La violencia es un ojo de agua que relampaguea cuando uno menos lo espera. Como las tormentas de altamar o los movimientos telúricos, aquellos que serpentean bajo la tierra y uno sabe cuándo comienzan, pero jamás cuando terminan. Como el conflicto chileno-mapuche que se inició con la ocupación militar del territorio mapuche por parte del […]
La violencia es un ojo de agua que relampaguea cuando uno menos lo espera. Como las tormentas de altamar o los movimientos telúricos, aquellos que serpentean bajo la tierra y uno sabe cuándo comienzan, pero jamás cuando terminan. Como el conflicto chileno-mapuche que se inició con la ocupación militar del territorio mapuche por parte del Estado chileno a mediados del siglo XIX, pero que no sabemos cuándo concluirá.
Incluso el presidente José Joaquín Prieto de manera implícita reconoce la existencia de la nación mapuche como entidad autónoma. Prieto señaló en un discurso en 1841que la guerra contra la Confederación Perú-boliviana y con «las tribus bárbaras del Sur» habían sido los únicos problemas de paz exterior. Es decir, de relaciones con potencias extranjeras, como él las llama. Por consiguiente, el país mapuche es un territorio ocupado militarmente. Ese es el origen del conflicto. Este es un conflicto chileno o, a lo sumo, un conflicto chileno-mapuche.
Claro porque la clase dominante no entiende que este es un conflicto político y no delictual, criminalizándolo, recurriendo a la represión y perpetuando la violencia del siglo XIX, pero ahora en el siglo XXI. Por una parte, se unilateraliza el problema denominándolo conflicto mapuche, para de este modo estigmatizar al pueblo mapuche y, por el otro, deslindar la responsabilidad del Estado chileno. Asimismo, se despolitiza el tema, pues, como ha señalado el Intendente Andrés Jouannet, todo se reduciría a un tipo de delincuencia rural. Está meridianamente claro que no existe conflicto mapuche, sino que aquí tenemos un conflicto chileno que se consolidó con la ocupación definitiva en 1883 mediante la circunloquiamente designada «Pacificación» de La Araucanía que nada tuvo de pacífica. Si un Estado llega por la fuerza a otro país soberano, como lo era el país mapuche, y usurpa el 90% de su territorio ¿No tendrían los mapuche el derecho a
llamarle a eso delincuencia rural? ¿No es delincuencia rural el proceso de contra-reforma agraria llevado a cabo por la dictadura que despojó a los mapuche de 152 mil hectáreas que les habían sido restituidas por el gobierno de la Unidad Popular? Es terrorismo de Estado la represión experimentada por el pueblo mapuche por militares y agricultores; y es violencia estructural también la consolidación de la industria forestal en su territorio; de las centrales hidroeléctricas, las carreteras, los vertederos, las plantas de tratamiento de aguas servidas, la pesca industrial y prospecciones mineras.
Ante dicha violencia estructural, agenciada por el Estado y, en el caso de las forestales, por empresas de seguridad con guardias que constantemente amedrentaban a las comunidades, confrontado con la posibilidad de desintegración territorial, social y cultural, segmentos del pueblo mapuche concluyen que deben confiar en su propia fuerza e inteligencia para luchar por sus derechos colectivos. Surge así un movimiento de resistencia a la violencia estatal y el Estado responde con el terror, militarizando el territorio mapuche, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado y La Ley anti-terrorista después. Hoy, 14 años después de haberse aplicado la Ley anti-terrorista por el presidente Ricardo Lagos en 2002, el actual ministro del Interior Jorge Burgos la invoca en el caso del matrimonio Luchsinger-Mackay quienes murieron en el condenable ataque a su casa en enero del 2013. Ello no obstante el hecho que Rodolfo Stavengahen y James Anaya, relatores especiales de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas han sido inequívocos en señalar que la legislación anti-terrorista, implementada ante la supuesta existencia del terrorismo mapuche, ha atentado contra cualquier tipo de juicio justo. Ben Emmerson, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, fue aún más allá al puntualizar que la Ley se ha convertido en parte del problema y no de la solución del conflicto. Por lo mismo, enfatizó: «todo uso de la ley Antiterrorista debe cesar inmediatamente».
En esta ocasión, con la detención de once comuneros del sector Padre Las Casas, nuevamente se evidencia la histeria racista. Basados en el testimonio de una persona quien, en el mismo tribunal públicamente se retractó de su declaración explicitando que la policía lo había obligado a confesar algo que no es verdad, tanto los medios de comunicación como la fiscalía, ya dan por hecho que los detenidos -todos mapuche- son culpables de un acto delictual.
Incluso los niños mapuche son tratados como criminales; es lo acaecido en octubre de 2014 donde fueron detenidos 2 comuneros adultos y 3 niños en la comunidad Coñomil Epuleo. Los niños fueron golpeados y uno de ellos baleado con perdigones. Estuvieron 4 días detenidos y fueron llevados esposados y los mantuvieron en esa condición en el Tribunal de garantía de Collipulli. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sostuvo que no habría sanciones o sumario alguno a los gendarmes, porque se habían cumplido todos los protocolos. Además, uno de los niños mapuche relató que cuando lo llevaron al hospital a constatar lesiones, el doctor le dijo: «ojalá todos los de tu clase se murieran, ojala tú te hubieras muerto…».
