El hermano de Gloria Luz Gómez desapareció en 1983. Era un líder estudiantil que «soñaba con una educación de calidad». Su cuerpo apareció a los días con señales de tortura. Linda Paola Medina perdió a su hermano en 1988. Además de su militancia estudiantil, participó en la formación de la Unión Patriótica. Ambas se han unido por la verdad y la justicia, y por rescatar del silencio a los desaparecidos.
Han transcurrido dos décadas desde la desaparición de sus hermanos. ¿Cómo han sido estos años de búsqueda?
Gloria Luz GÓMEZ: Muy difíciles. Mi hermano, de 19 años, cursaba el último año de Bachillerato en un colegio de secundaria de Bogotá. Siempre estuvo muy implicado en las luchas estudiantiles y uno de sus mayores anhelos era lograr una educación de calidad. El 14 de noviembre de 1983 salió de casa para hacer unas compras y no regresó. Días después, encontramos su cuerpo totalmente torturado. Nunca supimos quién se lo llevo, ni quién lo torturó y mucho menos quién lo mató.
Leonardo era amigo de algunos estudiantes que fueron desapareciendo de forma selectiva y gradual. Aquel caso, que comenzó el 4 de marzo de 1982 y terminó el 13 de setiembre, dio origen a nuestra asociación. Después de 26 años, sus familias siguen sin saber qué pasó. Encontraron los cuerpos de dos de ellos, torturados y mutilados. En marzo, Asfaddes ha cumplido 26 años. El 4 de marzo de 1983 salimos por primera vez a las calles céntricas de Bogotá para exigir la aparición con vida y el juicio y castigo a los responsables. Desde entonces, nuestra labor ha sido de denuncia pública. En Colombia, entre dos y tres personas desaparecen a diario. Es imposible cuantificar cuántos desaparecidos hay porque muchas familias no denuncian por miedo. Además, muchas han tenido que desplazarse a las ciudades debido a las amenazas.
Linda Paola MEDINA: La búsqueda la inició mi madre, que era una mujer campesina, muy humilde. La Policía Nacional arrestó a mi hermano el 19 de febrero de 1988 en Neiva, en la región de Huila. Lo subieron a una camioneta y se lo llevaron a un calabozo de uno de los organismos de seguridad. Nunca supimos qué pasó con él. Era un líder estudiantil en la Facultad de Lingüística y Literatura de la Universidad Colombiana. Participó en el proceso de formación de la Unión Patriótica. Después de doce años, logramos que se condenara a 45 meses de prisión al subteniente de la Policía del Huila. Pero, no pasó ni un día en la cárcel. Tiempo antes había sido destituido pasando a engrosar las filas de los paramilitares. Es triste saber que a sus 70 años, mi madre todavía lo espera. A diferencia de lo que ocurre con los secuestrados, cuando se habla de desaparecidos se difunde la idea de que «algo malo hicieron» y que por eso desaparecieron. Cuando vas a presentar una denuncia, te dicen que «se ha ido porque tenía una deuda, otras mujeres o porque se ha metido en la guerrilla».
En el caso de mi hermano, no obtuvimos justicia pero, por lo menos, conseguimos que se diera a conocer, porque incluso se trató en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Organismos de derechos humanos han denunciado la criminalización de su labor por parte del Estado. ¿Su asociación también ha vivido esta situación?
G.L.M: Como víctimas de la desaparición, somos constantemente amenazadas y perseguidas. No se nos reconoce como una organización legítima. Desde el Gobierno, se hacen señalamientos todos los días. Los supuestos grupos paramilitares que se habían desmovilizado, simplemente, han cambiado de nombre y siguen amenazando a todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Quien exige el reconocimiento de sus derechos es tildado de «terrorista». Los defensores de derechos humanos en Colombia somos reprimidos por parte del Gobierno de Álvaro Uribe. Pese al hostigamiento y señalamientos que nos hace el Gobierno, seguimos acompañando a las familias en su búsqueda, en la denuncia para que el Estado ponga en práctica todas las herramientas jurídicas que tiene para poner freno a esta práctica y superar la impunidad. En esta lucha de años, hemos logrado que la desaparición forzada sea tipificada como delito. Aunque los militares estuvieron en todo momento en contra, en julio de 2000, se tipificó mediante la Ley 598, que ordena la creación de una comisión de búsqueda de personas desaparecidas. Pero, en estos nueve años han sido muy pocos los avances porque no hay voluntad política para fortalecer esta comisión y pueda así cumplir sus funciones.
