«En esta puta ciudad todo se incendia y se vá…»

Para Reinaldo, un creador de muebles que conocí en los 90

Y hoy enfrenta la muerte de su hijo, por todo su aguante y su dolor

Diciembre 2010. Un incendio en una de las torres de la cárcel de san Miguel termina con la vida de 81 personas y otras varias quedan heridas. Se han escuchado múltiples explicaciones y análisis para poder entender lo que no tiene mucha razón frente al dolor de las familias y los cuerpos calcinados en una cárcel que está bajo el control del Estado de Chile.

Hace 103 años a tras otro grupo de hombres y mujeres, también en diciembre, fueron masacrados por pedir dignidad laboral. Esa vez fue en Iquique, en una escuela. Esos pobres, esos trabajadores, fueron olvidados y sólo la cultura los recuerda, porque a pesar del dolor y las muestras de solidaridad, los trabajadores durante estos 103 años han vivido condiciones paupérrimas e injustas, de hecho 103 años después de la matanza, también en el norte, 33 mineros quedaron atrapados a 700 mts. Bajo tierra como producto de las malas condiciones laborales.

Los hombres quemados vivos en la cárcel de San Miguel son hombres jóvenes de barrios empobrecidos, de familias pobres, que cometieron distintos tipos de delitos, robos, venta de piratería, violencias, tráfico, etc., etc. Son hombres castigados por sus delitos y castigados por sus biografías. Sus trayectorias trascurrieron en un tiempo en que la condena al delito en contra de la propiedad, es unánime por parte de las autoridades sociales y políticas, tan unánime que desde hace algunos años se ha comenzado a condenar a los menores de 18 años, sin existir infraestructura, ni programa de rehabilitación adecuados, pero como mayoritariamente son pobres las voces de alerta que se han levando se han escuchado menos y se les ha restado importancia.

Las tragedias en las cárceles de Chile tienen una trayectoria larga, sólo en los últimos 10 años hay más de 200 muertos y siempre que se suceden, vienen las voces oficiales que con ánimos voluntariosos se comprometen a mejorar las condiciones de quienes pagan sus deudas con la sociedad tras las rejas.

La cárcel ha cobrado valor en el discurso político desde la dictadura. Eran recurrentes los llamados a la «mano dura» y a la guerra contra todo lo que atentara contra el orden interno. Durante esos años las cárceles se atestaron de opositores y de quienes lucharon en contra del régimen. En ese marco la cárcel sirvió de castigo y también para criminalizar la protesta y la disidencia, entonces la cárcel dejó de ser un artefacto propio del sistema judicial para convertirse en un instrumento político y como tal tomó un discurso propio y un valor en si mismo.

Todos los miembros de la sociedad que no transitan por el marco aceptado corre el riesgo de ser recluido, pero ya no recluido para volver a habilitarlo y que pague un castigo justo, sino un castigo que tiene como único sur constituirse en un acto ejemplificador; un mensaje para el resto de la sociedad.

Las condiciones de esta diferencia tienen relación directa con las condiciones del espacio carcelario. El hacinamiento, la sobrepoblación, la ausencia de selectividad por compromiso delictual y la inseguridad del modelo carcelario hacen poco posible, por no decir nula la posibilidad de reinserción a la sociedad y lo deja como un largo paréntesis en la vida de las personas donde el acumulado de ese tiempo sólo se traduce en dolor y sobrevivencia.

A partir de los años 90, una vez instaurada la democracia en Chile, como consecuencia de varios hechos hay un cambio en la agenda temática de los medios de comunicación. El secuestro del Cristian Edwards( hijo del dueño del diario El Mercurio), el asesinato del Senador Guzmán, una ola de asaltos a bancos, el desprestigio del discurso de la derecha política y la necesidad del las nuevas autoridades de desarticular a las organizaciones de izquierda que estaban fuera del sistema, generan el ambiente preciso para instalar en los medios de comunicación una temática no abordada con anterioridad. Surge de esta forma un potente y permanente llamado de alerta a la comunidad en torno a la delincuencia, la violencia y la drogadicción.

Estos discursos instalados en la agenda noticiosa pasaron, a la conversación de los vecinos, al debate político, a los ofertones de campaña y la política pública. Se instala entonces durante los años 90 toda una estructura estatal, comercial y mediática que le dice a los vecinos que tengan cuidado, que alerten a las policías ante cualquier acto sospechoso, que se cuiden de los jóvenes que están en las esquinas y plazas. Se comienzan a articular mensaje para que la policía sea más efectiva, más cercana y rápida. Al poder judicial que sea menos garantista y que termine con la «puerta giratoria». Es decir: más cárcel, más condena y más dureza.

Así llegamos al nuevo siglo discutiendo la edad para comenzar a juzgar a los niños que cometen delitos y el gran consenso político del país lo sitúa en los 14 años. Una discusión alentada por periodistas que no se cansaron en repetir imágenes de escenas violentas protagonizadas por jóvenes pobres, por políticos que vieron en ese discurso una forma de ganar adeptos, por un estado que no tuvo la conducción adecuada para frenar esta sicosis que exigía cárcel para todos y que no fue capaz de medir su propia capacidad de mantención del aumento desproporcionado del nº reos.

