El histórico departamento del Cauca (Popayán), al Sur occidente de Colombia, con 1.300.000 habitantes y 42 municipios, es hoy un campo de muerte y violencia generalizada, consecuencia del fracaso absoluto de los Acuerdos de paz que firmo el Estado durante el gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos con un sector de las Farc en plan de conciliación y subordinación a las elites oligárquicas que controlan las palancas estratégicas del poder político nacional.
Características del Cauca.
Este departamento es un importante productor de marihuana, de hoja de coca, centro minero desde la colonia y punto estratégico sobre la cuenca del pacifico.
Dominar y manipular el corredor Pacífico caucano es clave en materia geopolítica, dada la biodiversidad, los grandes caudales de agua, los páramos, la existencia de 50.000 hectáreas en trámite de concesión minera, con minerales de oro, platino y cobre, donde 17 empresas multinacionales mineras africanas, canadienses estadounidenses, alemanas y colombianas, codician su explotación.
La existencia de potencial hidroeléctrico y la intención de grupos de poder para activarlo, así como el proyectado Puerto de Timbiquí, con facilidad para el acceso de buques de gran calado, hace pensar que detrás de los negocios de la coca hay pretensiones mucho más suculentas, por lo que el papel de la explotación de la coca es la de crear condiciones logísticas, rutas, caminos, deforestación y desarraigo de población para facilitar la implementación de los megaproyectos previstos.
Factores históricos de la violencia caucana y de su persistencia.
No obstante que Colombia supuestamente adelanta una ruta de implementación de unos pactos de paz, la violencia politica no cede y en la actual coyuntura generada por la peste del coronavirus se ha incrementado la misma en los ámbitos sociales y politicos, con territorios muy caracterizados como el Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Cordoba, Bajo Atrato, Tumaco y el Occidente de Antioquia que colinda con el Eje Bananero de Uraba en manos de las bandas neoparamilitares del Aleman en alianza con los urabeños.
El Defensor Negret ha emitido, al menos, diez Alertas con respecto al riesgo en un departamento como el Cauca donde la inversión social no llega y cuyo territorio sufre la disputa por el control de parte de las Organizaciones sucesoras del neoparamilitarismo.
En el Cauca hay una situación que tiene dos elementos. Uno de carácter estructural, consistente en las condiciones históricas e identitarias del departamento como lo es su geografía quebrada, con accesos recónditos al Océano Pacífico a través de los ríos Naya y Micay, la dificultad de intercomunicar a los poblados más alejados, la ausencia de condiciones para construir cadenas de suministro a los territorios con mayor vocación agraria por los altos costos logísticos. Sumele, el abandono histórico del Estado determinado por lo anterior, y el uso estructural de las vías de hecho para hacer frente a las carencias de la población.
Neoparamilitarismo aliado con el Estado y Fuerzas Armadas.
Los urabeños-AGC, las Aguilas Negras, Caparrapos, narcos mexicanos, la Oficina de Envigado en alianza con sectores de las fuerzas militares y Policiales, han aprovechado el aislamiento preventivo decretado en distintos niveles para desplegar su presencia, confrontar a sus rivales de las guerrillas agrarias y actuar de forma violenta contra los indígenas, campesinos, afros y población trabajadora o desempleada.
Las Organizaciones herederas del paramilitarismo articuladas por los urabeños hacen presencia y actúan, de forma que se han fortalecido con el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción imperante en la Gobernación, las entidades nacionales y las 42 alcaldías municipales.
El terror de la violencia.
Cauca resulta ser hoy el departamento comparativamente más afectado por las disputas armadas y por la victimización de su población, especialmente en áreas rurales, golpeando directamente a comunidades campesinas, indígenas, afros y a ex integrantes de las FARC en traumático proceso de reincorporación.
Cifras de asesinados.
En el Departamento del Cauca han sido asesinadas en los últimos meses 215 personas (12% mujeres y 88% hombres), líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares, lo que representa el 23,57% del total de homicidios de esta naturaleza cometidos en el país.
103 de las personas asesinadas eran indígenas, más otra vinculada al PNIS, 23 eran afrodescendientes más dos afros vinculados al PNIS, 15 campesinos, 20 campesinos-comunales; 7 campesinos-comunales vinculados al PNIS y 14 campesinos-PNIS, 16 dirigentes cívicos, dos comunales, 8 sindicalistas y 5 víctimas del conflicto armado. Solamente 27 de estas personas formaban parte de organizaciones urbanas, lo que significa que el 86,51% de los homicidios están ligados a conflictos por la tierra, al territorio y a los recursos naturales.
Asesinato de exmilitantes de las Farc.
En el departamento han sido asesinados 36 excombatientes del Partido FARC, lo que representa un 16,98% de los asesinatos cometidos contra estas personas a nivel nacional.
Violencia en el gobierno fascista de Duque.
Desde la posesión de Iván Duque el 7 de agosto del 2018, han sido asesinadas en el departamento del Cauca 149 personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares, casi el 30% del nivel nacional.
En este período, 26 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz y 3 de sus familiares han sido asesinados en el Cauca.
Desde la posesión de Iván Duque se presentaron homicidios contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares en 26 municipios del departamento. La mayor frecuencia de estos hechos se ubica en Caloto, Toribío, Corinto, Suárez y El Tambo. Precisamente, este último municipio y en Mercaderes es donde se han presentado la mitad de los asesinatos durante la pandemia del covid-19.
