Organizaciones locales e internacionales, más personalidades del ámbito de derechos humanos lanzaron el martes una campaña contra la violencia policial en Chile, denunciando que las víctimas más frecuentes son los estudiantes, los trabajadores, los indígenas, los pobladores -habitantes de barrios pobres- y hasta los… periodistas que cubren manifestaciones, entre otros sectores vulnerables de la sociedad […]
Organizaciones locales e internacionales, más personalidades del ámbito de derechos humanos lanzaron el martes una campaña contra la violencia policial en Chile, denunciando que las víctimas más frecuentes son los estudiantes, los trabajadores, los indígenas, los pobladores -habitantes de barrios pobres- y hasta los… periodistas que cubren manifestaciones, entre otros sectores vulnerables de la sociedad chilena. La campaña «¡Alto ahí! – Basta de violencia policial» fue anunciada por un panel integrado por el ex juez Juan Guzmán Tapia, que procesó a Augusto Pinochet; Graciela Álvarez, de la Asociación Americana de Juristas; José Aylwin, del Observatorio Ciudadano; y Sergio Laurenti, de Amnistía Internacional.
La campaña denuncia numerosos casos concretos de violencia policial ocurridos en 2008, verificados directamente con las víctimas y no basados exclusivamente en información de prensa. Sus promotores se proponen además sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades del país sobre el preocupante aumento de situaciones graves de violencia policial que lesionan derechos humanos esenciales, como el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad humana.
La campaña desea también concretar propuestas para modificar los mecanismos que permiten la violencia policial y promover las garantías ciudadanas en aras de la paz social y de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Los promotores de la campaña plantean incluso un diálogo con las autoridades del país, para cuyos fines entregaron personalmente un extenso informe al director de la policía militarizada de Carabineros, general Eduardo Gordon, y a otras autoridades, sobre los hechos de violencia policial más relevantes investigados por las organizaciones adherentes a «¡Alto ahí!…».
Este miércoles, la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Cámara de Diputados recibía en sesión especial, al director ejecutivo de Amnistía Internacional – Chile, Sergio Laurenti; al co director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin; y a la presidenta de la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas, Graciela Álvarez. En el encuentro, solicitado por la propia comisión, se presentará a los legisladores una Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario y el informe de la campaña «¡Alto Ahí!… «… En el mismo Congreso serán atendidos por el ministro Secretario General de Gobierno, José Antonio Viera-Gallo, para darle a conocer los fundamentos de la campaña y sus recomendaciones. El ministro del Interior se encuentra en la Isla de Pascua, en tanto el subsecretario o vice ministro de esa cartera, Felipe Harboe -expuesto en los medios de Chile como una suerte de súper campeón de la represión violenta-, ni siquiera ha respondido a los requerimientos de los organizadores de la campaña.
«Se procura darle visibilidad al aumento de hechos de violencia innecesaria ejercida sobre civiles y que involucran a efectivos de Carabineros y de Investigaciones, poniendo especial atención en los grupos sociales que aparecen más vulnerables: estudiantes, indígenas, trabajadores y sector poblacional», señalaron los organizadores. Para dar a conocer sus propósitos inauguraron el portal www.altoahi.cl, a fin de sensibilizar a la opinión pública sobre esta cruda realidad e informar a los ciudadanos sobre sus derechos, que teóricamente están garantizados por la ley y la Constitución. El sitio web también recibirá denuncias «on line» de afectados directos, de testigos o de quien quiera aportar información pormenorizada.
Esta campaña contra la violencia policial comienza 18 años después del término de la dictadura y precisamente cuando se cumplen 35 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Los denunciantes sostienen que el aumento de la violencia policíaca en Chile afecta a la población civil y lesiona gravemente derechos fundamentales, poniendo en riesgo la convivencia social y las mismísimas bases de un estado democrático de derecho. También sugieren medidas concretas para enfrentar éste grave problema social.
