El proceso de paz que se adelanta en la Habana Cuba entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC-EP [2], tiene asustada a la extrema derecha colombiana, asi como esperanzada a la izquierda y a las fuerzas democráticas del país hastiadas de vivir en un país en guerra. Para los unos el proceso […]
El proceso de paz que se adelanta en la Habana Cuba entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC-EP [2], tiene asustada a la extrema derecha colombiana, asi como esperanzada a la izquierda y a las fuerzas democráticas del país hastiadas de vivir en un país en guerra. Para los unos el proceso de paz es una «revolución castro-chavista», para los otros, se asimila a un «cambio en las costumbres políticas» del país. Es un proceso que se adelanta en un contexto de globalización neoliberal, impulsada por el Estado, y de persistencia del «paramilitarismo» [3], auspiciado por las «fuerzas oscuras»de la extrema derecha colombiana. Dicha situación no deja de generar contradicciones y suspicacias en torno a las verdaderas intensiones de las partes en la negociación, asi como expectativas respecto al carácter y al alcance de las conversaciones. ¿Se limita el proceso de paz a una reinserción de los guerrilleros a la vida civil? ¿Implica un cambio en las costumbres políticas de la democracia colombiana? ¿Se limita solo a una reforma política? ¿Implica una revolución social? ¿Implica una nueva traición del Estado a la insurgencia?
Apartándonos de entrada de la estigmatización del proceso de paz como una «revolución castro-chavista», creemos, no obstante, que el proceso de paz tiene implicaciones democrático-, si se quiere revolucionarias, que desbordan la noción de reforma politica. La paz entendida como un proceso de reconciliación conducente al «cambio de las costumbres políticas» del país, no implicaría solo la dejación de las armas por parte de la guerrilla, ni unicamente el cese de la guerra contrainsurgente por parte del Estado; sino también, la transformación de las formas de producción y reproducción tradicionales del poder político en Colombia.
Desde ese punto de vista, frente al reto de cambiar las costumbres políticas de un país que se ha constituido como nación, a través del conflicto «contrainsurgente» [4], las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC-EP, parecen limitadas. En ese sentido, el escollo fundamental para la reinserción de la insurgencia a la vida civil, en este caso de las FARC-EP, no depende tanto de la agenda pactada en la Habana, del problema de la dejación de las armas por parte de la insurgencia, ni de que hayan faltado actores en la mesa de negociaciones (ej: ELN [5], movimientos sociales, etc.), sino del carácter político del Estado colombiano. Nos referímos primero a su carácter neoliberal, asunto que el gobierno rechazó discutir en la mesa de negociaciones de la Habana, y segundo, al carácter dual (legal e ilegal) en que se sustenta su poder político; lo que hace del gobierno una contraparte no confiable en el proceso de negociaciones. Lo primero reduce el proceso de paz a una política neoliberal de inclusión social; lo segundo, lo inserta en la tradición histórica de la traición y el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado [6].
En este contexto, las políticas económicas del gobierno, no parecen inscribirse en el marco de un proceso de paz, sino, por el contrario, en la implementación del modelo neoliberal. La reciente venta de la generadora eléctrica de Isagén, la segunda más importante del país, a un consorcio canadiense, y la aprobación de la ley sobre las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), no es sino una muestra de que en la medida que el proceso de paz avanza en la Habana, el modelo de globalización neoliberal se implementa en Colombia. La venta de la generadora eléctrica se encuadra en la lógica neoliberal de privatización de lo público, para con lo público, al parecer, favorecer negocios privados [7], en este caso: concesiones para la construcción de carreteras y elecciones. La aprobación de las Zidres, par su parte, contraria al desarrollo rural que se propone, responde a una lógica de acumulación primitiva de capital: legalizar con titulaciones de tierras las viejas y futuras usurpaciones [8]. Todo esto ocurre, al tiempo que el general Marcolino Tamayo, director de la Unidad de reclutamiento del ejército, anuncia la incorporación en los próximos meses de 17.217 nuevos soldados, bajo el argumento de adelantar la «pedagogía del post-conflicto» [9].
