Mientras que las reivindicaciones territoriales mapuches amenazan las ganancias de las empresas forestales, el estado chileno y la industria forestal redoblan la represión.
El 27 de marzo de 2021, un equipo periodístico del principal canal televisivo de Chile fue emboscado por desconocidos en la ruta que une Tirúa y Cañete (Provincia de Arauco, Región del Bío Bío). Esta zona es uno de los epicentros de las recuperaciones territoriales mapuche frente al despojo protagonizado por colonos desde fines del siglo XIX y agudizado por la industria forestal en las últimas cuatro décadas. En la emboscada se utilizaron armas de fuego de grueso calibre, resultando dos periodistas heridos y la camioneta donde se trasladaban totalmente acribillada.
El equipo de prensa tenía la finalidad de entrevistar a Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización referente de las recuperaciones territoriales y que mantiene una desconfianza y posición crítica frente al proceso de redacción de una nueva constitución política en Chile.
Ninguna organización Mapuche se adjudicó la emboscada. Aunque inicialmente medios de prensa hegemónicos atribuyeron la responsabilidad a la CAM, esta organización y comunidades del territorio costero articuladas en la Franja Lavkenche, una organización mapuche autonomista, desmintieron las interpretaciones oficiales. La misma CAM, en comunicado del 30 de marzo del 2021, sostuvo que “la responsabilidad en torno a este hecho recae en gente Mapuche y no Mapuche vinculada a la (empresa) forestal Mininco”. Señaló a personas que “prestan servicios a esta forestal y que desde el último tiempo se vienen organizando y armando con los recursos que les brinda esta empresa”. En el mismo tenor, la Franja Lavkenche declaró el 31 de marzo que “hoy la prensa apunta sus sospechas a la resistencia como autores del hecho sin hacer comentarios sobre el rol que Mininco ha jugado en el conflicto”, remarcando el intervencionismo de esta empresa en las comunidades con el fin de paramilitarizar el territorio. La declaración continúa sosteniendo que “estamos en frente de una acción de falsas banderas, que busca criminalizar a la Franja Lavkenche y otras expresiones hermanas de lucha”.
Estos antecedentes develan el protagonismo de las empresas forestales en el conflicto territorial y sus acciones para generar adhesión y dividir y cooptar comunidades y dirigentes para profundizar la reproducción del capital en el territorio. La propia Mininco, una subsidiaria de la compañía multinacional chilena CMPC, reconoció públicamente que desarrollan diversas iniciativas de trabajo conjunto y “emprendimiento” con algunas comunidades y dirigentes en la Provincia de Arauco.
Los hechos descritos son una ventana para analizar una tendencia estructural poco abordada en el conflicto territorial en Wallmapu. En respuesta al aceleramiento y masificación de las recuperaciones territoriales que se ha producido desde el asesinato del joven Mapuche Camilo Catrillanca en 2018—sólo comparable con las recuperaciones durante la reforma agraria en las décadas de 1960 y 1970—, vivimos un reacomodo de la matriz colonial y capitalista en territorio mapuche. Aunque este reacomodo se produce en una coyuntura donde se pretende reformar el carácter monocultural del Estado chileno a través del proceso constituyente, su tendencia estructural es un cambio en las estrategias de hegemonía articuladas por el empresariado para avanzar en una renovada lógica de contrainsurgencia colonial. De esta forma, se pretende adecuar y profundizar la reproducción del capital frente a la desestabilización que conllevan las recuperaciones territoriales y las luchas por la vida que impulsa la resistencia mapuche en Wallmapu.
Este reacomodo se expresa en dos grandes tendencias. Por una parte, en la reproducción del capital extractivo, en particular forestal, y de su búsqueda de legitimación territorial a través de una mayor participación de comunidades en las cadenas de producción, la promoción de un discurso enfocado en la tolerancia intercultural, la sostenibilidad y el emprendimiento indígena. Por otra parte, a través de una estrategia de contrainsurgencia que actualmente está construyendo un escenario artificial asociado a la existencia de redes de narcoterrorismo en comunidades emblemáticas de la resistencia mapuche, para expandir y consolidar el poder terrateniente y corporativo trasnacional en los territorios.
