En mi barrio es famoso el cuento de Juan el carnicero, que desvió un camión lleno de picadillo, lo vendió y después se fue del país. «Menos mal que se fue -advierte una vecina-, porque si no aquí la gente lo hubiera cogido… y más nunca lo dejaban vivir». Pero la historia de Juan pertenece […]
En mi barrio es famoso el cuento de Juan el carnicero, que desvió un camión lleno de picadillo, lo vendió y después se fue del país. «Menos mal que se fue -advierte una vecina-, porque si no aquí la gente lo hubiera cogido… y más nunca lo dejaban vivir». Pero la historia de Juan pertenece a una narrativa mayor.
Días atrás, varios mercados de la ciudad han estado cerrados, entre ellos el Centro Comercial Almendares (en 41 y 42), y el de la avenida 51 y 26. «Inventario» o «Salud Pública», responden de mala gana los dependientes, y cuesta un poco creerles. En la tienda Carlos III, por ejemplo, el relato popular afirma que la inspección -el verdadero motivo de los cierres- encontró productos adulterados y reenvasados, venta de mercancías vencidas, distorsión de precios… «Hubo un explote», suele decir la gente.
A finales de enero se publicaron algunos resultados de la oncena Comprobación Nacional al Control Interno, a saber, pérdidas por más de 51 millones de CUC y más de 90 millones de pesos cubanos, solamente en entidades de La Habana.
Los números vienen con signos de exclamación: 51 millones de CUC y 90 millones de pesos cubanos, perdidos o dejados de facturar, en un país que el año pasado miró de frente a la recesión (-0,9 % del PIB), algo que no había ocurrido en 23 años.
Apenas tranquiliza que la Contralora jefa en la capital, Miriam Marbán, explique que no todo es delito, y agregue otras causas del faltante, como «el incumplimiento de los planes de producción y venta», y «las cuentas por cobrar y por pagar». De cualquier forma, las cifras son de escándalo.
La lucha anticorrupción en Cuba -llamada así, por su nombre- adquirió un puesto fundamental con el surgimiento de la Contraloría General de la República; una de las primeras medidas de la actualización económica. En opinión del jurista Michel Fernández Pérez, su creación resulta el cambio estructural más importante del sistema político cubano, después de la reforma de 1992.
Control, control…
«Esta institución desempeñará un rol esencial en la elevación del orden, la disciplina económica, el control interno y el enfrentamiento resuelto a cualquier manifestación de corrupción, así como a las causas y condiciones que pueden propiciar el actuar negligente y delictivo de cualquier dirigente y funcionario», destacó el presidente Raúl Castro en sesión plenaria del parlamento cubano, el primero de agosto de 2009, cuando fue aprobada la Contraloría General de la República.
Esta responde directamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, y su objetivo es auxiliarlos en ejecutar «la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno».
Teniendo en cuenta este concepto, que aparece en la Ley 107/2009 de la Contraloría General de la República de Cuba, Fernández Pérez señala su ubicación por encima del gobierno y de todo el aparato ejecutivo-administrativo; solo se subordina a los órganos de poder más importantes.
A pesar de su jerarquía, la Contraloría no está concebida en el diseño constitucional del país. «Quizás desde el punto de vista jurídico-formal, hubiese sido más acertado realizar una reforma de la Constitución (para establecerla)», señala el jurista. Esto, más la existencia de los cuentapropistas, las cooperativas no agropecuarias, la doble ciudadanía, y otras realidades económicas y políticas, recuerdan la necesidad del cambio de la Carta Magna.
Las fuerzas armadas del país pueden ser auditadas, de acuerdo con la Disposición especial Octava de la Ley, a solicitud del Presidente del Consejo de Estado cuando lo considere oportuno. Mientras, estas se rigen por sus normas internas de control, y deben informar sus acciones al respecto por lo menos una vez al año al Contralor General.
Algo similar ocurre en el caso de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y también de la Asamblea Nacional, los Consejos de Estado y de Ministros; el Tribunal Supremo y la Fiscalía General. Son auditables sus dependencias económico-administrativas, siempre que lo soliciten las máximas autoridades de estas mismas instituciones, o el Consejo de Estado.