No obstante, el escollo inmediato del proceso de paz no es solo la persistencia del modelo neoliberal del Estado, sino también el carácter dual en que se basa su poder político. Esta dualidad emana de la simbiosis del «poder visible» del estado con el «poder invisible» de la política colombiana. Esto ha llevado a la invasión estructural del último sobre el primero, provocando la degradación de la democracia y de la sociedad. Norberto Bobbio, definía el poder visible como:
«El carácter público del poder, entendido como no secreto, como abierto al público, en donde la publicidad es la regla y el secreto es la excepción, siendo en todo caso una excepción que no debe aminorar la regla ya que el secreto está justificado al igual que todas las medidas excepcionales». «Bobbio considera que representar significa hacer visible [los actos, del poder]. [Lo] invisible [a la inversa] se presupone como ausente y al mismo tiempo se hace presente, ya que el poder invisible como un poder oculto está en todas partes y a la vez en ninguna» [10].
En ese sentido, lo contrario del poder visible es el poder absoluto, el despótico, el autocrático, estos están:
«[…] regidos por el poder invisible donde todo se oculta al pueblo […] La relación entre gobernantes y gobernados puede ser representada como relación de intercambio en la que el gobernante brinda protección a cambio de obediencia. En el Estado autocrático el secreto de Estado no es la excepción sino la regla, las grandes decisiones políticas deben ser tomadas lejos de las miradas indiscretas del público » (ibid.).
En este contexto, el proceso de paz concebido como una reforma, es decir, como un cambio no estructural tendiente a mejorar el funcionamiento del sistema político [11], resultaría no solo limitado sino inviable y seguramente conduciría al aborto del proceso de paz. Esta situación convierte en un imperativo la transformación del poder político. Es por eso que el proceso de paz debe inscribirse, antes que en una reforma política, en una, si se quiere, «revolución democrática». Entendida, no necesariamente como el cambio en el poder de una clase social por otra, pero si de una recomposición del poder que refleje, en la «transformación de las costumbres políticas», la actual composición social del país. Esta transformación no es otra cosa, que el cambio de las formas tradicionales de producción y reproducción del poder político, no solo a nivel nacional, sino regional y local. En otras palabras, el carácter progresista y democrático del proceso de paz, deriva y depende de su alcance político transformador.
La necesidad del esclarecimiento de la verdad de las causas y de los hechos que han provocado el conflicto colombiano, asi como el restablecimiento de la memoria histórica de este, para evitar su repetición, no deben estar en marcados en una especie de «antropología del pecado» [12]. No hay que olvidar que esta última esta en la base del contubernio histórico entre el poder visible e invisible del Estado, con el poder visible e invisible de la Iglesia. La Iglesia y los partidos tradicionales, a pesar de su fragmentación actual, han sido, no solo los referentes históricos de la identidad y de la «unidad» nacional del país – remplazados esporádicamente por el ejército y últimamente por el futbol -, sino también las únicas instituciones con presencia permanente en todo el territorio colombiano. La pregunta no es, ¿dónde estaban los partidos cuando se cometió tanta barbarie? ya que estos han sido siempre causa y parte de esta, sino ¿dónde estaba la Iglesia? Es incuestionable, la Iglesia católica, al igual que las otras iglesias, sobre todo evangélicas, deben y van a desempeñar un papel importantísimo en el proceso de reconciliación, pero también deben aclarar sus responsabilidades en el conflicto. Tanto pasadas como actuales. Sin demandar un inventario sobre el papel de la Iglesia en las guerras civiles desde la independencia; no hay que olvidar que el cura Camilo Torres, comprometido en la defensa de los derechos de los desposeídos, antes de irse para el monte, fue perseguido y excomulgado por la Iglesia católica colombiana. Tampoco se puede olvidar, que el principio del «libre albedrío», sustentado en la fórmula del castigo y el premio [13], del pecado y el arrepentimiento, del pecado y el perdón, que está en la base del concepto de individuo y de libertad cristiana, ha sido parte integrante de la ideología del conflicto político colombiano. La lógica inquisitorial de castigar a los pecadores y perseguir a los infieles, con la terapia del arrepentimiento, el aliciente del perdón y el premio de la «tierra prometida», fue también la base ideológica que nutrió todas las cruzadas, incluyendo la cuarta, que fue la que inauguró Cristóbal Colón en América y se ensañó con la población indígena. La pregunta es: ¿puede la «antropología del pecado» – con su lógica unidireccional -, en el contexto de un proceso político, como es el proceso de paz, inspirar la reconciliación? Pero lo más importante: ¿Es el mecanismo eficaz para redimirnos del pasado? Sin restar importancia al papel de sanación de los actos de reconciliación y perdón, la paz, más que un trueque de perdones y arrepentimientos, debe, en nuestra opinión, ser un proceso de reconocimiento de responsabilidades y un proceso de reparación y de transformación del pasado, para evitar su repetición. La paz no es un proceso ciego de perdón y olvido en aras de la «reconciliación». Antes que una «teología de la reconciliación», la paz debe ser una filosofía de la reconstrucción y la transformación, sobre todo de las costumbres sociales y políticas del país. No hay que pasar desapercibido, que el principio del «libre albedrío» es también el paradigma sobre el cual se erige el «mutualismo capitalista», solo que traducido en la fórmula Smithiana de la «libertad de elegir» [14].
