Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria
Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el 14 de julio de 1976- llegó a su fin. Y el principal articulador de la verdad es el ministro en visita Alejandro Madrid, quien sustancia la causa por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.
El magistrado, junto al detective Nelson Jofré, establecieron que el principal testigo confeso de haber participado en el crimen de Soria, el suboficial mayor (R) José Remigio Ríos San Martín, fue seguido y detenido en 1993 por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que modificara la declaración que había prestado ante Investigaciones. Pero no es todo. Madrid aclaró que la orden provino del entonces secretario general del Ejército, brigadier (R) Jaime Lepe, quien precisamente era el imputado activo con mayor preponderancia en el caso. Este último fue vetado para ascender a general por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, tras las protestas de Carmen Soria, hija del asesinado diplomático español.
Pero Lepe participó además en una reunión secreta junto al comandante (R) Patricio Quilhot, otro de los imputados de este proceso. En el encuentro, realizado en el restaurante «La casa vieja» de calle Chile-España Nº 249 se tejió toda la conspiración en contra de Ríos San Martín y la acción de la justicia, cuyos detalles los entregó el propio equipo operativo del BIE encargado de montar el anillo de seguridad para el encuentro.
Debido a estos hechos, que en su momento no fueron conocidos por la justicia, ni menos por el Estado español que vanamente intentó que se juzgara a los implicados, la Corte Suprema aplicó la ley de amnistía y los responsables quedaron sin castigo, al menos hasta ahora.
La búsqueda
La operación se realizó porque la inteligencia militar de la época sabía que Ríos San Martín estaba colaborando con la ministra en visita a cargo del caso, Violeta Guzmán, y que entre los antecedentes que había entregado en su confesión a los detectives no sólo mencionaba a Lepe, sino también a otros ex DINA.
Este hecho preocupó no sólo al entonces brigadier, sino también a Pinochet, ya que el primero era muy cercano al ex dictador y uno de sus preferidos en la institución.
Las declaraciones de los agentes que destaparon este hecho histórico se encuentran en el tomo XVI del proceso sustanciado por Madrid.
Uno de los primeros en confesar esta historia fue el ex jefe de la Unidad de Contraespionaje del BIE, el mayor (R) Patricio Belmar Hoyos.
«Estando de jefe del BIE el comandante Fernán González, recibí una orden para ubicar a José Ríos San Martín que estaba involucrado en el homicidio de Carmelo Soria y al cabo de algunos días, con mi gente, entre ellos «el Gitano», el suboficial Roa Vera, lo ubicamos en un sector de Santiago y procedí a dar cuenta de su domicilio», dijo Belmar Hoyos en una se sus declaraciones policiales a fojas 5.981 del expediente.
La información, sin embargo, no fue entregada directamente a Fernán González, sino a la comandancia en Jefe del Ejército, puntualmente al brigadier Lepe.
«Recuerdo haber concurrido a la comandancia en Jefe a hablar con el comandante Jaime Lepe Orellana que me dio las instrucciones para ubicar a San Martín. Después me correspondió ubicarlo en distintas oportunidades. En una de ellas para comunicarle que Jaime Lepe y el comandante que ya se había retirado, Patricio Quilhot, querían conversar con él», sigue el relato judicial.
Varios fueron los encuentros entre Ríos San Martín, Quilhot y Lepe, pero hubo uno más importante que los anteriores.
«En una oportunidad se concretó una reunión entre Lepe y San Martín en el restaurante «La Casa Vieja», donde me correspondió junto a mi personal dar protección con un anillo de seguridad, donde me enteré que Lepe le ofreció una camioneta que se le entregó después», declaró Belmar Hoyos.
El hombre invisible
Otra confirmación la entregó el suboficial (R) Manuel Carreño Arriaza, quien relató cómo la operación tuvo un error que la develó. «… Se me dio instrucciones de realizar un seguimiento a esta persona por varios días y por 24 horas, pero en una oportunidad Ríos San Martín se percató que era seguido por nosotros y enfrentó a uno de mi grupo, al cabo Cornejo, a quien lo increpó», dijo a la policía.
