Nuestro país no estuvo ajeno a la ola autogestionaria que vivió el mundo en las décadas de los sesenta y setenta. En esa época, la mayoría de las fuerzas sociales y políticas apoyó la creación de empresas de trabajadores y de un área social de la economía. Ambos anhelos quedaron truncados por dos episodios traumáticos: […]
Nuestro país no estuvo ajeno a la ola autogestionaria que vivió el mundo en las décadas de los sesenta y setenta. En esa época, la mayoría de las fuerzas sociales y políticas apoyó la creación de empresas de trabajadores y de un área social de la economía. Ambos anhelos quedaron truncados por dos episodios traumáticos: la dictadura militar y la implantación del modelo neoliberal.
Decir empresas de trabajadores es hablar de unidades autogobernadas en forma democrática por sus propias comunidades laborales, que se coordinan en un área social de la economía. La historia muestra que la envoltura jurídica de estas experiencias ha sido variada: cooperativas de trabajo, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y diversas formas de propiedad pública, estatal o municipal. Las fuentes más influyentes hacia 1965 fueron el modelo socialista autogestionario de Yugoslavia (a partir de 1950) y la conformación, desde 1960, del Complejo Cooperativo de Mondragón en el país vasco (apoyado por la Iglesia Católica). Para esa época, en Chile estaba en su segundo año el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva. Algunos miembros de ese partido propusieron un programa titulado «Vía No Capitalista de Desarrollo». En él se pedía el desarrollo de un área de la economía nacional donde prevaleciera la administración de los trabajadores. En los 100 años previos, el número de cooperativas de trabajo registradas en Chile nunca había llegado a la decena. Esto cambió a partir de 1967, por la voluntad del gobierno de crear un modelo de empresa de trabajadores. Se encargó al Servicio de Cooperación Técnica (STC) que desarrollase un programa orientado a generarlo. Ese año se creó al interior del STC el Departamento de Experimentación de Nuevas Formas de Empresa (Enfe), pero el gobierno no asignó los recursos suficientes. Entre 1965 y 1970, el Estado ayudó a la formación de 22 empresas de trabajadores, todas ellas con escaso capital y que sus dueños habían dejado al borde de la quiebra. Hacia 1969 se formó la Federación Nacional de Empresas de Trabajadores, que asociaba a 20 experiencias (con cerca de mil trabajadores), de un total de 30. Cabe destacar que en 1968 se produjeron dos hechos que pusieron en el tapete la demanda por autogestión: el Mayo francés y la Primavera de Praga. Las campañas de Salvador Allende (Unidad Popular) y de Radomiro Tomic (Democracia Cristiana) subrayaron en 1970 la importancia de la participación de los trabajadores y la necesidad de formar un área social en la economía. El debate se prolongó durante los mil días de «la vía chilena al socialismo». Mientras la DC afirmaba que la planeación estatal llevaría al control burocrático, la UP sostenía que el mercado conduciría al dominio tecnocrático de la experiencia. Si bien todos apoyaban la formación de empresas manejadas por sus trabajadores, la divergencia estaba en su relación con el área de propiedad social: la UP las quería dentro -con autonomía- y la DC fuera, en un área propia (particular). Aunque se creó una comisión negociadora, la UP y la DC se vetaron mutuamente sus respectivos proyectos de ley sobre esta materia. A pesar de esta disputa, el establecimiento de las empresas de trabajadores se aceleró en el régimen de Allende: para septiembre de 1973 había cerca de 120, que empleaban a unas 8.000 personas (tres cuartas partes de ellas agrupadas en la Federación de Brigadas y Empresas de Trabajadores). Cincuenta correspondían a cooperativas de trabajo. Apoyados por la izquierda radicalizada, los trabajadores pasaron a tomarse -y a dirigir «de facto»- más empresas de lo planeado por el gobierno. Es así como de 596 unidades que llegó a controlar el Estado en 1973, 325 correspondían a empresas intervenidas por iniciativa obrera. En respuesta al boicot patronal -desde 1972-, los trabajadores organizaron la economía a través de consejos obreros denominados Cordones Industriales que, articulados con otros sectores, iniciaban la creación de Consejos Comunales de Trabajadores. Para septiembre de 1973 se calculaba que existían alrededor de 100 de esos organismos en todo Chile.
