En la semana del 11 al 15 de octubre tuvo lugar una caravana humanitaria en el río San Juan, para dar a conocer y visibilizar la situación de crisis humanitaria que se vive en esta región del Chocó y que durante lo que va de año ha visto incrementar los enfrentamientos armados entre la fuerza pública del Estado colombiano, los paramilitares que se nombran a sí mismos”Autodefensas Gaitanistas de Colombia” -AGC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN.
* En la región, pudimos entrevistar a Willinton Murillo, líder afrodescendiente y comunal del San Juan e integrante de la Junta del Consejo Comunitario de Panamacito. Willinton se dedica al comercio de madera y tiene tres hijos. Nos concedió esta entrevista, como parte de las actividades de la caravana.
La subregión del río San Juan
Willinton nos cuenta que la población del territorio donde habita está compuesta por “la comunidad indígena, en su mayoría Wounnan, y las comunidades afro reconocidas en el Consejo General de San Juan, que es Acadesan como tal. Esta es una región muy rica en biodiversidad, faunas, ríos y salida al mar”. La comunidades afro e indígenas tienen una cultura marcada por la tradición ancestral. “Todas esas son riquezas que hoy tienen las comunidades”, afirma.
La otra cara de la región es “toda la problemática que tenemos”. Las dificultades de vivir “en una región muy apartada que, a veces, nos vuelve invisibles”. Un territorio en el que los cultivos de uso ilícito son la única forma que tienen las comunidades para sobrevivir y poder sufragar el estudio, vivienda y energía. Y en la que, además, no cuentan con un centro de salud. Ni en la región de San Juan, ni casi en el departamento del Chocó. Todas esas problemáticas son las causas de la pobreza.
Willinton también plantea otros males que aquejan a su territorio: mega-proyectos, incumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, la corrupción de las familias que componen la clase dirigente en el Chocó, el incumplimiento con las Curules Especiales de víctimas, y la evolución del conflicto armado en esta región.
Evolución del Conflicto Armado en el Chocó
Fuera de Colombia, e incluso en el propio país, el conflicto interno pareciera eclipsado con la firma de los Acuerdos de Paz de 2016. Para Willinton, “muchos en Colombia creen que, porque las FARC se desmovilizó, llegó la paz y eso no es cierto porque todavía no ha llegado el último día de la guerra. Y eso, para nosotros, no es la paz.”
Recuerda que en 2016, cuando salieron las FARC después de los acuerdos, los grupos armados sacaron comunicados y los paramilitares como las AGC anunciaron que iban a copar el territorio. Sin embargo, la fuerza pública y el ELN fueron los que efectivamente se quedaron en el territorio. El ELN siempre estuvo en el territorio, “nunca hubo presencia del Estado como tal y los grupos paramilitares no pudieron entrar al territorio”.
“Hoy tenemos una gran preocupación porque todo el mundo, a través de los medios de desinformación (que llamamos nosotros), creen que hoy la problemática es la insurgencia que viven acá en el territorio”.
En septiembre de 2018, la Defensoría del Pueblo de Colombia presentó el informe especial Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo. En dicho documento se detalla cómo en el Departamento del Chocó el interés de los grupos armados ilegales por controlar sus territorios comunitarios genera una presión sobre las autoridades de las estructuras organizativas de estas comunidades. Las tensiones ente los grupos armados y los líderes sociales tiene su origen en la oposición de las autoridades étnicas a la apropiación del territorio por parte de actores externos, incluyendo los grupos armados ilegales y la imposición de modelos extractivos contrarios a los tradicionales. El informe destaca que “la prevalencia de procesos de usurpación de tierras en espacios de interés para la minería a gran escala en departamentos como Chocó, Nariño y Cauca con alto porcentaje de territorios colectivos, permite pensar que existe relación entre los grupos armados causantes del despojo y los grupos económicos interesados en estos terrenos”.