Además de Amnistía Internacional, el Observatorio Ciudadano, el capítulo local de la Asociación Americana de Juristas y el ex magistrado Guzmán, también impulsan esta campaña la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Corporación OPCIÓN, Comisión Ética contra la Tortura, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); y la Red de ONGs Infancia y Juventud Chile con el apoyo de personalidades como Adolfo Millabur, Alcalde de Tirúa; Carolina Angulo, víctima emblemática de la violencia policial en Valdivia; la abogada Fabiola Letelier, hermana del asesinado ex Canciller de Salvador Allende Orlando Letelier; el religioso Helmut Frenz; el abogado Hugo Gutiérrez; Luis Astorga, Coordinador de derechos humanos de los Colegios Profesionales de Chile; el jurista Nelson Caucoto y el fotógrafo de la agencia EFE Víctor Salas, a quien prácticamente perdió un ojo cuando fue atacado por un carabinero a caballo cuando reporteaba incidentes en Valparaíso, el 21 de mayo de 2009.
Temas del informe
• El maltrato y la tortura en situaciones de abuso están asociadas al uso innecesario de la fuerza, cuando los agentes del Estado ejercen brutalidad, maltrato físico o trato degradante a diversos sectores de la ciudadanía, en particular a los más vulnerables, como son los indígenas, trabajadores, pobladores, niños y niñas, entre otros segmentos sociales. Según el informe, a menudo se repiten en Chile «hechos de violencia que pueden calificarse como tortura, imputables a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, a la luz de las definiciones contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile».
• La violencia policial contra la población civil aumenta bajo los gobiernos democráticos de los últimos 18 años. • Al comienzo de la democracia, las prácticas ilegales y abusivas de la fuerza policial solían atribuirse a su formación autoritaria bajo la dictadura, pero en los hábitos de la actual democracia se han intensificado como la forma más corriente de reprimir la movilización social, en particular de estudiantes y trabajadores. Exactamente 6.083 denuncias por violencia imputable a Carabineros ingresaron a la justicia militar entre 1990 y 2004 sólo en cuatro regiones del país, IV, V, VI y Metropolitana, es decir, un promedio anual de 405 casos, con un crecimiento de 250% respecto a las 164 denuncias de 1990. En 2000 se registraron 476 casos, pero el clímax correspondió al 2004, el último año del estudio, con 585 denuncias.
• Pero estas denuncias jamás prosperan, sobre todo cuando son procesadas en el ámbito de la justicia militar, que en Chile tiene jurisdicción sobre uniformados y civiles. Según el medido lenguaje del informe entregado a las autoridades y al público, «no se han acogido solicitudes y acciones judiciales de los sectores más vulnerables que han sido víctimas». Las autoridades hacen oídos sordos cuando los afectados solicitan medidas administrativas para impedir la repetición de los abusos o cada vez que recurren a la justicia para que se investigue y sancione la actuación delictiva de agentes policiales del Estado.
• Los tribunales militares siguen imponiendo su jurisdicción exclusiva sobre Carabineros en abusos como tortura, homicidio o uso injustificado de la fuerza cuando se cometen en actos de servicio o en recintos militares. En la realidad chilena actual, la justicia militar garantiza la impunidad de los delitos cometidos por agentes policiales del Estado. Según la ley vigente, tales actos sólo son investigados por la justicia militar
• En los casos reseñados en el informe resulta evidente que la falta de voluntad política tanto de la coalición de gobierno como de la alianza de partidos de oposición refuerza ciertas limitaciones del ordenamiento jurídico que posibilitan e incluso facilitan los abusos de los agentes policiales del Estado, en la práctica habituados al uso innecesario de la fuerza y la brutalidad contra la población civil. Las autoridades son reacias a adoptar medidas de carácter administrativo y judicial, que efectivamente están a su alcance, para posibilitar la investigación y sanción de de conductas lesivas a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales ratificados por Chile. No se presentan iniciativas legislativas orientadas a impedir la impunidad de la violencia policial. Al contrario -y esto no lo dice el informe sino este cronista-, continuamente se está legislando para criminalizar la protesta social, como ocurre en estos días con nuevos proyectos de ley en discusión parlamentaria que agravan las penas contra los manifestantes que se cubren el rostro, quizás para impedir represalias legales, y otra norma que castiga a quien insulte a un policía, quien a la vez es el ministro de fe de tales actos, que pueden ser inventados con gran facilidad.
• Carabineros está en una suerte de limbo administrativo por su régimen de dos ministerios: su presupuesto está subordinado a la cartera de Defensa, en tanto sus operaciones son ordenadas desde el ministerio del Interior. Tal dualidad oscurece su dependencia de una u otra autoridad política, mientras la ambigüedad contribuye a la ausencia de una fiscalización adecuada o el control interno del actuar de los funcionarios en hechos de violencia en el ejercicio de sus funciones policiales.
