El 14 de abril de 2010 varias denuncias apelaron al principio de jurisdicción universal para pedir en Buenos Aires la investigación al régimen de Franco por «genocidio» y crímenes contra la humanidad.
Darío Rivas entra, emocionado, a un juzgado de Buenos Aires. Es el 14 de abril de hace 10 años y el hijo de un asesinado por el fascismo español está, a 11.000 kilómetros de su Galicia natal, dando el primer empujón a la única causa abierta en el mundo para juzgar los crímenes del franquismo: la querella argentina. Una década después, el proceso sigue vivo, sumando testimonios y denuncias.
Aquel día de 2010 le acompañan las denuncias de Inés García Holgado, con varios familiares ejecutados por los golpistas, y de una decena de asociaciones. Apelaban al principio de jurisdicción universal para reclamar a la Justicia argentina que investigara el «genocidio» consumado contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
Muertos en fosas y cunetas, bebés robados, presos esclavos… Las querellas, que ya suman varios centenares, solicitan seguir la pista a las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Pero han encontrado hasta ahora el boicot de España. El muro de la impunidad franquista sigue fuerte. Aunque con grietas.
Porque la causa 4591/2010 acumula desde entonces grandes victorias, como la declaración por primera vez de decenas de víctimas ante un juez. La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1, María Servini de Cubría, ha recogido testimonios tanto en suelo argentino como en suelo español –y también por videoconferencia– para apuntalar centenares de querellas, incluidas de algunas instituciones públicas.
Esas palabras nunca antes pronunciadas ante un magistrado han conseguido poner nombre y apellidos a presuntos criminales en un procedimiento penal: los de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina o del policía franquista y torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
La querella suma hitos como la exhumación de Timoteo Mendieta y otras decenas de represaliados que estaban en fosas comunes. Y también algunas pérdidas. Como la dificultad continuada de avanzar en la investigación por los regates del Estado español. O las desapariciones de referentes dentro de sus filas, como el propio Darío Rivas, hace un año. También se fueron Ascensión Mendieta y María Martín, el abogado Carlos Slepoy o, en mitad de la pandemia de la COVID-19, el ex preso del franquismo Chato Galante.
El comienzo
Coincidía aquel 14 de abril de hace una década con el día de la proclamación en 1931 de la Segunda República Española. Darío Rivas (Castro de Rei, Lugo, 1920 – Buenos Aires, 15 de abril de 2019) era el primer firmante de la Querella Argentina al denunciar el asesinato por los golpistas al poco de estallar la guerra civil de su padre, Severino, alcalde republicano de su localidad natal.
Rivas falleció a punto de cumplir 100 años sin encontrar justicia. Aunque sí logró exhumar el cuerpo de su padre en 2005 en un paraje de Portomarín. Inés García Holgado sumó al proceso la desaparición forzada de uno de sus tíos y otros dos «fusilados».
Las demandas, para determinar los hechos delictivos, el contexto en el que se produjeron y sus características, apelan a los autos de 2008 en los que el juez Baltasar Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. Nacía así el único proceso abierto en el mundo, una causa que sigue creciendo y acumula miles de casos.
«En el oscuro manto de impunidad que cubre España, hace diez años se abrió una pequeña grieta que poco a poco se va agrandando y dejando pasar, tras 40 años de oscuridad, un poco de esa luz que es la justicia», resume Alejandro Lerena, abogado de la Querella Argentina. Una década «de esperanza», dice.
El juicio al franquismo, vivo
«Si no creyera en la justicia universal no estaría acá», declaró la jueza Servini a eldiario.es en uno de sus viajes a España. Porque la causa continúa. «A día de hoy se han unido más de 330 querellas en nombre de incontables víctimas, así como numerosas denuncias en los Consulados Argentinos de diferentes países», subraya Lerena.
La corte de Buenos Aires «sigue investigando en la actualidad las graves violaciones de derechos humanos cometidos en España» por los golpistas de Franco. «Cuando los tribunales españoles decidieron bloquear cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo, a las víctimas sólo les quedó la opción de la jurisdicción universal», explica el letrado.
El mismo «recurso jurídico», afirma, «que pocos años antes había permitido a los tribunales españoles juzgar, entre otros, los crímenes cometidos por las dictaduras argentina o chilena». El país austral «mantiene la esperanza de completar ese camino de ida y vuelta contra la impunidad» que impulse «la apertura en España de procedimientos penales contra los crímenes del franquismo».
El boicot de España
Los regates de España a la persecución argentina del franquismo han sido continuados. La Fiscalía General del Estado llegó a paralizar en 2014 las declaraciones judiciales de víctimas y cargos franquistas. El Gobierno de Mariano Rajoy negó la detención de exministros de la dictadura alegando que las órdenes de Interpol no son vinculantes.
