El Índice de Paz Global (IPG[1]) mide el nivel de paz y ausencia de violencia en un país. Colombia y Venezuela resultan ser los mas violentos de América (datosmacro.com) y Chile y Uruguay los mas pacíficos. En el mundo el país con mejor índice es Islandia, seguido de Dinamarca, Austria, Nueva Zelandia y Portugal, que […]
El Índice de Paz Global (IPG[1]) mide el nivel de paz y ausencia de violencia en un país. Colombia y Venezuela resultan ser los mas violentos de América (datosmacro.com) y Chile y Uruguay los mas pacíficos. En el mundo el país con mejor índice es Islandia, seguido de Dinamarca, Austria, Nueva Zelandia y Portugal, que superan de lejos las condiciones determinadas por variables que califican en un 60% lo que ocurre adentro de cada país y en un 40% sus relaciones con el exterior. Siria, Iraq y Afganistán -sometidas a implacables invasiones- aparecen como los países mas violentos.
Las variables principales del IPG miden entre otros el grado de militarización de la sociedad; el numero de muertos en la guerra interna; el nivel criminalidad percibida en la sociedad; el número de desplazados y refugiados en otros países por unidad de población; nivel de respeto por los derechos humanos (escala de terror político); número de homicidios; probabilidad de manifestaciones violentas; número de personas encarceladas; número de agentes de policía, efectivos militares y cuerpos de seguridad; gasto militar en relación al PIB y relación de riesgo hacia estados limítrofes.
En la ultima década la paz se ha deteriorado en 78 países y producido leves mejorías en 81. Han aumentado los conflictos y el numero de muertes por año, que entre 2010 y 2015 pasó de 49.000 a 180.000, y los refugiados y desterrados superan 65 millones de personas. El impacto económico a causa de la violencia ascendió a 14,3 billones de dólares, que equivalen al 13,4 por ciento del PIB global, con detrimento en la realización de derechos al agua, alimentos, salud, integridad personal.
En América Latina mejoraron los términos de paz con la desmilitarización de nuevos países centroamericanos, que ya no tienen fuerzas militares -Panamá, Costa Rica, Granada, Dominica, Haití, Barbados- y porque se mantiene la continuidad de esfuerzos de reconciliación por procesos de paz negociada que reciben el respaldo de misiones de apoyo de la ONU. Sin embargo, aunque mejoró la tranquilidad, no hay mejoras materiales notables en las condiciones de vida colectiva, a pesar de que las economías son crecientes. Se han vuelto más ricos los países, pero la riqueza se ha concentrado sin propensión a eliminar la desigualdad y la corrupción que no se detiene desde 2005 [2] provocando sufrimiento y carencias en comunidades enteras que sobrevivan sin electricidad, sin carreteras, sin centros de salud, sin escuelas o sin maestros, sin alimentos, sin agua, sin trabajo, sin derechos, acosadas por el poder y a merced de avaros empresarios locales al servicio del gran capital, cuyas vallas publicitarias, de no mas de 10 transnacionales se repiten en todos los países y regiones.
En el IPG de América Latina, Venezuela -conducida por el capital hacia un golpe de estado por vía de la ley- y Colombia cercana a firmar un acuerdo de paz se disputan el lugar mas vergonzoso. A Venezuela le queda la resistencia popular y a Colombia la oportunidad de salir de la guerra. La entrada a la Paz real exige del estado y la sociedad toda su capacidad y potencial humano para superar la alta tasa de homicidios superior a 26 asesinados por cada cien mil habitantes; mejorar el bajísimo índice de seguridad social calificado con 3.6 (1 el mas alto y 5 el mas bajo); eliminar la infame corrupción también calificada con 3.6; reducir el desproporcionado gasto militar; disminuir el insostenible numero de efectivos militares -que no puede ser igual en épocas de guerra y de paz-; eliminar la criminalidad violenta común y paramilitar; superar el desplazamiento forzoso -el mas alto del mundo- y reducir el numero de población en exilio, asilo y refugio cercana al 10%; eliminar las violaciones a derechos humanos por agentes estatales; reducir la desigualdad y reorientar el PIB de la guerra; y rediseñar la política de riesgo latente a sus vecinos por la presencia de 7 bases militares extranjeras.
La Paz real le implica a Colombia salir del puesto 147 entre163 en el IPG, que ocupa entre el Líbano y Palestina -devastadas por la guerra, incluso borradas del mapa [3] -y muy cerca a Sudan, Nigeria y Somalia -presentadas por los medios como países barbaros y fallidos- pero además debe salir del puesto 83 en corrupción y del 9 con mayor presupuesto del mundo asociado a contener la violencia, al gastarse el 18% del PIB, que equivale a que cada persona ‘pierde’ 2.353 dólares anuales -similar a lo que recibe durante año un trabajador de salario mínimo- (portafolio.co, 06/ 2015).