Lógicas de reconocimiento estatal-empresarial, estrategia contrainsurgente y reproducción del capital
Como otros pueblos indígenas de Abiayala, la vida e historia Mapuche está en reciprocidad con el territorio. Hasta el siglo XIX los Mapuche, en pleno proceso de conquista y colonización hispana en los siglos XVI al XVIII, habitaron el Wallmapu que hoy es el sur de los estados de Chile y Argentina. Esto cambió radicalmente desde mediados del siglo XIX con las campañas de ocupación militar y civil denominadas eufemísticamente como “Conquista del Desierto” en Argentina, “Pacificación de la Araucanía” y “Colonización de las Provincias de Valdivia y Llanquihue” en Chile.
La ocupación sentó las bases del actual colonialismo de asentamiento en Wallmapu, que gira en torno al despojo del territorio y donde los Mapuche fueron reducidos al 5 por ciento de su superficie original. Esto se enmarca en el ciclo de colonización global donde capitales internacionales y estados en formación se expandieron sobre territorios de pueblos indígenas, produciendo genocidios sólo comparables a la conquista y colonización europea en Abiayala.
En la geografía del despojo actual en Wallmapu participan diversos actores: una etno-clase política y empresarial, aparatos de seguridad pública y privada, medios de comunicación hegemónicos, gremios de terratenientes, capitales nacionales e internacionales con inversiones en el rubro energético, turístico, inmobiliario, agro-ganadero, minero, entre otros. No obstante, uno de los protagonistas es el empresariado forestal, cuyas inversiones y plantaciones de pinus radiata y eucaliptus, industrias de celulosa y papel exportada principalmente a China, Europa, Estados Unidos y Canadá, se asientan en las regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en el centro-sur del actual Chile.
El protagonismo del empresariado forestal en el conflicto es crucial, pues son los principales propietarios de tierras despojadas a los mapuche desde el siglo XIX. Tierras que durante el siglo XX fueron reivindicadas mediante vías institucionales y la acción directa de comunidades, arrastrando un conflicto y disputa territorial histórica agudizado durante los gobiernos democráticos neoliberales.
La constitución de la propiedad privada forestal se produjo durante la dictadura cívico-militar (1973-1990), con la adquisición vía remate a bajo precio de tierras mapuche e industrias de celulosa de propiedad estatal. También con el subsidio y la bonificación pública de plantaciones de monocultivo forestal (Decreto de Ley Nº 701), promovido por la dictadura y los posteriores gobiernos democráticos, que entregaron incentivos del 75 por ciento de los costos de las monocultivos y eximió de impuesto territorial a sus propietarios. Entre 1974 y 2013 el estado entregó US$875 millones a través del Decreto de Ley 701, de los cuales cerca de US$600 millones, aproximadamente un 70 por ciento, se destinaron a las dos principales empresas forestales de carácter multinacional: ARAUCO y Mininco. Esta última, que estaría involucrada en la emboscada a los periodistas el pasado 27 de marzo.
El acaparamiento de tierras por empresas forestales puede dimensionarse al comparar la superficie que cubren sus plantaciones con la compra de tierras realizada por el estado chileno a comunidades Mapuche desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Por ejemplo, en 1997 la industria forestal adquirió una superficie total de un poco más de 2 millones de hectáreas; en contraste, CONADI solo había comprado aproximadamente 2 mil hectáreas desde su creación en 1994. El panorama no era muy diferente 18 años más tarde. De hecho, la industria forestal había adquirido en el año 2015 un total de casi 3 millones de hectáreas. En cambio, CONADI sólo había entregado poco más de 209 mil hectáreas a las comunidades indígenas entre los años 1994 al 2015. Es decir, la compra de tierras del estado para las comunidades representa sólo el 6 por ciento del territorio adquirido por la industria forestal.
