Mientras se desarrollaba una reunión sobre la realidad indígena urbana Santiaguina, dirigentes Mapuche aprovecharon de emplazar personalmente al Presidente para que se desista de formar parte acusatoria en próximo juicio y poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista. Era una reunión más para el gobierno en su agenda del jueves 9 de junio, […]
Mientras se desarrollaba una reunión sobre la realidad indígena urbana Santiaguina, dirigentes Mapuche aprovecharon de emplazar personalmente al Presidente para que se desista de formar parte acusatoria en próximo juicio y poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista.
Era una reunión más para el gobierno en su agenda del jueves 9 de junio, donde el propio Lagos recibía a representantes de organizaciones de Santiago para tratar temas relacionados con el desarrollo indígena urbano, hecho que viró radicalmente cuando dirigentes Mapuche lo encararon sobre el próximo juicio por Asociación ilícita terrorista y la responsabilidad del gobierno en ello.
No estaba programado, no era parte de la agenda del gobierno la que rigurosamente había sido establecida con antelación, por ello fue momentos de sorpresa e incomodidad para las autoridades chilenas, encabezada por el propio Lagos y el subsecretario de Mideplan Jaime Andrade, cuando el Consejero indígena urbano, José Llancapán les expuso que lamentaba que los Lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin estuvieran siendo condenados en democracia con leyes que fueron elaboradas en dictadura. Agregaba el Consejero «Pido al gobierno que se desista de ser parte en las acusaciones judiciales en este tipo de temas, por que no podemos permitir que el hostigamiento del Estado de Chile y la iniquidad por parte de los Tribunales de Justicia sigan cometiendo excesos con nuestro pueblo».
Aprovechando la instancia Llancapán hizo entrega de una carta al mandatario a nombre de la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche, la que solicitaba en los mismos términos que el gobierno se margine de ser parte en el juicio que se iniciará el próximo lunes 13 de junio en Temuco, misiva que fue recibida por Lagos sin emitir mayor comentario.
La reunión trataba de tomar su curso original, sin embargo nuevamente se interrumpió cuando Ana Millaleo quien representaba en ese encuentro a la Asociación de jóvenes mapuche Wechekeche ñi Trawün de Santiago, se levantó y leyó una declaración, señalando en parte «Se le exige al gobierno desistir de formar parte de las acciones judiciales en los juicios que involucren a nuestros hermanos. El Gobierno chileno junto a la empresa forestal MININCO y el Ministerio Publico son parte acusatoria de este nuevo juicio que insiste en utilizar leyes que violan los derechos humanos de nuestro pueblo, como La Ley N° 18.314″. Continuaba …»Se le exige al gobierno atender y cumplir las reclamaciones y exigencias, de organismos internacionales, principalmente en lo relativo a terminar con la criminalización y judicialización de las justas demandas mapuche y a otorgar la amnistía a todos los prisioneros políticos mapuche».
Millaleo, también aprovecho la oportunidad para referirse al servicio militar obligatorio «Exigimos el derecho de nuestros jóvenes mapuche a la objeción de conciencia, regulada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (artículo 18), que Chile ratificó en 1972, que constituye para los jóvenes chilenos una opción antimilitar y antiviolenta frente al Estado. En el caso mapuche, constituye además un verdadero acto de reivindicación histórica y resistencia cultural».
La acción en la moneda formó parte de numerosas otras intervenciones y pronunciamientos que se han realizado en Temuco, donde el Consejo de Todas las Tierras, encabezado por su candidato presidencial Aucán Huilcamán, acudió a las dependencias del gobierno regional en Temuco, haciendo entrega de una carta donde se le pide desistir de ser parte del juicio y acatar las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas «quisiéramos que el gobierno asuma las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas, que -bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizada o penalizadas las legitimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas», indican en parte de la nota.
También en Temuco, representantes del pacto Juntos Podemos, quienes respaldan la candidatura del humanista Tomás Hirsh, entregaron una carta al Intendente regional el viernes 10 de junio solicitándole que el Gobierno desista de hacerse parte en las querellas a los Lonkos Mapuche, Pascual Pichun y Aniceto Norin, como así a otros luchadores del pueblo Mapuche hoy procesados por la Ley anti-terrorista, similar gestión se encuentran realizando los representantes máximos de este pacto ante el gobierno central en Santiago.