Con la crisis que golpea la educación superior universitaria colombiana, la cual completa casi 2 meses, y al borde de perderse el semestre por culpa de la indolencia del gobierno nacional, han estallado varios escándalos de corrupción en la Universidades oficiales como la del Quindío, la de Cundinamarca y la Distrital de Bogotá, dando pie […]
Con la crisis que golpea la educación superior universitaria colombiana, la cual completa casi 2 meses, y al borde de perderse el semestre por culpa de la indolencia del gobierno nacional, han estallado varios escándalos de corrupción en la Universidades oficiales como la del Quindío, la de Cundinamarca y la Distrital de Bogotá, dando pie a la apertura de investigaciones ordenadas por el Procurador General de la Nación que ojalá las realicen rápidamente las Procuradurías departamentales.
Ya nos hemos referido al caso de la Universidad del Quindío, en manos de una atroz y pérfida ficha política vargasllerista que ha hecho de tal centro educativo una verdadera cloaca académica y administrativa.
En ese establecimiento público el despojo de los dineros educativos no tiene límite ni hay poder humano que lo frene pues la capacidad de intimidación y manipulación del actual Rector Echeverri Murillo es desenfrenada. Hay allí, como decía Álvaro Gómez, una muy bien aceitada cadena de complicidades e impunidad que incluye los medios de comunicación regionales.
Nos referimos al caso concreto de la licitación para construir el edificio de aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y administrativas.
En el año 2016 se convocó una licitación pública para el efecto y mediante la Resolución 1551 del 18 de marzo del mismo año se adjudicó la obra al Consorcio académico SL 2016 con Nit 9009 54151-2 y en su implementación se firmó el Contrato de obra 011 del 18 de marzo del año 2016, suscrito entre la Universidad del Quindío y el consorcio académico SL 2016, por un valor de 6 mil 46 millones de pesos.
Dicho contrato de obra civil fue firmado entre José Fernando Echeverri Murillo, Rector de la Universidad, con cedula 7.526. 520 y el Ingeniero Luis Alejandro Barbosa Ramírez con cedula 79.781.171., como representante y dueño de la empresa constructora.
El plazo de ejecución se pactó en ocho meses.
Pero ocurrió algo raro. A los pocos meses de iniciada la obra el Ingeniero Barbosa Ramírez entro en bancarrota y las construcciones se paralizaron llevando a un nuevo acuerdo con el Rector de la Universidad quien, desde ese momento, mediante ordenes de contratación directa, sin que mediara licitación alguna, ha entregado más de seis contratos, cada uno superior a los 120 millones de pesos para adelantar diversas actividades de construcción estructural, de tendido de redes y de implantación de infraestructuras de acero.
También para adjudicar las obras de alcantarillado y acueducto que no se incluyeron deliberadamente en el pliego inicial para propiciar posteriormente la contratación directa, plagada de infinidad de irregularidades que en lenguaje plebeyo no son más que maniobras de oscura y delincuencial corrupción y saqueo de los dineros de la Universidad.
Con razón el Rector ha estado tan activo pidiendo más recursos presupuestales para este establecimiento universitario en la actual coyuntura huelguística en que los estudiantes han pedido que se suspendan los cobros de matrículas en la UQ.
Entregarle más dineros al actual Rector Echeverri Murillo es una verdadera infamia contra el derecho a la educación universitaria de casi 18 mil alumnos de esta Universidad.
En la próxima entrega nos referiremos a mas irregularidades. De acuerdo con documentos que reposan en nuestras manos, desde el segundo semestre del 2017, Echeverri Murillo, ha contratado de manera directa y al margen de la Ley 80, más de 30 mil millones de pesos. Que serrucho tan efectivo. Que rosca siniestra la que allí impera.
Exigimos transparencia, que impere La Ley anticorrupción 1774 del 2011, y la que permite el libre acceso a la información, la 1712 del 2015.
Que se organicen en la Universidad las Veedurías y las Auditorias sociales de que habla la ley 1757 de participación ciudadana de control para erradicar la corrupción y garantizar la transparencia.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.