DICTADURA, SHOCK NEOLIBERAL Y RECESIÓN (1973-1982)
Desde el golpe de Estado y hasta mediados de 1975, se dio un período paradojal en la historia de las empresas de trabajadores. Había altos oficiales de las FF.AA. que adherían a ideas socialcristianas y corporativistas y que miraban con simpatía o con tolerancia a estas iniciativas. Esta época coincidió con la indefinición al interior del régimen, por lo que convivían distintas opciones de desarrollo: nacionalista, liberal, desarrollista, etc. Simultáneamente se reprimió y persiguió al movimiento sindical y a la militancia izquierdista. El ministerio de economía tomó la iniciativa de reactivar el programa de empresas de trabajadores del STC. En los casos de devolución de empresas estatizadas o intervenidas -cuyos propietarios históricos no querían o no podían hacerse cargo de ellas nuevamente- la primera opción para comprarlas se les dio a sus trabajadores. A fines de 1973, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, inquieto por la cesantía de numerosos dirigentes sindicales despedidos, decidió impulsar la creación de este tipo de empresas. La diócesis de Santiago encargó la tarea de formar un sistema de apoyo para estas iniciativas a la Fundación para el Desarrollo (Fundes). Ésta convocó a varios profesionales para poner en marcha un Sistema de Financiamiento de la Autogestión (SFA). El Cardenal se implicó personalmente en la consecución de recursos vía cooperación internacional. Entre ese año y 1974 se creó la Federación Chilena de Cooperativas (Fecoop). Mientras tanto, en Portugal -con la «Revolución de los claveles»- se constituyeron empresas autogestionadas; en Perú, el Estado creó un «sector de propiedad social»; y en EUA se lanzó el Plan Kelso y Esop (para la Adquisición de Acciones por los Empleados), que ha permitido la formación de muchas empresas cuyos accionistas mayoritarios son los mismos trabajadores. De 1973 a 1975, gracias al SFA y al Instituto de Cooperativas de Trabajo (ICT) -también creado en esos años-, se incorporaron medianas y grandes empresas. Se constituyeron más de 50 nuevas cooperativas de trabajo, llegando el sector a contar con su mayor número de unidades (130) y socios trabajadores: casi 9.000. A mediados de 1975, la Dictadura tomó la opción definitiva por un modelo neoliberal, en donde la alternativa cooperativa no tenía ningún espacio; por ello se cerraron rápidamente todas las actividades que agencias públicas desarrollaban en este campo, incluidas las del STC. Esto coincidió con la crisis del petróleo, generando muchos problemas económicos y el aumento del desempleo, lo que complicó el desempeño de las empresas de trabajadores. En 1975, el SFA decidió crear la cooperativa de ahorro y crédito ACL, destinada a generar recursos financieros para el sector. A fines del año siguiente se constituyó el «Instituto de la Autogestión» (INA), que sería el organismo de concertación y de asistencia técnica para las empresas de trabajadores. Poco después, el Banco Central coartó el accionar de las cooperativas de ahorro y crédito, por lo que las funciones de ACL se vieron seriamente limitadas a partir de 1977. Ese año Fundes compró la Financiera de Interés Social (Fintesa). Las elevadas tasas de interés, la salida de Chile del Pacto Andino y la apertura a la competencia extranjera, produjeron una situación crítica para las empresas de trabajadores, especialmente en las del rubro manufacturero y en las de tamaño medio y grande. El desmantelamiento de la organización sindical, las limitaciones del derecho de reunión y las censuras que sufrieron las publicaciones, crearon serios impedimentos para la coordinación entre los trabajadores del sector. Esto contrastaba con lo que ocurría en el resto del mundo: en 1977 se creó en París el Centro Internacional de Coordinación de Investigaciones sobre la Autogestión (Cicra). Se puede afirmar que este hecho marca el punto más alto de la moda autogestionaria de aquella época: todas las izquierdas, más el humanismo cristiano y los ecologistas se mostraban partidarios de ella. Otra muestra de esto fue la fundación en España del Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal (Inauco). En Chile, según el INA, éste abarcaba en 1979 a unas 60 empresas de trabajadores, con cuatro mil operarios. Durante los años 79-80 numerosos grupos de trabajadores interesados en incorporarse a la autogestión no pudieron ser atendidos, debido a la cuantía de recursos que ello comprometía. Fintesa atravesó por dificultades en 1981, lo que motivó la congelación de operaciones crediticias a las empresas. Durante 1982 estalló una crisis económica que tuvo fuerte impacto en la economía y en la sociedad: el desempleo llegó al 26% de la fuerza laboral y el producto cayó en un 16%. El INA suspendió sus actividades.
