No sé por que razón no me sorprende que España encabece el ranking de países de la OCDE con mayor número de empresas vetadas para colaborar en los proyectos de desarrollo del Banco Mundial, conforme al listado de sociedades publicado recientemente por el Banco mundial.
Habitualmente son pocas las cosas, y casi todas para mal, en las que «destacamos» en el mundo.
Para muestra ponemos un botón: número dos de la UE en participación en misiones militares en el exterior, número dos en misiones militares de la ONU (detrás sólo de EEUU), número siete del mundo en exportación de armas, número 4 de Europa (solo por detrás de Bosnia, Kosovo y Montenegro) en número de parados, número 30 en el índice de corrupción de Tranparency International, uno de los primeros números de nuestro entorno en partidos políticos corruptos, algunas de las principales fortunas del mundo, amasadas de forma poco decorosa, y así sucesivamente.
Por el contrario, suele estar a la cola en lo que, para el común de los mortales, son aspectos apreciables y que mejoran la vida de la gente, como por ejemplo en el número de patentes e inventos, en apoyo a la investigación científica, en inversiones sanitarias o educativas, en calidad de la enseñanza, o de la justicia, o de las redes de atención a las personas en sus diversas situaciones sociales, o de protección de la biodiversidad y respeto por el medio ambiente, o en aprecio del patrimonio cultural y de la cultura, o en ayuda al desarrollo, o en cumplimiento de derechos reconocidos y comprometidos por adhesión a tratados internacionales, o en calidad de la «democracia» y… ¿qué quieren que les diga? ¡en casi todo lo que vale la pena!
Corrupción de empresas españolas en el índice del Banco Mundial
Pero volvamos al índice de empresas vetadas para colaborar en proyectos de desarrollo del banco Mundial, que encabezamos por goleada.
En total se trata de más de cincuenta empresas y personas físicas «marca España» que han sido vetadas por el Banco Mundial, que no es que se caracterice por un especial celo ético que digamos.
Nos abstendremos de señalar con nombres y apellidos a las personas físicas vetadas por eso de no señalar al pecador y sí solo el pecado, que recomienda el refranero. Por lo que se refiere a las personas jurídicas, la mayoría de las vetadas están controladas por seis grupos empresariales españoles de reconocido nombre, trato cercano con los poderes institucionales y merecido recelo social, como son los casos de FCC, vetado por sus prácticas corruptas en la corrupta Colombia, y de algunas constructoras más o menos pintorescas.
Cincuenta vetos son más del doble del segundo país de la OCDE vetado, Reino Unido, y mucho más respecto a los siguientes competidores en las malas artes. ¿Quiere decirse que nuestra gran aportación al mercado internacional, además de privatizar todo lo posible, de mezclar intereses políticos y económicos en esa especie de tupida maraña de relaciones y prácticas opacas que ha forjado nuestras «grandes empresas internacionales», y de dar entrada a la codicia de los fondos especulativos en nuestra economía, va a ser la exportación de las prácticas corruptas autóctonas y aquilatadas desde la época franquista? Que se lo pregunten a quienes han estudiado estas intrigantes realidades, por ejemplo, a Andrés Villena, autor de «Las redes de poder en España. Elites e intereses contra la democracia».
La empresa GMV, una de las habituales del sector de la defensa
Como era de sospechar, entre las empresas vetadas por el Banco Mundial se encuentra una de las empresas que tiene que ver con la industria militar. En concreto la multinacional GMV, que participa, entre otros proyectos militares, en el satélite europeo Galileo, que se opera desde las instalaciones del INTA en la base militar de La Marañosa.
A esta empresa la ha vetado el Banco Mundial por prácticas corruptas y fraude en Vietnam, donde participaba en un proyecto financiado por el Banco Mundial.
Al parecer seguían una práctica que, a poco atentos que estemos a la realidad, nos sonará como algo cercano a nuestro paisaje habitual: «algunos de los ex gerentes de la empresa se confabularon con dos consultores de diseño para obtener ventajas competitivas injustas en dos procesos de licitación. También acordaron pagar una comisión al agente del consultor para influir en el proceso de licitación y ganar un contrato».
Por lo que se informa de su actividad corrupta objeto de veto, ésta no ha tenido que ver con ningún contrato militar (de hecho sería muy raro en las inversiones del Banco Mundial encontrar un contrato militar), pero el hecho de que haya empelado una práctica corrupta en un proyecto de desarrollo nos autoriza a preguntarnos si juegan sucio en otro tipo de contratos.
Es una pregunta tal vez un tanto retórica, porque, según Naciones Unidas, la industria militar es uno de los sectores menos transparentes y más proclives a engrasar su negocio con prácticas ocultas y corruptas.
Por una de esas casualidades de la vida, la participación de GMV en el sector de la defensa es intensa y antigua. Acudiendo a su página corporativa podemos leer que llevan 30 años «trabajando con nuestros clientes en el sector de la defensa y la seguridad proporcionando sistemas con soluciones innovadoras, flexibles ampliables y fácilmente mantenibles, capaces de satisfacer las necesidades más exigentes y desarrollados bajos estrictos estándares de calidad».