Sin referirnos al contubernio entre la Iglesia y el Estado colombiano, hay que subrayar que la simbiosis del poder visible legal con el poder invisible ilegal, muchas veces bajo la subordinación del primero por el segundo, es la que ha reducido la democracia colombiana a una «metafísica de verdugos», que es como definía la libertad Friedrich Nietzsche [15]. El proceso de paz implica entonces, crear una noción nueva de la democracia y una idea diferente de la libertad. Kant creía que la libertad era impensable «[…] entendida como un conjunto de actos o de hechos que no responden a una causa» [16]. Spinoza, – antes que él – ya había descubierto que la libertad era: «[…] el nombre que damos a la ignorancia que tenemos de la causa de nuestros actos» [17]. Para el caso que nos ocupa, la paz, la verdad y la reconciliación serían en realidad la misma cosa: los elementos de una nueva noción de libertad por construir. Una noción donde el conocimiento de la historia del país se vuelve imperativo, sobre todo para superar la «Patria boba» [18], de la cual nunca se ha salido.
No obstante, el atolladero histórico de Colombia no depende principalmente del contubernio entre la Iglesia y el Estado, sino del carácter dual del poder político de este último. Por su forma, el Estado colombiano es un Estado moderno, es decir, reclama el monopolio legítimo, es decir, legal del recaudo y la redistribución de los impuestos, de la posesión de las armas, del ejercicio de la coerción, de acuñar la moneda y de definir los asuntos de la guerra y de la paz. A esto habría que agregar el monopolio mixto sobre la educación, el reducido que ostenta sobre los medios de comunicación y el predominantemente privado que se impuso sobre el sistema de salud. Un Estado fuerte e impuestos elevados es la misma cosa, escribió Marx; sobre todo para referirse al Estado moderno con un alto desarrollo de las fuerzas productivas [19]. Por su contenido, el Estado colombiano es un Estado débil; no tanto por la forma deficiente, muchas veces privada, del recaudo de los impuestos y las tarifas de los servicios públicos, sino por la forma corrupta de su distribución y apropiación. De esta forma, tanto el recaudo como la distribución de los impuestos, así como el monopolio de las armas y el del ejercicio de la coerción – para no hablar del monopolio mixto de la educación, de la privatización de la salud, etc. -, no corresponden del todo a formas desarrolladas de acumulación capitalista, sino a una simbiosis donde prevalecen las formas extraeconómicas de acumulación de capital, sobre las económicas. Eso que David Harvey (2006) ha denominado «acumulación por desposesión» [20]. Ello se manifiesta en el grado elevado de las prácticas de corrupción a todos los niveles, en la práctica sistemática de la violencia política y en la impunidad como formas de acumulación de capital. Ni la violencia, ni la corrupción, ni la impunidad disminuyen en Colombia sino, por el contrario, se acrecientan; porque son la forma de producción y de reproducción del sistema político colombiano. Esto no solo se manifiesta en las elecciones, sino en el funcionamiento cotidiano del Estado. Parece un desliz, pero el mismo presidente de la República lo confirma: «A los que no les gusta la mermelada, les va tocar aguantarse o se vacunan contra la diabetes, porque voy a duplicar la mermelada aquí, porque es la inversión social en todas las regiones» [21]. Al respecto, Robert Brenner (1977) introdujo el término de «acumulación política» para referirse a la tendencia del capital, en zonas sobre todo rurales, de invertir más en el poder político como medio de acumulación de capital, que en los medios de producción, es decir, tierra, tecnología, fuerza de trabajo [22]. De esta manera en Colombia, en vez de la reproducción ampliada de los medios de producción y de las fuerzas productivas, lo que se reproduce son las formas parasitarias de acumulación de riqueza a través de la concentración, en pocas manos, del poder político; manteniendo a la sociedad y a las relaciones sociales de producción en un estado de profundo