LUCHA POR LA DEMOCRACIA (1983-1989)
ste período se inició con la reorganización política de las fuerzas de oposición, unida a las primeras manifestaciones masivas en contra de la dictadura. A comienzos de 1983 nació -a partir de Fintesa- el Banco del Desarrollo (Bandes). Su objetivo fue apoyar al desarrollo de la mini, pequeña y mediana empresa. Ese año se constituyó «Desarrollo y Gestión de Empresas de Interés Social» S.A. (Degisa), organismo orientado a dar asistencia técnica a empresas de participación. En 1983 se registraron no más de 10 cooperativas de trabajo activas. La política general del gobierno en el campo del sector cooperativo era francamente restrictiva, siendo muy compleja la creación de cualquier nueva unidad. El aumento de la llegada al país de recursos vía cooperación internacional, significó que una red de ONGs apoyaran a gran cantidad de iniciativas de pobladores destinadas a paliar los efectos de la crisis económica. Éstas se denominaron Organizaciones Económicas Populares (OEP) y entre ellas existieron numerosos e informales talleres productivos de trabajadores. Durante la segunda ola privatizadora impulsada durante la dictadura (1985-1989), los trabajadores participaron en la compra de empresas estatales, como parte de una política gubernamental de Capitalismo Laboral. En algunas empresas menores, en el sector eléctrico e informático (Ecom S.A.), los trabajadores adquirieron el 100% de la propiedad. No obstante, después de algunos años, esas empresas desaparecieron o los trabajadores vendieron su participación. Distinto fue el caso de las Sociedades Anónimas Laborales, figura legal creada en España hacia 1986, en donde los trabajadores -propietarios del 51% de las acciones- no pueden venderlas a terceros que no laboren en ellas. La Fecoop, rearticulada en el marco de la Confederación General de Cooperativas de Chile (Confecoop), se incorporó en el proceso de elaborar un Proyecto de Desarrollo Cooperativo. Esta acción gremial fue bastante exitosa a la hora de conseguir fondos de la cooperación internacional no gubernamental. Por iniciativa de Fecoop se constituyó, en mayo de 1988, la Federación de Empresas, Cooperativas y Talleres Asociados Fecot A.G. Ella agrupó a numerosas empresas y talleres (en su mejor época llegaron a ser más de 50 unidades). Para dar a estas empresas una estructura de sistema se creó -en conjunto con otras instituciones- un organismo de financiamiento: la Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación (Credicoop) y se reflotó el Instituto de Cooperativas de Trabajo ICT -que entregaba asistencia técnica. En el plebiscito del 5 de octubre de 1988 triunfó la opción No a la continuidad de la dictadura.