Ríos San Martín era comando, paracaidista, perteneció a la brigada Mulchén de la DINA, autora del crimen de Soria y, de acuerdo al testimonio del ex agente del servicio secreto, suboficial mayor (R) Luis Herrera Mansilla, cambió abruptamente de personalidad.
«Después que pasó a retiro, como tenía mujer y conviviente, ellas le quitaron todo el desahucio con el que pretendía comprarse un taxi, pero quedó sin ningún peso e hizo una especie de voto de pobreza, prácticamente no comía, vivía en lugares marginales y frecuentaba la capilla de Las Ánimas y librerías de calle San Diego».
Para los agentes fue muy difícil seguir a Ríos San Martín. Así se ve reflejado en el testimonio del mayor (R) Juan Vladilo Villalobos que también participó en la operación.
«Este seguimiento era una situación bastante rara, ya que Ríos San Martín supo de inmediato lo que sucedía. Se metía a calles sin salida y desaparecía, se subía y bajaba de las micros y circulaba por distintos sectores de la ciudad», dijo.
Crimen emblemático
El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.
El ex DINA testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.
La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas Sarín. Luego, lo «destestuzaron», dijo Ríos San Martín, haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.
De esta manera el testimonio entregado por el ex agente de la DINA, Michael Townley en Estados Unidos a fines de 1992 quedó confirmado con una segunda declaración. Entonces fue que se desató la máquina de la justicia militar y la inteligencia del Ejército para encubrir los hechos, porque además de los seguimientos y la reunión relatada arriba, Ríos San Martín también fue llevado a la justicia militar.
En noviembre de 1993 la Segunda Fiscalía Militar, a cargo de Sergio Cea Cienfuegos, trabó una contienda de competencia, siendo esta resuelta el 16 del mismo mes por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema a favor de la justicia castrense. Dos días más tarde, el mismo Cea decretó la prohibición de no informar a los medios de comunicación.
El gobierno de la época tenía pleno conocimiento de la declaración de Ríos San Martín y Carmen Soria, hija del diplomático español, presionaba junto a la Embajada de España para que la causa quedara en la justicia civil y se nombrara un ministro instructor de la Corte Suprema.
El contexto se complicaba, pero el desaparecido diario «La Época», en su edición del 22 de noviembre de 1993, rompió la prohibición y publicó, aunque sin nombre, los antecedentes entregados por Ríos San Martín. La fiscalía militar requisó una serie de ejemplares para evitar su difusión.
El tema se zanjó el 3 de diciembre de 1993, cuando el máximo tribunal desechó nombrar a un magistrado especial para el caso en una estrecha votación de siete votos contra seis. El 6 del mismo el juez militar de Santiago, Hernán Ramírez, aplicó la amnistía. El 10, la Corte Suprema revirtió todo y nombró al ministro marcos Libedinsky para llevar el caso. El 30 de diciembre, sin embargo, el magistrado nuevamente amnistió el caso.
Sigue la batalla
Pero la pelea no quedó allí, porque el 7 de abril de 1994 el proceso fue reabierto por la Primera Sala de la Corte Suprema y se decretaron cinco diligencias: careos, declaración del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, exhorto al ultraderechista cubano Virgilio Paz, reconstitución de escena y, la más importante, un informe siquiátrico a Ríos San Martín. En esta última pesquisa estaba la mano del BIE y la principal estrategia castrense: inhabilitar al testigo clave.
Días más tarde, el abogado querellante de la familia Soria, Alfonso Insunza, presentó a Libedinsky una recusación amistosa, la que éste último aceptó. La Suprema quedó entonces en posición de nombrar a un nuevo magistrado. Y así fue: la responsabilidad recayó en Eleodoro Ortiz, recientemente fallecido.
