En Colombia las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía) han sido instruidas durante más de seis décadas bajo la Doctrina De La Seguridad Nacional, impuesta por EE-UU durante la guerra fría a los países subordinados con el fin de hacer frente a “la amenaza del comunismo internacional”. Dicha doctrina aún vigente, asume al pueblo como “un enemigo interno” es decir; la ciudadanía como una fuerza que puede desestabilizar los regímenes.
En Colombia, lo anterior se ha expresado en una doctrina contra insurgente, a partir de la cual toda organización o individuo que sea percibido como un contradictor político por acción u omisión o que busque reformar o transformar las políticas del Estado neoliberal, es tildado como insurgente, terrorista o vándalo, dicho esto, está doctrina ha sido dirigida en contra de la mayoría de los colombianos (campesinos, indígenas, negritudes, población LGBTI, defensores de derechos humanos, ambientalistas, comunicadores alternativos, estudiantes, mujeres y hombres que lideran procesos sociales en los territorios). Esto explica el porqué de la sevicia con la cual la gendarmería ha reprimido históricamente al pueblo.
Los altos grados de criminalidad oficial, le han permitido a la oligarquía colombiana, conservar el poder del Estado; la eliminación física o jurídica del contradictor político y el señalamiento mediático, han evitado que en más de 200 años de historia “republicana” no haya llegado al poder una propuesta contrahegemónica como la que encarnó Jorge Eliecer Gaitán en la primera mitad del siglo XX.
Para tal fin los grandes emporios económicos y políticos, dueños y/o accionistas de trasnacionales de la banca, farmacéuticas, hidrocarburos, telecomunicaciones, etc., han instrumentalizado los avances científicos como herramienta para la coerción física y psicológica de la población, como condición para garantizar su hegemonía.
El régimen, nunca ha resuelto las demandas del pueblo, puesto que de hacerlo pondría en riesgo el volumen de sus ganancias, por lo mismo, ha optado por emplear la “legitima violencia del Estado” para silenciar las exigencias y demandas sociales. En consecuencia, el descontento se ha acumulado de generación en generación, ya que año tras año se ha enraizado la desigualdad social y económica, heredando a las nuevas generaciones todas las miserias de antaño; las reivindicaciones por las cuales lucharon los bisabuelos en tiempos de la escasa industrialización colombiana, son de fondo, las mismas por las cuales hoy luchan los bisnietos en plena época de la revolución científico técnica.
Es de resaltar que la industria nacional es prácticamente inexistente, la privatización de los activos públicos ha devorado la empresa nacional desde la década de los 90´s, el monopolio de los mercados nacionales ha sido retenido por unos cuantos magnates, quebrando las pequeñas y medianas iniciativas, sin mencionar la exagerada carga tributaria impuesta a las PYMES; la apertura irregular del mercado nacional, sin restricciones ni impuestos a productos extranjeros a través de los TLC, ha dejado la balanza comercial inactiva, fenómeno económico que se produce cuando existe un volumen mayor de importación que de exportación, esto sumado a la histórica desigualdad en la tenencia de la tierra; al despojo, desplazamiento y desaparición forzada de las comunidades rurales a manos del paramilitarismo en beneficio de las transnacionales, terratenientes y latifundistas (el 81% de la tierra en Colombia está en manos del 1% de las empresas agropecuarias, según informe de Oxfam Colombia) todo lo anterior ha llevado a Colombia a una crisis estructural, donde cada colombiano pobre necesita mínimo 12 generaciones para salir de la pobreza, que a propósito día a día se extiende a más personas y sectores sociales.
No es descabellado afirmar que Colombia siempre ha vivido en crisis, ahora potenciada por la pandemia del COVID, que en el capitalismo asume dimensiones apocalípticas. La pandemia ha servido de evasiva a los gobiernos de corte neoliberal para saquear sin obstáculos los recursos fiscales, como viene sucediendo en Chile, Ecuador, Brasil, y por su puesto en Colombia, al tiempo que ha puesto de presente el fracaso de las políticas neoliberales en el continente y el mundo, ya que su columna vertebral es la reducción del Estado en temas de seguridad social, impulsando la privatización de los activos públicos, delegando la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, al sector privado. Lo que ha llevado la crisis de los derechos fundamentales y humanos a su máxima expresión.
