Organizaciones sociales rechazan la iniciativa del presidente Álvaro Uribe que intenta darle un carácter político a los crímenes de grupos paramilitares, en momentos en que se buscan testimonios de violaciones a los derechos humanos.Durante esta semana, la Comisión Ética de la Memoria de Crímenes de Lesa Humanidad de Colombia, organismo que lleva adelante la reconstrucción […]
Organizaciones sociales rechazan la iniciativa del presidente Álvaro Uribe que intenta darle un carácter político a los crímenes de grupos paramilitares, en momentos en que se buscan testimonios de violaciones a los derechos humanos.
Durante esta semana, la Comisión Ética de la Memoria de Crímenes de Lesa Humanidad de Colombia, organismo que lleva adelante la reconstrucción de la historia de víctimas de violaciones a los derechos humanos, considerados crímenes de lesa humanidad.
Creada en 2006, luego de que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado concluyera que la Ley 975 y la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR) era «una mentira que mantienen la impunidad», la Comisión asegura que el informe final con pruebas y testimonios, sólo será entregado a una Comisión de la Verdad, cuando el país se encuentre en un proceso auténticamente democrático.
Con el fin de recoger testimonios y escuchar denuncias de violencia institucional y parainstitucional, la Comisión visitará a las comunidades afrodescendientes de varias localidades colombianas como Curvaradó, Jiguamiandó, Cacarica y Norte del Chocó.
De acuerdo a las denuncias de damnificados, los habitantes de esas comunidades sufrieron más de 200 crímenes de lesa humanidad, además de 17 desalojos forzados, apropiación ilegal de tierras, semilla de banana y palma africana. Los grupos paramilitares están en esas tierras extrayendo minerales y realizando proyectos de agro-negocios con la palma y la banana. Los paramilitares también continúan amenazando de muerte a la población.
El trabajo de la Comisión se produce justo en momentos en que el presidente Álvaro Uribe decidió darle un tratamiento político a los crímenes cometidos por paramilitares. Una decisión que se opone a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establecía que el paramilitarismo no puede ser considerado delito político.
Uribe desconoció el fallo de la Corte, luego de que en abril concluyera un proceso de desmovilización de unos 32.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes en reacción al fallo de la Corte, suspendieron las declaraciones ante la justicia. Ante esa situación, el Gobierno redactó un anteproyecto de ley para superar el conflicto.
El viernes, el Gobierno divulgó el texto de esa iniciativa que asegura no favorecerá a los líderes paramilitares presos que se acogieron a una ley especial que los beneficia con penas máximas de ocho años de cárcel si confiesan los delitos cometidos, incluso los de lesa humanidad. La Ley tampoco será aplicada en congresistas y funcionarios gubernamentales que estén siendo investigados por vínculos con los paramilitares.
En tanto, la sesión final del Primer Encuentro Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, que reunió a más de 80 organizaciones sociales en Bogotá, capital de Colombia, rechazó la decisión de Uribe y respaldó el fallo de la Corte Suprema.