atraso y estancamiento. Esta forma de acumulación política del capital se traduce en Colombia en la prioridad que tiene la inversión en la coacción militar o policial y en la coacción política, sobre las necesidades básicas de la población en materia de salud, de servicios públicos, agua, educación, transporte, etc. De este modo, las zonas agrarias quedan condenadas al atraso endémico, terreno fértil para las transnacionales de la minería, de los biocombustibles, del narcotráfico, del contrabando y de la fe. Como escribió el periodista Antonio Caballero recientemente: «Este país es el paraíso del mercado que soñaron Thatcher y Reagan» [23]. También es, como llamaba Karl Polanyi a la sociedad dominada por el mercado, la «fabrica del Diablo» [24]. En este contexto, el término feudalismo resulta anacrónico para describir la barbarie que se vive en eso que llaman la otra Colombia, que no es sino una metáfora de la Colombia entera.
Fue, a lo mejor, para que no se revelara todo esto, que el gobierno del presidente Santos vetó en las conversaciones de paz de la Habana, la discusión sobre el «modelo económico». De pronto temía, que el secreto de la acumulación capitalista primitiva, que está en la base del sistema político colombiano, fuera revelado. O temía que se supiera, como se supo en el siglo XIX, a través de la pluma del socialista utópico inglés Robert Owen, que el verdadero problema que se ocultaba detrás de la pobreza, era que «la sociedad estaba regida por leyes que no eran humanas» [25].
Por esta razón, el mito de la «mano invisible» del mercado de Adam Smith, no parece en Colombia un paradigma económico de libre albedrío, sino un principio político y una conducta criminal. Esa es, en nuestra opinión, la lógica en que se enmarca la violencia política en el país. Una lógica simple y lapidaria. Ella quedó reflejada en un grafiti que describe muy bien los gobiernos neoliberales de las últimas décadas: «Masacres = más-acres». En esta lógica se ubica el escándalo del presidente de la Corte constitucional, magistrado Jorge Pretel. Tras ser acusado de recibir un millonario soborno a cambio de un fallo jurídico a favor de terceros, el magistrado fue descubierto en posesión de títulos de tierras pertenecientes a familias de campesinos, unos masacrados y otros desplazados en la región de Córdoba y Urabá. No obstante lo ocurrido, el magistrado sigue en su cargo [26]. El desplazamiento de más de cuatro millones de colombianos del campo a la ciudad se inscribe en esa misma lógica; el de los millones de exiliados en el extranjero también; igualmente el holocausto del Palacio de Justicia, así como el genocidio del movimiento político de izquierda Unión Patriótica. Movimiento creado irónicamente en el marco del fallido proceso de paz de los años 1980. La Unión Patriótica fue una amenaza real para esa forma de reproducción del poder político. Decidieron por eso exterminarla, en la mira de minar la capacidad transformadora y contestataria de las organizaciones sociales y políticas de izquierda que la conformaban. No hay que olvidar que históricamente, minar la capacidad de respuesta del trabajo frente al capital fue el objetivo que originó y mantiene vivo al fascismo y a su expresión criolla el paramilitarismo. En ese contexto, el fenómeno del «paramilitarismo», no es solo un fenómeno agrario, del pasado, es también actual, de carácter urbano, del cual las bacrim [27], no parecen responder a su lógica, sino a la lógica de la delincuencia común y del chivo expiatorio. Los panfletos y amenazas parapetadas en pseudónimos tenebrosos; las desapariciones, las torturas y los asesinatos sistemáticos, sobre todo de dirigentes intermedios y de periodistas alternativos, no responden a una lógica de la delincuencia común, sino a la estrategia paramilitar de infiltración de las organizaciones sociales y politicas de izquierda. Esa es la cara, tal vez más recurrente, con que el poder invisible suele presentarse. De esta manera, el conflicto colombiano, no parece «contrainsurgente», como se dice, sino en realidad, un conflicto «contra-la-gente».