La actual crisis económica y social en Colombia no es una transitoria, sino estructural, no hay forma de reactivar una economía parasitaria, que vive a través del endeudamiento, la venta de los recursos naturales de los colombianos, y los dividendos de la industria ilegal; dicha crisis tiene sus raíces en el fracaso mismo del modo de producción capitalista, cuya formación social en Colombia conserva rasgos esclavistas y feudales.
El uso de la coerción física contra el pueblo, ha sido una de las columnas vertebrales del régimen para mantenerse. A través del mercenarismo y de una fuerza pública instruida en la Doctrina de la Seguridad Nacional, que son realmente la seguridad privada de las grandes multinacionales, para velar por el capital privado.
La dimensión de la crisis en Colombia es tal, que ni la represión policial, militar y paramilitar; ni el monopolio mediático de la información, es suficiente para aislar a los colombianos de la realidad que padece el país, de la miseria e injusticias que sufren millones de personas. Se ha ido superando las barreras, que habían sido implantadas por la clase dominante durante décadas en el imaginario colectivo en contra de las expresiones propias de la rebeldía popular. La ciudadanía ha comprendido que todo lo legal no es necesariamente legítimo y viceversa, ya que las leyes históricamente han sido construidas para defender los intereses de una minoría que está en el poder.
Según informes internacionales Colombia es el país más desigual del continente y uno de los más desiguales del mundo; actualmente hay más de 21 millones de personas sumidas en la pobreza y más de 7 millones en pobreza extrema según las cifras del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).
Pero, por otra parte, el pueblo ha abierto los ojos y ha observado a su verdugo de frente, tomando la decisión de cambiar todo lo que necesita ser cambiado para garantizar la vida digna de todos los colombianos. A su vez, la oligarquía siente en peligro sus intereses económicos y políticos y ha tomado la previsible decisión de asesinar al pueblo, apoyada en su ejército paramilitar, intentando destruir física y moralmente a un pueblo que se niega a seguir sobreviviendo en un presente sin futuro.
Antes del estallido popular del 28 de abril, el régimen ya venía ejecutando un genocidio contra lideres-lideresas y exguerrilleros. La barbarie perpetrada por el Estado en contra de los colombianos que llevan más de un mes en huelga política, evidencia que, de facto quienes ostentan el poder político y económico han declarado la guerra contra el pueblo, una guerra asimétrica, donde el Estado empuña las armas y los colombianos una piedra. Lo que vive actualmente Colombia es la agudización de la lucha de clases, donde la clase oprimida se resiste a seguir viviendo en la mendicidad y la clase gobernante se niega a renunciar así sea parcialmente a sus privilegios. Recordemos que la corrupción institucional anualmente les arrebata a los colombianos aproximadamente 50 billones de pesos, a costa del detrimento de la calidad de vida de millones de personas.
Podemos tener la certeza que Colombia nunca volverá a ser la misma, años de miseria y represión han engendrado un sujeto histórico que no tiene nada que perder, son hijos de la desigualdad, ya todo les ha sido arrebatado, todo menos la necesidad de construir una Nueva Colombia; la juventud de todos los sectores: cívicos, artistas, indígenas, campesinos, desempleados, obreros…, es hoy la protagonista del cambio social en Colombia. Mujeres y hombres resisten de día y de noche en las calles la arremetida criminal de las fuerzas estatales y para estatales.
Cada día de resistencia es una victoria fúnebre del pueblo, y mientras este se radicaliza en forma y contenido, los politiqueros buscan instrumentalizar el movimiento de paro, otros llaman sutilmente a abandonar las calles, renunciar a la lucha social, y depositar toda la energía transformadora en la contienda electoral, como si en Colombia hubiera garantías para ello; en la realidad, la escasa población que participa en los comicios a través del voto, no es quien elige. En la práctica, hay quienes le tienen más miedo al cambio por el cual lucha el pueblo, que a la normalidad por la cual asesina el régimen.
Los colombianos hoy de forma masiva están cambiando la historia, derrocando las bases de un régimen criminal, estructurado sobre la explotación de los pobres y el capital ilegal (narcotráfico), ya lo había sentenciado el Che Guevara “El futuro pertenece al pueblo y poco a poco o de un solo golpe tomará el poder, aquí y en todo el mundo”.