes y narcotraficante) se opuso con todas sus fuerzas al acuerdo. Durante décadas la guerra ha sido su mejor negocio. Y se sumó la activa participación del clero ultramontano y las iglesias evangélicas, para quienes los acuerdos eran demasiado generosos con las FARC porque no contemplaban cárcel ni sanciones frente a los graves delitos cometidos. Muchos empresarios temieron que el país terminara gobernado por un ex guerrillero.
La historia reciente de Colombia muestra que en medio de un proceso de paz ocurrió la matanza de dos mil militantes de la Unión Patriótica, organización legal afín a las FARC, y recuerda el asesinato de la mayoría de los comandantes del M-19 durante el proceso de desarme e ingreso a la política legal.
De muy buen manejo de los medios y el imaginario colectivo, sus promesas de paz, equidad y educación para el pueblo colombiano sólo se pueden encontrar hoy en sus ruedas de prensa, las cifras amañadas y en los proyectos, profusamente promocionados, pero que en realidad no se cumplieron ni en una tercera parte.
Santos, uno de los acérrimos protagonistas del actual bullyng internacional contra Venezuela, recibió financiamiento ilegal de la empresa brasilera Odebrecht, para su última campaña presidencial de 2014, como soborno a cambio de la obtención de contratos. Esta acusación fue formulada por la Fiscalía General de la Nación.
Todo sigue igual… o peor
Nada ha cambiado en cuanto a la Colombia real: continúa la pobreza y la alta desigualdad económica y social, el desempleo, el indigno sistema de salud, la educación privatizada, el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, mientras la conflictividad social es permanente. Y a ésta se la sigue tratando virulentamente.
Los último dos presidentes colombianos han decidido mostrar una Colombia virtual, posmoderna, alejada totalmente de la real. Uribe afirmaba que el conflicto no existía mientras reprimía campesinos e indígenas y ocultaba el aumento de la pobreza y la desigualdad detrás de la construcción de viviendas e infraestructura, que benefician a constructoras, banqueros y tomadores de deuda.
Con su política de la seguridad democrática, Uribe se consagró como el mayor manipulador de los miedos y para preservar su legado ungió a Santos como su heredero. Habló insistentemente del temor por la impunidad que conllevaba el proceso de paz, pero nunca dijo una sílaba de la negociación que en su mandato llevó a cabo con los grupos paramilitares, estrechamente ligados al negocio de la droga y que cometieron incontables masacres y asesinatos de políticos, periodistas y líderes sindicales, entre otros; crímenes -casi todos- que siguen impunes.
Dentro de este cuadro de situación no se debe olvidar que tras la firma de Acuerdo de Paz, permanecen en Colombia el millar de marines estadounidenses que realizan tareas de asistencia militar, como el entrenamiento de 4,569 los miembros de las fuerzas de seguridad colombiana en 2015, cifra que se debe adicionar a los 75 mil soldados entrenados desde el comienzo del Plan Colombia y hasta finales del gobierno de Uribe (2010).
Economía en fase terminal
La política económica de los últimos gobiernos colombianos fue injusta y para colmo ineficaz. La actividad industrial retrocedió del 25 al 12% del PIB entre 1970 y 2016, debido a la apertura comercial por la vía de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, que recreó una economía reprimarizada y dependiente de la importación: 8 de cada 10 dólares gastados para importación se destinan a la compra de bienes manufactureros; 8 de cada 10 dólares exportados son materias primas (principalmente combustibles y minería).
La economía se sustentó en un importante ritmo de endeudamiento externo, que pasó en los últimos cuatro años de 78 a 119 mil millones de dólares (21 a 42% del PIB): según el presupuesto, 15 de cada 100 pesos se destinan a pagar deuda.
La banca ganó peso en los últimos años y sus activos alcanzaron a representar el 48% del PIB en la actualidad (menos de la mitad, 23% en 1990), y el 80% de los recursos del sistema financiero se encuentran en manos de cinco bancos. Asimismo, se verifica una caída de la productividad, en parte por su baja inversión en Investigación y Desarrollo, cuatro veces por debajo del promedio de la región. La participación de la agricultura en el PIB también se redujo: de 8,1 a 6% entre el 2002 y 2016.
El 1% más rico de Colombia concentra el 20,5% de los ingresos totales del país. Uno de cada tres niños vive en condiciones de pobreza muldimensional; la mitad de los niños hasta los dos años padecen hacinamiento crítico; el 80% de los niños entre 3-5 años no puede acceder a la educación inicial gratuita.
Apenas el 30% por ciento de los jóvenes alcanza a anotarse en la educación superior y gran parte la terminan abandonando. El desempleo juvenil asciende al 17,6%. Hay más de 1 millón de jóvenes sin trabajo y otros 5 millones inactivos. El salario promedio de las mujeres se ubica 28% por debajo de los hombres. El 25% por ciento de las mujeres jóvenes está desocupada.
El salario mínimo de los trabajadores es el tercero más bajo de la región. El 55% de ellos gana menos del salario mínimo y la mitad de los trabajadores están en la informalidad laboral. La desocupación asciende al 12% de la población activa. Asimismo, menos del 40% de la población de adultos mayores recibe una pensión; en las zonas rurales únicamente el 10% de la población está cubierta.
La subida del Impuesto al Valor Agregado al 19% contrajo el consumo y el poder adquisitivo a la gente. La demanda sigue a la baja, el precio de la gasolina es abusivo en un país petrolero, el déficit de vivienda es de3,5 millones (24,7%, ), el PIB de la construcción fue negativo (valor interanual del -8,4% a abril de 2017).
Camilo Rengifo Marín, Economista y docente universitario colombiano, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).