En el mismo sentido, Willinton añade que “aquí tenemos una problemática, que son los intereses económicos que hay en nuestra región. Las multinacionales hoy quieren apropiarse de este territorio, sus riquezas minerales, maderas, especies de diferentes aves”. La llegada de las multinacionales se da “a través de los grupos paramilitares y con los militares que hacen la entrada como tal más fácil”.
La disputa de los grupos armados por controlar zonas estratégicas como el río San Juan está fundamentada en su interés por el acceso al Océano Pacífico y a otras rutas y zonas de procesamiento, imprescindibles para el tráfico de drogas y de toda la economía ilegal. “En los tiempos de Uribe (2002-2004) nosotros acá no teníamos presencia de ningún grupo armado, llámese insurgencia o paramilitares”. Después, cuando Uribe repitió mandato (2004-2008), los paramilitares del Bloque Calima entraron en la región. “Subieron parte del litoral del San Juan y luego venían bajando en todo lo que tiene que ver desde Istmina. Hacia abajo cogen al Sipí, que pega muy cerca al Valle, en todo lo que tiene que ver con el cañón del Garrapata. Usan esa zona como estratégica para sacar la droga hacia el Pacífico, pero también para posesionarse con todo lo que tenía que ver con la minería que tenía la región del Sipí, la zona de Novita, el Tamaná y toda la región hacia arriba que ha sido minera históricamente”.
“En el 2004, las FARC comenzaron a combatir a los paramilitares, los cuales fueron sacados del territorio. Los medios y el Estado dijeron que las FARC entraron por el control de la ruta de la cocaína, como siempre lo manifiestan en todo. Nosotros no somos defensores de la FARC para decir que no tengan un negocio, pero consideramos que verdaderamente la política era que no atropellaran a las comunidades, porque el asesinato de todos esos maderos que salían con esa madera que les tocaba que salir nadando (que asesinaron a muchos en las bocas del Sipí, porque ahí tenían una base los paramilitares, donde tenían control permanente, todos los días). Y nadie hacía nada a pesar de la denuncia. Salen de las bocas del Sipí y se posicionan en la boca del Suruco, muy cercanos, a cinco minutos del puesto de Policía más grande que tienen en San Juan, en la cabecera municipal del medio San Juan. Tuvieron el control durante durante más de ocho años permanentes ahí”, explica Willinton sobre cómo los grupos paramilitares se adueñaron del San Juan, en las inmediaciones del Sipí hacia arriba.
Después de la salida de la guerrilla de las Farc, el ELN se consolidó en la región. En los últimos años también llegó al territorio el grupo paramilitar AGC. El pasado mes de junio, ambas estructuras armadas rompieron el acuerdo de no agresión que existía entre ellos desde finales de 2017, al enfrentarse en la vereda Dipurdú. Dicho acuerdo obligaba tanto a la ELN como a los paramilitares a cesar en su confrontación y en la delimitación de un territorio para que la población pueda vivir en armonía y evitar situarles en medio de la disputa.
“Los paras entran a la comunidad de Dipurdú incumpliendo el acuerdo que tenían de respetar un sector delimitado. Eso se da para que a los días después la insurgencia llegue a combatir a los paras y se empiece a generar toda esta dificultad que hoy tenemos ahora en el San Juan”, denuncia Willinton. Además, “el territorio se venía militarizando y los militares llegaban no con uniformes militares, sino portando brazaletes de cualquier tipo. Eso se prestaba para confundir. ¿Cómo? Porque si se cometía un crimen, asesinaban a un líder o a una persona, podrían echar la culpa al ELN o los paras”.
Entre los desmanes de los militares, Willinton recuerda los acontecimientos de Montebravo, el pasado 21 de junio, cuando intentaron justificar sus acciones diciendo que había un comandante del ELN. “Nosotros no lo sabemos. Durante 15 días se pidió un informe. Robaron cosas de la comunidad (dinero, pertenencias de los pobladores a quienes les tocó desplazarse a otra comunidades) y cuando llegó la comunidad internacional a verificar todos los hechos, se evacuó inmediatamente el Ejército”.
