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¿Ofrece alguna posibilidad el insulso decreto gubernamental?

¿En qué queda la posibilidad de paz con el ELN?

Fuentes: Prensa Rural

El llamado de la ONU al cese al fuego en todas las guerras ante la pandemia para configurar una tregua humanitaria global fue respondido por varios gobiernos y movimientos armados en países con conflictos bélicos de distintos continentes. El papa Francisco se sumó al llamado, a la vez que ha reiterado su particular llamado en los últimos años para que Colombia recupere la paz. Esta situación abrió una oportunidad y una expectativa en el país para el cese de los enfrentamientos bélicos, la violencia que afecta gravemente a la población y para recuperar el proceso de paz con el ELN suspendido por el actual gobierno.
Sin embargo, el presidente Duque no hizo ningún pronunciamiento al respecto. A diferencia, el ELN liberó varias personas en su poder, declaró un cese unilateral durante el pasado mes de abril y reiteró disposición a retomar los diálogos de paz con el gobierno. El Consejo Nacional de Paz y Reconciliación, la Iglesia Católica, Defendamos La Paz, comunidades de distintas regiones y numerosas redes sociales, de derechos humanos y promotoras de la paz, se pronunciaron solicitando al presidente que en medio de la pandemia formalizara un cese al fuego y reanudara los diálogos de paz con el ELN. El gobierno no lo ha hecho, aunque no realizó operativos ofensivos las primeras semanas de abril contra esta guerrilla. Aunque en varias regiones a pesar de la emergencia sanitaria y humanitaria, siguieron actuando grupos narco-paramilitares y los grupos rearmados o disidentes al acuerdo de paz de las FARC, a la vez que continuaron los asesinatos contra líderes sociales y excombatientes de las FARC firmantes de la paz, sin la requerida protección oficial para impedir estos hechos.

Pero lamentablemente a finalizar el pasado mes de abril se cerró esta oportunidad de parar la guerra y retomar el entendimiento para la paz con el ELN. La última semana de ese mes el Gobierno desató un operativo ofensivo contra el ELN en el Cauca, aprovechando el ataque sufrido por esta guerrilla por dos estructuras llamadas residuales o disidentes de las anteriores FARC. El Ejército cerró el cerco y el 28 de abril atacó al ELN rompiendo su disposición de cese al fuego unilateral. El presidente Iván Duque anunció el siguiente día 29 de abril, que luego de una operación sostenida del Ejército contra el ELN en el municipio de El Tambo, consiguió la entrega de una veintena de combatientes del Frente José María Becerra de esa guerrilla. Por su parte, a pesar de la insistencia de voces desde la sociedad civil para que prolongara el cese al fuego decretado, al cierre del mes el Comando Central del ELN y su vocero en La Habana, Cuba, Pablo Beltrán, declararon oficialmente el final del cese al fuego, alegando que no había reciprocidad del gobierno.

De esta manera el gobierno desaprovechó esa coyuntura para consolidar el cese al fuego y recuperar el proceso de paz con el ELN. La cual cerró no solo con esta respuesta militar, sino generando un hecho político simultáneo. Así, el mismo 28 de abril convocó una rueda de prensa y publicitó la emisión del Decreto 601, afirmando que se trataba de una iniciativa de paz, para reafirmar la política de desmovilización individual de desertores de la guerrilla, la cual está vigente legalmente desde 1994, es decir por 26 años. Esta figura desde ese año y hasta 2002 tuvo soporte en el Decreto 1385, orientado a que quienes dejaban la guerrilla se adscribieran en las dinámicas de la aplicación de los acuerdos de paz con varias guerrillas en los 90, pero fue luego modificada en su orientación a partir de 2003, por el gobierno Uribe, mediante el Decreto 128 de 2003, vigente, el cual lo enfocó a que tales desmovilizados individuales tuvieran exigencias de acciones a favor de la guerra de las FFMM.

El Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos al presentar ante la prensa el nuevo decreto presidencial, No. 601, explicó que sería para: “el sometimiento individual de los GAO, ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, Caparrapos y Pelusos”. Pero precisó que solo al ELN se le reconocía carácter político, elemento positivo hacia un posible diálogo de paz futuro. Sin embargo, fue explícito en que el gobierno descarta en la actualidad la opción de retomar las conversaciones de paz con esta guerrilla, reiterando el condicionamiento a que esta cumpla determinadas exigencias, unas humanitarias razonables -sobre lo cual ha dado pasos el ELN con las liberaciones de personas retenidas o secuestradas- y otra inviable al exigirle a esta guerrilla cesar “acciones delictivas”, lo que implicaría cesar su carácter de rebeldía armada frente al Estado, posible precisamente mediante los términos de un acuerdo de paz.

Así lo expresó Miguel Ceballos: “… (con) las condiciones impuestas por el señor presidente Iván Duque, es decir la entrega de todos los secuestrados y ceses de acciones criminales, se podría entablar un diálogo y llegar a un acuerdo de paz” [1].

Es decir, el gobierno pospone la posibilidad de la negociación de paz con esta insurgencia ante la inviabilidad de su exigencia y asume la política que fracasó durante los dos mandatos consecutivos del presidente Uribe, de pretender derrotar la guerrilla, al momento el ELN, por vía de mantener la ofensiva militar y paralelamente la política de estímulo a la deserción individual de las filas guerrilleras, bajo el presupuesto de obligar a los excombatientes que se entreguen a actuar en la guerra, en contra de las organizaciones de las que proceden, hecho violatorio a lo dispuesto por las normas humanitarias. La experiencia demostró que así lleguen a ser numerosas las deserciones, que además con frecuencia se incrementaban con irregularidades, no es la solución para conseguir acabar con las organizaciones guerrilleras insurgentes consolidadas e históricas. Si lo ha sido en algunos casos con grupos disidentes de las guerrillas, debilitados militarmente y descompuestos [2].

El comisionado Ceballos precisó que su tarea será ahora la búsqueda del sometimiento a la justicia mediante la entrega individual, aunque con una diferenciación que no descartaría un posible entendimiento político con el ELN, probabilidad hacia el futuro, descartado con los demás GAO reconocidos como tales: las disidencias armadas contra los acuerdos de paz (la de vieja data con el EPL llamada oficialmente “Pelusos” -aún vigente en Catatumbo- y las recién emergidas en varias regiones denominadas “disidencias de las FARC”) y las más reconocidas estructuras narco-paramilitares (Clan del Golfo y Caparrapos). Al respecto dijo Ceballos: “La palabra ´sometimiento individual´ tiene un contenido muy claro, no se trata de hacer acercamientos para ningún tipo de negociación o de diálogo con esos cuatro grupos armados diferentes al ELN, sino de abrir un espacio para que los miembros individuales puedan someterse. Con estos cuatro grupos no hay ninguna posibilidad de entablar ningún tipo de diálogo o acuerdo” [3].

Recibida esta información del Gobierno nacional voces desde los distintos medios de prensa y comunicación y declaraciones de algunos líderes políticos la calificaron como “decisión audaz, necesaria, generosa y que no cerraba la puerta de la paz”. Lo cual puede calificarse como opiniones ingenuas, poco informadas o de reacción inmediata con abordaje superficial del tema. Esto porque no hay de fondo nada nuevo en lo expresado por el gobierno, ni en lo político, ni en lo jurídico, ni en lo militar. Anunció la desmovilización individual que está vigente hace años en su versión de guerra referida; el sometimiento a la justicia de integrantes de grupos armados ilegales también vigente y con varios dispositivos legales, algunos de ellos recientes; así como reiteró el mismo condicionamiento que hace inviable el entendimiento con el ELN.

