Después de tres años de la firma del Acuerdo de paz, tanto la implementación como la reincorporación de exguerrilleros del antiguo grupo insurgente, han tenido fallas que se incrementan con el aislamiento obligatorio para contener el Covid-19. Al asecho están el virus y grupos armados. Ituango, en Antioquia, la región más convulsionada.
A los excombatientes que dejaron las armas para reincorporarse a la vida legal, apegados al Acuerdo de Paz, los agobian las amenazas y ataques de grupos armados, así como el temor a la pandemia generada por la expansión del Covid-19. Sus miedos los padecen en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las 73 Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) en todo el país.
Los ETCR son los espacios donde los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc entregaron las armas y comenzaron su tránsito a la vida legal. Los NAR, por su parte, son lugares espontáneos y de palabra, más no registrados ante el gobierno nacional, que se crearon buscando mejores condiciones de vida o porque no había entornos de seguridad donde estaban los ETCR. El caso más representativo, en ese sentido, es el de Mutatá, Antioquia, que concentra a excombatientes comprometidos con proyectos productivos.
La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) aseguró que el suministro de alimentos para los ETCR y los apoyos económicos para los excombatientes continuarán en medio de la emergencia económica y social derivada por la pandemia. Sin embargo, no hay mención sobre las NAR.
En una carta enviada el pasado 13 de abril por voceros de los ETCR y los NAR del suroccidente del país al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), le reclamaron por lo que calificaron como una actitud displicente frente a estas áreas.
“A la fecha, al menos en nuestra región, aglutina y representan más del 80% del proceso de reincorporación. En este tema en particular, después de más de dos años de la conformación de los mismos, aún no se les reconoce ni respeta como tal, ni tan siquiera en su derecho al abastecimiento, ya que a algunos no les llega y a los que sí les llega no se asimila en su cantidad ni calidad a lo acordado y decretado”, se lee en la misiva.
Además de la falta de abastecimiento, hay preocupación por la escasa sanidad e implementos para atender la emergencia que ha generado la expansión del Covid-19. Por el contrario, hay riesgo en la mayoría de estas zonas, pues no cuentan con agua potable para seguir los protocolos de limpieza; incluso, la mayoría de estos espacios están lejos de algún centro de salud.
La senadora Victoria Sandino, advirtió, una semana antes del inicio del Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el presidente de la República, Iván Duque, el pasado 23 de marzo, que los excombatientes no estaban preparados para cualquier eventualidad que generara el Covid-19 y citó algunos ejemplos específicos en una nota de prensa.
“En el caso del NAR El Diamante, en Meta, nos encontramos con la problemática de que el agua no es tratada”, precisó la Senadora. “La situación en La Macarena, también en Meta, es aún peor porque hay escases de agua. En Pondores (La Guajira), los servicios sanitarios son colectivos, ducha y sanitario son compartidos por lo menos de 6 a 7 familias. En el caso del NAR de San José de Leones, en Mutatá (Antioquia), no se tienen medidas de desinfección porque no tienen elementos para hacerlo”.
Además, se refirió al ETCR en Santa Lucía: “En el caso de Ituango, en Antioquia, la panadería, la huerta y el restaurante, tuvieron que cerrar. Y el abastecimiento, en esta zona en particular, no ha llegado para la cantidad de personas que viven allí, a sabiendas que el último censo se realizó a finales de enero de este año”.
La queja constante, ante esas advertencias, es que no han sido escuchados y les ha tocado, por cuenta propia y junto a las comunidades, buscar estrategias para prevenir los contagios.
En el ETCR de Caldono, en Cauca, hay 437 familias vinculadas al proceso de reincorporación y 547 niños. Sin embargo, dentro del Espacio hay sólo 150 familias, porque las otras están dispersas en doce municipios del departamento. El proyecto que allí se está realizando es un encadenamiento productivo compuesto por aguacate tipo Hass, producción piscícola, de cerdos, tomate de árbol y hortalizas y la iniciativa “Hilando la Paz”. (Leer más en: En el ETCR más atrasado del país no dejan de apostarle al proceso de paz)
Yan Carlos Moreno Flórez, excombatiente y representante legal de la Cooperativa Multiactiva Ecomún, Esperanza del Pueblo, en este ETCR, detalla el apoyo que han tenido de las comunidades aledañas: “Para nosotros, los cabildos han sido los garantes de la reincorporación colectiva en Caldono, ya que han sido ellos los que han acogido el personal, han puesto las tierras, garantizan parte de la seguridad y los que van reincorporando gradualmente las personas a las comunidades”.