Las denuncias de que la fuerza pública respalda a los paramilitares encuentran su ejemplo más evidente en la confrontación en Dipurdú, donde el Ejército Nacional no los persiguió.
El miedo de la población es tener que salir del territorio. Este responde al discurso del establecimiento y grandes empresarios que sostienen que la fuerza pública llega para confrontar a las insurgencias. “Sabemos que están atacando a las comunidades y las quieren sacar porque en el Chocó y el San Juan todavía se conservan riquezas, a raíz de la cultura indígena y afro que ha permitido conservar el territorio para su supervivencia, con la corta madera y minería artesanal”, afirma Willinton.
Bombardeo en Corriente Palo
En el río Cocomá, cerca de la Comunidad de Corriente Palo, el pasado 16 de septiembre a las 4 am hubo un bombardeo del Ejército para eliminar al comandante del ELN en la región. La fuerza pública no permitió verificar si el bombardeo iba dirigido contra la guerrilla o contra las comunidades.
“Las comunidades intentaron llegar a verificar el resultado del operativo, para constatar qué estaba pasando. Fue imposible, la fuerza pública no lo permitió aunque había campesinos desaparecidos”, comenta este líder.
Entre los fallecidos a causa del bombardeo habían menores. “Lo sabemos porque nos avisaron los familiares de que sus hijos podían estar entre los muertos, no por ser guerrilleros necesariamente, sino por ser amigos, simpatizantes. Pero como es un delito salir a decir que allá estaba mi hijo… ¿Cómo se denuncia si nadie tiene acceso a los medios? Nosotros intentamos llamar a la Cruz Roja, Personería y Defensoría. La Personería dijo que era imposible llegar porque sus superiores les dijeron que era una orden de Presidencia, y que desde las regiones no se podían meter”.
Los menores que fallecieron son niños afros e indígenas, pero no salieron en los primeros reportes de guerra del Ejército, sino que la denuncia la tuvo que hacer el senador Iván Cepeda, para cuidar a que la comunidad no corriera peligro al hacerlo.
“Los niños asumen la insurgencia como una forma de vida porque aquí hoy no se garantiza el colegio, ni la salud, ni la alimentación. Muchos se van porque en la guerrilla se les garantiza aprender a leer y escribir. Se les garantiza desayuno, almuerzo y cena. Y en sus comunidades no cuentan con eso. Pero eso no lo dicen en los medios, que utilizan este tema para justificar la guerra”, reflexiona Willinton Murillo.
A pesar de las múltiples noticias que han salido sobre este hecho, la duda aún continúa respecto a lo acontecido. Porque si los niños estaban en el campamento, tendrían que haber aparecido junto con el Comandante. Pero a la luz pública, solo salió la autofelicitación del Ejército y los medios al servicio del Gobierno por haber dado de baja a un “cabecilla del ELN”; luego el senador Cepeda denunció que habían niños que habían resultado asesinados; y más tarde el Ministro de Defensa dijo que en realidad no había asesinado al Comandante durante el bombardeo, sino que lo habían encontrado escondido días más tarde y había fallecido en un hospital de Cali. Por eso, las comunidades afectadas quieren conocer la verdad. Exigen una investigación y un informe de lo que ocurrió realmente.
Cuando ocurrió el bombardeo, “hubo dos campesinos de Corriente Palo desaparecidos durante dos días, a los que les tocó salir corriendo porque pensaban que los estaban atacando a ellos. Ni siquiera con ese llamamiento público hubo presencia de ninguna institución del Estado, garante de los Derechos Humanos, que hiciera presencia en el lugar de los hechos. No tenemos conocimiento de que haya habido ninguna comisión. Tenemos esa preocupación y queremos trabajar con organizaciones para sacar una misión de verificación mediante la que podamos saber lo que dicen los familiares y que las comunidades no queden en la incertidumbre”.