Es que para algunos los mapuche no existen, para otros son terroristas del Estado Islámico -como lo dicen panfletos de un delirante autodenominado grupo paramilitar Húsares de la Muerte. Para otros son simplemente chilenos o, quizás, piezas de museo. A éstos últimos, al mapuche arqueológico, se le acepta, porque está distante en el tiempo y en el espacio, no es peligroso. Al de hoy, al de carne y hueso, se le discrimina, se le empobrece, se le reduce, se le obliga a emigrar. Por eso se inventan vínculos con las FARC, Al Qaeda, con la ETA, entre otros. Jamás se ha podido comprobar nexo alguno, pues no existen. La rebelión mapuche, la insurrección mapuche, el alzamiento mapuche, la zona roja mapuche, son inventos mediáticos y estrategias de guerra psicológica para justificar la represión y reproducir el modelo neoliberal y el capitalismo en territorio mapuche.
A jóvenes mapuche, como Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, se les asesina, pero Juan de Dios Fuentes, agricultor y presidente de «Paz en La Araucanía» se pasea armado con una pistola al cinto en una manifestación y nada le sucede. Aquí hay un trato discriminatorio ante la Ley: al mapuche se le presupone culpable por el sólo hecho de ser mapuche. Esto es racismo jurídico.
Además, valga recordar que grupos paramilitares han desempeñado un papel infausto en lo concerniente a pueblos indígenas en países como Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, entre otros. Esperemos que no sea lo mismo en territorio mapuche, pero el gobierno o los políticos no hablan de paramilitarismo, sino que sólo de terrorismo mapuche. Es más, el ex ministro de agricultura, Luis Mayol, dijo entender que los agricultores se armaran para defenderse de posibles atentados. Esto es sumamente peligroso, especialmente si los agricultores y los transportistas ya han demostrado su poder y evidenciado, al mismo tiempo, la debilidad del gobierno. Es inaudito que un grupo de camioneros paralice las carreteras, tenga al país en vilo y que, además, sean recibidos en el palacio presidencial por el ministro del Interior. ¿Qué pasaría si los mapuche hicieran lo mismo? ¿Los dejarían siquiera salir de Temuco
Una pregunta que uno debiese hacerse es: ¿Si realmente existiere terrorismo en territorio mapuche, cómo es posible que la industria forestal haya crecido exponencialmente en las últimas décadas y haberse expandido sus plantaciones de 300 mil hectáreas en 1970 a 2,5 millones de hectáreas en la actualidad? ¿Cómo ha logrado transformarse en la tercera industria más importante de Chile luego de haber sido un sector marginal en 1970? ¿Cómo pueden haber sido el valor de sus exportaciones 1.829 millones de dólares en 1997 -año de inicio del conflicto chileno-mapuche- y haber ascendido a 6 mil millones de dólares en 2015? Algo no calza. Si es que hubiese terrorismo, como dicen que hay, si hubiera el clima de terror, inestabilidad e incertidumbre que afirman que existe, cómo siguen operando y obteniendo tantas utilidades en territorio mapuche? Algo no calza
En el sur no existe terrorismo mapuche, sino que violencia política ejercida por ciertos sectores minoritarios del movimiento mapuche que consideran legítimo bregar no sólo por tierra, sino que también por territorio. Luchan por la libre-determinación, derecho consagrado en el artículo 3 de la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas -firmada también por Chile- en 2007. Si el Estado chileno lleva más de siglo y medio utilizando la violencia contra ellos, sienten tener el legítimo derecho a la autodefensa. El recurso a la violencia política es un instrumento decolonizador ante la violencia histórica. La violencia utilizada por algunas organizaciones mapuche es substancialmente contra la propiedad privada, sea esta de empresas forestales o de agricultores particulares.
Desconocer la existencia del fenómeno de la violencia política es tan absurdo como sostener la existencia del terrorismo mapuche. También es necesario puntualizar que no sólo las comunidades en resistencia postulan la demanda autonómica sino que, de diversas maneras, otras organizaciones -la mayoría- también lo hacen a través de cauces institucionales y ninguna está planteando, como lo ha señalado Jorge Burgos: «un Estado dentro de otro Estado».
Lo que sí está claro es que el gobierno está profundamente errado si piensa que recurriendo a la represión va a resolver un problema que el mismo Estado originó. El conflicto no se detendrá con más violencia, por el contrario, sólo generará mayor violencia. El problema no es policial, sino que político, el conflicto chileno-mapuche no se resuelve con la designación de un fiscal preferente o la detención de comuneros basado en la prueba de una persona cuya confesión se obtuvo de manera dudosa y que hace recordar otros montajes pasados.
Las políticas represivas de sucesivos gobiernos de la Concertación, de Sebastián Piñera y de la Nueva Mayoría no han resuelto nada, por el contrario, han agravado la situación, toda vez que existe una nueva generación de mapuche que viven permanentemente bajo el asedio policial, que conocen de allanamientos, helicópteros, tanquetas y fuerzas especiales. La violencia acá es estructural, tiene un contenido histórico y un origen chileno. El Estado chileno surgió, se desarrolló y consolidó negando a los pueblos originarios. Aquí hay que decir las cosas por su nombre: el país mapuche es un país ocupado por un ejército extranjero por la fuerza. Así de simple y así de terrible. Esto es terrorismo de Estado.
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