Este ETCR tampoco cuenta con agua potable. Para prevenir la propagación del virus, están trabajando junto a la comunidad en los controles, haciendo los sumarios y usando la medicina tradicional del territorio.
“Como estamos en zona de resguardo indígena, estamos cooperando con el trabajo de la comunidad, estando en los puestos de control. Hemos recibido abastecimiento para 150 personas que están dentro del Espacio. Pero para el resto sí ha faltado las provisiones acordadas. Estamos haciendo por nuestra cuenta tapabocas para aportar”, afirma Moreno.
Uno de los ETCR que ha sido más exitoso con los proyectos productivos es el de Anorí, en Antioquia. Martín Batalla, artista y excombatiente, residente en este sitio, precisa qué tipo de iniciativas desarrollan allí.
“De ocho proyectos productivos que hay en el ETCR, sólo uno cuenta con apoyo directo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y con desembolso de los recursos pactados en el Acuerdo”, precisa Batalla.
Sobre los otros proyectos, indica, “son desarrollados con recursos propios de nuestra cooperativa o recursos aportados por la cooperación internacional. Algunos de esos proyectos son: Confecciones La Montaña –Voluntad de Paz-; galpón con 1.000 gallinas y producción de 800 huevos diarios; Miel de La Montaña –Voluntad de Paz-; proyecto de ecoturismo La Casa de la Vida; proyecto piscícola La Macarena, con la meta de producir 1 Tonelada de Tilapia mensual, pero que se encuentra actualmente parado por falta de acceso a la tierra”.
Pero con la crisis del Covid-19 todos esos proyectos están paralizados, incluso el de confecciones por el tema de transporte de insumos. “La salida a esa situación, unida a la necesidad de contribuir de forma decidida a la emergencia actual, es la producción de tapabocas, pues nos permite mantener el taller en actividad. Los primeros mil tapabocas producidos fueron donados al municipio de Anorí, junto con mercados con algunos productos producidos en el mismo ETCR para las familias más desprotegidas”, afirma Batalla.
Desde el inicio de la reincorporación, los incumplimientos por parte del gobierno nacional para muchos era mal síntoma; sin embargo, seguían apostándole a cumplir con lo acordado, como lo han hecho hasta hoy. Pero la incertidumbre más grande para los excombatientes en estos momentos, más allá de los incumplimientos o de la propagación del Covid-19, es el aumento de los asesinatos de sus compañeros que también estaban decididos por la vida civil. Y hasta en la cuarentena los han asesinado dentro de sus casas.
Para prevenir estos asesinatos, que ya suman 196 después de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició el trámite de medidas cautelares colectivas para excombatientes de Farc y miembros de la Fuerza Pública, que de estos últimos van 16 los amenazados.
Así lo hizo saber la JEP en un comunicado: “La JEP avocó de oficio el trámite de medidas cautelares colectivas para proteger la vida y la integridad física de los comparecientes. El trámite de esas medidas cautelares también busca emitir órdenes estructurales dirigidas a asegurar el derecho a la verdad plena y a la garantía de no repetición de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra”.
La comunidad internacional que respalda el Acuerdo de Paz y su implementación también se ha referido sobre la actual situación. “La paz en Colombia no puede ser, no debería ser, una víctima de esta pandemia”, afirmó Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia durante una reunión del Consejo de Seguridad que se hizo de manera virtual el pasado 14 de abril.
Y agregó: “El Covid-19 está afectando y seguirá afectando la implementación del Acuerdo de Paz y a las actividades de verificación de la Misión. Sin embargo, tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en su implementación”.
Ruta de reincorporación
En tres años y medio de implementación del Acuerdo de Paz, durante los cuales se han presentado altibajos, incumplimientos por parte del gobierno nacional, divisiones internas en el partido político que fundaron las Farc tras dejar las armas y el rearme de algunos excombatientes, este año se inició una nueva etapa en todo este proceso.