Aunque el empresariado defiende la legalidad de la propiedad de la tierra usurpada, enfatice en la supuesta contribución del monocultivo forestal a mitigar el cambio climático con la captura de carbono, argumentan aportar al crecimiento económico, el extractivismo forestal profundiza la matriz colonial y capitalista de muerte y precarización de la mapuche mongen (múltiples vidas humanas y no humanas en el territorio). Esto se ha expresado en la pérdida de la biodiversidad; la deforestación del bosque nativo; la disminución y contaminación de las aguas; el aumento en el uso de pesticidas; el deterioro de la infraestructura pública; el aumento de la pobreza y la desigualdad; la diversificación en las formas de explotación racial sobre la fuerza de trabajo; así como el protagonismo del empresariado en la estrategia contrainsurgente que militariza las comunidades, asesina y encarcela líderes, lideresas, autoridades tradicionales, weichafe (luchadores mapuche) y violenta estratégicamente a mujeres, niños y ancianos que son actores protagónicos en defensa y proyección de la vida y el territorio.
Los efectos catastróficos del monocultivo forestal también impactan en comunidades campesinas chilenas por su impacto en la disponibilidad de agua para el consumo humano, agrícola y ganadero. Esto obliga a los habitantes de zonas rurales emigrar por la imposibilidad de reproducir la vida en el campo, generando la descampesinización. Por tanto, el conflicto está complejizándose a partir de sus implicaciones socioecológicas, de modo que de perfilarse una alianza táctica entre estos actores podría acorralar al empresariado forestal y terrateniente. Experiencias de estas alianzas existen en la historia reciente donde la lucha por la tierra fue un punto de convergencia. Recuperarlas es crucial para entretejer la vida en el actual contexto de crisis global.
Las disputas por el territorio no sólo movilizan a comunidades con una tradición histórica de lucha. También nuclean a una nueva generación que nació reducida en sus tierras, empobrecida y segregada en ciudades por los desplazamientos forzados de sus familias en el siglo XX y XXI. Es la generación de la diáspora que retorna con una mayor conciencia política de pertenecer a un pueblo despojado y colonizado. De hecho, con la pandemia de COVID-19, el retorno desde las ciudades a las comunidades Mapuche ha aumentado, y quienes vuelven también contrastan problemas ecológicos como la crisis hídrica.
La conciencia que el genocidio no fue pasado sino que está en marcha, moviliza a comunidades. En respuesta, la matriz colonial y capitalista se reacomoda en territorio mapuche.En este contexto, las recuperaciones territoriales se masifican. La conciencia que el genocidio no fue pasado sino que está en marcha, moviliza a comunidades. En respuesta, la matriz colonial y capitalista se reacomoda en territorio mapuche.
En lo fundamental, este reacomodo profundiza la lógica de eliminación del Pueblo-Nación Mapuche como sujeto colectivo y el sometimiento colonial basado en: a) el reconocimiento, la integración y la participación mapuche en los engranajes del sistema político estatal y de las iniciativas económicas extractivistas; b) una estrategia de contrainsurgencia colonial que opera mediante la represión de la resistencia, la militarización de las comunidades y, durante el último tiempo, con la instalación de una narrativa narcoterrorista sobre los territorios más organizados.
Sobre la primera tendencia, algunas expresiones políticas mapuche apuestan en el ámbito electoral por la plurinacionalidad del estado, buscando reconciliar las contradicciones coloniales. Es una apuesta que, al margen de las buenas intenciones de sus promotores, no trastoca los pilares de la matriz colonial y capitalista en Chile, y en el mejor de los casos llevará a un reacomodo del Estado. Es decir, se ampliarían los márgenes de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, pero re-actualizando y profundizando la matriz de acumulación en un contexto de transición hegemónica a escala global.
En la lógica del reconocimiento y el discurso plurinacional en Chile, converge el empresariado forestal y sus iniciativas de emprendimientos capitalistas e indigenistas, los cuales son mediatizados por instituciones estatales para legitimar su presencia en territorios en conflicto. Esta tendencia se valida en la responsabilidad social empresarial (RSE) y en las certificaciones de la Forest Stewardship Council, un sistema internacional de etiquetado que busca identificar productos forestales sostenibles, pero se acentúa en el marco del aceleramiento y masificación de las recuperaciones territoriales mapuche. De esta forma el discurso y praxis del empresariado forestal perfila un modelo de producción con mayor protagonismo indígena en la reproducción del capital en sus propios territorios.