En este contexto, la visibilidad, es decir, la «transparencia» del poder del Estado en la sociedad y su presencia legal en el país, son condiciones sine qua non para la paz. Esa es, al mismo tiempo la vía para superar el paramilitarismo; que no es otra cosa que la expresión militar organizada de la degradación corrupta del poder político en Colombia. Esa degradación se manifiesta no solo en el paramilitarismo sino de forma exuberante en los tres poderes en que se divide el Estado: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es por eso que el proceso de paz, entendido como una transformación de las costumbres políticas colombianas, debe estar dirigido a erradicar las bases de la «acumulación política» como forma de reproducción tradicional del carácter dual del poder político. Esas bases no son otras que la práctica sistemática de la corrupción, de la violencia y de la impunidad como formas de hacer política. En otras palabras, el carácter progresista del proceso de paz consiste en la promesa de transformación democrática que encierra. No es para nada una «revolución socialista», ni mucho menos «castro-chavista». Debe ser una transformación tendiente a modernizar el Estado colombiano. Más próxima a la noción de «perestroika» de la época de Gorbachov, que no significa transformación, como se cree, sino «restructuración», y estaba basada en el «glasnost», que significa «transparencia» [28]. De este modo, para superar el carácter invisible y neoliberal del Estado colombiano, el proceso de paz debe conducir a su restructuración, para modernizarlo y convertirlo en un espacio civil y visible de la tramitación pacífica de los conflictos sociales y políticos.
Sin que se trate de procesos semejantes, el sociólogo Anthony Giddens (1994), ideólogo de la «tercera vía», definía la «posmodernidad» como una «radicalización» de la modernidad [29]. En ese sentido hay que tener en cuenta, que a pesar de lo que se acuerde en la Habana, eso que han dado en llamar «post-conflicto», que es un término ambiguo en clave posmoderna, puede derivar en una radicalización aún mayor del conflicto. Más aún en el contexto de la crisis económica y social que se avecina. Como lo vaticina el economista Pedro Sarmiento: «Durante mucho tiempo el producto nacional crecerá por debajo de las tendencias históricas, el desempleo y la informalidad aumentarán y el deterioro de la distribución del ingreso persistirá» [30]. En otras palabras, la continuidad del modelo neoliberal, enmarcado en una estrategia de transnacionalización de la economía, desindustrialización del país y flexibilización laboral [31], no conduce a otra cosa que a la profundización de los antagonismos sociales y a la radicalización de la reproducción de las formas del poder político tradicional. Esto imprime un carácter contradictorio, suspicaz e inquietante al proceso de paz que se pacta en la Habana.
Si bien es cierto que la paz no es una «revolución social» en el sentido ortodoxo del término, esta no puede terminar siendo – a riesgo de abortar el proceso de paz -, una «estrategia de apaciguamiento» de la insurgencia, inscrita en la lógica de aplicación del modelo de globalización neoliberal. Tampoco puede terminar en una «guerra fría» y mediatica, tendiente a estigmatizar, desaparecer o condenar al ostracismo político al contrario. En ese contexto, dado que los factores estructurales de carácter socio-político que alimentan el conflicto social persisten, hablar de «post-conflicto» una vez firmados los acuerdos, no resulta sólo anacrónico, sino negacionista de la actualidad, de la historia y de las confrontaciónes sociales y políticas que se avecinan. Es confundir la confrontación armada como vía agotada de solución del conflicto, con el conflicto mismo. Es vaciar de contenido social y politico la misma confrontación armada.
No hay que olvidar, que al culminar la Segunda guerra mundial se firmó la paz y comenzó la reconstrucción de Europa. El periodo ulterior fueron años dificiles pero en todo caso marcados por el desarrollo social y la prosperidad. No en vano, en la historiografía occidental, a los años de la post-guerra se les denomina los «Treinta gloriosos». La paz europea fue una reconstrucción. El conflicto por desgracia se mimetizó en la guerra fría, no se acabó, se transformó, al tiempo que la paz se consolidó. En ese sentido, la importancia histórica de los acuerdos de la Habana, consiste en que las dos partes coincidieron en trasladar el conflicto, del terreno de la confrontación autocrática, al terreno de la confrontación democrática. Del terreno de los poderes invisibles, al terreno de los poderes visibles. Lo que supone el imperativo de la erradicación del primero por ambas partes. En otras palabras, la paz no solo pasa por la reducción de las desigualdades sociales, sino igualmente, por la transparencia de las costumbres políticas.
Dado que la insurgencia pierde el carácter de poder invisible que tenía incorporándose a la vida civil; la paz no dependerá de hacer visible el poder invisible de la insurgencia, como del desmantelamiento del poder invisible del Estado. La paz, entonces, no depende tanto de lo negociado en la Habana, como de aquello que se vetó y no se negoció: la simbiosis del poder visible con el poder invisible que caracteriza al Estado. Y eso, no solamente a escala nacional, implica también al poder invisible de carácter global. Es ahí donde radica, a nuestro entender, la importancia y la complejidad histórica de la apuesta de lo acordado en la Habana. Desde esa perspectiva, el proceso de paz debe representar en realidad una inflexión democrática del conflicto social y político que vive el país. No solo en su expresión armada, sino también en sus diversas expresiones civiles duramente golpeadas. Es por eso que la paz no es el fin del conflicto, sino un espacio nuevo de confrontación. Se trata de una alternativa, de un ensayo, del no retorno al sendero de una historia atrapada en la trágica repetición de sus comienzos.
Notas
León Arled Flórez, Historiador, master en desarrollo régional y candidato a doctor en ciencias sociales aplicadas de la Universidad de Québec en Outaouais.
[2] Sin desconocer los encuentros secretos previos, la paz como proceso comenzó con la firma del «Acuerdo general para la terminación del conflicto» firmado en agosto de 2012, seguido luego por la instalación de la mesa de negociaciones en Oslo Noruega el 18 de octubre del mismo año. Hablamos de proceso de paz porque durante más de tres años de conversaciones, se han ido implementando iniciativas que han contribuido considerablemente al desescalamiento del conflicto. Se prevé, aunque de forma incierta, que las negociaciones concluyan el mes de marzo de 2016.
[3] En Colombia se denomina «paramilitarismo» a los grupos armados ilegales de extrema derecha, vinculados a la perpetración de amenazas, torturas, desapariciones, asesinatos individuales, masacres y desplazamiento forzado, sobre todo de poblaciones inermes de la ciudad y el campo adscritas a movimientos de izquierda o de oposición al gobierno.
[4] Es indudable que el conflicto «contrainsurgente» que enmascara y sintetiza en realidad las luchas sociales y políticas del país, es un referente histórico determinante de la constitución inconclusa del estado, la nación y la democracia colombianas, que se remonta mucho más allá de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Al respecto, Renán Vega Cantor, sostiene la tesis de la «contrainsurgencia nativa»: «En Colombia existe una contrainsurgencia nativa -que se nutre del anticomunismo- que es anterior al surgimiento de la doctrina de la contrainsurgencia, pero que se renueva y se mezcla con esta última a raíz de los intereses geopolíticos de Estados Unidos durante la Guerra Fría». Vega Cantor, Renán (2015). «La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia»,Rebelión, revista de pensamiento alternativo en versión digital: http://www.rebelion.org/
[5] Ejército de liberación nacional (ELN).