En noviembre de 2019 fue expedida la Resolución 4309 por la ARN, que creó la Ruta de Reincorporación que fue aprobada por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), representada por dos delegados de Farc y dos del gobierno nacional, que empezó a operar en enero de 2020. La creación de esta ruta tardó un año y ha generado algunos desacuerdos porque muchos excombatientes no se sienten representados allí.
Lo que más ha causado discrepancias es que esta Ruta no fue concertada ni incluida en las Economías Sociales del Común (Ecomún), la principal herramienta de reincorporación integral de exguerrilleros para hacer el tránsito a la vida legal en materia económica. Algunos representantes de Ecomún están buscando la manera de demandarla, incluso piden que no firmen el documento en los ETCR.
Ubaldo Zúñiga, presidente de Ecomún, cuenta que están buscando asesoría jurídica: “Es una ruta arbitraria, que no se consultó con los y las exguerrilleras, aunque se argumente que se aprobó en CNR, esa ruta es lesiva para los intereses de las personas en reincorporación”.
Además, expresa que la mayor dificultad que han tenido con Ecomún “son las visiones distintas al interior del consejo de administración, sobre el modelo de cooperativismo a construir y la dependencia o no de ésta al partido”. Y agregó: “Hay quienes creemos que debe ser una organización independiente y autónoma; y hay una parte, liderada por el gerente que se subordina a un sector del partido. Esto no ha permitido que la lucha por los intereses de los reincorporados se haga de la mejor manera”.
Aun así, lograron avanzar en la legalización y formalización de la organización como una cooperativa de primer nivel. A la fecha cuenta con 36 asociados naturales, 107 organizaciones de economía social y solidaria, en las que el 80 por ciento son cooperativas multiactivas. Existen diez organizaciones de mujeres, aunque ellas tienen participación en todas las cooperativas. Se han aprobado 51 proyectos de carácter colectivo y más de 1.500 individuales.
“Esto muestra la tendencia del gobierno de desarticular e impedir que avancemos en la apuesta colectiva que decidimos. La mayoría de los proyectos aprobados con los recursos de reincorporación están en etapa de implementación, bajo el entendido que el 90 por ciento son de carácter agropecuarios, es decir, del sector primario”, explica Zúñiga.
Otra de las quejas del presidente de Ecomún es que en la Ruta no quedó establecido el acceso a la tierra ni los recursos para implementarla: “Los proyectos que están hoy en funcionamiento están mediante arriendo, lo cual le quita la rentabilidad al proyecto productivo que se propone en cada caso”.
Temas como el enfoque étnico, la salud o el arte y la cultura también generaron malestar en algunos excombatientes y analistas que han estado profundizando en todo este proceso.
El senador Israel Zúñiga, quien era conocido en las antiguas Farc como ‘Benkos Biohó’, cuestionó durante en un conversatorio virtual el tema étnico plasmado en esta ruta de reincorporación: “Esa hoja de ruta no contempla un análisis que tenga en cuenta la visión y caracterización de los pueblos étnicos. Se enuncia, pero no se contempla. No podemos seguir pensando que con enunciar es suficiente”.
En cuanto al tema de salud de los reincorporados, María Alejandra Rojas, salubrista de la Universidad Nacional, y quien ha analizado el tema de sanidad en procesos de paz, dijo en el mismo conversatorio que “esta ruta rompe el carácter colectivo de la reincorporación al proponer como objetivo, en materia de salud, la afiliación individual al sistema de salud colombiano como único criterio. Es un sistema mercantil que se centra en la gestión de la enfermedad y no en la prevención”.
Muchos de los antiguos alzados en armas se especializaron durante la guerra en medicina, enfermería o primeros auxilios, lo que podría ser un avance para que los ETCR puedan tener la atención médica inmediata. Sin embargo, los que tenían este conocimiento se dedicaron a otras labores porque no tuvieron ofertas de formación.
Martín Batalla considera que esa ruta va en contravía de lo pactado en el Acuerdo de Paz: “Cuando uno lee el Acuerdo es muy claro que lo pactado es colectivo, a través de la economía cooperativa y solidaria, y las Farc-EP dieron una discusión muy fuerte en La Habana para que eso quedara así, y esos proyectos productivos colectivos, a medida que se fueran fortaleciendo, comenzaran a generar una economía alternativa y una forma diferente de relacionamiento en los territorios más afectados por el conflicto armado”.
