Gravemente preocupadas por la violación constante y sistemática de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia, un grupo de organizaciones no gubernamentales de Valencia integradas en la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (CEDSALA, CEAR, OSPAAAL, Colectivo Sur-Cacarica, SODEPAZ-PV y CEPS) organizó del 10 al 25 de enero pasado una Comisión de Verificación del respeto a los derechos humanos en tres de las zonas más conflictivas del país: Magdalena Medio, Urabá y Arauca, además de Bogotá y Medellín, a fin de conocer directamente la situación de las víctimas del conflicto y transmitir sus demandas a las autoridades colombianas, al gobierno y parlamento español y a los organismos internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos
Nunca ha sido fácil ser líder social, activista o simplemente de izquierdas en Colombia, pero desde que Uribe dirige el país la visibilizacion de la situación colombiana es cada día mas borrosa, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación. De este modo, representantes de distintas ONG valencianas y diputados de EU decidimos ir a Colombia a conocer de primera mano su realidad. Recordemos que España es el segundo país inversor en Colombia.
En primer lugar, nuestro país no debería apoyar a un país acusado y condenado una y otra vez por vulneración de los derechos humanos. Las propias ONG colombianas nos han trasmitido su preocupación respecto al dinero que España destina a la cooperación con Colombia, pues si éste no va acompañado de un seguimiento y control acaba en manos de los paramilitares, siendo utilizado para su causa, que incluye la persecución de los activistas de izquierdas.
No es fácil colaborar con Colombia, no es fácil saber dónde está el camino desde el exterior, pero hay una máxima que se dice allá y hemos de tener presente: el conflicto colombiano es complejo, pero no confuso; esto es, a la hora de cooperar hemos de saber con quién lo hacemos y dónde va a ir destinada esa ayuda.
Una de las denuncias más recurrentes recae sobre la política de detenciones masivas, que al carecer de justificación alguna finalizan con la puesta en libertad al cabo de algunos meses, a no ser que decidan acusarte de relaciones con la insurgencia (muy frecuente cuando se trata de líderes sociales). En ese caso, nadie sabe el tiempo que se durará en prisión, como es el caso de Luz Perly Cordoba, responsable de derechos humanos de la Federación Nacional Sindical Uniatria Agropecuaria Fensuagro-Cut, detenida el 18 de febrero de 2004, hace ya un año. Colombia también cuenta con líderes que después de ser excarcelados han sido asesinados. El delito de rebelión se identifica con el derecho a pensar diferente. Sin embargo, el gobierno mantiene que en Colombia no existen los presos políticos, sino presos terroristas. incluso llegaron a pedirle al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos que cambiara su nombre. Su presidenta, Yolanda Amaya, estuvo detenida durante 30 meses, actualmente se encuentra de nuevo amenazada.
Una Fiscalía subjetiva
La Fiscalía centra su actividad en perseguir a los líderes sociales y sindicales, judicializando sus acciones en vez de protegerles. Este hecho se suma a la falta de independencia del poder judicial y la militarización de la mayoría de los casos (justicia penal militar) con la consiguiente absolución por tratarse de casos ocurridos en acto de servicio, alcanzando la impunidad la cifra de 97,7 %.
Mientras, el gobierno habla de reducción del número de asesinatos; las organizaciones sociales también nos alertan del número de desaparecidos. Se nos alerta sobre el cambio de mecanismo para asesinar: se utilizan armas blancas atribuibles a la delincuencia común para no engrosar las listas de muertes derivadas del conflicto (las estadísticas se rigen por conceptos legales).
Igualmente, el número de desplazados no cesa de incrementarse: se calculan 4 millones de colombianos. Hay gente especialmente señalada por cuestionar al actual gobierno y su militarización imparable, la cual ha de cambiarse de domicilio cada tres meses y nadie sabe dónde reside. hay gente especialmente señalada por cuestionar el actual gobierno y su militarización imparable que ha de cambiarse de domicilio cada tres meses y nadie sabe donde reside. Las Organizaciones sociales tienen también infiltrados, la gente tiene miedo de hablar en público. Los informantes se han apoderado de la justicia, obtienen beneficios y señalan a cualquier persona sin pruebas con el fin de que sea detenida y juzgada. La gente tiene miedo de hablar en público.