Esta tendencia se ilustra en recientes declaraciones del empresariado forestal. El 05 de marzo del 2021, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), gremio que agrupa a los principales sectores productivos de Chile, señaló: “ellos (mapuche) ponen las tierras, mientras que nosotros ponemos la tecnología y el asesoramiento, el Estado también participa a través de los subsidios”. Una mayor apertura a lo mapuche también expresaron los dueños y representantes de CMPC. Primero, Bernardo Matte, principal accionista de CMPC, señaló el 15 de septiembre del 2018: “lo que tenemos que hacer es mapuchizarnos más”. Segundo, Luis Felipe Gacitúa, actual presidente de CMPC, en noviembre del 2020 sostuvo que “estamos en plenas conversaciones con las comunidades para que tengan sus propias plantaciones y que se las vendan a CMPC”. Como supuesto gesto de inclusión, CMPC también comenzó a implementar el “Programa Intercultural Raíz, acercándonos al Pueblo Mapuche”, que consiste en acercar a los trabajadores de la empresa, la historia y cultura mapuche.
Los rasgos que caracterizan este modelo forestal están dados por la apertura empresarial a una participación de comunidades mediante la contratación de servicios, la forestación de suelos con especies de árboles nativos y la promoción de una lógica empresarial indígena. En este despliegue, la hegemonía se busca reforzar mediante la producción de consenso para desmovilizar recuperaciones territoriales actuales o futuras. Como parte de esta estrategia, incluso, algunas empresas se abren a la venta de tierras usurpadas, mediante acuerdos que aseguren la producción del monocultivo forestal ante una mayor demanda del mercado global.
El reconocimiento y el mayor protagonismo indígena, perpetúa el lugar socio-racial subordinado que deben ocupar los indígenas en la gobernabilidad colonial y capitalista. Es decir, con la inclusión laboral de familias mapuche que antes reivindicaban territorios hay un giro, porque ahora pasan a ser los indígenas tolerados y, a la vez, los indígenas subordinados.
Por otra parte, cuando la construcción de consensos a través del reconocimiento y la participación indígena en el negocio forestal es insuficiente, el reacomodo de la matriz colonial y capitalista avanza en el terreno de la dinámica coercitiva. Concretamente, mediante una estrategia de contrainsurgencia que recientemente se legitima en una narrativa narcoterrorista sobre los territorios más organizados para aislarlos y socavar sus bases de apoyo.
La construcción de la narrativa del narcoterrorismo mapuche surge el año 2020, pero su genealogía está en el discurso del terrorismo y la criminalización impulsado por los gobiernos democráticos neoliberales, y en la ideología colonial que sustentó la ocupación en el siglo XIX con la construcción de los mapuche como “indios bárbaros”. Actualmente, vincular al movimiento mapuche con el narcotráfico tiene dos objetivos concretos. Primero, busca deslegitimar la causa mapuche frente a la opinión pública (nacional e internacional), que crecientemente apoya sus reivindicaciones. Segundo, utilizar la ley antinarcóticos para perseguir a dirigentes y miembros del movimiento mapuche, a diferencia de otras legislaciones, le otorga mayor flexibilidad e independencia a la policía para interferir teléfonos, infiltrar a personal policial y acceder a recursos tecnológicos, humanos y económicos. De esta manera, tal narrativa es parte de la estrategia actual de contrainsurgencia colonial que busca aislar expresiones de la resistencia mapuche que no pueden ser contenidas por las medidas institucionales de consenso.