Y al referirse al arte y la cultura, expresa que en la resolución 4309 no quedó plasmado, “como tampoco fue contemplado, ni se menciona en el Acuerdo de La Habana”.
Evocando el pasado, este excombatiente precisa que “las Farc-EP deron mucha importancia a los procesos artísticos y culturales al interior del movimiento armado; fue un elemento de cohesión interna de la misma organización, herramienta para la formación de los combatientes y fundamental para el trabajo de masas. Pero una vez llegada la etapa de negociación el arte quedó completamente relegado y los procesos artísticos olvidados”.
Dicha ruta está pensada para excombatientes que están en los ETCR, que se habían concebido como un espacio temporal que finalizaba en agosto de 2019, pero el gobierno nacional los prorrogó un año más. Según se pudo constatar, en estos lugares el número de personas es reducido, pues muchos han tenido que abandonarlo y buscar otros lugares más seguros o mejores condiciones económicas.
El registro nacional de reincorporación, realizado por la ARN en 2019 y aplicado a 11.700 excombatientes, precisa que 2.689 están en ETCR y 9.049 están por fuera de ellos, en 430 municipios del país. En Bogotá hay 655 personas; en Villavicencio son 211; en Cali 206 y en Medellín 202 en proceso de reincorporación.
En un análisis que publicó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre reincorporación, en diciembre de 2019, analizó los desafíos para que esta ruta llegue a buen término y llamó la atención sobre varias de las dificultades que enfrenta el proceso.
“En primer lugar, está la estabilidad territorial de los excombatientes, que se ve incierta; luego, su dispersión en más de 400 municipios; las dificultades para desarrollar proyectos productivos de manera colectiva frente al avance de proyectos individuales y el deterioro de la seguridad”, planteó este centro de pensamiento.
Además, advirtió sobre la estigmatización y la tímida responsabilidad compartida ente el gobierno nacional y las Farc, “ya que el primero ha hecho esfuerzos en política pública que deben ser desarrollados y evaluados, y las FARC se enfrentan a una fragmentación interna que puede generar tensiones y desgaste institucional. Por último, está la necesidad apremiante de diseñar la ruta de reincorporación a largo plazo, lo cual es indispensable para condicionar y hacer seguimiento a los beneficios económicos y sociales entregados a los excombatientes”.
Diáspora en algunos ETCR
Cuando los guerrilleros del Frente 18 de las Farc decidieron dejar las armas, buscaron un lugar tranquilo para iniciar su proceso de reincorporación. En condiciones adversas llegaron a la vereda Santa Lucía, a dos horas de la cabecera municipal de Ituango, en Antioquia. En un terreno empinado lograron montar sus carpas.
Ese febrero de 2017 ellos mismos denunciaron que los alimentos les estaban llegando en mal estado y temían por sus vidas. Manuel González, conocido en la guerra como ‘Elmer Arrieta’, dijo en ese entonces: “Si hay incumplimientos ahora que aún tenemos las armas, ¿cómo irá a ser cuando las entreguemos?”.
Fue una premonición que no era difícil de creer, pues muchos sectores sociales y políticos estaban, desde el principio, en desacuerdo con el proceso de paz. Al mismo Manuel González le asesinaron a su hijo Manuel Antonio, de 33 años de edad, quien nació en la guerra, pero que también había optado por conocer la legalidad. El asesinato se perpetró a 15 minutos de la cabecera de Ituango, el 13 de diciembre de 2019.
En ese ETCR van 12 excombatientes asesinados. El último fue en enero de este año. Razón por la cual 65 familias, de las 80 que viven allí, habían tomado la decisión de dejar el espacio, aún sin saber a dónde llegar. Por eso el 14 y 15 de marzo de este año la Comisión de Paz de la Cámara y del Senado, decidieron hacer una audiencia pública en Santa Lucía.
El 14 de marzo, a las 2 de la mañana salió una caravana desde Medellín para acompañar dicha audiencia, que iniciaría a las 9 de la mañana, cuando 15 congresistas arribaran al lugar en un helicóptero. Sin embargo, tanto la comunidad, como excombatientes y caravana se quedaron esperándolos, porque por decisión del presidente Duque, todos los helicópteros tuvieron que ser enviados a la frontera con Venezuela. El país comenzaba su carrera para contener al Covid-19.
