El Presidente Sebastián Piñera Echenique, iniciará estos días una gira internacional que pretende reponer al Gobierno de Chile en el contexto internacional, actuando como si las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en nuestro país durante el estallido social no hubieran existido.
En buena hora, Amnistía Internacional ha relevado ante los gobiernos de esos países que en que esta agenda, resulta indispensable para que los gobiernos de Europa representen a Sebastián Piñera, la gravedad de estas violaciones y exijan al Gobierno de Chile que actúe en consecuencia con los tratados internacionales que rigen en materia de derechos humanos. A casi dos años del estallido social y de las más graves violaciones de derechos humanos que en ese contexto ocurrieron en nuestro país, aún no hay justicia, aún los procesos no avanzan, aún el gobierno no ha presentado ningún proyecto, ni ningún proceso de reestructuración o de intervención en las fuerzas policiales y militares, que fueron los agentes directos de estos actos y aún persisten presos de la revuelta que siguen encarcelados sin que avancen sus procesos judiciales y negando un indulto, que exige el movimiento social.
Pero adicionalmente estamos ante un gobierno que, asumiendo el profundo rechazo que concita en la enorme mayoría del pueblo chileno, ha decidido avanzar en el indulto de violadores de derechos humanos desde el periodo de la dictadura cívico militar en nuestro país, profundizando con ello el incumplimiento de los convenios internacionales y de las obligaciones que el Estado chileno con la justicia en estas materias, así como de la reparación a las víctimas y del castigo proporcional que corresponde ha actuaciones de esta máxima gravedad. Es por ello que desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile nos dirigimos a los mandatarios de Italia, Francia, España e Inglaterra y a las autoridades que sostengan reuniones en el marco de la agenda de esta gira internacional, para que representen con toda fuerza ante Sebastián Piñera, la exigencia para que el Gobierno de Chile adopte los estándares internacionales en esta materia y termine con su pretensión de seguir proyectando y utilizando la violencia estatal como medio de control social.
En nuestro país la movilización popular ha abierto un proceso constituyente, que es la esperanza de construir una sociedad justa, una sociedad democrática, una sociedad en que la memoria esté presente y una sociedad en que el respeto a los derechos humanos se plasme plenamente tanto respecto de las deudas de nuestro pasado reciente en la materia, como desde el pasado más extenso y también se proyecte una Constitución que ponga en el centro la defensa y protección de los derechos humanos en todas las facetas de la vida cotidiana, como un pilar fundamental de la sociedad chilena que las mayorías, la enorme mayoría del pueblo de Chile aspira a construir.
Lorena Pizarro Sierra, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos