«Conozco este camino de memoria pero igual me sorprendo» Mario Benedetti El movimiento estudiantil de la Universidad jesuita Alberto Hurtado (UAH) ha permanecido en el ojo del huracán de los medios masivos de comunicación dominantes. El objetivo: criminalizar, satanizar y aniquilarlo premeditadamente. El reciente 3 de septiembre, la Confederación de Estudiantes de […]
«Conozco este camino de memoria pero igual me sorprendo»
Mario Benedetti
El movimiento estudiantil de la Universidad jesuita Alberto Hurtado (UAH) ha permanecido en el ojo del huracán de los medios masivos de comunicación dominantes. El objetivo: criminalizar, satanizar y aniquilarlo premeditadamente.
El reciente 3 de septiembre, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), máxima agrupación del sector en el país, se reunió en la sede de la de la UAH para brindar su respaldo a las y los jóvenes perseguidos y sancionados.
El Presidente de la Federación de Estudiantes de la UAH, Gustavo Orellana Acuña, señala que «Los grupos que controlan la U son el Partido Demócrata Cristiano, la alta jerarquía de la congregación católica de la Compañía de Jesús, una fracción del Partido Socialista. Y la gente que representa esos grupos tiene en común provenir del ex Movimiento de Acción Popular Unitario (Mapu), un partido de izquierda en sus orígenes y que devino en un grupo de interés asociado al poder, al lobby profesional y a la inteligencia política (en términos de represión y control social). Por eso la dirección tiene tanto apoyo de la actual ministra de Educación, Adriana Delpiano, también ex Mapu».
Y Gustavo añade que «El movimiento estudiantil en la UAH comenzó a formarse con seriedad el 2010, cuando se terminó el ciclo de federaciones impuestas por la dirección de la entidad con los partidos políticos de la Concertación (hoy Nueva Mayoría). Desde entonces las y los estudiantes logramos construir un petitorio histórico y por el cual seguimos luchando hasta hoy».
-¿Qué demandas considera?
«Son tres puntos básicos. Terminar con el subcontrato y la tercerización de los servicios de aseo y guardias privados de seguridad. No para que dejen de existir esos servicios, sino que para que sean un cuerpo de trabajadores/as de la propia institución. Por otra parte, la democratización de la UAH y un gobierno triestamental (académicos, trabajadores, estudiantes) con voz y voto. Acá no existe ninguna instancia en la que podamos participar en las decisiones sobre la vida universitaria. Y por último, un financiamiento adecuado y la gratuidad universal. Al respecto, es preciso recordar que la UAH se define por su rol público, pero en la realidad las carreras, en promedio, cobran alrededor de 3 millones de pesos al año (USD4.470).»
GOLPE A GOLPE: LA POLÍTICA REPRESIVA DE LOS SUMARIOS A GRANEL
-La UAH tiene 18 años de vida. ¿Cuándo comenzaron a ser castigados por la autoridad?
«El 2010 fue expulsada la primera Federación de estudiantes democráticamente elegida. El argumento que usó la dirección fue que se les habían ‘perdido los papeles del crédito universitario’ de los miembros de la Federación. Como se trataba de estudiantes empobrecidos, fueron inmediatamente expulsados por incapacidad de pago del arancel.
Posteriormente, hubo una serie de sumarios (procesos punitivos jurídicos internos) en contra de dirigentes estudiantiles que se destacaban por ser organizadores del movimiento. El 2012 se produjo la primera toma de la UAH, donde también se realizó el primer ingreso de las Fuerzas Especiales de Carabineros (policía militar chilena) a las dependencias de la universidad.
El movimiento estudiantil, al igual que en todo el país, cobró mayor masividad, hasta que, desde las bases, llegamos nosotros a la Federación. Nuestro objetivo hasta hoy es recuperar la Federación para las y los estudiantes porque los dirigentes anteriores fueron siempre funcionales a los intereses de la dirección de la UAH, de los gobiernos nacionales de turno y del Estado. Luego de muchas dificultades interpuestas por las autoridades de la institución, logramos ganar la Federación en noviembre de 2015. A la semana de asumir el máximo organismo democrático estudiantil de la universidad, ya la dirección había sumariado a nuestro jefe de campaña. Hasta el momento en que llegamos a la Federación, la autoridad universitaria había sumariado a 8 estudiantes. Mientras tanto, rápidamente los estudiantes volvieron a la política universitaria, volvieron a llenarse las asambleas, los consejos de Federación volvieron a estar al servicio de las carreras. Ello comenzó a incomodar a la dirección.»
-¿Y cómo se expresa el malestar de los dueños de la UAH?
«Con más sumarios en contra de los estudiantes. A nuestro propio jefe de campaña se le hicieron tres sumarios consecutivos justo en días de exámenes. De ese modo, como no fructificaron los cargos falsos que le imputaron, entonces se le expulsó por razones académicas. En enero de 2016, temporada de vacaciones, fueron sumariados 8 jóvenes más, de los cuales 7 quedaron en situación de ‘condicionales’. Ahora bien, la política de los sumarios se basa en castigar a los estudiantes que solidarizan con los estudiantes sumariados anteriormente. Es el absurdo completo.»
NUEVO RECTOR INTENSIFICA LA REPRESIÓN
-¿Qué pasó con el rector Fernando Montes (S.J.)?
«Fernando Montes estuvo 18 años de rector y en su gestión se registró la mayor cantidad de sumarios en contra de estudiantes de educación superior a nivel de país desde el retorno de los gobiernos civiles. Después de Montes, en marzo de 2016, asumió la rectoría el decano eterno de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Eduardo Silva (S.J.). Su historial está marcado por la deslegitimación frente a los trabajadores. Sin embargo, a su investidura asistió incluso la presidenta Michelle Bachelet, dándole un respaldo gubernamental incondicional.»
-Entre el 9 de junio a principios de agosto de 2016 ustedes realizaron una movilización general…
«Siempre tras el petitorio histórico que levantamos. En el proceso de movilización se efectuó una toma y la autoridad desplegó toda su represión sobre nosotros. Una de las estrategias de criminalización en nuestra contra consiste en responsabilizarnos de supuestos daños sufridos por la UAH durante la toma. Para eso la dirección empleó montajes (armados) fotográficos muy pobres. También utilizó la amenaza de calificarnos académicamente con la nota mínima para intentar obligarnos a volver a clases sin ninguna demanda estudiantil cumplida, ni diálogo, ni negociación. Alrededor de un 25% del estudiantado fue castigado con las peores evaluaciones por seguir movilizado. La reprobación de una cantidad de asignaturas determinadas es causal de eliminación de la institución. En ese rango hoy existen 1.158 estudiantes, quienes quedaron en calidad de ‘condicionales’, mientras que, por lo mismo, fueron expulsados inmediata y formalmente 264 jóvenes (el 30 de agosto de 2016). Para las expulsiones primó un criterio político, independientemente de la excelencia académica de los estudiantes. El argumento fue la condición de representantes estudiantiles y su compromiso con las demandas del movimiento. Asimismo, el día de un plebiscito del movimiento estudiantil y durante una segunda toma de las dependencias universitarias, según un listado de las Fuerzas Especiales de Carabineros, se ‘individualizó’ a un grupo de 25 estudiantes a quienes se les acusó de los supuestos daños de la primera toma (!).»
-¿Y existen pruebas para semejante acusación?
«Ninguna. De los 25 jóvenes, tres fueron notificados de su expulsión y los otros 22 de la suspensión de un año (dos semestres), lo que, en los hechos, significa la expulsión porque se pierden las becas y la continuidad de los estudios. En general, de los casi 290 estudiantes sancionados en total, la inmensa mayoría somos jóvenes pobres. No podemos estudiar sin becas.»
MONTAJE MEDIÁTICO Y JUDICIAL, Y CRISIS INSTITUCIONAL
-El último día de agosto ustedes ingresaron a rectoría con un petitorio…
«En efecto. El rector Silva hasta ese momento, sólo había sostenido una reunión con la Federación estudiantil donde se limitó a reiterar sus negativas al diálogo. El ingreso a rectoría contaba con solicitudes bien sencillas: consensuar un nuevo reglamento de convivencia universitaria y formularlo triestamentalmente; consensuar un protocolo de movilización para evitar sanciones y represalias; y la reincorporación inmediata de los casi 290 estudiantes sancionados. El rector Silva, una vez más, se negó a todo y nos dijo que los tribunales de la UAH son autónomos, toda vez que sus miembros son designados por el propio secretario general de la institución, el demócrata-cristiano José Miguel Burmeister.»