Violencia con pandemia.
En la actual cuarentena a causa del covid-19, 25 personas líderes sociales, defensoras de derechos Humanos y familiares han sido asesinadas en el Cauca.
En términos geográficos, esto significa que desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno Nacional y las FARC EP hasta la fecha, se han ejecutado asesinatos en 38 de los 42 municipios del Departamento del Cauca contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares, lo que representa un 88,09% del departamento con crímenes de esta naturaleza. Igualmente, en 21 de los municipios que forman parte del PDET Alto Patía Norte del Cauca se presentaron 176 homicidios contra personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares.
Indolencia gubernamental.
Para empeorar este cuadro de terror, el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior carece de una política y de una actuación capaz de lograr las soluciones requeridas de distinto orden.
Las investigaciones judiciales de la Fiscalía y la policía judicial no esclarecen ni logran judicializar la mayoría de las graves violaciones sucedidas dejando todo en la más espantosa impunidad. Además hay responsabilidad del FUDRA No 4 y del Batallón de Alta Montaña José Hilario López No 4 en amenazas, intimidaciones y señalamientos contra campesinos, afros, indígenas y líderes sociales.
La mayoría de los homicidios se concentran en regiones del Departamento con altos niveles de militarización, donde desde el 1 de enero de 2017 se adelanta el “Plan Victoria por la consolidación y estabilización de las regiones”.
Exterminio de líderes en la impunidad.
En cuanto a los presuntos responsables de los asesinatos, la mayoría de los casos permanece indeterminada tanto en lo relacionado con la autoría material como intelectual. En lo referente a indicios, cerca de la tercera parte se atribuye a grupos paramilitares. En lo referente a las amenazas, casi todos utilizan siglas de organizaciones sucesoras del paramilitarismo como el Clan del Golfo, Águilas Negras, AUC, entre otras. En algunos casos, se presume la autoría a las disidencias de las viejas Farc y del ELN.
En trece casos de homicidios se afirma que han ocurrido bajo la competencia de integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional en desarrollo del uso desmedido de la fuerza o en contextos de protesta social.
Masacres.
Durante el 2020 se han presentado 6 masacres en los Municipios de Piamonte, Argelia, El Tambo, Buenos aires y Mercaderes.
Amenazas.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre del 2016 se han presentado amenazas en 31 de los 42 municipios del Departamento del Cauca, ya sea como amenazas individuales, colectivas, directas o indirectas, mediante panfletos, llamadas o mensajes. En 2020 han ocurrido 59 hechos de amenaza contra líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares en el Cauca. Las intimidaciones se han ejecutado contra voceros campesinos, indígenas y afro descendientes.
Desplazamiento forzado.
Se han denunciado durante 2020, hechos de desplazamiento forzado, individuales y colectivos, en los Municipios de El Tambo, Timbio, Argelia, Guapi, Morales, Suarez, Buenos Aires y López de Micay.
Esta el desplazamiento forzado de 123 familias de las Veredas La Hacienda-La Paz, La Palma-Pambillal y San Antonio Medio y Bajo, quienes llegaron al Corregimiento el Plateado, en el Municipio de Argelia.
En abril, en medio de la pandemia, cerca de 290 personas han sido desplazadas de manera forzada de los corregimientos de San Juan de Micay y Huisitó, del Municipio del Tambo, aunque la comunidad afirma que fueron 150 personas más, desplazadas de Betania, Nayita y Sabaletas.
Represión a la protesta social.
No obstante lo pactado con el “Protocolo para la coordinación de acciones y garantías a la protesta pacífica”, incluido en la Resolución 1190 de 2018, a la fecha no se implementa su contenido, particularmente en lo que respecta al papel de la fuerza pública, a las instancias de coordinación, a las misiones de verificación y a los enfoques y principios.
En desarrollo de las movilizaciones de protesta de la Minga Social Suroccidente, el Paro Universitarios, el Paro Nacional, las Jornadas de Liberación de la Madre Tierra y los procesos de resistencia por la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y acciones de exigencia de ayudas humanitarias de emergencia en el marco de la Pandemia del Covid-19, las fuerzas mixtas de la Policía Nacional, el ESMAD y el ejército han procedido con fuerza sin control y utilizado artefactos no convencionales o armas letales, dejando personas heridas, con lesiones contundentes, así como montajes judiciales, infiltraciones y sabotajes, estigmatización, señalamiento y persecución, por parte de mandos de la fuerza pública.
Parapolitica caucana.
Hay que anotar que el ex senador uribista Juan José Chaux, condenado por Parapolitica, en detención domiciliaria, socio de HH, Jefe del Bloque Calima, sigue muy activo en Popayán en sus peligrosas acciones contra el movimiento social caucano.
Los derechos de las víctimas.
Casi 400.000 víctimas de la violencia en el Cauca son afectadas en sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1448. No se hacen las reparaciones, no se pagan las indemnizaciones, se niega su derecho a la salud y a la vivienda.
La restitución de tierras está prácticamente paralizada en el Cauca debido a la violencia contra los líderes que reclaman sus derechos.
Con el panorama descrito y ante la incapacidad del gobierno no que más recurso que acudir a instancias internacionales para que desplieguen una acción humanitaria en esta region.