Pese a ello, se realizó una especie de asamblea donde los excombatientes expresaron sus preocupaciones. Allí llegó uno de los exguerrilleros más antiguos de las Farc, Óscar Úsuga Restrepo, conocido en la guerrilla como ‘Isaías Trujillo’, quien duró 46 años alzado en armas y fue el comandante del Bloque Efraín Guzmán. Sus palabras para el público fueron sentidas.
“A mí, de nueve años, me tocó vivir la guerra del 48 y de ahí, hasta aquí, más guerra sin parar. Los compañeros de aquí se tienen que ir y no se para dónde. Nadie quiere morir, lo cierto es que aquí hay una situación delicada y que duele mucho. Ni en la guerra se sufrió tanto. Nosotros no podemos dejarle a todos los niños de Colombia el sufrimiento que nosotros vivimos”, expuso Úsuga.
Y los mismos excombatientes se preguntaron allí si las ciudades como Medellín o Bogotá estarían preparadas para recibir estas familias, si tendrían lugares para alojarlos, o serían unos desplazados más que llegarían a habitar las calles.
Gustavo Rivera, conocido en la guerra como ‘Agustín Ramírez’ y excomandante del del Frente 18, está hoy al frente del ETCR de Santa Lucía. Expresó en esa asamblea su angustia ante la falta de garantías económicas y de seguridad: “Nos duele salir porque aquí habíamos iniciado otra vida con familias, mejoramiento de casas y empezando con un patrimonio familiar. Pero aún no tenemos predios para irnos ni protocolos para el traslado”. No obstante, se decretó el Aislamiento Obligatorio Preventivo y el problema que afrontaban se frenó por culpa del Covid-19.
Lo que no ha tenido contención es la violencia. El pasado 17 de mayo les llegó una amenaza, por parte de grupos armados, diciendo que, si en siete días no salen la Policía y el Ejército de la vereda Santa Lucía, los excombatientes deben desalojar el ETCR y los campesinos la vereda completa. La intimidación generó un grave escenario de vulnerabilidad, agravado por la pandemia.
Edilberto Gómez, dirigente de la Asociación de Campesinos de Ituango (Ascit) quien asistió a la asamblea de marzo pasado, expresa su preocupación con la situación y detalla un panorama crítico en este municipio del norte de Antioquia.
“Los campesinos no somos futuristas, pero veíamos que algo andaba mal. Sabíamos que el gobierno nacional no iba a cumplir. Nos dejó abandonados. Ahí se metieron los otros grupos armados que se querían posicionar en este territorio. En la vereda Pascuitá está el Clan del Golfo (autodenominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Un viernes a las 7 pm dijeron que necesitaban a la comunidad, la citaron a una reunión, le avisamos a la Policía, ellos llegaron el sábado en la tarde y así en muchas veredas”.
La situación es tan compleja que el pasado martes, tanto los voceros del ETCR de Santa Lucía como representantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda enviaron un mensaje urgente a las autoridades nacionales, encabezadas por el Presidente de la República, para que activaran de inmediato una alerta temprana y se tomaran medidas de protección para los excombatientes y las comunidades campesinas. Además, anunciaron que no abandonarían la región.
“La actual situación y el hecho de no tener un lugar con garantías donde llegar, nos ha llevado tanto a las personas en proceso de reincorporación del ETCR como a la comunidad campesina que habitamos en la vereda, a tomar la decisión, con todos los riesgos en cuanto a la vida y la integridad que esto conlleva, de no abandonar el territorio y resistir hasta que el gobierno restituya los derechos y la tranquilidad de nuestras comunidades, copando la zona no solo militarmente, sino con toda la institucionalidad requerida y llevando a todos los habitantes de este territorio una seguridad integral”. (Ver texto completo)
Lo que ocurre en esta región de las montañas del norte de Antioquia se ha venido advirtiendo desde comienzos de año. En un reportaje, de febrero pasado, este portal llamó la atención sobre las críticas circunstancias que se viven en el ETCR de Santa Lucía y sus comunidades vecinas. (Leer más en: Desmovilizados de las Farc en Ituango, bajo todos los fuegos)
De la selva a la realidad
El 1 de febrero de 2017 no fue un día cualquiera para 130 guerrilleros que llevaban internados en las selvas de Chocó gran parte de sus vidas. El antiguo Frente 57 de las Farc, desde días atrás estuvo desmontando sus caletas, empacando las pertenencias que habían logrado conseguir en los días en que se acercaba la paz. No eran pocos los cachivaches; tenían baldes, platos, colchonetas, sillas, mesas y cientos de cosas que empezarían a usar en sus nuevas vidas.
