Empresas transnacionales de seguridad en Colombia

Durante el primer semestre de 2007, la ONG colombiana Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó ante el Tribunal Permanente de los Pueblos una acusación contra la empresa transnacional de seguridad DynCorp por «responsabilidad en la violación de Derechos humanos en Colombia». La acusación coincide con el escándalo que ocasionó en Irak la empresa Blackwater (con representación en Colombia bajo el nombre de ID Systems). Tal como informa el New York Times de 13.11.2007, el FBI determinó que los eufemísticamente llamados «contratistas» de Blackwater implicados en el suceso se habían extralimitado en sus funciones, asesinando en un tiroteo a 17 civiles e hiriendo a 24 más. [1] En Irak, a Blackwater le fue retirada su licencia de funcionamiento, hecho que desató un debate público no sólo sobre la juridicción de estas empresas, sino también sobre las consecuencias penales para sus «contratistas», que hasta ahora gozaban de inmunidad. El 30 de octubre, el gobierno iraquí aprobó una ley que despoja a las empresas de seguridad extranjeras de tal inmunidad.

Mientras que en los Estados Unidos y más aún en Europa se cuestiona de manera creciente la participación, contratación y control democrático de estas empresas privadas de seguridad, a Colombia siguen llegando, con el beneplácito del gobierno del presidente Uribe, cada día más empleados de estas transnacionales a realizar labores sobre las cuales no existe transparencia ni control público alguno y sobre las cuales pesan ya numerosas acusaciones en Colombia por Comisión de delito.

La compañía

DynCorp [2] es la compañía más importante del mundo en el mercado de empresas militares privadas. Hasta hace dos años contaba con aproximadamente 26 000 empleados. Sus ganancias anuales se estiman en unos 2,3 billones de dólares al año. La mitad de sus ingresos provienen de contratos con el Pentágono. DynCorp administra en los Estados Unidos la informática de diferentes instituciones del sector estatal, bancos de datos de los ministerios de defensa, relaciones exteriores y justicia, de estamentos de control de la bolsa de valores, DEA, FBI y CIA, y de las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos. La esfera de actividades de la empresa es bastante diciente, así como la distribución geográfica de las mismas, por lo polémicas y criticadas que han sido las intervenciones del gobierno norteamericano a través de estas empresas en diferentes países del mundo [3] : Haití, 1996; Timor Oriental, 2002; Afganistán, 2002; Angola, 1998; Bosnia-Herzegovina, 1995; Sudán; 2001; Sierra Leona, 1998; Albania (fecha indeterminada), Irak, desde 2003, Colombia desde 1991, contrato sin concluir.

Es en este contexto que surge la pregunta sobre el tipo de actividades que lleva a cabo DynCorp en la región del Putumayo en Colombia. Esta región, rica en caucho y maderas finas, es uno de los ecosistemas más ricos de todo el planeta y desde 1970 fuente de extracción de petróleo para varias empresas multinacionales. Paralelamente, desde 1970, el Putumayo ha vivido un proceso de militarización creciente, intensificado a partir de los años 80. Las bases militares y la presencia de todos los actores armados han aumentado desde entonces. Oficialmente se declara que los todos los militares son colombianos, sin embargo, en Colombia es vox populi que constantemente llegan a esta región militares extranjeros en helicópteros y que varias veces se les ha visto en combates directos.

Petróleo y seguridad

Desde el año 2000 América Latina viene suministrando a los Estados Unidos más petróleo que la zona del Golfo, y Colombia pasó a ocupar un lugar dentro del grupo de los diez proveedores de petróleo más importantes de los Estados Unidos. Aunque el porcentaje en barriles no es comparable con el de Venezuela y México, el petróleo colombiano es importante en el contexto de las necesidades energéticas de los Estados Unidos en un momento en el que el Oriente Medio es inestable como suministrador. Hasta 2006 Colombia suministró más petróleo a los Estados Unidos que Kuwait. [4] Ya en el informe National Energy Policy Report, presentado en mayo de 2001 por el Vicepresidente Dick Cheney, se afirmaba que Colombia se ha convertido en un importante proveedor de petróleo de los Estados Unidos («Colombia has become an important supplier of oil to the United States»). [5]

