El historiador y académico de la Universidad de Chile señaló que el proceso constituyente ya se inició en nuestro país, en la reflexión y discusión de diversos sectores que ya se forman y presionan por el único instrumento considerado legítimo para este ansiado cambio: la Asamblea Constituyente. El historiador social y académico de la Universidad […]
El historiador y académico de la Universidad de Chile señaló que el proceso constituyente ya se inició en nuestro país, en la reflexión y discusión de diversos sectores que ya se forman y presionan por el único instrumento considerado legítimo para este ansiado cambio: la Asamblea Constituyente.
El historiador social y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez, ha sido uno de los activos miembros de la organización de una Escuela Nacional de Monitores y Monitoras para la Asamblea Constituyente, organizada por Fundación Constituyente XXI y el Foro por la Asamblea Constituyente, al cual pertenece.
Desde su amplia mirada de la historia social, y como parte del proceso de discusiones y activismo que puja por una nueva Carta Magna para Chile, Sergio Grez comentó con eldesconcierto.cl las tareas de los movimientos sociales en esta materia y los desafíos tras la defensa de la Asamblea Constituyente como herramienta principal de los cambios.
En septiembre se cumple el plazo anunciado por Bachelet para iniciar el proceso constituyente. ¿Qué se puede esperar de este compromiso?
El proceso constituyente comenzó mucho antes del tan esperando anuncio presidencial. Este proceso comenzó a lo menos el 2011, siendo el movimiento estudiantil el encargado de difundir la necesidad de un cambio en la Constitución, que un puñado de personas veníamos levantando hace tiempo sin mayor eco en la sociedad. A partir de ese año, nace a la acción del movimiento estudiantil y de otros movimientos sociales, esta reivindicación que se extendió por el conjunto de la sociedad chilena.
Del proceso constituyente anunciado por Bachelet para septiembre pienso que no hay que esperar gran cosa. Lo más seguro es que el método utilizado sea con el que tradicionalmente las elites políticas y las clases dominantes realizan los cambios constitucionales para instaurar sus distintos sistemas políticos. Esto es un método que no es democrático y a espaldas de la ciudadanía, delegando en comisiones de expertos o en grupos parlamentarios la tarea de elaborar una Constitución y de aprobarla.
Es posible que, en este caso, tal como se hizo en 1980 y 1925, haya como decorado final un plebiscito en el cual la ciudadanía es llamada a aprobar o a rechazar el paquete, el conjunto de la Constitución, lo que no constituye a mi juicio un mecanismo democrático, sobre todo si el proceso constitucional no es sometido a una discusión soberana y popular seria. El único instrumento que puede frenar eso es la Asamblea Constituyente, un organismo especialmente elegido para estos efectos, elegido de manera proporcional, democrática, con procedimientos que asegure que la soberanía la siga ejerciendo su auténtico y único titular, que es la ciudadanía.
A propósito de la experiencia vivida por usted en la Escuela para Monitores y Monitoras por la Asamblea Constituyente, ¿qué opina del proceso de discusión popular que hoy se vive al respecto? Hay muchas iniciativas que hoy están circulando por debajo, invisibilizadas ante la opinión pública, pero que, como usted dice, son la prueba de que el proceso constituyente ya comenzó.
Hay que hablar en plural de las escuelas constituyentes. Así como se ha desarrollado la nuestra en Santiago, también hay experiencias similares en varios lugares, en Curicó y Rancagua, Valparaíso, Temuco y Coyhaique. Estas escuelas son una expresión de este proceso constituyente que se vive en la base social que no espera anuncios presidenciales y consiste básicamente en hacer que sectores crecientes de la ciudadanía tengan consciencia del vínculo entre sus males, quejas y demandas sectoriales o gremiales en el tema constitucional, deduciendo de ello que la única alternativa plenamente democrática es la Asamblea Constituyente.
Por el momento, las escuelas constituyentes reúnen a una porción muy pequeña de la población, pero la idea es formar monitores que estén en condiciones de ir a explicar a los más amplios sectores de la base social, ya sea en poblaciones, lugares de trabajo o estudio, estos temas, de manera que podamos desarrollar una fuerza constituyente que le imponga a la casta política que nos domina el camino de la Asamblea Constituyente.
En una entrevista sostuvo que el concepto de ciudadanía está vacío para los chilenos. ¿No es necesario darle un nuevo significado o ejercicio a través de esta próxima Constitución?
En realidad en Chile nunca se ha ejercido en plenitud la soberanía popular, si nos remitimos a la formación de las constituciones, podemos decir que jamás. Han habido intentos meritorios, sin lugar a dudas, como la Asamblea Constituyente de obreros e intelectuales, en 1925, pero sabemos el fin que tuvieron estas experiencias.
En el siglo anterior, igualmente, los liberales, opositores al mando conservador, también intentaron en 1850 iniciar un ejercicio constituyente que luego fue aplastado por el poder de las armas, dando origen a una guerra civil. Han habido momentos en que las masas populares han emergido en la historia y, mediante su presión y movilización, han logrado avances sustantivos. En 1960 y comienzos de los 70, ese fue el caso. Pero soberanía propiamente tal, esta nunca ha existido. La soberanía ha residido siempre, desgraciadamente, en las elites dirigentes.
El próximo 11 de septiembre se recuerda un nuevo aniversario de la Constitución ilegítima de Pinochet de 1980. ¿Tenemos los chilenos consciencia de lo que implica esa fecha y estar aún gobernados por la Constitución de la dictadura?
Yo pienso que un sector de la sociedad chilena sí tiene consciencia de esto, ya que las mismas encuestas de opinión señalan que el cambio de Constitución es algo aprobado por la ciudadanía. Más aún: hay encuestas que indican que el procedimiento de cambio constitucional vía Asamblea Constituyente contempla una aprobación cercana al 60%, que no es poco. Eso puede ser leído como un cierto nivel de consciencia respecto de lo que significa la constitución actual, no sólo por su origen espurio e ilegítimo, sino sobre todo, por su contenido antidemocrático y por tratarse de un traje a la medida del modelo de economía y sociedad neoliberal.
Estas semanas han sido de fuerte discusión sobre las grandes deudas de este país en materia de DD.HH. ¿Cuál sería el aporte de una nueva Constitución al fin de la impunidad en Chile?
Al igual que en otros dominios, una nueva Constitución debe establecer mecanismos muy precisos para la defensa de los Derechos Humanos. No basta con proclamar principios generales, si queremos que las cartas constitucionales en Chile tengan alguna validez práctica, debemos señalar con la mayor precisión posible los mecanismos para que estos principios se hagan realidad. Suele ocurrir con nuestras constituciones que se proclaman bellos principios pero son letra muerta porque en otros acápites de la misma Constitución, son directa o indirectamente negados o incluso, porque leyes que se votan posteriormente y violan los principios. De manera tal que nueva Constitución no puede basarse en principios generales.
¿Cuál cree usted que es la tarea pendiente de los movimientos sociales con la idea de una nueva Constitución? De u otra forma, y a través de distintas demandas, están todos requiriendo estos cambios.
Los movimientos sociales tienen muchas tareas por delante. Primero tienen que fortalecerse, pero además tienen que articularse entre ellos y dotarse de un horizonte político común. Pienso que ese horizonte debería ser la Asamblea Constituyente, porque esto permitiría que movimientos que tienen reivindicaciones distintas, pero que chocan con los mismos obstáculos (el modelo económico, el sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad) pueden actuar unidos si toman consciencia de la necesidad de ellos y requieren ese objetivo político en común.