Pero, además, hay que advertir que la publicitada emisión del Decreto 601 es un hecho insustancial que no ha sido advertido. Le asigna unas funciones al Alto Comisionado de Paz que ya tenía en otras leyes y decretos. Por ello es inocuo e innecesario, basta revisarlo, solo tiene un artículo con tal reiteración de funciones, y su segundo y último artículo es para decir que retoma las disposiciones ya vigentes de otros artículos [4]. Parece responder más a la maniobra política de la coyuntura, con los efectos referidos. De tal forma, este Decreto 601 del 28 de abril de 2020 “asigna funciones al Alto Comisionado de Paz” [5] que ya las habían facultado con anterioridad varias leyes vigentes (418 de 1997 y 434 de 1998) y varios decretos como el 1784 de 2019, sobre buscar y evaluar la voluntad de sometimiento de integrantes de grupos armados a la paz como lo refieren esas leyes y a la justicia y a la reinserción a la vida civil como lo han dispuesto varias leyes y decretos vigentes. De igual forma, está vigente el Decreto Ley 154 de 2007, que lo facultó para “diseñar políticas para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y sus redes de apoyo… promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las mismas”.

Más aún, el pasado gobierno del presidente Juan Manuel Santos, al final de su administración tramitó en el Congreso y expidió la Ley 1908 de 2018, la cual incorporó el reconocimiento del carácter de “Grupos Armados Organizados” como “…aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas…”, “confrontación de violencia contra la fuerza pública… y uso de violencia contra la población”. Estableció mecanismos institucionales que incluyen con funciones para el efecto al Alto Comisionado de Paz, con opciones de formas incluso colectivas para el sometimiento a la justicia y de ofrecimiento de acceso a dinámicas de reintegración a la vida civil.

Sin embargo, en negación de las posibilidades políticas, de la existencia de suficientes instrumentos jurídicos y de mecanismos procedimentales y administrativos, el comisionado Miguel Ceballos en sus declaraciones intenta mostrar como relevante el insulso decreto expedido, a la vez que ante su evidente contenido insustancial anuncia que el gobierno haría otro decreto al respecto: “…al no existir una ruta para su sometimiento, ahora se abre esa posibilidad a través de un decreto, que se hará público en los próximos días, para establecer un camino similar al que se ha venido aplicando desde 2003 a través de la Agencia de Reincorporación y Normalización del Gobierno” [6].

Sorprende entonces, el alto reconocimiento que en línea editorial y en artículos de prensa y comentarios se han hecho del decreto expedido, incluso no por el presidente Duque sino por el jefe administrativo inmediato del comisionado, Diego Molano. Pero el gobierno logró el impacto político pretendido, de forma que se publicitaron referencias equivocadas que lo exaltaron, incluso atribuyéndole lo que no contiene, a la vez que justificando y saludando la ofensiva militar gubernamental reemprendida, sin advertir que se hizo al momento de forma inconveniente al atacar el cese al fuego unilateral guerrillero vigente. Así lo registraron los medios de prensa y radio de mayor difusión: “La estrategia le está funcionando al Gobierno nacional. Utilizando una táctica conocida, el Estado adelanta una mezcla de garrote (operaciones militares) y zanahoria (incentivos de reinserción) para convencer a los miembros de la guerrilla del ELN a que dejen las armas (…) la administración de Iván Duque ha demostrado una voluntad de paz que no ha caído en oídos sordos y podría, en medio de la pandemia, abrir la puerta a nuevas conversaciones” [7].

“El Gobierno Nacional abrió la puerta para el sometimiento individual de los miembros de los denominados Grupos Armados Organizados (…) otorgándoles una ruta y algunos beneficios (…) Así está contemplado en el decreto 601, firmado por el presidente Iván Duque, en el cual se establece que el Alto Comisionado para la Paz y las personas autorizadas por él deberán verificar la voluntad de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia…” [8].

En contraste, solo pocas voces críticas se escucharon al respecto, entre ellas la del reconocido facilitador de paz monseñor Darío Monsalve: “…el gobierno no tiene una política de paz, no tiene propuesta alternativa y tampoco tiene respuestas para nuestras solicitudes. (…) el gobierno no tiene propuestas ni respuestas. Es decir, no hay con quien caminar en estos procesos. Todo se hace descansar sobre la Fuerza Militar y la inteligencia (…) El Decreto 601… es como “el parto de los montes”” [9].