TRANSICIÓN: EXPECTATIVAS INCUMPLIDAS (1990-2008)
La mayoría de la población chilena tenía la esperanza de que con el retorno a la democracia -a contar de marzo de 1990-, se produjera el cambio del modelo económico. Sin embargo, la transición pactada -entre la Concertación, la derecha y los militares-, condujo a una democracia restringida y a un neoliberalismo corregido, que no dio cabida a ninguna visión alternativa. A partir de 1991 se desmoronó la URSS, y se terminó la experiencia de los «socialismos reales» en Europa Oriental, incluyendo la desintegración sangrienta de Yugoslavia y de su modelo de autogestión (en crisis desde fines de los años 70, atenazada entre la burocracia y la lógica mercantil). En este contexto, varias ONGs intentaron fortalecer la autonomía de la sociedad civil y promover la Economía Solidaria. Para esto, se reforzó un micro medio de comunicación (boletín La Hoja), se realizaron ferias masivas (de la Solidaridad -Fesol-) y se creó la Red de Información de la Economía Popular y de Solidaridad (Integrando). Todo esto terminó a fines de 1996, debido a que nuestro país ya no era considerado un objetivo de las agencias internacionales de cooperación. Se desactivó la Fecoop-Fecot, desaparecieron la mayor parte de los talleres laborales y las ONGs se reconvirtieron para ejecutar los planes estatales. En torno al 2000 terminó la experiencia conocida como Metalgas, una empresa de trabajadores iniciada en 1968 con el nombre de Ardygas. A partir de 1983 funcionó con un modelo de cogestión entre los operarios y un grupo de profesionales (Degisa), bajo la estructura de sociedad anónima. En la misma época se constituyó Coopextel, la cooperativa de ex trabajadores de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, que logró integrar a cerca de 900 trabajadores, siendo la cooperativa de trabajo más grande del país. Sin embargo, debido al cambio en las bases de licitación de Telefónica (transnacional española), esta empresa se vio obligada a transformarse en una sociedad anónima en 2005 y su sobrevivencia se ha complicado muchísimo desde entonces. Desde 2002 existe en Chillán una empresa de trabajadores del rubro construcción llamada Construcoop, que en su mejor momento llegó a contar con 250 obreros y empleados. Su particularidad -comenta Rafael Contreras, gerente- es que funciona ligada a un complejo asociativo, conformado por la cooperativa abierta de vivienda Chillancoop (1981) y la empresa constructora Chillán S.A. (1998) -propiedad de la anterior. Esto les ha permitido edificar viviendas mucho más baratas y de mejor calidad. Por esos años se creó -al alero de la Universidad de Chile- el Programa Interdisciplinario de Estudios (Pro-Asocia), que ha generado una línea de investigación y promoción del modelo de cooperativas de trabajo. En 2006, el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) retomó -después más de 30 años-, su línea con cooperativas de trabajo.
HOY: EMPEZAR DE NUEVO
En la actualidad existen en Chile -según datos del Departamento de Cooperativas, del Ministerio de Economía-, un total de 155 cooperativas de trabajo activas, con un total aproximado de 2.200 socios. Sin embargo, según la opinión de dirigentes del sector, en la práctica sólo funcionaría un tercio de ellas. Actualmente la Fecoop-Fecot asocia a menos de 20 pequeñas unidades y no cuenta con oficina propia. Horacio Azócar, su presidente, enfatiza que la Concertación tiene una deuda pendiente en este tema, ya que ha abandonado la demanda de la Asamblea de la Civilidad (1986) en cuanto a crear un sector de economía social con apoyo del Estado. A fines de 2007 se creó la Federación Regional de Cooperativas de Trabajo (Ferecot) que hoy día agrupa a seis pequeñas empresas de Santiago. Su presidente, Carlos Arratia, señaló que aunque mantienen diferencias con la Fecoop-Fecot, se encuentran en conversaciones permanentes. Ambos dirigentes expresaron que los dos mayores problemas para el desarrollo de las empresas de trabajadores en Chile son el cultural y la institucionalidad. Por más de 30 años tanto la hegemonía comunicacional como las reglas del juego legales han propiciado la atomización individualista, generándose una cultura de la desconfianza y una desvalorización de lo colectivo. Este «arreglárselas solo» ha estado incentivado con políticas para exaltar la imagen del «empresario», en desmedro del trabajador que emprende asociativamente. La mayoría de los instrumentos del Estado están diseñados para apoyar la gran empresa capitalista (entregando millonarios subsidios), mientras que existen muchas trabas y obstáculos para la materialización y desarrollo de los pequeños emprendimientos.
Fuentes:
«La participación de los trabajadores en la industria chilena, 1970-1973», Juan Espinosa, Andrew Zimbalist (1978) «Capitalización de una experiencia en empresas de autogestión y participación», Aldo Meneses (1991) «¿La propiedad? ¡Todo el poder a los trabajadores!», Manuel Riesco (1997) «Los cordones industriales y el socialismo desde abajo», Miguel Silva (1997) «Las cooperativas de trabajo en Chile», Mario Radrigán y Luis Hernández (2006)