En entrevista exclusiva con TeleSUR, el abogado especialista en derechos humanos, Iván Cepeda, aseguró que las confesiones de los paramilitares, como parte de la Ley de Justicia y Paz, no se hacen bajo métodos jurídicos rigurosos y que más que un proceso para hallar la verdad, se ha convertido en una justificación de crímenes de […]
En entrevista exclusiva con TeleSUR, el abogado especialista en derechos humanos, Iván Cepeda, aseguró que las confesiones de los paramilitares, como parte de la Ley de Justicia y Paz, no se hacen bajo métodos jurídicos rigurosos y que más que un proceso para hallar la verdad, se ha convertido en una justificación de crímenes de los paramilitares.
El proceso de confesión en versión libre de los paramilitares, enmarcado en la Ley de Justicia y Paz de Colombia, se ha desarrollado en medio de »parámetros jurídicos que no son lo suficientemente claros y rigurosos para garantizar que la sociedad colombiana y en particular las víctimas de estos grupos puedan obtener la verdad», según Iván Cepeda, abogado especialista en derechos humanos.
Cepeda, director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas y representante del Movimiento de victimas contra el crimen de Estado, se refirió a la confesión del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, como un proceso de »justificación de los crímenes» cometidos por el paramilitarismo, más que un procedimiento para hallar la verdad y resarcir a las víctimas.
Sobre las declaraciones de Mancuso, Cepeda consideró que la verdadera »intención de los paramilitares es encubrir al máximo y proteger a determinados sectores que han sido sus aliados históricos».
El abogado experto en derechos humanos, dijo que el papel de las asociaciones de víctimas y de la sociedad civil, ha sido y debe ser determinante para obligar a que salga la verdad sobre los crímenes de los paramilitares.
»Se debe ejercer un proceso de observación crítica y exigiendo que estas personas (los paramilitares) sean debidamente interrogadas por los fiscales que tienen la labor precisamente de indagar al máximo los procesos de verdad», destacó.
Para Cepeda, es determinante que los paramilitares confiesen sus nexos con factores de poder en Colombia. »Exigimos que los jefes confiesen quienes le han ordenado la comisión de crímenes, quienes se han beneficiado durante décadas, quienes son las altas figuras políticas, militares y económicas que están detrás de todo este entramado de grupos paramilitares en Colombia».
La sociedad colombiana también debe comprometerse y urgir la celebración de debates sobre el tema del paramilitarismo y apoyar la labor que vienen ejerciendo los organismos de derechos humanos, según Iván Cepeda.
»Lo que hemos avanzado en esa materia es gracias a la labor de los organismos de derechos humanos, sociales, partidos de oposición, quienes han hecho presión para que la verdad saliera a flote y en develar los nexos con los paramilitares».
También, Iván Cepeda, se refirió al proceso de paz en Colombia como »un montaje» en buena parte, al considerar que en cuatro años de alto al fuego se han cometido al menos 3 mil crímenes. Dijo que para las organizaciones de derechos humanos, en todo ese tiempo »no ha habido un respeto ni cumplimiento a este compromiso, donde de la población civil ha sido irrespetada».
Aseguró Cepeda que en Colombia »no ha habido un desmonte eficaz de todo el poder económico que tienen los paramilitares».
»La movilización social en Colombia está dirigida a que se respete el derecho de las víctimas y se avance hacia la clausura de la pesadilla paramilitar en Colombia».
Papel de las víctimas del paramilitarismo
El abogado especialista en derechos humanos Iván Cepeda, dijo a TeleSUR que las víctimas deben jugar un papel más determinante y activo para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia.
»Considero que las organizaciones de víctimas han sido importantes para avanzar en el proceso, tanto dentro de país como fuera en el derecho humanitario internacional».
Para Cepeda, las víctimas deben soportar no sólo el peso de la injusticia sino que también sean relegadas del proceso.
»Estamos presionando para que las víctimas puedan asistir a los procesos que se están dando y a las declaraciones. La fiscalía general de la nación quiere limitar esa participación. Le ha puesto (la fiscalía) condiciones a las víctimas, como el hecho de que acrediten su situación para que puedan asistir a los tribunales», afirmó.
Las audiencias de las confesiones de los paramilitares, »deben tener un carácter público e incluso deben ser televisadas, para que la sociedad escuche las declaraciones de estos jefes paramilitares».
Habló también sobre los miles de desplazados colombianos a causa del conflicto interno en ese país y los padecimientos que sufren por la falta de atención y protección por parte del Estado».
»La corte constitucional colombiana ha dictado órdenes y sentencias para que el Gobierno nacional cumpla con atender a la población desplazada, pero eso no se ha cumplido», en Colombia, destacó Cepeda.
»También existe un desequilibrio entre la atención que se da a los desmovilizados de los grupos paramilitares, que tienen el acceso a programas de educación, trabajo y formación profesional, mientras que los desplazados sufren una grave situación», expresó.
»Se han simulado desmovilizaciones masivas»
Iván Cepeda afirmó para TeleSUR, que gran parte del proceso de desmovilización de paramilitares »ha sido simulado». »Nosotros hemos constatado que hay estructuras muy importantes de los paramilitares que no se han desmovilizado y que han simulado desmovilizaciones masivas».
»Lo que hemos visto es un reclutamiento previo a los actos de desmovilización para presentar ante las cámaras de televisión, actos en los que supuestamente muchas personas entregaban armas al Estado y dejaban su vida anterior»,aseguró.
Las organizaciones de derechos humanos y sociales, han constatado que »muchos de esos actos son ficticios y que los supuestos desmovilizados vuelven a las filas del paramilitarismo».
Dijo que las verdaderas intenciones del proceso es fortalecer las estructuras paramilitares y negar los derechos elementales de las víctimas.
Se busca »quitarle la mascara a los empresarios, políticos y ganaderos que han sido los gestores reales de la estrategia paramilitar en Colombia, que es un componente esencial del conflicto armado que se vive en Colombia», agregó.
Para Iván Cepeda, en Colombia se vive una »tragedia humanitaria muy grave». »En materia de desapariciones forzadas masivas, consideramos que se pueden llegar a más de 20 mil víctimas. Hay regiones en las cuales las incursiones paramilitares se hicieron a partir del hecho de desaparecer masivamente a indígenas, campesinos y obligar desplazamientos masivos forzados».
Según Cepeda, el escaso presupuesto al que tiene que hacer frente la fiscalía de Colombia y los organismos de justicia, colocan en evidencia »una clara intención de estrangular las investigaciones en curso».
»En este momento la fiscalía no tiene recursos para realizar las excavaciones y localizar los cuerpos de los desaparecidos. Hemos exigido a las autoridades y al Congreso de la República que se destinen los fondos necesarios para la investigación jurídica», destacó.
Dijo que la solución al conflicto en Colombia pasa por la necesaria »abolición y prohibición del paramilitarismo como práctica extremadamente perversa».