De igual manera, el mismo monseñor Monsalve puso de presente que a nombre de la Iglesia Católica obró como facilitador entre el pasado gobierno Santos y las principales estructuras narco-paramilitares, de manera que hubo a través de abogados autorizados acercamientos en los términos, pero que lamentablemente no lograron resultado final. No obstante, se evidencia que más allá del desconocimiento de posibilidades y normas existentes para conseguir este propósito, se revela también la inacción del actual gobierno al respecto, dejando de actuar en un asunto sustancial para conseguir la paz con relación a todos los actores irregulares inscritos en el conflicto y de suma urgencia al tratarse de las estructuras más comprometidas con la matanza sistemática de liderazgos sociales, ambientales, de defensa de los derechos humanos y de implementación del acuerdo de paz en los territorios.

“Ellos me contactaron como facilitador a través de sus representantes jurídicos, que son personas legales y autorizadas por la Fiscalía para que los civiles pudiéramos hablar con ellos. Acepté e hicimos muchas reuniones con los abogados de Darío Antonio Usuga (Otoniel) y de esas organizaciones, y se tenía ya todo el proceso para el sometimiento colectivo, incluso de había adaptado con el Gobierno Santos el lugar de reclusión…” [10]. Pero narra monseñor Monsalve que aunque hubo gran avance no se zanjaron dos obstáculos importantes, la exigencia gubernamental de entrega de información detallada de las actuaciones delincuenciales y la exigencia desde las estructuras narco-paramilitares de poder quedarse con una porción de los capitales ilegales que entregarían como “patrimonio de supervivencia” [11]. Y asegura que estos grupos mantienen durante el presente gobierno la misma disposición a convenir su sometimiento y han entregado documentos que son de reserva al respecto, sin que exista actuación gubernamental para ello.

De otra parte, vale advertir que como ha sido costumbre desde los ámbitos gubernamentales, de poder y desde poderosos medios de comunicación y prensa, cuando hay dificultades o rupturas en los entendimientos de paz, se le señala toda la responsabilidad de las dificultades y obstáculos invariablemente a las guerrillas, que pueden tenerlas, pero desconociendo deliberadamente las atribuibles a la parte gubernamental o estatal. De forma sorprendente, así lo editorializó el diario El Espectador, contrariando hechos evidentes que habían sido reconocidos y publicitados: “…la guerrilla del ELN no cumplió a cabalidad con el cese al fuego… las estructuras de la guerrilla (ELN) muestran su descoordinación… (tiene) carencia de capacidad para hacer gestos de paz… Si de verdad quieren apostarle algo a la población… siéntense a conversar” [12].

No se trata de una defensa de la guerrilla como tal, se trata discutir la veracidad de los hechos en las dinámicas de des-escalamiento del conflicto y búsqueda de la paz. Para el caso, con relación al ELN Cerac en dos reportes y otras fuentes creíbles internas e internacionales destacaron el cumplimiento que hizo del cese al fuego temporal declarado. Todas las estructuras, frentes del ELN acogieron de forma coordinada el cese, de forma que ninguna realizó operativos ofensivos. Y esta guerrilla mantiene la delegación para las conversaciones que sigue dispuesta en La Habana y el haber declarado el cese al fuego unilateral, son evidentes gestos de paz.

De otra parte, en materia de política internacional el gobierno Duque negativamente mantiene una actitud hostil que ha llegado a insinuar hasta posible rompimiento de relaciones con Cuba, con motivo de los buenos oficios, el ser garante y anfitrión del proceso de paz y en particular con la mesa de paz que estaba vigente con el ELN al asumir su mandato. En violación al derecho internacional Duque pretende desconocer el protocolo vigente suscrito con un grupo de países, incluida Cuba, sobre el procedimiento en caso de ruptura de las conversaciones, impidiendo su aplicación, a la vez que en violación al derecho humanitario pretende la criminalización, captura y extradición de la delegación del ELN en la mesa de conversación, violando su derecho a la inmunidad que le asiste para tal tipo de actuación.