El Estado español incumple las obligaciones y tratados internacionales que obligan el arresto y posterior extradición de los imputados por la Justicia argentina. El firme bloqueo alude a la supuesta prescripción de los delitos y la aplicación de la preconstitucional Ley de Amnistía del 77.
Desde el inicio de la investigación, cada fisura abierta por Servini en el muro de la impunidad franquista ha sido cerrada con urgencia por España. «En estos años las autoridades judiciales y políticas españolas han puesto todas las trabas posibles al desarrollo del procedimiento», en palabras del abogado Alejandro Lerena.
Las conquistas de las víctimas
La querella «sigue avanzando y los pasos dados hasta hoy son muy importantes». Como lo fue la declaración en la Audiencia Nacional. Y las citaciones a querellantes en sedes judiciales españolas, incluso por videoconferencia.
«Yo tenía tres años, sacaron a mi madre de casa y la fusilaron», contaba entonces Antonio Narváez en Sevilla (83 años). Y Antonio Martínez (81), que perdió a su padre, ejecutado y arrojado a una fosa común: «ese día llevaban un camión lleno para el cementerio».
O la toma de testimonios a finales de 2013 por la jueza Servini, en vivo, con el viaje a Argentina de un grupo de 16 españoles para ofrecer su testimonio en el tribunal de Buenos Aires. «Estoy contenta pero agotada», dijo a Efe Merçona Puig Antich, que relató la detención, juicio sumarísimo, sentencia de muerte y ajusticiamiento por garrote vil de su hermano Salvador el 2 de marzo de 1974.
Criminales (presuntos) con nombres y apellidos
Cuando la Justicia argentina ordenó en 2014 la detención de 19 altos cargos del franquismo, ponía por primera vez nombre y apellidos a investigados por crímenes contra la humanidad. Como el político de extrema derecha y destacado miembro de la dictadura José Utrera Molina, imputado por convalidar con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich.
Otro de los acusados es el exministro Rodolfo Martín Villa. Está acusado de delitos de homicidio agravado durante la Transición por matanzas como las de los Sanfermines del 78 y los sucesos de Vitoria. La jueza argentina lleva seis años intentando sentar en el banquillo al único investigado en la querella argentina dispuesto a declarar.
El último capítulo quedó cerrado en falso este año. La magistrada viajaría a España para tomar declaración indagatoria a Martín Villa el 20 de marzo en la embajada argentina en Madrid. Un plan frustrado, de momento. «La solicitud de asistencia fue remitida por las autoridades argentinas el 28 de enero y se encuentra todavía pendiente de contestación, lo que debería acontecer en breve plazo», respondía en marzo a eldiario.es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España.
Y Billy el Niño. El expolicía Antonio González Pacheco está acusado de torturas cuando era miembro de la Brigada Político Social de la dictadura de Franco. El Congreso aprobó desclasificar las medallas, premios y condecoraciones tras la hoja de servicios que publicó en exclusiva eldiario.es. Los juzgados españoles están archivando las denuncias presentadas por sus víctimas. Mientras, Billy el Niño continúa libre.
Timoteo Mendieta, Lorca y los desaparecidos
Argentina ha pedido al menos cuatro veces a España que abra fosas comunes. La única que salió adelante fue el caso de Timoteo Mendieta en Guadalajara. Su hija Ascensión logró rescatar sus huesos de la tierra. «Muchas gracias a todos por venir a este acto tan triste», declaraba en el entierro de su padre, en julio de 2017.
Solo dos años más tarde fallecía la hija de Timoteo. Ambos yacen, juntos, en el Cementerio Civil de La Almudena (Madrid). La lucha de Ascensión facilitó además que en la excavación arqueológica en Guadalajara fueran recuperados en total los restos óseos de 50 víctimas del franquismo. En total, hasta 105 personas han sido exhumadas gracias al proceso en Argentina.
La justicia de ese país también investiga el asesinato del poeta Federico García Lorca. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó la denuncia en abril de 2016. El caso quedó incorporado a la causa múltiple abierta en Buenos Aires por crímenes contra la humanidad.
En este tiempo un puñado de instituciones públicas, sobre todo ayuntamientos, han presentado demandas. Y los consulados argentinos en suelo español han recibido numerosas querellas. El impulso a las denuncias de particulares y asociaciones ha venido en muchos casos unido al trabajo de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA).
Son varios los desaparecidos de la Querella Argentina. Los impulsores que han ido quedando en el camino. Los que ya no verán los cabos que quedan por atar. Como el autor de la primera firma, Darío Rivas, el abogado experto en Derechos Humanos y miembro del equipo de la querella, Carlos Slepoy y el ex preso Chato Galante, entre otros perdidos estos años. Estos, como los otros, alimentan con su recuerdo la pelea de muchos españoles por encontrar justicia. Aunque para ello haya que cruzar el mar.
Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/Querella-Argentina-unico-juicio-franquismo_0_1016298875.html