El 2008 fue un año en el que el conflicto armado registró mucha intensidad. Algunos grupos irregulares recibieron verdaderos sacudones y se transformaron radicalmente. El Gobierno del presidente Uribe rompió el proceso de negociación con los paramilitares y envío en extradición a 14 de los grandes jefes; el escándalo de la parapolítica tocó las puertas […]
El 2008 fue un año en el que el conflicto armado registró mucha intensidad. Algunos grupos irregulares recibieron verdaderos sacudones y se transformaron radicalmente. El Gobierno del presidente Uribe rompió el proceso de negociación con los paramilitares y envío en extradición a 14 de los grandes jefes; el escándalo de la parapolítica tocó las puertas de todos los partidos de la coalición de gobierno y hundió al Congreso de la República en una crisis jamás vista; las Farc vieron morir a su máximo comandante y fundador, y recibieron otros golpes contundentes: la ‘Operación Jaque’ que liberó a un grupo de secuestrados entre quienes se encontraban Íngrid Betancourt y tres ciudadanos norteamericanos, y la baja de varios miembros del Estado Mayor Central; el Eln canceló las conversaciones que venía adelantando con el Gobierno y se puso en la tarea de sobrevivir eludiendo los combates y disminuyendo sus operaciones con la intención de conservar sus fuerzas en medio de la ofensiva gubernamental.
El Gobierno se atrevió entonces a proclamar que los paramilitares eran cosa del pasado y que las Farc estaban derrotadas o, en palabras del comandante general de las Fuerzas Armadas, general Freddy Padilla de León: «Entramos en el fin del fin de esta guerrilla». No obstante, los medios de comunicación traen a diario noticias de la presencia y acciones de reductos paramilitares, y de nuevos grupos criminales; las Farc continúan dando qué decir en muchas regiones y en algunos lugares han vuelto a crecer; el Eln mantiene su presencia silenciosa en muchas zonas y no ceja en su empeño militar.
La gente se pregunta, entonces, sobre cuál es la verdad y en qué estado está la guerra. ¿Estamos doblando la página del conflicto o aún falta mucho trecho por recorrer para que algún día lleguemos a la paz?. Para responder a estos interrogantes, la Corporación Nuevo Arco Iris adelantó un concienzudo estudio de los actores armados recurriendo a toda la información oficial y realizando también un esmerado trabajo de campo en todas las regiones del país.
Las conclusiones no son tranquilizantes. Los reductos paramilitares y grupos emergentes están creciendo y se están expandiendo en forma desa-forada. Las Farc se han reacomodado para seguir en la guerra y ahora se van a favorecer de la recesión económica, los cambios en Estados Unidos y la grave crisis social que vive el sur del país con motivo de la caída de las llamadas ‘pirámides’.
Como antes
Si sumamos los paramilitares reinsertados que han vuelto a las armas, los que no se desmovilizaron y las bandas emergentes, tenemos otra vez 10.200 personas en armas, distribuidas en 102 grupos que utilizan 21 denominaciones distintas, con presencia en 246 municipios del país. Tal como dice el Gobierno, el propósito de algunos de estos núcleos es el narcotráfico, pero la mayoría están asumiendo muchas características de las anteriores Autodefensas: atacan a líderes sociales, organizaciones comunitarias y dirigentes políticos, y buscan influir en el poder local y controlar el territorio.
En el caso de las llamadas ‘Águilas negras’, que están hacia el norte y el oriente del país, estas tienen una posición antisubversiva y cuentan con la permisividad de sectores de la fuerza pública. En espacios como la Universidad Nacional, estos grupos recurren a nombres que evocan a las viejas autodefensas para amenazar al estudiantado: Bloque Capital de las Águilas Negras. Quizás estamos entrando en uno de los escenarios que prefiguró la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, que advirtió hace un año sobre la posibilidad de que surgiera una tercera generación de paramilitares (ver tabla Municipios…).