Hasta la madera con que habían elaborado ranchos provisionales en el Punto Transitorio de Normalización (PTN), la cargaron para construir sus casas. Ubaldo Zúñiga, conocido como ‘Pablo Atrato’ en las filas guerrilleras y quien era parte del Estado Mayor del Frente 57 en ese entonces, dijo que se la llevaban porque sabía que la iban a necesitar.
Y efectivamente, a donde llegaron no había nada construido ni el gobierno nacional había entregado materiales; además, era época de lluvia. Iban para la Zona Veredal Brisas, ubicada entre los municipios chocoanos de Riosucio y Carmen del Darién.
El día anterior salió una lancha maderera de unos 22 metros de largo cargada con todo el trasteo por el río Pogue, ubicado en las entrañas de Bojayá. Desde tempranas horas de ese primer día de febrero, la cocina emanaba aromas que producían hambre.
Una de las alzadas en armas había dicho que llevarían fiambres para el camino, porque era largo. Incluso a la periodista le empacaron uno de esos que salvó la jornada. A las 9 de la mañana fue la salida que estuvo custodiada por el sistema tripartito de monitoreo, compuesto por representantes de la ONU, del Ejecutivo y de las Farc.
Ese día llegaron 19 pangas que se encargarían de hacer el traslado. El recorrido, que empezó desde el corregimiento Pogue, hasta Riosucio, finalizó a las 5 de la tarde. A los bordes de los ríos, todas las comunidades salieron a observar el momento histórico que les estaba tocando vivir.
Las pangas estaban numeradas y así debía ser el orden de salida. Pero más adelante cuando desembocaron en el río Atrato, se desordenaron y parecían apostando carreras. Después, algunos comentaron que esas pangas pertenecían a paramilitares que las habían alquilado al gobierno. La llegada a tierra fue desoladora. La Zona Veredal quedaba a media hora en bus, por lo que la ONU dijo que de noche ya no podían hacer el traslado. Ese día sólo recibieron una comida.
En medio de una playa, al lado del río Curvaradó, en la vereda Brisas, tuvieron que pasar la noche, improvisando cambuches y ya en unas condiciones muy distintas a la guerra; con niños y trasteo incluidos. Todos aún cargaban sus armas, por lo que sentían alguna seguridad, en ese lugar alguna vez se habían enfrentado con paramilitares. Esa noche hubo tensión. Llegaron muchas personas desconocidas a rondar el lugar y a las 2 de la mañana arribaron unas personas alicoradas a intentar perturbar a los recién llegados. Hasta una serpiente venenosa los alertó.
Nadie durmió esa noche. Al siguiente día fueron trasladados a la Zona Veredal ya pasado el mediodía. Allí fueron dejados en medio de plataneras y árboles, ni una sola construcción en el lugar donde iniciarían todo el proceso de reincorporación. Montaron carpas y de ahí en adelante empezaron con la construcción de sus nuevos hogares.
De los 130 excombatientes que llegaron aquel 2 de febrero a Brisas, hoy sólo quedan 82 y hay 36 casas. Cuentan con una cancha de fútbol gestionada por ellos mismos, una sastrería, tres aulas de estudio y una pequeña escuela, con capacidad para 25 niños. Tienen, además, una cooperativa y están realizando proyectos de piscicultura y siembra de plátano.
Allí se realiza el festival de artes escénicas Selva Adentro, que va en su tercera versión, liderada por la Red Cepela y la Escuela de Danza Bailes Afroantillanos, ambos de Medellín y en apoyo con diferentes organizaciones artísticas nacionales y de la región.
Una de las quejas actuales es que no cuentan con condiciones de salubridad ni agua potable para prevenir cualquier contagio por Covid-19. “Es una situación compleja, en esos sitios la gente trata de llevar una vida sin muchas medidas y eso es muy peligroso, ya que el tema de salud en esas zonas como conocemos es muy precario, muchos siguen desarrollando sus actividades y el gobierno nacional lleva algunos alimentos, pero el problema es que hoy el 75% de los reincorporados ya no están en los ETCR”, afirma Ubaldo Zúñiga.
