Luego de que el ex defensor del pueblo Jorge Armando Otálora renunciara a su cargo, tiempo después de que su secretaria privada lo denunciara por acoso sexual y laboral, el presidente Santos en uso de sus facultades legales, presentó una terna para que la cámara de representes estudiase, y delegue a la apersona que llevara […]
Luego de que el ex defensor del pueblo Jorge Armando Otálora renunciara a su cargo, tiempo después de que su secretaria privada lo denunciara por acoso sexual y laboral, el presidente Santos en uso de sus facultades legales, presentó una terna para que la cámara de representes estudiase, y delegue a la apersona que llevara las riendas de esta institución.
En medio de un contexto que pone en entredicho la institucionalidad colombiana, se escogió al nuevo defensor del pueblo, puesto que se disputaron Caterina Heyck Puyana, Andrés Santamaría y Carlos Negret, todos miembros de la unidad Nacional, sin dar ninguna posibilidad para que las posturas alternativas y democráticas llevaran la dirección de esta importante institución encargada de velar por los derechos humanos de los colombianos.
Carlos Negret quien salió ganador en una elección anunciada, empezará su mandato desde el 1 de septiembre hasta el 31 de Agosto del 2020, en medio de una gran preocupación de defensores de derechos humanos, la cual tienen como punto central el debate público, la falta de participación de distintas personas que han trabajado a lo largo de su vida por la defensa de los derechos humanos y porque desde antes de la elección estaba cantado quien sería el ungido entre los miembros de la cámara de presentantes, siendo Negret la cuota política burocrática de la Unidad Nacional, como lo dejo ver días antes el portal SEMANA.COM[1] en un artículo que muestra con precisión la repartición de los organismos de control, entre las que se encuentran la fiscalía (Cambio radical), la procuraduría (partido conservador aspira a conservarlo), la contraloría (partido de la U) y hoy la defensoría del pueblo
Así, mientras las comunidades del país no conocieron los programas de gobierno, ni sus hojas de vida, se definió el rumbo de la defensoría como normalmente sucede en la política colombiana: por medio de acuerdos bajo la mesa.
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