Al lado del resurgimiento del fenómeno paramilitar se mantiene viva la parapolítica. Es cierto que la Justicia está haciendo su tarea en medio de grandes dificultades y que ha logrado procesar a 59 congresistas en ejercicio y a 23 ex parlamentarios, lo mismo que a cerca de 300 líderes políticos regionales o funcionarios del Gobierno, y que en ese proceso se han destapado siete pactos -Ralito, Chivolo, Pivijai, Urabá, de Coordinación, Magdalena Medio y Eje Cafetero- en los cuales se hicieron explícitos los compromisos entre los líderes políticos y los jefes paramilitares. No obstante, no se ha avanzado un ápice en el establecimiento de la responsabilidad política y en su consecuente castigo.
No se ha disuelto ninguno de los partidos -Convergencia Ciudadana, Colombia Viva, Alas-Equipo Colombia, Colombia Democrática y Apertura Liberal- que tienen a la mayoría o la totalidad de sus parlamentarios titulares vinculados a los expedientes judiciales, y tampoco han sido sancionados otros partidos grandes como La U, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido Liberal, con prestantes miembros encarcelados o enjuiciados. La figura de la «silla vacía» no pudo aplicarse porque el presidente Uribe hundió el primer proyecto de reforma política con el argumento de que no iba a dejarse quitar las mayorías en el Congreso. En las pasadas elecciones locales, los cinco partidos más estrechamente vinculados a la parapolítica presentaron 29.000 candidatos y, a pesar de que aunque en algunas partes empezaron a ser castigados por sus electores, lograron ampliar su influencia a otras regiones y mantuvieron su poder local y regional.
Reacomodo de las Farc
Cuando empezó el gobierno del presidente Uribe, las Farc tenían aproximadamente 18.200 hombres distribuidos en 81 frentes. Ahora tienen cerca de 10.800 distribuidos en 64 frentes, y han disminuido sus compañías y columnas. Sus fuerzas han sido desplazadas de los grandes centros poblacionales y de producción a lo profundo de las montañas. Su mando central ha sido duramente golpeado. Muchas de las rutas de abastecimiento logístico han sido cortadas y las fuentes de recursos económicos obstruidas. Y con el rescate o la liberación de los secuestrados han perdido el factor de presión política que los mantenía comunicados con la comunidad internacional.
Pero esta guerrilla tiene aún posibilidades de subsistir a la política de seguridad democrática y continuar la guerra a lo largo y ancho del país. En los días posteriores a la ‘Operación Jaque’, algunos sectores del Gobierno abrigaron la esperanza de que las Farc entrarían en una desbandada general con la desmovilización de frentes y bloques enteros. Pero lo que se ha visto en estos meses es que ‘Alfonso Cano’ ha logrado consolidar su mando y definir una estrategia propia para resistir a la ofensiva gubernamental.
Ahora tenemos unas Farc con gran movilidad, distribuidas en pequeños grupos, que utiliza intensivamente el minado de grandes zonas, recurre a la fabricación de morteros y armas artesanales, apela a francotiradores, busca alianzas con bandas emergentes para retomar corredores del narcotráfico y las rutas de acceso a las ciudades. En varias regiones han empezado a recuperar terreno y a crecer. En el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, donde habían quedado reducidas a menos de 100 hombres, ahora tienen cerca de 600.
En cuanto al Eln, aun en medio de su debilidad militar conserva intacto su mando central, y en algunas regiones como Arauca y Nariño ha ganado el pulso que mantenía con las Farc, y mediante la vinculación parcial de algunas estructuras al narcotráfico sobrevive a la ofensiva del Estado. Se sabe que ha vuelto a crecer en zonas de Cauca y Nariño y en algunos puntos de la frontera con Venezuela.
No obstante, la mayor preocupación no viene de la efectividad de las estrategias defensivas de la guerrilla, sino del entorno internacional, nacional y regional que tienen estas fuerzas para mantenerse y crecer.
El país está entrando en una innegable recesión económica y los analistas no esperan más de 3,5 por ciento de crecimiento en el PIB, cuando el año pasado creció 7 por ciento.