Willinton relata cómo el primer día esos campesinos que quedaron entre dos fuegos fueron abordados por los militares, y el segundo día fueron encañonados. Después, los helicópteros de la fuerza pública los persiguieron por el río Cocomá. Solo gracias a la ayuda de otros campesinos que conocían el territorio pudieron salir. La comunidad denuncia el ocultamiento de estos hechos y que hasta el día de hoy no se les ha permitido ingresar ni transitar por donde fue la operación. Mientras, algunos cuerpos de los menores de edad que murieron han sido entregados a sus padres.
Pervivencia en el territorio
“Todos los nacidos y criados acá sabemos que en el Chocó y San Juan no existía la coca. La gente trabajaban de la madera y minería. Hoy estas prácticas tradicionales son ilegales porque así lo declaró el Estado colombiano”, denuncia Murillo.
La explotación de la madera ahora es para los grandes capitalistas e inversores extranjeros transnacionales, que son quienes obtienen los permisos. A los madereros tradicionales se les ha sacado del sector, bajo el pretexto de “razones medioambientales”. Pero las comunidades ancestrales del San Juan no comparten esas razones. “No les darían las concesiones de grandes proyectos a multinacionales si realmente estuvieran preocupados por el medioambiente. Nosotros cortamos la madera artesanalmente y solo a los árboles los que están en condiciones de ser cortados. No a los delgados que son para las nuevas generaciones”, sostiene Willinton.
En los últimos tiempos, vivir de cortar madera se convirtió en algo ilegal, perseguido por las autoridades. La infantería de marina te la decomisa y quienes hayan trabajado en ella pierde su plata. Muchas veces, los campesinos madereros fían el corte y, al ser decomisado el resultado del trabajo, quedan endeudados.
La opción de cultivar la mata de coca ha sido para muchos una necesidad. “Para muchos es algo que es ilegal, para nosotros esos cultivos matan el hambre que verdaderamente tiene la población. Los cultivos de pancoger como el maíz, arroz, plátano o yuca no constituyen una alternativa. Sacar esa tonelada a Buenaventura o Istmina no alcanza ni para cubrir los gastos de la movilidad. Sin embargo, con un kilo de la coca no tienes ni que llevarlo. Te lo compran acá mismo y te da para los gastos de tres meses, y aún te queda algo para resolver los problemas. Esa es la única solución para que una familia pobre, por ejemplo, pueda ayudar al hijo a ir a la universidad”, comenta el líder.
Las rutas del río San Juan al mar hacen que en solo dos o tres horas se pueda llegar a un punto de recogida con la coca, para que esta salga hacia Centroamérica. La coca de otros lugares de Colombia (como el Cauca, Putumayo o el nordeste antioqueño) llega a este territorio y de ahí sale hacia el Pacífico. Además, la densidad de la selva y la abundancia de los grandes ríos permiten montar laboratorios y evitar la persecución. Todo esto hace que sea un “paraíso” para el narcotráfico.
“Creemos que se está vendiendo una imagen del departamento del Chocó (y específicamente del San Juan) de disputa por el control de las matas de coca. Creemos que los grupos (como tal la insurgencia) no viven de la coca. Le hemos hecho seguimiento. Los mafiosos entran y pagan un impuesto por mover y sacar la coca hacia los puntos. Eso es un poder del que los paras necesitan nutrirse para incrementar su guerra y lo hacen tomando el control del territorio”, afirma Willinton Murillo.
El desplazamiento no es una solución para las comunidades del San Juan. Este líder considera que si los pueblos salieran, se implementarían “los megaproyectos, sin la consulta previa, ya que no habrá a quien consultar ni pedir informes sobre cómo afectan la multinacionales al territorio. Eso se vivió en el río Atrato, cuando se sacó a todas las comunidades y el resultado fue la siembra de palma africana, la cría de ganado y las multinacionales de banana”.
