La sociedad civil chilena suele criticar al parlamento por la excesiva demora con que tramita las leyes sobre derechos humanos y profundización de la democracia. Este jueves el no gubernamental Observatorio Parlamentario presentó una encuesta que desnuda las tendencias y contradicciones de la Cámara Alta. «Para nosotros lo más importante es que la ciudadanía […]
La sociedad civil chilena suele criticar al parlamento por la excesiva demora con que tramita las leyes sobre derechos humanos y profundización de la democracia. Este jueves el no gubernamental Observatorio Parlamentario presentó una encuesta que desnuda las tendencias y contradicciones de la Cámara Alta.
«Para nosotros lo más importante es que la ciudadanía se informe y pida rendición de cuentas a sus parlamentarios», explicó a IPS Carolina Carrera, vicepresidenta de la no gubernamental Corporación Humanas.
Este año, en que se realizarán elecciones presidenciales y legislativas, «queremos ver la coherencia entre lo que los legisladores proponen y hacen», remarcó.
Además de la Corporación Humanas, el Observatorio Parlamentario lo integran el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la Fundación Ideas, el Centro de Estudios de la Mujer y la organización humanitaria internacional Oxfam.
La encuesta cara a cara, realizada a los miembros del Senado entre noviembre de 2008 y la primera quincena de este mes, clasifica a 13 senadores como «sumamente comprometidos» con los derechos humanos y la profundización de la democracia, a 11 como «altamente comprometidos» y a otros siete como «mediana o débilmente comprometidos», según sus respuestas a 10 preguntas.
El Senado chileno tiene 38 miembros, 36 hombres y sólo dos mujeres, que duran ocho años en el ejercicio de sus cargos.
Aunque aumentó el número de legisladores que contestaron la encuesta respecto a otros años, lo que fue valorado, el Observatorio considera inaceptable que todavía algunos se abstengan.
De total, se excusaron de responder siete senadores: cinco de la oposición derechista, conformada por los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), un congresista independiente y el democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex presidente entre 1994 y 2000 y actual precandidato a la primera magistratura por la alianza gobernante.
La centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, que gobierna Chile desde 1990, es integrada por los partidos Demócrata Cristiano (DC), Socialista (PS), Por la Democracia (PPD) y Radical Socialdemócrata (PRSD).
El ex presidente y actual senador Frei se disculpó diciendo que él nunca contesta encuestas y que precisamente en estos momentos está diseñando su nuevo programa de gobierno.
«Que uno no pueda saber la forma en que piensa el Congreso, que aprueba las leyes que nos rigen a todos, me parece terrible», dijo a IPS Mayra Feddersen, asistente ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales.
Aunque el tipo de urgencia (simple, suma o discusión inmediata) con que se discuten los proyectos de ley es definido por el Poder Ejecutivo, el Observatorio Parlamentario considera que muchas de las trabas que dilatan las votaciones son puestas por los propios congresistas.
La mayoría de los parlamentarios se muestra a favor del proyecto que establece que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados (28), así como del que crea la defensoría de las personas (28) y la iniciativa ciudadana de ley (24).
El Observatorio también consultó a los senadores sobre cómo votarían el proyecto que establece medidas contra la discriminación, específicamente sobre la instauración de una «acción judicial especial» para sancionar a los responsables de este tipo de actos, que se diferenciaría de los recursos de protección.
Veinte y ocho senadores respondieron afirmativamente a esa pregunta. Sin embargo, en la práctica se ve que la «acción judicial especial» no genera consenso y es uno de los factores que han obstaculizado la aprobación de esta norma porque muchos prefieren los recursos de protección, aseveró Feddersen. Por lo demás, este proyecto lleva casi cuatro años en el parlamento.
Esto hace dudar al Observatorio respecto de la respuesta dada por los senadores en relación a la defensoría de las personas, ya que ahí también se les consulta si votarían a favor o en contra de otorgarle a esta institución atribuciones de protección y defensa de los derechos humanos frente a todos los poderes del Estado, con un enfoque similar al de la «acción judicial especial». En este caso también 28 senadores contestaron a favor.
Para Feddersen, estos resultados demuestran que los senadores no conocen bien los proyectos que legislan.
En cuanto a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), hubo 25 votos a favor, dos en contra y cuatro se abstuvieron.
Al Observatorio le llamó la atención que los dos votos en contra correspondieran a las únicas dos senadoras en ejercicio: Evelyn Matthei, de la UDI, y Soledad Alvear, de la DC.
En torno a la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hubo 21 votos a favor, seis en contra (todos de la oposición derechista) y cuatro abstenciones. Pese a la mayoría, el proyecto lleva 10 años de tramitación parlamentaria, desde 1999.
Otra pregunta decía: «Frente a una iniciativa de ley de paridad, que obligue a los partidos políticos a incluir al menos 40 por ciento de mujeres en las listas de candidaturas a senadores/as y diputados/as, ¿cómo votaría?».
El resultado no fue muy sorpresivo: 14 contestaron a favor y 15 en contra: 10 de la oposición derechista, dos de la DC, uno del PRSD y uno del PPD, más un independiente. Dos senadores no contestaron.
Resulta contradictorio, según el Observatorio, que senadores que están contra de la ley de cuotas estén a favor del Protocolo de la Cedaw, que precisamente propone el establecimiento mecanismos de acción afirmativa para mejorar la participación de la mujer en la política.
En relación al aborto terapéutico, 13 senadores votaron a favor, 15 en contra y tres se abstuvieron de contestar. Llamó la atención del Observatorio que dos congresistas de la oposición derechista, Matthei y Sergio Romero, de RN, se mostraran proclives a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la madre o el hijo corren peligro.
Con base en las respuestas, el Observatorio realizó un ranking del compromiso de los senadores con los derechos humanos y la profundización de la democracia.
Todos los congresistas «sumamente comprometidos» (entre ocho y 10 respuestas afirmativas) pertenecen a la coalición gobernante, más un independiente.
Entre los «altamente comprometidos» (seis a siete votos a favor de las leyes propuestas) figuran cinco senadores oficialistas, dos independientes y sólo cuatro legisladores de la alianza derechista.
Los «medianamente comprometidos» (entre cinco y dos respuestas afirmativas) son sólo representantes de RN y la UDI.
El senador de la UDI, José García Ruminot, fue el único considerado «débilmente comprometido», ya que apoyó sólo dos de los proyectos consultados por el Observatorio.
IPS intentó, sin resultados positivos, comunicarse con Ruminot y con el resto de los senadores de los dos partidos de derecha que aparecen en el ranking.