Ender Rolando Contreras García, coordinador de la oficina de control interno de la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca (Enelar), fiscal del sindicato de trabajadores de la misma entidad y vicepresidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Arauca, se encuentra desde hace ocho meses en la cárcel sindicado falsamente de […]
Ender Rolando Contreras García, coordinador de la oficina de control interno de la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca (Enelar), fiscal del sindicato de trabajadores de la misma entidad y vicepresidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Arauca, se encuentra desde hace ocho meses en la cárcel sindicado falsamente de extorsión, concierto para delinquir y rebelión.
Antes de ser encarcelado, Ender denunció ante la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección de Anticorrupción, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Protección Social, una serie de irregularidades que afectaban notoriamente a las directivas de Enelar.
Las denuncias generaron persecución laboral en su contra y posteriormente un montaje judicial que motivó su captura. Al montaje se prestaron ex funcionarios de Enelar desvinculados en el proceso de reestructuración en el que participó Ender, su ex compañera sentimental y miembros de la Seccional de Policía Judicial (Sijín) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), órgano de la Presidencia de Colombia que hace funciones encubiertas de policía judicial y de inteligencia.
Ender es un prisionero político, detenido injustamente pese a las pruebas que demuestran su inocencia y las evidentes contradicciones en que incurren los testigos traídos por los funcionarios del DAS y la Sijín de Arauca, así como las inconsistencias de los informes de policía judicial, pruebas que la Fiscalía olímpicamente desechó.
En relación con el delito de rebelión, la fiscalía «olvidó» valorar las declaraciones de funcionarios y contratistas de Enelar, los estudios técnicos efectuados a cuatro CPU incautadas en dicha empresa, el acta del allanamiento practicado en la residencia de Contreras y la prueba documental que demostró la legal procedencia de 12 millones de pesos incautados, pruebas todas que dejan sin piso los informes y testimonios que señalan falsamente a Contreras como miembro de las FARC.
La detención de Ender Contreras es otro más de los miles de casos de colombianos detenidos arbitrariamente y encarcelados en aplicación de la «seguridad democrática», a quienes se les viola el debido proceso y principios universales como el de legalidad, la presunción de inocencia, la investigación imparcial, el derecho de defensa y el juicio justo.