Legalizado el aborto en tres causales, la estrategia de los grupos conservadores que lo rechazan se enfoca a dificultar al máximo el acceso de las mujeres a este derecho, utilizando diversos mecanismos que, incluso, bordean la ilegalidad. Frente a este escenario, las mujeres debemos mantenernos alerta y dispuestas a movilizarnos para defender lo logrado y […]
Legalizado el aborto en tres causales, la estrategia de los grupos conservadores que lo rechazan se enfoca a dificultar al máximo el acceso de las mujeres a este derecho, utilizando diversos mecanismos que, incluso, bordean la ilegalidad. Frente a este escenario, las mujeres debemos mantenernos alerta y dispuestas a movilizarnos para defender lo logrado y avanzar en la consecución de nuestros derechos.
Vestidas de negro, miles de mujeres polacas salieron a protestar a las calles contra los intentos de la extrema derecha de prohibir el aborto en toda circunstancia, incluso en las tres causales que a la fecha contempla la legislación de ese país. La manifestación, realizada en marzo de 2016 frustró la maniobra. Sin embargo, las mujeres deben seguir enfrentando los intentos de sectores conservadores y nacionalistas de restringir la ley. El último, ocurrido a principios de este año, consistió en la tramitación en la cámara baja del Parlamento polaco de un proyecto de ley que prohíbe el aborto en caso de malformaciones o enfermedad irreversible del feto.
En Chile, la estrategia de los grupos conservadores, al igual que en Polonia, se concentra en impedir o dificultar el ejercicio del derecho a abortar en las tres causales aprobadas en el gobierno anterior. Así lo dejó en claro el ex Secretario General de la UDI y actual diputado, Guillermo Ramírez, en enero de este año, en declaraciones al diario La Tercera, al advertir que su partido intentará «restringir lo más posible la aplicación de la ley de aborto, ya sea por vía legal o reglamentaria».
Dado lo anterior, se comprende la gravedad de lo obrado por el actual ministro de Salud, Emilio Santelices, al introducir cambios en el protocolo de objeción de conciencia que favorecen a las clínicas contrarias al aborto, permitiendo la objeción de conciencia institucional sin que ello implique renunciar a los contratos que mantienen con el Estado. Esta medida dificulta el acceso al aborto legal en las tres causales que contempla la ley.
Una señal del impacto que está logrando la objeción de conciencia es el porcentaje de médicos obstetras -57 por ciento- que se han declarado objetores en la región del Bio Bio, mientras que, en la región vecina, Ñuble, es el 56 por ciento de los especialistas, situación que no deja de llamar la atención. Igualmente, alarmante es que todos los obstetras de la región de Los Lagos que atienden en el sistema público de salud se hayan declarado objetores de conciencia en el caso de violación.
Preocupante es también el hostigamiento mediante afiches difamatorios transmitidos por redes sociales en contra del médico Gonzalo Rubio por haber practicado un aborto a una niña de doce años, víctima de violación. Los responsables de esta agresión, un grupo sin membresía y domicilio conocido, imitaron a organizaciones de extremistas estadounidenses o europeos que luchan contra el aborto agrediendo a facultativos, centros de salud y pacientes e incluso realizando acciones violentas con resultados fatales (ESTADOS UNIDOS: Terroristas contra el aborto).
El gobierno es el principal responsable que las discrepancias respecto de este tema no deriven en actos de violencia. El ejecutivo debe hacer cumplir la ley y garantizar el acceso al aborto legal a las mujeres que lo necesiten, protegiendo a los facultativos, a los centros de salud y su personal de todo tipo de agresiones. En países como Francia, la acción majadera en contra de las clínicas y sus pacientes motivó a legislar y señalar como delito la obstaculización al aborto mediante la distribución de información sesgada y truculenta a la entrada de los establecimientos y también su publicación en sitios web. Las penas por este delito van de multas que pueden llegar alcanzar los treinta mil euros, hasta el encarcelamiento por dos años.
La acción del ministro de Salud ha generado una creciente desconfianza en torno a su labor. La interpelación que le hará la Cámara de Diputados será la ocasión para que aclare si está comprometido con el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos de las mujeres o con el plan del sector más conservador de la UDI de restringir el acceso al aborto por tres causales usando mecanismos reglamentarios. En cualquiera de estos casos, y al tenor de lo que está ocurriendo en otras latitudes, será necesario que las mujeres tengamos a mano la vestimenta negra, para salir a las calles a defender lo conquistado y seguir avanzando en la reivindicación de nuestros derechos y libertades fundamentales. Por lo demás, recordemos que, en los países con altos índices de desarrollo, aquellos que tanto admiramos, se admite el aborto libre durante el primer trimestre de embarazo.
Mariana Zegers Izquierdo: Secretaria general Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi- Chile
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