Cuando termina una auditoría, se elabora un expediente que luego se da a conocer a los trabajadores. Es decir, ellos solo reciben información de lo sucedido. La Contraloría cumple con las funciones que le fueron asignadas, según la ley. Pero el diálogo y la participación de los trabajadores apenas se materializan en la práctica.
Cuba es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento al que se adscribió en 2005 (dos años después de creado), y ratificó en 2007. Las Normas Cubanas de Auditoría, aprobadas por la Resolución 340/12, están armonizadas con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).
Sin embargo, el factor crítico que distingue a la Contraloría nacional de sus pares en el mundo es la carencia de información pública. Mientras lo usual en otros países es que estas instituciones expongan en la web las conclusiones de sus pesquisas, aquí el ciudadano común no se entera, a no ser por elípticos reportes de prensa, carentes de cifras y sobrantes de generalidades.
Esto provoca que el proceso de fiscalización quede incompleto. Por ley, la Contraloría está obligada a informar los resultados y las recomendaciones de una supervisión a aquellos que fueron sujetos de esta, a los colectivos laborales y al nivel superior. Esto queda claro. ¿Entonces a quién corresponde dar cuentas a la población en general?
Hablamos de velar por el uso correcto del patrimonio público, de los recursos del Estado -léase, nuestro patrimonio, nuestros recursos-. Luego, lo más lógico es que sepamos, con pelos y señales, qué encontraron las inspecciones y cuáles fueron las medidas subsiguientes. Sin información -pormenorizada y oportuna- no hay control popular ni ejercicio ciudadano real.
Que no pague Liborio
Una de las causas presumibles de las irregularidades contables reside en la depauperada situación económica. «Cuando se le pague al trabajador un salario digno con el que se pueda vivir, seguro se acaban muchas manifestaciones de corrupción», aseguraba un forista en el periódico Escambray.
No obstante, «aunque se puede comprender que tenemos problemáticas que afectan la vida cotidiana de los cubanos, por principio, no aceptamos que eso deba conducir a conductas de ilegalidad», subrayó el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, durante la clausura del primer Taller Internacional de Auditoría y Control (2014), en La Habana.
Por otro lado, también están quienes simplemente han querido amasar fortuna. La Contralora General, Gladys Bejerano, ha señalado que el móvil fundamental sigue siendo el «desvío de recursos» para la venta ilícita y el «enriquecimiento indebido».
En ambos casos, a la cuenta se suma la fisura moral de quienes dicen «luchar», «inventar» «resolver»… donde debe decir robar.
No por casualidad las dos últimas Comprobaciones al Control Interno se han enfocado en sectores y procesos de suma importancia para las transformaciones actuales: descentralización de facultades empresariales, medidas para «enfrentar» el envejecimiento poblacional, otorgamiento de subsidios a la población, cooperativas no agropecuarias y la aplicación de pagos por resultados. Más allá de las empresas, la Contraloría tiene la atribución de verificar el patrimonio y la conducta ética, de cuadros y dirigentes estatales.
Sobre los millones perdidos del principio no se sabe mucho más: se aplicaron «severas medidas» a nueve directivos, que ahora enfrentan procesos penales; y 114 funcionarios y trabajadores fueron sancionados con «medidas disciplinarias de menor rango», por su responsabilidad colateral.
Que la Ley 107 contemple un capítulo llamado «De la participación popular» brinda alguna esperanza. «Es la sociedad la que tiene que controlar el gasto presupuestario, porque estamos controlando entonces el gasto de nosotros», comentó el director de Ejecución del Presupuesto del Ministerio de Finanzas y Precios, Jesús Matos.
Exacto; estamos de acuerdo. Pero para eso hace falta información, transparencia, y capacidad real para proyectarse y actuar. No puede haber socialismo (mucho menos, próspero y sostenible) si los trabajadores no participan.
Fuente: http://progresosemanal.us/20170410/busca-del-dinero-perdido/