La política contemporánea no se libra únicamente en los territorios ni en los mercados, sino también en una superficie menos visible donde las palabras operan como dispositivos que anticipan y organizan lo posible. Cuando Donald Trump y Gustavo Petro intercambiaron declaraciones en torno a Venezuela, el narcotráfico y la soberanía, y cuando ese registro se desplazó posteriormente hacia la conversación telefónica y el anuncio de un encuentro, no asistimos a una simple oscilación de estilos diplomáticos, sino a un movimiento más profundo en el que el discurso se reorganiza para producir un nuevo campo de acción. En ese tránsito, que va de la amenaza a la cooperación, se perfila la posibilidad de un acuerdo que, bajo la retórica del combate al narcotráfico, habilite la intensificación de dispositivos contrainsurgentes, legitime una forma específica de gestión gubernamental y abra condiciones políticas para la reorganización de territorios estratégicos en beneficio de intereses que rara vez se nombran de manera explícita.
La hipótesis que atraviesa este análisis sostiene que el eventual pasaje hacia mecanismos de colaboración internacional contra el narcotráfico no constituye una ruptura con la lógica del conflicto, sino su transformación en una modalidad más administrable y, precisamente por ello, más eficaz. En este desplazamiento, la guerra se reescribe como seguridad, la intervención como cooperación y la confrontación como gestión, de modo que la violencia estructural se presenta bajo un lenguaje técnico que la vuelve compatible con el orden institucional y con los consensos dominantes. La palabra cooperación, lejos de neutralizar la amenaza, la estabiliza y la integra en un horizonte de políticas que, al tiempo que prometen control y gobernabilidad, preparan el terreno para la profundización de prácticas contrainsurgentes cuya función histórica ha sido reordenar territorios, disciplinar poblaciones y asegurar condiciones favorables para determinadas formas de acumulación.
El discurso no puede ser comprendido como un mero reflejo de intereses previos, sino como un campo productivo donde se fabrican objetos, sujetos y regímenes de verdad. Cuando Trump instala la figura del narcotráfico como principio explicativo de la región, y cuando la asocia con Estados, territorios y recursos, no está describiendo una realidad exterior, sino produciendo un objeto político que exige administración. En ese gesto se anticipa una racionalidad de gobierno que concibe amplias zonas del Sur como problemas de seguridad y que, por tanto, demanda intervenciones multilaterales, acuerdos operativos y reconfiguraciones institucionales. El narcotráfico deja de ser un fenómeno delimitado para convertirse en una gramática que organiza lo decible, y en esa gramática se inscriben tanto la legitimidad de las acciones futuras como las jerarquías implícitas entre quienes nombran el problema y quienes son nombrados por él.
Las primeras respuestas de Petro, orientadas a reubicar la discusión en el terreno de la soberanía y la autodeterminación, pueden leerse como un intento de disputar ese encuadre, introduciendo un lenguaje que apela a la dignidad estatal y a la necesidad de un trato no subordinado. Sin embargo, esa defensa, aun cuando introduce un contrapunto político relevante, se despliega dentro de la misma matriz moderna de la soberanía estatal, en la que el Estado aparece como sujeto privilegiado de la política y como garante último de la legitimidad. Al hacerlo, corre el riesgo de reinscribirse en un régimen discursivo que separa lo interno de lo externo, lo político de lo social y lo estatal de lo popular, produciendo una imagen de unidad nacional que tiende a ocultar las fracturas materiales y las relaciones de poder que atraviesan a la sociedad. La soberanía invocada funciona entonces no solo como barrera frente a la injerencia, sino también como dispositivo de cohesión simbólica que neutraliza tensiones internas y las desplaza hacia un exterior amenazante, donde el enemigo resulta más fácilmente administrable.
Este marco resulta decisivo para comprender el giro posterior hacia el registro diplomático, donde las amenazas abiertas son sustituidas por gestos de diálogo y promesas de cooperación. Lejos de expresar una superación del conflicto, este cambio de tono señala una mutación estratégica mediante la cual los términos del enfrentamiento son integrados en un lenguaje de gestión. La conversación entre mandatarios no suspende la problemática del narcotráfico ni las tensiones regionales, sino que las reordena bajo la forma de una colaboración que presupone consensos básicos sobre qué debe ser controlado, cómo debe ser intervenido y quiénes están habilitados para dirigir ese proceso. En ese movimiento, se consolida un suelo común desde el cual se vuelve pensable la implementación de nuevos mecanismos de seguridad compartida, mecanismos que tienden a desplazar la discusión desde las causas estructurales hacia los procedimientos técnicos.
Es en este punto donde la hipótesis contrainsurgente adquiere su peso específico. La historia latinoamericana muestra que las políticas contra el narcotráfico han funcionado reiteradamente como dispositivos expansivos de contrainsurgencia, en la medida en que han permitido la articulación de fuerzas militares, judiciales, económicas y comunicacionales orientadas no solo a neutralizar redes ilegales, sino a reordenar territorios y disciplinar poblaciones. Bajo la retórica de la seguridad, se han desplegado prácticas de control que atraviesan movimientos sociales, economías locales y formas de organización comunitaria, produciendo un campo en el que la disidencia política, la autonomía territorial y la protesta social tienden a ser absorbidas en un lenguaje de amenaza interna que justifica su vigilancia o neutralización.