El drama de las mujeres
Deisy Johana Guzmán estuvo en la guerrilla durante 19 años e ingresó por cuenta propia siendo una adolescente. “Éramos once hermanitos. Vivíamos con mis padres en la vereda Cruces del Termal, a diez horas de Dabeiba (Antioquia). No había escuela y éramos muy pobres. Veía la guerrilla pasar y me daban muchas ganas de irme”.
El nombre que adoptó fue el de ‘Liney’, y asegura que esos primeros días fueron difíciles para adaptarse: “No estaba acostumbrada a la disciplina, las caminatas largas, o a cargar cosas pesadas”. En la guerrilla aprendió a leer y escribir.
Deisy ingresó al Frente 34, después estuvo en el Frente Aurelio Rodríguez, y empezando los diálogos de paz, estuvo en la unidad de guardia de ‘Pastor Álape’. Recorrió departamentos como Antioquia, Chocó, Córdoba, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. Una de las caminadas largas que recuerda fue cuando se trasladaron de la parte baja del Chocó hacia el Valle del Cauca, un mes de camino.
Se volvió una mujer enérgica y algunos la recuerdan cargando bultos pesados sin dificultad: “Hombres y mujeres hacíamos las mismas labores sin discriminación. Así se adquirió esa fortaleza”.
La guerra la marcó y reconoce que tiene pesadillas cuando evoca esos recuerdos. Uno de los momentos difíciles que vivió fue la pérdida de un embarazo que estaba por los tres meses, en un asalto que les hizo el Ejército Nacional. “Y la pérdida de mis dos hermanos y un cuñado que los asesinó el Ejército. La pérdida de muchos compañeros en los bombardeos”. Luego tuvo un bebé que entregó a la familia del padre, a los tres meses de nacido, porque su familia había sido desplazada y no sabía nada de ellos.
Deisy llegó hasta el grado militar de comandante de escuadra: “era un hombre o mujer que se en cargaba de mandar a 11 unidades, también se le llamaba unidad básica, por ser el grupo más pequeño dentro de la estructura orgánica”. Llegó a ser oficial de servicio y comandante de guardias.
Esta excombatiente está en proceso de reincorporación. Cuando sabía que iba a volver a la legalidad, lo que más deseaba era encontrarse nuevamente con su hijo, que algunas veces se lo llevaban de visita, pero no podía quedarse con ella. “Con la paz me acerqué más a él y a mi familia, que hacía diez años no los veía. Fue muy lindo, me recibieron con mucho amor y apoyo”, expresa.
Lo primero que hizo Deisy al empezar el proceso de reincorporación fue estudiar y hacer la primaria, que con orgullo dice que ya terminó. Hace parte del partido Farc y está viviendo en una vereda con su nuevo compañero sentimental. No se quedó en el ETCR porque quería estar cerca de su familia. Quiere seguir estudiando.
Sabe que no volverá a la guerra, pero no ha sido fácil adaptarse a la nueva vida: “Me ha tocado pasar necesidades por el incumplimiento de los acuerdos, mucha inseguridad, cada que asesinan un excombatiente me siento amenaza. Por otro lado, no tengo empleo. Se dan cuenta que uno es un reincorporado y no le dan trabajo”.
Ante esa cruda realidad, la senadora por el partido Farc, Victoria Sandino, ha reiterado en diversas ocasiones que en el proceso de reincorporación hay una reclandestinización de la mujer: “Tienen que negar que han sido guerrilleras. Les dan cursos de cocina, arreglo de uñas, cría de gallinas. No hay una oferta real para las mujeres distinta a lo convencional. Los hombres tienen otras ofertas más amplias. La mayoría de ellas está al cuidado del hogar, no a formarse. Ellas son estigmatizadas por redes sociales más que los hombres”.
Y las mismas mujeres excombatientes han denunciado que muchos hombres, al salir de las filas guerrilleras, adoptaron prácticas machistas que no se aplicaban cuando las Farc estaba en armas, por eso ellas están haciendo una campaña para mantener estas prácticas de respeto, trabajo conjunto y solidaridad entre todos. Todo ello en medio de las angustias que generan la estigmatización, la violencia en su contra y el letal virus del Covid-19.