Esta situación ha sido removida negativamente en estos días por el presidente Trump de EEUU, en sus acciones desesperadas ante la pérdida de apoyo interno de cara a las elecciones presidenciales de este año en las que aspira a su reelección, de forma que dio apoyo a la equivocada posición del gobierno colombiano, en aras atizar su ataque contra Cuba, en busca de votos de la extrema derecha y vertientes del viejo anticomunismo de ese país. No obstante, Cuba al igual que Noruega, se han expresado con acierto y dignidad, a tono con lo dispuesto por el derecho internacional y sus posiciones de solidaridad y apoyo al proceso de paz en Colombia.

El Embajador de Noruega en Colombia John Peter Opdahl, en coincidencia con Cuba de respeto al protocolo firmado por varios países con el Estado colombiano sobre el procedimiento en caso de suspensión o ruptura de las conversaciones con el ELN, declaró recientemente: “Nuestra posición es la misma que ha sido desde el principio, siendo cofirmante junto con varios otros países firmantes de este protocolo que se hizo entre dos partes, asegurando el retorno seguro en caso de ruptura de las negociaciones, tenemos que honrarlo” [13].

En medio de esta compleja situación, es preciso reafirmar como conveniente, posible y el ser la única salida constructiva, la solución política concertada entre el Estado y el ELN para conseguir un acuerdo final de paz. La experiencia colombiana e internacional demuestran que los acuerdos de paz suscritos entre Estados e insurgencias políticas internas, conllevan compromisos hacia la democratización, la inclusión, la atención en derechos y el beneficio de las poblaciones. Así como demuestra que las soluciones de fuerza, la prolongación de la guerra y la búsqueda de soluciones militares, son su antinomia: autoritarismo, victimización y negación de las posibilidades de derechos de las poblaciones.

El ELN ya llegó a concertar con el pasado gobierno una agenda para la paz y avanzaron en construcción de consensos en varios de sus contenidos, a contar con la participación de la sociedad en ellos como premisa importante y a priorizar los temas urgentes del cese al fuego y los compromisos humanitarios. El gobierno Duque no debería estar por debajo de las demandas históricas, que le exigen revisar su política y ofrecer alternativas válidas para recuperar y culminar esta posibilidad de paz, que configuraría la posibilidad final y definitiva del logro de la paz completa con las insurgencias en Colombia.

REVISTA SUR

[1] Declaración del Comisionado de Paz Miguel Ceballos, El Espectador, 6 de mayo de 2020, página 16.

[2] Casos del sometimiento ante el gobierno de varias de las disidencias al acuerdo de paz con EPL que existieron en los años noventa y de las disidencias del ELN denominadas ERP y ERG en los dos mil.

[3] “No hay ninguna posibilidad de diálogo con disidencias”, El Tiempo, 30 de abril de 2020, página 1.5.

[4] “Artículo 1°. El Alto Comisionado para la Paz y las personas autorizadas por él, deberán verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados -GAO- presentes en el territorio nacional”.

[5] Decreto No. 601, 28 de abril de 2020, director del Departamento Administrativo de la República, Diego Andrés Molano. https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20601%20DEL%2028%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

[6] “No hay ninguna posibilidad de diálogo con disidencias”, El Tiempo, 30 de abril de 2020, página 1.5.

[7] “La mano abierta en busca de la paz”, editorial de El Espectador, 6 de mayo de 2020, página 16.

[8] “Abren puerta a la entrega individual de los GAO”, El Tiempo, 29 de abril de 2020, página 1.4.

[9] “”Este Gobierno no tiene una política de paz”: monseñor Darío Monsalve”, El Espectador, 5 de mayo de 2002, página 16.

[10] “”Este Gobierno no tiene una política de paz”: monseñor Darío Monsalve”, El Espectador, 5 de mayo de 2002, página 16.

[11] “”Este Gobierno no tiene una política de paz”: monseñor Darío Monsalve”, El Espectador, 5 de mayo de 2002, página 16.

[12] “La mano abierta en busca de la paz”, editorial de El Espectador, 6 de mayo de 2020, página 16.

[13] “Noruega cree en solución diplomática en caso ELN”, El Tiempo, 21 de mayo de 2020, página 1.5.

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