Desde esta perspectiva, la posibilidad de una nueva colaboración internacional no debe leerse únicamente como un esfuerzo técnico, sino como la apertura de un marco de legitimación que permite intensificar y actualizar estas prácticas bajo un ropaje progresivamente institucional. La contrainsurgencia ya no se presenta necesariamente como guerra interna, sino como política pública de estabilización, donde la militarización puede coexistir con programas sociales, discursos de paz y narrativas de desarrollo. Esta combinación produce un efecto de normalización mediante el cual el control se vuelve menos visible, aunque no menos profundo, y donde la intervención se reviste de un lenguaje que la hace políticamente aceptable incluso para sectores que históricamente la han cuestionado.
Este proceso se articula, a su vez, con la dimensión económica del reordenamiento. La estabilización territorial, presentada como condición para el combate al narcotráfico, se convierte también en condición para la apertura de escenarios de inversión, extracción y reorganización productiva. Allí donde la inseguridad era invocada como obstáculo, la seguridad se erige como promesa de desarrollo. Sin embargo, ese desarrollo tiende a orientarse hacia formas de explotación de recursos naturales y reconfiguración de economías locales que responden a las necesidades del gran capital, tanto nacional como transnacional, lo que sitúa a la política de seguridad en el corazón de una disputa material por el control del territorio y de la riqueza social.
En este entramado, el discurso del gobierno colombiano adquiere una función particularmente compleja. La eventual articulación de una política de cooperación contra el narcotráfico permite construir una narrativa de eficacia y responsabilidad internacional que puede ser utilizada para producir un balance positivo de gestión, reforzando una imagen de gobernabilidad que resulta funcional tanto en el plano interno como en el externo. El fortalecimiento de capacidades de seguridad, la reducción de ciertas violencias visibles o la estabilización de regiones específicas pueden ser presentados como indicadores de éxito, incluso cuando esos procesos impliquen la profundización de dispositivos de control y la subordinación de dinámicas locales a proyectos extractivos o logísticos de mayor escala. La legitimación gubernamental no se juega únicamente en el terreno electoral o comunicacional, sino en la capacidad de inscribir sus acciones en un régimen de verdad que las vuelva necesarias, inevitables y políticamente responsables.
Este movimiento revela cómo el poder no se ejerce solamente a través de la prohibición o la coerción directa, sino mediante la producción de racionalidades que organizan la percepción de los problemas y delimitan las soluciones pensables. La cooperación internacional, al presentarse como respuesta técnica a un mal identificado, construye un horizonte en el que otras alternativas quedan desplazadas o deslegitimadas. El combate al narcotráfico se convierte en evidencia incuestionable, y en torno a esa evidencia se reagrupan saberes, instituciones y prácticas que reconfiguran el campo político, reduciendo la posibilidad de imaginar respuestas que no pasen por el control, la militarización y la gestión vertical del territorio.
Lo que se pone en juego, entonces, no es simplemente la relación entre dos mandatarios ni la orientación coyuntural de una política exterior, sino la consolidación de un régimen discursivo donde soberanía, seguridad y desarrollo se articulan de modo tal que la contrainsurgencia pueda operar bajo formas renovadas. La domesticación del discurso crítico, que se produce cuando la defensa de la soberanía se integra en marcos de cooperación jerárquica, muestra cómo los gestos de autonomía pueden ser reabsorbidos por estructuras de poder más amplias, convirtiéndose en piezas funcionales de un orden que se pretendía disputar y que ahora se gestiona desde dentro.
Desde esta óptica, el análisis del discurso se vuelve una práctica política en sentido fuerte, pues no se limita a describir lo dicho, sino que busca desarmar las condiciones que hacen posible que ciertos enunciados produzcan efectos tan profundos. Interrogar el tránsito de la amenaza a la cooperación implica interrogar la manera en que el conflicto se transforma en gestión, y cómo esa gestión, al tiempo que promete estabilidad, reorganiza territorios, economías y subjetividades bajo una racionalidad que privilegia el control y la acumulación. La pregunta que queda abierta no es si habrá o no colaboración, sino qué tipo de orden se consolidará a través de ella y quiénes pagarán el costo político y social de ese reordenamiento.
En un mundo atravesado por asimetrías estructurales, toda política de seguridad compartida corre el riesgo de reproducir jerarquías existentes y de traducirlas en dispositivos cada vez más sofisticados. Comprender esto exige desplazar la mirada desde los gestos visibles hacia las lógicas profundas que los sostienen, y reconocer que allí donde el discurso se presenta como solución, también está operando como forma de poder. Solo en ese nivel puede pensarse una crítica que no se limite a disputar palabras, sino que apunte a transformar las condiciones que las hacen necesarias.
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