Sus «especialidades» en este sector militar nos permiten saber de qué va la cosa:
- Sistemas de mando y control
- Sistemas para la comunidad de inteligencia
- Ciberdefensa
- Simulación
- Programas espaciales
- Sistemas integrados de control de accesos, presencia, vigilancia y seguridad
- Sistemas de vigilancia de fronteras
- Sistemas ISR
GMV es uno de los proveedores habituales y contratistas del Ministerio de Defensa. Por poner algún ejemplo, durante 2020 ha resultado adjudicataria para proveer a la Brigada Paracaidista y al Tercio de Armada de Infantería de Marina cuatro RPAS clase Seeker (vehículos aéreos no tripulados). También en el mismo año, en diciembre, se le adjudicó, junto con otras empresas del sector, el contrato industrial para la integración de empresas españolas en el resto de actividades de la Fase 1A de investigación, desarrollo y demostración tecnológica del Sistema de Armas Europeo de Siguiente Generación (NGWS/FCAS), que cuenta con financiación española y con fondos europeos, y que supondrá un pastuzal para la industria militar española.
Entre sus clientes tiene a otros ejércitos mundiales y ministerios de defensa, algunos del ámbito europeo, como el de Holanda, Portugal o Italia.
En cuanto al programa Galileo, del que también participa, y para los que no estén muy al corriente de la realidad de nuestro mundo militar-industrial, debe señalarse que la participación de España en el programa Galileo es liderada por el Ministerio de Defensa y el INTA, y cuenta con la participación de las empresas del sector militar-industrial Thales, EADS, Indra, Airbus, GMV. Indra, Mier, Sener, Rymsa e Iberespacio, por nombrar las más reconocibles.
La corrupción en el sector de la defensa
Visto el ejemplo, cabe extender la pregunta más allá. ¿Hay corrupción en el sector industrial-militar?
Todos los indicios conducen a un sí rotundo y no sólo porque en su día lo advirtiera nada menos que un presidente de los EEUU (que encima había sido general) después de vivir en sus propias carnes las presiones inmorales del complejo militar-industrial americano y su desprecio por los valores humanos más profundos.
Si acudimos al «índice de empresas de defensa 2020» publicado por Transparency International, observamos que el 75% de las 134 principales empresas del mundo del sector militar no tiene implantado ningún tipo de medida para combatir la corrupción y muestran poco o ningún compromiso al respecto.
En el caso de España, destaca el índice, las empresas INDRA y NAVANTIA tienen un interés «moderado» en combatir la corrupción. ¿Exagera Transparency International? Yo creo que sí. Es demasiado benévola en sus apreciaciones.
Una de las particularidades de la industria militar española es el excesivo puertagiratorismo existente entre ésta y la política, con el caso paradigmático de varios ministros de defensa vinculados, antes y después de su paso por el cargo público, con el sector industrial militar (Eduardo Serra, Pedro Morenés, Julián García Vargas) varios secretarios de Estado, múltiples militares de alta graduación y hasta un ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa, todo un sello de la famosa marca España que ha servido, además, para endosarnos y consolidar una deuda ilegítima en compra de armas que no necesitamos que supera los 40.000 millones de armas en Programas Especiales de Armamentos adquiridos para beneficiar a la industria militar.
Si echamos la vista hacia atrás, contamos con el caso paradigmático de personajes rocambolescos vinculados a los intereses militares, como la saga de los Paesa, tío y sobrina, en la trama de la empresa Defex (participada por el Ministerio de Defensa y la SEPI); un asunto que acabó siendo judicializado con condenas penales para más de una veintena de directivos y disuelta la empresa a consecuencia de todo ello. También se ha hecho eco la prensa de otras renombradas personalidades políticas y mediáticas, incluyendo sospechas de ex-presidentes de gobierno, ministros, allegados y otras autoridades, relacionadas en la venta de armas a países muy cuestionables y belicosos.
La corrupción alcanza también contrataciones menores y otros contratistas de la Defensa. En 2015 fueron imputadas por cohecho 13 empresas contratistas de Defensa, según informó el periodista Miguel González en El país el 14 de junio de 2016. También se frenaron nada menos que 22 ascensos de mandos militares por unas presuntas activades delictivas por delito contra la hacienda militar en relación a contrataciones en el hospital Gómez Ulla en 2016. En el año 2018 condenaron a dos Tenientes Coroneles de intendencia (y a tres empresarios por cohecho) por filtrar información privilegiada a empresas contratistas para quedarse con contratos del Ministerio. el suma y sigue judicial es elevado.
Instalaza pidió, cuando el que había sido su número uno fue nombrado ministro de Defensa, una indemnización millonaria (40 millones) a Defensa por los perjuicios sufridos a partir de la firma del Tratado de prohibición de Minas de racimo, una de las especialidades de la empresa y uno de los suministros de que dotaba al ministerio de Defensa.
En el capítulo de exportaciones contamos también con una elevada exportación de armas a países a los que, con arreglo a nuestra propia legislación y a 7 Posición Común 2008/944/PESC sobre el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, no debieron exportarse.
Todo un muestrario de lo que nuestra industria mi militar es capaz de hacer.
Fuente: https://www.grupotortuga.com/Empresas-espanolas-implicadas-en