La investigación de Ortiz se extendió hasta mayo de 1995. El 25 de ese mes la sala penal de la Suprema sometió a proceso al mayor (R) Guillermo Salinas y a Ríos San Martín. Uno de los votos disidentes fue del ministro Roberto Dávila, otrora auditor del Ejército y sin carrera en el Poder Judicial, quien señaló en su voto que no había elementos de ninguna especie para encausarlos.
Paralelamente, la inteligencia militar de la época seguía hostigando a los oficiales de Investigaciones que llevaban éste y otros casos de violaciones de los derechos humanos.
Un hecho relatado por el detective Nelson Jofré Cabello en una orden de investigar contenida a fojas 6.003 es elocuente: «El 8 de septiembre de 1995, oportunidad en que oficiales policiales de la Brigada de Homicidios trasladaban a una testigo relevante para el caso Berríos, se percataron que eran seguidos por el agente del BIE, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Víctor Rojas Zúñiga, quien conducía un vehículo marca Peugeot 605 de propiedad de la institución castrense, de cargo del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias, el que resultó involucrado en una triple colisión en la esquina de Alameda con avenida España, tomando el procedimiento Carabineros y agentes del BIE que rodearon el lugar, logrando los detectives trasladar a la testigo a pie hasta el Sexto Juzgado del Crimen, donde declaró», declaró el policía.
Pese a estos hechos, el 5 de junio de 1996 Ortiz volvió a aplicar la amnistía. El 24 de agosto, como era de esperarse, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la decisión. La batalla de los Soria estaba perdida, al menos en Chile.
Lo que siguió
La decisión judicial provocó una acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que resolvieron el fallo de la amnistía, una demanda contra el Estado de la familia Soria por 2 mil 700 millones de pesos y el compromiso del gobierno de Eduardo Frei, secundado por España, para entregar una reparación a la familia del diplomático español.
Lepe siguió en el Ejército como secretario general, pero ya había cumplido el tiempo de brigadier y debía ser ascendido a general. Así el 5 de noviembre de 1997, Frei vetó el ascenso de Lepe. Así se creó un nuevo criterio para los ascensos: «las situaciones públicas y notorias que involucren a la persona de índole tal como para afectar negativamente su imagen ante el país o ante sectores importantes de la ciudadanía».
Lepe anunció querellas contra los medios junto a su abogado Jorge Balmaceda. Este último además envió una carta al diario «La Época», donde aseguró que el otrora testigo clave del caso Soria, el suboficial (R) Ríos San Martín, modificó su declaración policial ante el ministro Eleodoro Ortiz, durante la reconstitución de escena. Éste, nunca reconoció a Lepe. Además un informe del Servicio Médico Legal establecía que tenía «una personalidad anormal».
«Que en relación a mis declaraciones de fojas 737 y siguientes, ellas nos las ratifico en su totalidad, por cuanto estimo que fui influenciado por personal de Investigaciones a través de orientaciones», declaró el propio Ríos San Martín, eso sí, después de las reuniones con Lepe.
Balmaceda llegó al paroxismo en su escrito ante el desaparecido matutino, cuando señaló que «para los abogados no puede pasar inadvertido y que refleja la totalidad tranquilidad del brigadier Lepe en su no participación en los hechos… ya que habiendo sido investigados por cinco jueces … ninguno de ellos lo acusó… en consecuencia es absolutamente falso que existan pruebas que lo inculpen en cualquier otra calidad procesal en el homicidio de Carmelo Soria».
En 1997 aún existía el delito de obstrucción a la justicia y la lógica de cualquier juez investigador habría colegido que la conducta de Lepe y los agentes del BIE algo buscaban esconder.
Quizás Balmaceda no supo de la reunión ni de los seguimientos, pero el secreto que Lepe guardó por tantos años, indica que su participación en la muerte de Carmelo Soria fue tan importante como la cantidad de medios que usó para encubrirla.