-¿Cuáles son los poderes de José Miguel Burmeister?
«Todos. Es el nexo entre los grandes empresarios que forman el Consejo Superior de la universidad con la dirección. De hecho, Burmeister sesiona como secretario general en ambas instancias, cuestión que ni el rector puede hacer.»
-¿Quiénes son los ‘personajes’ más relevantes en el consejo superior?
«Eugenio Tironi (cabeza de un importante grupo económico del país); Andrea Vial (productora ejecutiva de Televisión Nacional de Chile); un miembro del grupo económico Saieh vinculado a la propiedad de bancos; el responsable provincial de la Compañía de Jesús, Cristian del Campo.»
-Ustedes caracterizan a la coyuntura de la UAH como situada en una crisis institucional…
«Con las represalias y sumarios, tres carreras ni siquiera tendrán egresados este año. Más de mil estudiantes no podrán seguir estudiando porque ya no tienen becas. Hay profesores que se han ido por cuenta propia y otros que han sido echados por apoyar la movilización. ¿No es una verdadera crisis institucionalidad que una universidad jesuita, la congregación del Papa; una entidad educativa que se dice sin fines de lucro y de carácter público, y que sostiene un relato progresista, humanista y de servicio a la comunidad, deje a su suerte a tantos jóvenes empobrecidos? Estamos hablando de una institución que sí recibe aportes del Estado para que estudiantes empobrecidos puedan estudiar. A estas alturas, aquí ya se perdió cualquier criterio académico y humano. Sólo prima la política de reprimir al movimiento estudiantil. La ministra de Educación, Adriana Delpiano públicamente apoyó al rector y sus medidas en nuestra contra. O sea, la crisis adquirió un carácter de Estado.»
-El miércoles 31 de agosto pasado, otra vez irrumpieron las Fuerzas Especiales de Carabineros a la universidad…
«A punta de golpes, lumazos, gases antimotines, dejando más de seis estudiantes lesionados de gravedad, y a una trabajadora migrante y subcontratada que además está embarazada, la que fue trasladada de urgencia a la Posta Central de Santiago. No contentos con ello, nos montaron sumarios a 25 dirigentes estudiantiles, entre ellos a tres de los cuatro miembros de la Federación. Ya habíamos sido sancionados antes de los acontecimientos descritos. El objetivo de las autoridades es claro: desfederar y destruir la organización estudiantil. A otro estudiante y a mí se nos procesó penalmente por ‘maltrato de obra de carabineros’, sin más pruebas que la declaración de un carabinero. Quedamos en la comisaría con orden de arraigo y firma mensual. El tribunal determinó 90 días de investigación. Carabineros actuó indiscriminadamente, agrediendo a varios periodistas.»
-Esta política represiva y criminalizadora, ¿sólo cae sobre ustedes?
«En absoluto. Ya van 20 estudiantes expulsados en la Universidad Diego Portales; 30 en la Universidad Cardenal Silva Henríquez; y otras y otros tantos en la Universidad Católica de Valparaíso y de Temuco, y en Universidad Viña del Mar. A ello se suma la política de desfinanciar a otras Federaciones estudiantiles de estudios superiores. En la Universidad de Magallanes la ministra de Educación llegó a destituir a la rectora Roxana Pey por manifestar públicamente su disconformidad con el incumplimiento de la gratuidad de la enseñanza proveniente del gobierno central.»
-Frente a esta política de Estado que reprime ‘ejemplarmente’ toda disidencia, y que, en tanto régimen político en crisis por la corrupción abierta refrendada en todas las encuestas a la población, ¿qué piensan hacer?
«Ante el autoritarismo, la corrupción, la represión, la ausencia de diálogo y democracia, sólo nos queda un camino: generar más organización y apelar solidariamente a un movimiento amplio de defensa de nuestros derechos. Y no abandonaremos la movilización. No lograrán que se naturalice la violencia del Estado en contra de las y los jóvenes que luchan por una causa justa.»
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