Esta narrativa ha sido denunciada por expresiones de la resistencia mapuche, que advierten su uso para legitimar la intervención con militares en los territorios en lucha. La fragilidad de esta narrativa hegemónica puede observarse si prestamos atención a dos fuentes oficiales sobre confiscación de drogas y armas en Chile. Según datos del Ministerio Público de Chile sobre las incautaciones de drogas entre 2015 y 2019, en comparación a 16 regiones que componen la división territorial en Chile, la región de la Araucanía sólo ocupa el puesto número 11 en las incautaciones de cocaína. Y en relación con los decomisos de marihuana, la región ocupa el puesto número 9.
Por otra parte, respecto al decomiso de armas en Chile durante el año 2019, la figura 3 muestra cómo en comparación con el resto de las regiones del país (16), la región de La Araucanía es la zona con menor tasa de decomisos de armas por cada 100 mil habitantes, según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito.
En síntesis, la narrativa narcoterrorista y la ausencia de evidencia empírica que la sustente, expresa la lógica coercitiva de la matriz colonial y capitalista, cuando el reconocimiento y la participación indígena es insuficiente. Esto demuestra cómo la violencia no sólo parió el colonialismo y el capitalismo en Wallmapu, sino que sigue siendo crucial en su reproducción actual.
A modo de cierre
Las élites empresariales del rubro forestal con el patrocinio de los gobiernos chilenos actualizan el sometimiento sobre las expresiones de lucha en el Wallmapu con el fin de avanzar en la eliminación gradual del pueblo nación mapuche como sujeto político colectivo y, así, asegurar la reproducción del capital en sus territorios.
Esto se materializa en dos grandes tendencias. Por un lado, en la articulación de iniciativas económicas extractivistas impulsadas por empresas forestales, como planes de desarrollo local y encubiertas con un discurso de emprendimiento e interculturalidad. Estas encuentran su correlato en la maniobra integracionista y la idea plurinacional que actualmente opera en el escenario constituyente chileno y que, bajo una lógica del reconocimiento, tutelaje y suplantación, impulsan ciertos dirigentes, académicos mapuche e indigenistas criollos, junto a otros sectores políticos. Por otro lado, cuando esta forma de control social es insuficiente, y la acumulación de capital sigue amenazada por las recuperaciones territoriales y la resistencia mapuche, se articula una estrategia de contrainsurgencia colonial. Esta busca la represión de las comunidades en resistencia a través de la criminalización y militarización de los territorios y, últimamente, el establecimiento artificial de un escenario narcoterrorista en las zonas emblemáticas de la lucha mapuche. Tal estrategia de contrainsurgencia colonial es interpretada, por las comunidadades, como la continuidad y profundización del genocidio histórico.
Pese a estas tendencias en curso, las recuperaciones territoriales siguen masificándose en distintos puntos del Wallmapu. Ante la nocividad que representa para la mapuche mongen el reacomodo de esta matriz colonial y capitalista, cotidianamente, diversas comunidades avanzan en el control de sus tierras usurpadas, revirtiendo esta lógica de eliminación y proponiendo una alternativa de vida a muchas familias mapuche empobrecidas. Las recuperaciones territoriales, hacen resurgir y proyectar la mapuche mongen, sustentada en una historia milenaria de reciprocidad con el territorio, las múltiples vidas que en este coexisten, y que confronta el actual sistema de muerte impulsado por el colonialismo y el capitalismo global.
Esta dimensión mapuche de comprender la vida, la historia y la lucha contra el colonialismo y el capitalismo, resuena y conecta también con las luchas de otros pueblos indígenas en Abiayala y a nivel mundial.
Hector Nahuelpan. Integrante de la Comunidad Mapuche Rewe Lafken de Mehuín y de la Comunidad de Historia Mapuche. Profesor Asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos.
Edgars Martínez. Doctorante en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS, México). Integrante de Aukin y del Grupo de Trabajo de CLACSO “Marxismos y resistencias del sur global”.
Alvaro Hofflinger. Ex Becario de la Fundación Ford. Doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Texas en Austin y actualmente profesor de la Universidad de la Frontera, Temuco.
Pablo Millalen. Integrante de la Comunidad de Historia Mapuche. Doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin.
Publicado originalmente en Nacla