Recomendaciones del informe
El informe recomienda reformas de carácter jurídico institucional, políticas e incluso culturales. En Chile existe libertad de expresión y de reunión pero ambos derechos están «regulados» por un decreto de los tiempos de la dictadura. Por tal motivo, el informe propone:
• La derogación del Decreto Supremo Nº 1.086 (publicado en el Diario Oficial del 16 septiembre de 1983) que regula las condiciones para el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, y del derecho a la libertad de expresión garantizados a todas las personas por la Constitución Política en el artículo 19, Nos. 12 y 13.
• El país necesita una reforma integral de la anacrónica justicia militar . El informe dice que debe adecuarse a la evolución internacional del derecho, de los derechos humanos, de las garantías penales y procesales penales efectivas hoy de aplicación universal. La competencia de los tribunales militares debe restringirse al conocimiento de los delitos estrictamente castrenses cometidos por militares en servicio activo que infringen sus deberes castrenses específicos.
• Establecer un control de las actuaciones policiales, mediante reformas legislativas que instauren un sistema de rendición de cuentas interno y externo, efectivo y transparente, del quehacer policial, garantizando una conducta en sintonía con los lineamientos internacionales de derechos humanos, en particular con las directrices de Naciones Unidas.
• Terminar a la brevedad con la doble dependencia de Carabineros mediante la aprobación de la anunciada ley que crearía un ministerio de Seguridad Pública.
• La creación de la Defensoría del Pueblo, u ombudsman, con rango constitucional y legal, como una entidad independiente y autónoma del Ejecutivo que se ciña por los Principios de París de las Naciones Unidas, dotada expresamente de facultades de investigación, de mediación, de promoción y de procuración del actuar policial violatorio de los derechos humanos.
Consideraciones político-culturales
• Los autores del informe desean establecer una instancia de diálogo con las autoridades, a fin de obtener que los órganos de quienes dependen las entidades policiales promuevan un actuar policial centrado en la protección y el respeto de los derechos humanos.
• Asimismo, proponen que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones creen mecanismos para recibir denuncias sobre hechos de violencia contra la población imputables a esas entidades, así como la publicación de las investigaciones que eventualmente se realicen ante esas denuncias y las medidas adoptadas por los mecanismos de control interno de las instituciones policiales.
• También plantean que el Estado impulse acciones para hacerse parte en la persecución de delitos graves cometidos contra la población civil por los agentes policiales el ejercicio de sus funciones. Asimismo desean que en los programas de formación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones se incluya la teoría y la práctica de los derechos humanos, así como las directrices de la ONU y otras materias atingentes a la actuación policial y a los derechos humanos.
• Igualmente, proponen contribuir a la formación de los sectores más vulnerables de la población civil que son las víctimas más frecuentes de la violencia policial, a fin de que conozcan sus derechos frente al actuar de las policías.
• Los medios de comunicación, que en Chile están controlados por muy pocos grupos e incluso personas, cultivan las imágenes de violencia policial como una suerte de «entretenimiento» para el público consumidor de «noticias, pero el mayor énfasis lo ponen en la llamada «seguridad ciudadana», doctrina que hace de la delincuencia la causa de todos los males del país, sin prestarle mayor atención al crecimiento de la pobreza. Para esos medios públicos, comerciales y del estado, las principales víctimas de la violencia son… las policías. Sin embargo, la campaña «¡Alto ahí!…» plantea esperanzadoramente la «promoción de programas de difusión y denuncia a través de esos medios de las situaciones de violencia policial que ocurren en el país, así como de de difusión de los principios formativos que deberían orientar a las fuerzas policiales en su relación con la población».
• Asimismo, el informe sugiere que las estructuras del Estado promuevan el conocimiento de los derechos de la población frente a la actuación de los agentes policiales del Estado, así como canales expeditos y reales para documentar, denunciar y perseguir la responsabilidad de los agentes policiales involucrados en actuaciones abusivas y violatorias de derechos humanos.
Las policías chilenas todavía no exiben los altos niveles de corrupción que existen en México y Argentina, pero quizás superan en brutalidad a la mayoría de sus congéneres del continente. Pero esto no lo dice el informe, sino este cronista…