La desconfianza hacia el gobierno, originada por su falta de protección y acción contra los paramilitares, ha supuesto que la gente ya no se registre cuando se desplaza. El propio Tribunal Constitucional ha pedido -en una sentencia de febrero de 2004- al gobierno que corrija las carencias en cuanto a la acción pública en materia de desplazamientos y protección de derechos. Tenían un año para ejecutarla y sólo se ha observado un retroceso.
Pensar diferente implica ser objetivo militar de autoridades y paramilitares. Allá donde los paramilitares han tomado la zona se percibe una falsa calma, quien no comulga es torturado, detenido o asesinado, las organizaciones sociales se ven forzadas a abandonar sus trabajos, obligan a los jóvenes a trabajar con ellos, se apoderan de las cooperativas de trabajo por lo que o no comes o son ellos los que te mandan, teniendo que pagarles una parte de tu salario.
Según las ONG, los grandes paramilitares están en las instituciones del Estado, como es el caso del alcalde de Barranca Bermeja que fue puesto por los paramilitares. De este modo, denuncian que no hay un proceso de desmovilización sino que de legalización de los paramilitares. Existen casos de denuncias de crímenes cuya fotocopia es mostrada por los paramilitares a los familiares, con el fin de que conozcan el alcance de su poder. Mientras, los paramilitares hacen campaña para la reelección de Uribe.
11 millones de hambrientos
Es necesario destacar que las denuncias se repiten tanto en las distintas zonas del país visitadas como por las organizaciones sociales con las que nos entrevistamos, que abarcan diversos ámbitos de actuación: campesinos, sindicatos, derechos de la mujer, docentes, abogados, obispos… En Colombia, 11 millones de personas padecen hambre severa, el 21 % de la población vive con un dólar diario. El hambre y desigualdad social en Colombia no es ninguna novedad, pero sí que hemos de mencionar que, en un lugar tan desequilibrado socialmente, el actual gobierno y siguiendo las directrices de EEUU ha optado por la privatización de los servicios básicos como la sanidad (están cerrando hospitales), educación, luz, agua.
El 0,4 % de la población es el dueño del 64% de las mejores tierras del país. Los campesinos poseen el 24 %. A ello hemos de sumar el problema del tipo de cultivos (obligan a cultivar palma africana en algunas zonas, cuando este cultivo inutiliza las tierras) y las fumigaciones de cultivos de uso ilícito, como un caso en el que los cultivos ilícitos ocupaban 8.000 h. y fueron fumigadas un millón, aunque parezca increíble. Ello acarrea más desempleo y hambre. Las organizaciones sociales reivindican que el presupuesto deje de ser para la guerra y sea para la justicia social.
Privatizaciones
El sindicato petrolífero USO, que cumple ya con 82 años de lucha en su haber, nos cuenta su caso de huelga contra la privatización de ECOPETROL, cuya duración fue de 37 días e implicó el despido de 253 trabajadores pendiente de sentencia. También nos manifiestan que Gas Natural de España, allí llamada Gas Oriente, es una de las empresas más agresivas con los trabajadores, pues ofrecen dádivas para que no se afilien al sindicato.
Otra de las preocupaciones que se repite en las distintas entrevistas es la proliferación de organizaciones sociales creadas por el aparato del Estado que hablan su mismo lenguaje y lógicamente cuentan con el apoyo del gobierno, cuya política no cuestionan.
En definitiva, desde que Uribe se encuentra en el poder el trabajo de las organizaciones sociales y la vida de los colombianos disidentes o víctimas de la violencia paramilitar es mucho más difícil y su trabajo arriesgado, alejándose en la práctica de un soñado Estado de derecho en el que no se utilice la violencia de la guerrilla como excusa para acabar con todo aquél que cuestione la política neoliberal del presidente.
El gobierno ha iniciado un proceso de desmovilización sin marco jurídico alguno en el que los autores de delitos de sangre, narcotráfico, terrorismo, delitos de lesa humanidad, están quedando impunes. Nunca ha habido investigación y no la habrá. La UE exigió un marco legal que ahora mismo no existe, por lo que la desmovilización es en la práctica un proceso de impunidad o premio a los miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia, que aparecen en la TV entregando las armas pisoteando los derechos a la verdad, justicia y reparación. Nadie sabe quién va a controlar a los desmovilizados, qué va a ocurrir. Saben lo que ya está ocurriendo y todos alertan sobre su ingreso en la fuerza pública.
Isaura Navarro es Diputada de IU en el Congreso de los Diputados