El presidente Álvaro Uribe se vanagloria de los logros de su Política de Seguridad Democrática. ¿Cómo la calificaría?
G.L.M: Para nosotras, la Política de Seguridad Democrática es una distracción, es una represión mayor aunque más refinada, que se hace de tapadillo para ser invisible ante los ojos de la comunidad internacional.
Afirma que en Colombia se producen a diario entre dos y tres desapariciones. ¿Qué cobertura mediática reciben?
G.L.M: Los medios están totalmente al servicio del Gobierno. No muestran la realidad colombiana. Los casos que dan a conocer los utilizan como propaganda y porque no los pueden tapar. La mayoría de las graves violaciones de los derechos humanos permanecen ocultas. Sólo hablan de los secuestros, de los rescates, de Ingrid Betancourt, pero no mencionan a los miles y miles de ciudadanos desaparecidos, que ni siquiera podemos cuantificar, ni a las familias afectadas por esta práctica, ni tampoco hablan del desplazamiento forzado, de la criminalización de la protesta o de las condiciones de insalubridad en las que están los presos políticos.
Toda esa problemática está oculta en los medios de comunicación que únicamente recogen y muestran lo que les ordena el Gobierno. Se habla del secuestro, que igualmente es grave, pero nunca proporcionalmente tan grave como los casos de desaparición forzada. Hay más de 50.000. Los «falsos positivos», que ahora han salido a luz porque la situación se desbordó, son responsabilidad de las Fuerzas Armadas y hace más de 20 años que vienen ocurriendo.
Las desapariciones están al orden del día, así como las amenazas y ataques. ¿Cómo viven toda esta situación?
L.P.M: El miedo y zozobra de saber que en cualquier momento tú puedes ser víctima de una desaparición forzada es constante. Cuando vas por la calle, no confías en que los agentes del Estado que están apostados a unos metros de distancia y que supuestamente están para protegerte, no te vayan a hacer daño en cualquier momento.
La Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, integrada por trece profesionales independientes -juristas, periodistas, antropólogos, forenses y expertos en derechos humanos- expresó su preocupación por «el elevado número» de ejecuciones extrajudiciales, que «quedan en la absoluta impunidad».
«Hemos encontrado patrones comunes, por lo que no son hechos aislados sino conductas sistemáticas que responden a una premeditación. Las víctimas eran humildes campesinos, indígenas, líderes comunitarios y personas socialmente marginadas. En muchos casos, fueron arbitrariamente privadas de su libertad por el Ejército, vestidas con prendas militares y ejecutadas. Después, fueron presentadas como guerrilleros `muertos en combate'», concluye el informe final de la misión, hecho público ayer en Bilbo.
Alerta de la «existencia de incentivos económicos, profesionales y premios a la Fuerza Pública por la presentación de `positivos’ -bajas en el `enemigo’- y de la intimidación a familiares y testigos». Considera «preocupante» que altos funcionarios del Estado, incluido el presidente y el ministro de Defensa, sugieran en público que organismos de derechos humanos están haciendo su labor de denuncia para «desprestigiar a las fuerzas armadas, lo cual pone a estas organizaciones en serio riesgo».
En declaraciones a GARA, la abogada Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, que participó en la presentación, pone como ejemplo las declaraciones del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que en setiembre de 2008, acusó a los organismos que promovieron esta misión de «abrir una guerra jurídica y política a favor de la guerrilla».
Subraya que «la diferencia con épocas anteriores es que ahora es el Ejército el que comete directamente las ejecuciones y desapariciones con el pretexto de la lucha contra el crimen, la guerrilla o los paramilitares». «El Gobierno destina para la guerra el 6,7% del Producto Interior Bruto del país, más que EEUU o Israel. Hay una permanente necesidad de mostrar que es posible derrotar a estos grupos por la vía militar. En ese combate, no les importa sacrificar la vida de muchas personas. El propio presidente le dice a la Policía y Ejército `mátenlos, que yo respondo’. No hay ningún respeto por la vida; desde las altas instancias del poder se consiente la pena de muerte, prohibida en el país».
Bogotá acaba de anunciar una nueva operación militar contra las FARC bautizada como «Salto estratégico». Uribe no duda de que conllevará «más violaciones contra la población civil».