La protección de las refinadoras significa casi el 10% de los costos de explotación. Para optimizar los costos e incrementar las ganancias, los Estados Unidos consideran necesario acabar con los grupos guerrilleros que operan en el Putumayo y eliminar de la región cualquier obstáculo que impida el libre funcionamiento de las empresas petroleras. [6] En consecuencia, se han trazado políticas de seguridad tendientes a garantizar el suministro. Stratfor, una agencia privada para análisis de riesgo, afirmó en 2002 que una prioridad del gobierno de Bush era crear esquemas de seguridad para proteger los yacimientos clave y la extracción segura y rápida de petróleo en Colombia: «to protect key Colombian oil assets and to secure large rural areas believed rich in oil reserves so that U.S. energy companies can initiate large-scale exploration safely and quickly.» [7]

Privatización de la guerra

La privatización de la guerra no es un fenómeno local y esporádico; es el rostro que ha adquirido en los últimos años la intervención norteamericana en diferentes países del mundo. Por ejemplo, en Irak la segunda fuerza militar más numerosa no es la británica, sino la que se compone de personal militar pagado por estas transnacionales de seguridad privada.

La creciente utilización de estas empresas en contextos de conflictos armados dificulta e impide cualquier tipo de control democrático, jurídico y político del uso de la fuerza, propio del Estado de derecho. [8] Esta nueva estrategia coloca la defensa de los derechos humanos en una situación aun más precaria y vulnerable: no hay instancias que garanticen el control sobre el uso de la fuerza.

Naciones Unidas ha declarado en un informe presentado el 8 de noviembre de 2007 que las empresas privadas de seguridad representan «una nueva forma del mercenarismo» y exhortó a todos los países miembros a firmar un tratado en contra de tales prácticas. Además, llamó la atención sobre el hecho de que los «Estados que las utilizan deben ser considerados responsables por las violaciones de derechos humanos que su personal comete.» [9]

En caso de extralimitación de funciones de estas empresas de seguridad no es posible responsabilizar juridicamente al Estado que las ha contratado. La responsabilidad queda en una zona jurídica gris. No se trata de un error. Es una estrategia minuciosamente elaborada, pues cuando estos «contratistas» cometen un crimen ¿en qué tribunal, en qué país se les puede demandar? Hasta ahora no se ha encontrado una respuesta. El gobierno de los Estados Unidos no es responsable ni financiera ni jurídicamente por estas empresas, a pesar de ser uno de los principales contratantes. [10] De otro lado, los empleados de estas empresas aparecen ante la opinión pública prácticamente como civiles. Dejan de ser actores armados en el conflicto, para convertirse en víctimas civiles. Esto, desde el punto de vista propagandístico, es de enorme impacto y utilidad, especialmente en Estados Unidos, ya que cuando mueren o son capturados en alguna misión no se les presenta como parte del fracaso militar. Los tres norteamericanos «contratistas» que fueron capturados por la guerrilla colombiana no han sido tema de relevancia para los medios de comunicación norteamericanos. En contraste, baste recordar la soldada norteamericana capturada por fuerzas iraquíes; la noticia acaparó durante semanas la atención pública a través de todos los medios de comunicación.

Los recientes hechos de Irak y la acusación presentada por la la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo contra DynCorp pueden ayudar a esclarecer la función real que cumplen estas empresas a una más amplia opinión pública internacional para que se pida al gobierno colombiano que prohíba el funcionamiento de estas empresas. La contratación de los «servicios» mercenarios de las empresas transnacionales de seguridad vulnera gravemente los Derechos de los Pueblos: el derecho a la existencia, la autodeterminación política, los derechos económicos, el derecho al medio ambiente y a los recursos comunes, así como el derecho a garantías y sanciones, quedan profundamente afectados por las prácticas que realizan estas empresas transnacionales y privadas de (in)seguridad. [11]