Ganar el SI para empezar a dejar de ser un país paria
El lugar ocupado en el IPG es el de un país paria, peligroso y bárbaro y la guerra interna ha sido uno de sus grandes desastres. Ahí radica el sentido para que el acuerdo de Paz supere la prueba del Sí electoral del plebiscito, para empezar a abandonar la condición de país paria, devastado y disponible para el saqueo total. El estado es el responsable de emprender cambios efectivos para forjar una tendencia de paz real que aumente constantemente, contribuya al desarrollo humano y elimine la pérdida de cientos de miles de millones de pesos dedicados a la muerte y los ponga en función de la vida, el bienestar y favorezca la atención a las victimas, la memoria, los territorios y la democracia.
Abandonar la condición de país paria exige modificar uno a uno los indicadores del IPG, que no mejoran solo con desarmar a una insurgencia o usar una retorica de paz meramente conceptual no ligada a la realidad material. Los lazos sociales están desarticulados y persiste una alta concentración del poder político y la riqueza que constituyen los principales obstáculos a remover por parte del estado que queda obligado a pensarse como un estado moderno, civil, laico y verdaderamente social de derecho, con poderes públicos y de control independientes e instituciones adecuadas para atender las urgencias materiales de la sociedad y adecuar la fuerza publica para actuar sin violar derechos.
Para alcanzar un IPG aceptable -que ronde al menos el puesto cien- el estado tendrá que profundizar la tendencia de mejorías alcanzadas con el desescalamiento militar del conflicto y contrarrestar la violencia común, cuyo tratamiento difiere de las técnicas y equipamiento de guerra. Es destacable que durante la negociación del conflicto armado se generó ya una notable reducción de las devastadoras cifras y avanzó el respeto por la vida. En 2006 hubo 527 secuestros y 213 en 2015; en 2007 hubo 26 homicidios colectivos (masacres) y 13 en 2015; En 2007 entre los militares hubo mas de 2550 heridos y 500 muertos y en 2015 se redujo a 2000 heridos y cerca de 200 muertos y cifras similares en la insurgencia (Informe: Logros de Política de Seguridad, Mindefensa, junio de 2016). En el campo -lo rural- en 2015 ocurrió solo el 20% del total de asesinatos [4], lo que anuncia un escenario de violencia sin participación insurgente. En contrario ha crecido la criminalidad común asociada a mafias, corrupción e inequidades, con expresiones en el robo de vehículos que de 18000 en 2007 pasó a 35000 en 2015 (aprox 100 por día); hurtos comunes (residencias, comercio, personas) que de 84131 en 2007 pasaron a 144931 en 2015; robo de celulares por mes que aumentó de 120000 a 150000; hurtos a bancos que pasaron de 70 a 120. Los delitos sexuales no ajenos a la degradación social y sentido patriarcal de sociedad, crecieron de 7139 en 2007 a 21597 en 2015 y la violencia intrafamiliar se triplicó de 20211 casos denunciados en 2007 a 75480 en 2015.
Alcanzar un IPG en condiciones de paz, exige poner en evidencia las diferencias materiales entre la Guerra y la Paz, eliminar la solución a conflictos ligada a violaciones a derechos y confrontar a los sectores que alientan odios y violencias, modificando el modelo de sociedad militarizada y de justicia punitiva de venganza e impunidad para afianzar una nueva relación sociedad-estado basada en políticas de justicia para resolver problemas de criminalidad, no para llenar cárceles y políticas en favor de la vida en lugar de inversiones para la muerte. El IPG demuestra que la paz positiva es más que la ausencia de la violencia y hace falta promover la igualdad, poner fin a la impunidad y fortalecer el desarrollo humano para lograr una paz sostenible. «Para Colombia, el país menos pacífico de América Latina, esto significa que un acuerdo de paz con las guerrillas sería solo el comienzo de un largo camino hacia la paz positiva. La variedad de indicadores también muestra que hay muchas opciones para contribuir a este objetivo y que cada paso pequeño lleva hacia adelante. A esto hay que añadir que los informes no logran mostrar: que esta paz hace más falta en las regiones marginalizadas de Colombia». (Annette Idler, U. De Oxford, razonpublica.com, agosto 3, 2015).
Notas:
[1] Institute for Economics and Peace; Centre for Peace and Conflict Studies, Universidad de Sydney, datos de Unidad de Inteligencia del Semanario Británico The Economist. Se elabora desde 2007. Colombia inicio en el puesto 126 junto al Congo e Irak y ha mantenido la tendencia ocupando puestos que oscilan entre 126 y 150 muy cerca a los países en situación de invasión y guerra total.
[2] Colombia ocupa el puesto 83 en corrupción entre 167 junto a Sri Lanka y Liberia. Sin corrupción aparecen Dinamarca, Finlandia. Suecia.
[3] El ultimo registro de Google Maps, eliminó a Palestina y en su lugar colocó todos los territorios a nombre de Israel.
[4] En el 36% de municipios, no hubo homicidios. Boyacá, tiene el mejor índice 3 de cada 4 municipios sin asesinatos. Forensis, 2015.
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