En estas condiciones será imposible sostener la inversión en defensa de más de cinco puntos del PIB, que fue lo que alcanzó en los últimos años. La ayuda militar promedio de 700 millones de dólares por año que venía desde los Estados Unidos, tampoco se sostendrá por su situación de recesión económica y por los futuros cambios en el Gobierno, que se darán con el triunfo de Barack Obama. Ya Washington ha anunciado el recorte y también la reorientación de algunos fondos para una destinación distinta a la militar.
Y mientras esto ocurre se ha presentado una inesperada y explosiva situación en el sur del país donde las Farc siempre han tenido su mayor asiento: las ‘pirámides’ se vinieron al suelo porque se agotó su fraudulento sistema de captación de dineros y el Gobierno se vio obligado a intervenir, quizás muy tardíamente.
La ruina de millones de personas que apostaron a las ‘pirámides’ ha desatado una verdadera rebelión popular con grandes movilizaciones sociales antigubernamentales, hecho que ya se refleja en los sondeos de opinión. Según Gallup, en esta región, el 62 por ciento de los encuestados se muestra contrario a la reelección presidencial y solo un 34 por ciento la aprueba.
No es difícil colegir que la guerrilla tratará de pescar en río revuelto y que aprovechará el momento para estrechar lazos con la población y aumentar el reclutamiento. La primera señal la dieron con su ataque a la Inspección de Policía en Puerto Asís, Putumayo, donde murieron varios uniformados y los guerrilleros dejaron un comunicado en el que expresaban su solidaridad con los damnificados de las ‘pirámides’ y señalaban la responsabilidad del Gobierno en la crisis.
Tampoco son desdeñables las dificultades por las que atraviesa el Ejército. La tragedia de varios jóvenes que fueron sacados con engaños de la población de Soacha y aparecieron muertos en Norte de Santander a manos de militares destaparon una secuencia de «falsos positivos» o cadena de ejecuciones fuera de combate que llevaron a la separación fulminante de 27 altos oficiales y a la renuncia del comandante del Ejército, general Mario Montoya. Esta situación no solo inhibe un poco la acción militar sino que ha creado tensiones innegables entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
Los escenarios de 2009
Después de la ‘Operación Jaque’, lo que traslucían todas las declaraciones oficiales era que, en lo que restaba de su segundo mandato, el gobierno de Uribe buscaría afanosamente darle una estocada final a las guerrillas, destruir sus fuerzas al estilo del Perú en los años noventa del siglo pasado. Pero con la nueva situación de dificultades para la financiación de la guerra, de fatiga del Ejército y de crisis en el sur del país, no es descartable que empiece a abrirse paso un nuevo escenario: acercamientos entre las partes para iniciar negociaciones.
Sin embargo, esto implicaría cambios de lado y lado que no son fáciles de poner en marcha porque, en los últimos seis años, los contendientes han estado empeñados en la derrota del contrario. ¿Puede Alfonso Cano convencer a sus huestes de iniciar conversaciones con un Gobierno que les ha dado tan duro? ¿Puede el presidente Uribe dejar atrás la euforia del triunfo y nombrar un nuevo equipo que le permita tender puentes con la guerrilla?
En todo caso hay dos factores que no le dan espera el presidente Uribe y a su gobierno: el diseño de una estrategia para atender la grave crisis del sur del país; y empezar a atacar de frente a las reductos paramilitares y bandas emergentes para romper cualquier complicidad o complacencia de la fuerza pública con estos grupos ilegales.
Los departamentos del sur van a necesitar una intervención más de tipo económico y social que militar, y en esto quizás resulten providenciales los cambios en el Plan Colombia. También podría aprovecharse el remezón que trajo consigo el destape de los «falsos positivos» para hacer una revisión profunda de las conductas en las Fuerzas Armadas y hacer un pacto interno para cortar todo vínculo con acciones y fuerzas ilegales.