Sin embargo, los diferentes Consejos Comunitarios que allí gobiernan, reconocen la contradicción que supone que para la sobrevivencia de las comunidades estas tengan que dedicarse al cultivo de coca. “No estamos a favor de la coca por ser la matriz de la que se financian los grupos paramilitares, acaba con la cultura de nuestros pueblos, nos saca de nuestro entorno real. ¿Cómo educar a nuestros hijos sin esa cultura de la mafia? De toda la narcocultura las nuevas generaciones aprenden el comodismo, la violencia y el despojo. Eso es lo que se implementa cuando están esos cultivos. Esas contradicciones son las que nos hacen daño y por las que debemos plantear alternativas para salir de la coca. Y que no sea el escudo para que digan que la insurgencia está en el territorio por esos cultivos. Sabemos que no hay cultivos que garanticen la estabilidad de un grupo armado, con todo lo que tiene que ver con la guerra. La guerra tiene otras connotaciones, verdaderamente son los paras son los que mueven la cocaína que sale a todos los países del mundo”, reflexiona Murillo.
Como representante de la comunidad, Willinton pide “una política de Estado que garantice unos derechos mínimos en salud, conexión eléctrica e internet. Lo básico para poder vivir en el territorio y poder comercializar lo que producimos. Hoy las comunidades no creen en el Estado, porque han venido con miles de las iniciativas propuestas y nunca se cumplen o nunca se ejecutan”.
Crisis humanitaria y confinamiento
Willinton Murillo recuerda que cuando han habido problemas con la insurgencia se han podido resolver con el diálogo. Cuando han habido confrontaciones entre paras y ELN, las comunidades se han tenido que desplazar. “Vivimos con ese miedo porque si llegan los paras todo el mundo tiene miedo de que le señalen por el hecho de que el ELN pase y transite por el territorio”.
Según Harold Cadena Vidal, representante de la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia, la cifra de desplazados en la región de río San Juan asciende a 4.608 y la de confinados a 33.280. El Chocó es el departamento de Colombia que en estos momentos está siendo duramente afectado por estas consecuencias directas del conflicto.
“Hay una crisis humanitaria porque están confinadas las comunidades por la fuerza pública, a través de las operaciones que está ejerciendo en el territorio. Por la militarización del territorio con operaciones aéreas y fluviales, no se puede salir a las labores cotidianas (buscar tu comida o trabajar tu finca). El Ejército no te garantiza la seguridad, te la impide. Dice que no pueden dejar entrar a nadie porque buscan al ELN. Incluso, las personas podemos convertirnos en objetivo militar porque nos acusan de ser informantes del ELN. La crisis se agudiza porque la persecución es solamente contra el ELN”, denuncia Murillo. “La mayor zozobra -dice- es que el buque de la infantería empieza a disparar sin que nadie afuera esté disparándole, o suelta bombas para generar pánico entre los pobladores”.
Además, la presencia de los grupos paramilitares incide en este confinamiento. “Todo el mundo les tiene miedo. Llegan asesinando, señalando, poniendo sus propias reglas y el orden que quieren, desconociendo a las autoridades tradicionales”.
La solución a esta crisis pasa por “escuchar a las comunidades, blindarlas al máximo en materia de DDHH, protección y autoprotección, para que no sean señaladas ni estigmatizadas en el marco del conflicto”. Las comunidades del río San Juan piden al Estado colombiano que las escuche y las atienda. Pero que esto no sea mandando al Ejército dentro de las comunidades. “Si en la Constitución dice que el Estado es libre de meter el fuerzas militares, también tenemos una ley que dice que el territorio debe ser consultado. Y eso hoy no se está respetando”, denuncia el líder.
* Nota: Esta entrevista hace parte de una cobertura especial de Colombia Informa en el territorio del río San Juan. Le invitamos a seguirnos para seguirse informando de lo que allá acontece.
Fuente: https://www.colombiainforma.info/en-el-san-juan-no-existia-la-coca/