Detrás de estos discursos se abandona la idea de una sociedad justa y fraterna que brindaba posibilidades a los que cometen errores, y a cambio de esa vieja fraternidad se instala la idea del consumismo, del éxito fácil, de la obtención de bienes materiales para la integración social. Desde los modelos culturales se incrementa la idea del consumismo, de los patrones de belleza y la frivolidad como idea de belleza. Los patrones estéticos también cambian e influyen en el habla, en la socialización y en las creencias de las personas.

Mientras todo esto ocurre, las cárceles comienzan a sobre poblarse, a saturarse. Los reos tienen menos posibilidades de procesos de rehabilitación y quienes obtienen la libertad tienen pocos medios para integrarse a la sociedad ya que con los papeles manchados tienen poco espacio de movilidad. Quienes no conocen de esa situación o están más alejados de ella miran con sospecha a las personas que salen de la cárcel y hacen pocos esfuerzos por integrarlos. Ese hecho genera un círculo sin salida o con pocas posibilidades de ser roto. Así lo reconoce el Diputado Hugo Gutiérrez «En t odos los informes de derechos humanos se destaca el problema de hacinamiento en las cárceles chilenas, en cuanto foro que me han invitado en DD.HH. he dicho que aquí hay un problema profundo, permanente y constante en las cárceles chilenas «, precisó. Además, reitera su posición respecto a que en las cárceles chilenas no se rehabilita a las personas, recalcando que «no hay preocupación del Estado chileno de rehabilitar a los presos«.

Los periodistas, dueños de medios de comunicaciones, políticos y funcionarios del estado pocas veces se preocupan de lo que ocurre al interior de los recintos penales. Quienes se preocupan son las familias de los reos, algunas organizaciones religiosas, de derechos humanos y algunas organizaciones sociales, pero su voz es muy débil y poco escuchada en este concierto de voces que pide tolerancia cero y mano dura.

Algunas autoridades como el Presidente de la Corte de Suprema, Milton Juica ha señalado que la actual situación carcelaria que vive el país obedece a una decisión política de quienes promovían que Chile es un país inseguro y querían, señaló, cárcel para todos. Desde otra posición el Diputado Araya, presidente de la comisión de legislación y justicia señala » considerando que de que existen pocas cárceles, una complicada situación de hacinamiento y condiciones inhumana en la mayoría de los casos. Nosotros en las gestiones anteriores fuimos muy críticos respecto a esta materia, ya que nunca vimos una estrategia clara y precisa».

La cárcel se ha convertido en un castigo y en una condena no rehabilitadora así lo narra de forma muy clara una persona privada de libertad en el penal de la ciudad de castro «el Penal es un lugar donde el tiempo se ha detenido y el único propósito es castigar. Se ha detenido porque aquí se vive como el la Edad Media, nos pasan un pedazo de palo para que tallemos y ahí está el hombre tallando todo el día, haciendo palafitos, día, tras día, trabajando con una chaveta, está seis meses trabajando y al final viene un turista que por solidaridad o compasión compra los palafitos a trescientos pesos…. Están también los mueblistas, aquí hay 10, pero no podemos ser todos mueblistas y el resto es dar vueltas todo el día, esto es de otro tiempo, aquí todo está detenido, no es posible salir distinto… nadie nos ayuda «.

Mientras esto ocurre los Tribunales de justicia y toda la estructura jurídica se ordena para garantizar años de cárcel y mano muy dura a los delitos cometidos en contra de la propiedad y en los que se usa violencia, saben que la condena mediática y política es muy fuerte si no lo hacen de esa forma. Otros delitos en cambio reciben el beneplácito de la duda y la tolerancia. Ahí están los que coluden precios de fármacos indispensables, los que abusan de niños y niñas, los que cierran colegios públicos para convertir la educación en un buen negocio, quienes estafan al estado, y quienes ofrecen malas condiciones de seguridad y económicas a los trabajadores. Los autores de estos delitos ilustrados, que arrojan por cierto millonarias pérdidas y daños irreparables en las vidas de las personas no pasan ni un sólo minuto por las cárceles.

Los 81 muertos en la cárcel del Estado Chileno el 8 de diciembre no clamaban justicia como los muertos de Iquique, sin embargo sus biografías deben estar llenas de vacíos, de espacios donde el Estado, sus familias, la escuela, el trabajo, la comunidad no llegó a tiempo o lo hizo mal.

Los muertos de Iquique de hacer 103 años visualizaron el problema que les afectó y decidieron enfrentarlo con lo único que disponían, sus cuerpos y su trabajo. Esos trabajadores pobres albergaban la esperanza de una solución posible por el lado de la demanda, la organización y la solidaridad de clase. Los hombres empobrecidos de la cárcel de san miguel tuvieron menos esperanza, fueron más castigados por el individualismo, con sus hermanos de clase las confianzas se destruyeron o simplemente no se vieron nunca. Esos hombres fueron pocas veces visto por una sociedad que los condeno y recluyó para mantener la paz social, una paz social que se hizo cenizas junto a los cuerpos desesperados de esos jóvenes que querían escapar y encontraron las barreras y los obstáculos que les puso el Estado de Chile.