El estado Colombiano en calidad de miembro activo de la Organización de Naciones Unidas ha suscrito y ratificado en su totalidad las declaraciones (DUDH de 1948), tratados, pactos y protocolos (derechos civiles, politicos, economicos, sociales y culturales), convenciones (viena) y convenios de DDHH y del DIH (Ginebra), entre otros, de obligatorio cumplimiento. Adèmas es parte […]
El estado Colombiano en calidad de miembro activo de la Organización de Naciones Unidas ha suscrito y ratificado en su totalidad las declaraciones (DUDH de 1948), tratados, pactos y protocolos (derechos civiles, politicos, economicos, sociales y culturales), convenciones (viena) y convenios de DDHH y del DIH (Ginebra), entre otros, de obligatorio cumplimiento. Adèmas es parte de la Convenciòn Americana de derechos humanos y del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH) que le impone responder por sus actos ante la Corte (CID) y la Comisión (CIDH). Esta ejemplar conducta le ha permitido beneficiarse de múltiples aportes de cooperación a proyectos tales como el de la mision de apoyo a la paz (MAP-OEA).
A pesar de este inigualable cùmulo de compromisos internacionales, por la defensa, protecciòn y promociòn de los derechos humanos, el gobierno parece seguir la tesis de que para èl no hay limites, ni a su poder, ni a su voluntad de acciòn, guiada por los intereses propios del partido del gobierno, que suplantan los del pueblo constituyente y creador del poder del estado. Su escaso afan por resolver las demandas de la poblaciòn estàn basados en la idea de que la sociedad no es una relaciòn de personas, si no una masa inconexa util para experimentar sus calculos politicos que dan lugar a escandalos, equivocaciones reiteradas y mensajes poco comprensibles de la manera de gobernar, que unas veces parece producida en la ingenuidad y otras en la astucia de quièn cree tener un poder infinito y a salvo de ser auscultado.
El gobierno actùa como si en esta sociedad no hubiera seres humanos conscientes y trata de ponerlo todo a su alcance para usarlo a su favor, a como de lugar, segùn se desprende de sus sorprendentes declaraciones y proposiciones, que impiden saber -o al menos imaginar- què tipo de ser humano es el que existe para el gobierno y sobre el que fija sus politicas y decisiones, en todo caso, apartadas de los mandatos de proteccion, preservacion y realizaciòn de los derechos humanos, que incluyen la defensa de la vida, la dignidad y el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos, con el aval y acompañamiento de todas estos organos, entidades y mecanismos internacionales.
Al presidente, al cuerpo de gobierno y a los directivos de todas las instituciones, corresponde la tarea ètica y polìtica de honrar lo pactado en materia de derechos humanos, es decir, crear, organizar y dar al servicio instrumentos, mecanismos, politicas, recursos y leyes adecuadas que garanticen la prevenciòn y protecciòn efectivas a todos los integrantes de la comunidad llamada naciòn, es decir la totalidad de su poblacion. Un deber esencial del estado es preocuparse por preservar la tranquilidad ciudadana, liberarla de miedos y violencias y conjurar en todo tiempo y lgar cualquier intento (de partido, grupo o sector) por polarizar y enfrentar a la sociedad, porque ello pone en riesgo la estabilidad, la paz y la armonìa que produce el bienestar colectivo. Existe la tambièn la obligaciòn de mantener la soberanìa evitando injerencias e intromisiones de otros estados, empresas o particulares y preservar las riquezas colectivas y el orden constitucional. Hay igualmente responsabilidades del estado frente a los otros estados, naciones y territorios, conforme a las reglas de los derechos de autodeterminaciòn de los pueblos, entendiendo que entrometerse crea riesgos que fàcilmente alteran la paz y promueven multiples y variadas formas de violencia.
En las condiciones actuales el gobierno parece no atender nada distinto a su propio interes que està debilitando los sistemas y conquistas sociales e impidiendo avanzar hacia la humanizaciòn y la convivencia alentada por el fin del conflicto armado y el abandono de la guerra que degenerò en barbarie. Actùa como un ente autonomo, independiente y soberano y olvida responder por la vida digna de todos sus habitantes y de ofrecer garantias para la realizaciòn de los derechos reconocidos ya consignados uno a uno en la constitucion, con arreglo al pacto social vigente. Este andamiaje teòrico ya probado y comùnmente aceptado, al gobierno le resulta ajeno a sus responsabilidades y hace caso omiso de su deber de respetar y hacer respetar los derechos, conforme a lo previsto en el articulo 30 de la declaracion universal de derechos cuando anuncia que » Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración». Es clara y contundente que el estado no es portador de derechos, con lo cual el gobierno por incumplimiento o negación estaría entrando en los planos de ilegitimidad e ilegalidad que puede ser tratada en tribunales dadas las reiteradas acciones contrarias a derechos.
Los hechos politicos y sociales solamente ocurridos en la primera semana de mayo de 2019, anuncian que en derechos humanos se reiniciò el camino de una dolorosa tragedia sin responsables, que dejarà otro retroceso profundo previsible con el regreso de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, que comprometen tanto el ministro de defensa como al soldado que arremete con sadismo contra su victima (caso Dimar Torres, excombatiente); las dilaciones, cohechos y fraudes en el seno del Congreso de la Republica, para hundir la integridad del mecanismo esencial del pacto de paz (JEP); el complot de estado para derrocar al gobierno vecino, con dedicaciòn exclusiva de cuatro altos funcionarios (Vicepresidenta, Canciller, Embajador en la OEA, Embajador en Estados Unidos); la intromisiòn abierta del Embajador de Estados Unidos invitando a los congresistas a decidir en contra del acuerdo de paz alcanzado; el asesinato sistemàtico y planeado de lideres sociales y el silencio de todo el Estado; la intromisiòn del canciller ante la CIDH tratando de impedir una audiencia citada legitimamnete por la JEP a un año de funciones. Sin duda algo anda mal, en materia de derechos, gobernabilidad y justicia, de lo que es estrictamente responsable el gobierno y el partido de gobierno, cuya temeraria retorica ahonda la polarizacion, afecta la ètica, la politica, la verdad y la justicia, ofende la inteligencia y redescubre odios que impiden la vida con dignidad, que es la ùnica que puede llevar al fin de la barbarie y abrir el camino efectivo de la paz.
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