«La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrreda a los chicos.» (J. Hernández, La Vuelta de Martín Fierro, 1879) Más peligrosa que la selva colombiana es la maraña que […]
«La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrreda a los chicos.»
(J. Hernández, La Vuelta de Martín Fierro, 1879)
Más peligrosa que la selva colombiana es la maraña que rodea y paraliza la justicia. En Paloquemao, en Bogotá, reos y jueces, vigilantes privados y guardianes penitenciarios, con sus armas y sus perros, técnicos y testigos, curiosos, secretarios y abogados, se hacinan en instalaciones cochambrosas, repletas de expedientes amontonados sin orden ni concierto. La falta de recursos, personal y medios técnicos, y la ausencia de mínimos de salubridad, convierten los juzgados colombianos en cuevas en las que se paga hasta por el uso de los servicios sanitarios también privatizados, y donde la justicia, además de coja, ciega y sorda, está atada y es muda.
En diciembre del 2000 el sindicalista Wilson Borja salió mal herido de un atentado en Bogotá. Uno de los responsables resultó ser el oficial del ejército César Maldonado, quien fue condenado y recluido en una guarnición militar de la que sus colegas lo dejaron escapar varias veces. La empresaria de las apuestas Enilce López, alias La Gata, conocida por sus vínculos con el expresidente Álvaro Uribe y procesada por estar ligada a grupos paramilitares, debía estar recluida en su casa debido a que alega mal estado de salud, pero se mueve escoltada por las ciudades del Caribe colombiano atendiendo sus negocios.
En los últimos ocho años, cerca de 3 mil personas civiles fueron asesinadas por el ejército colombiano y presentadas ante los medios de comunicación como «guerrilleros dados de baja en combate». El ministro de Defensa y responsable de las tropas era el actual presidente Juan Manuel Santos, que, por un lado prodiga discursos contra la impunidad, mientras que, por otro, deja libres a los asesinos.
De los 15 800 asesinatos cometidos en el 2009, la justicia sólo identificó a los responsables de 1 106 y la impunidad se eleva al 98 por ciento si los asesinados son dirigentes sindicales, o líderes de las comunidades campesinas, indígenas y negras.
En septiembre del 2005 fue brutalmente torturado y asesinado el sindicalista de Nestlé Luciano Romero Molina. El Fiscal General, Mario Iguarán, en reunión con la Comisión Asturiana que verificaba DD HH, sostuvo que estábamos ante un «crimen pasional». Solo la presión internacional obligó a investigar y se comprobó que fue un crimen de Estado cometido por la policía secreta que depende del despacho presidencial y el grupo paramilitar de alias Jorge 40. Están presos los asesinos, pero no se conoce la autoría intelectual.
Y la impunidad tiende a agrandarse. Un proyecto sobre justicia transicional del Gobierno, aprobado en el Congreso como Ley 1424 del 2010, deja la justicia en manos del poder ejecutivo y le quita la poca autonomía que le quedaba. Ahora el Gobierno colombiano podrá hacer suspender las órdenes de captura, y lo peor, en aras de establecer la verdad, creó un mecanismo por el que la confesión de los delitos no podrá ser usado como prueba en procesos judiciales.
Estas son solo algunas parcelas que muestran el frondoso jardín de la impunidad colombiana, donde el árbol más viejo y productivo es el de la injusticia social, la exclusión económica y política, semilla de violencia y principal fuente de rentas y ganancias sin fin para quienes recogen a diario la cosecha del terror y de la impunidad.
(*) Javier Orozco Peñaranda es sindicalista colombiano refugiado en Asturies.
Este artículo ha sido publicado en el dossier especial del nº 46 de la Revista Pueblos, abril de 2011.