[6] Al respecto ver: Villanueva Martínez, Orlando (2012). Guadalupe Salcedo y la insurrección llanera, 1949-1957. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, p. 508-509, 513. Medina, Medófilo y Sánchez, Efraín (2003). Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994. Bogotá: Instituto de cultura y turismo.
[7] Ver : Sarmiento, Eduardo. «La entrega de Isagénˮ «, El espectador, enero 1 de 2016. Fuente: http://www.elespectador.com/
[8] «Según el senador Jorge Enrique Robledo «el proyecto de Ley Zidres-Urrutia «es una Ley sastre, una Ley hecha a la medida para legalizarle a algunos personajes, principalmente extranjeros, sus ilegalidades en la altillanura». Robledo agregó que el proyecto pretende crear falsas asociaciones entre los magnates y los campesinos y pequeños productores de las zonas aledañas a las Zidres para convertirlos en siervos del siglo XXI. El proyecto también se propone arrebatarles a los campesinos los derechos que hoy la Constitución les otorga sobre las tierras baldías del Estado. Para Robledo, el proyecto de Ley profundiza la ya penosa distribución de la tierra en Colombia y no apunta a resolver los problemas del agro, mientras el gobierno continua arrasando el país con los TLC, como el TPP que amenaza en materia grave el azúcar, la panela, la palma, la leche, entre otros» . Robledo, Jorge Enrique. «Ley Zidres-Urrutia confirma el peor modelo agrario de la historia: Robledo», Fuente: http://jorgerobledo.com/ley-
[9] Fuente: «La opinión». http://www.laopinion.com.co/
[10] Citas tomadas de: Flórez Molina, Rodrigo. » La democracia y el poder invisible. Norberto Bobbio «, versión electrónica: http://fr.scribd.com/doc/
[11] La palabra reforma tiene la connotación de mejoría en el ámbito moral o social, también significa restablecer algo a su forma primitiva, volver a hacer. Ver: Robert, Paul. (1997). Le Petit Robert, Paris: Société du Nouveau Littré, p. 1639. [Traducción del autor]
[12] Al respecto ver: Morin, Alejandro «Pecado e individuo en el marco de una antropología cristiana medieval», BUCEMA, Bulletin du centre d’Études Médiévales. Fuente:https://cem.revues.org/9552; Zuleta, Estanislao. » La ideología como forma de dominación», en: Zuleta, Estanislao. Elogio de la dificultad y otros ensayos, p. 90-96. Fuente:see7e319eae288d81.jimcontent.
[13] Ibid., p. 91-92.
[14] Ver: Friedman, Milton/Rose. (1992). Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo.2da., Ed., Barcelona: Grijalbo, p. 16-17.
[15] Ibid., p. 93.
[16] Ibid., p. 92
[17] Ibid.
[18] Designa un período de la historia de Colombia entre 1810 y 1816, marcado por la división entre federalistas y centralistas durante el proceso de independencia de la Nueva Granada del imperio colonial español. Este periodo en realidad escondía las ambivalencias de la élite criolla frente a la ruptura con la corona española.
[19] Ver: Marx, K. (1999). El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Buenos Aires: Ediciones, Bs.As. ; Marx, K. y Engels, F. (1998). El manifiesto comunista. Barcelona: Fontana,
[20] Harvey, David. (2006). Spaces of Global Capitalism. Towards a theory of uneven geographical development. London-New York : Verso, p. 44-50
[21] «Mermelada» es el eufemismo que se utiliza en la jerga política actual del país para designar el clientelismo. Ver: Semana (autor). «La frase de Santos que causó malestar».Semana, versión digital: http://www.semana.com/nacion/
[22] Brenner, R. (1977). The Origins of Capitalism Developpement: A Critique of Neo-Smithiam Marxism. New Left Review, 104, p. 21, citado por : Celis, Leila (2012). Les mouvements sociaux dans le contexte de conflits armés causés et effets de la défense des droits humains. Une étude de cas à partir d’organisations paysannes colombiennes (1980-2012). Tesis de doctorado, Ottawa: Université d’Ottawa, p, 32-34.
[23] Caballero, Antonio, » Neoliberalismo «, Semana, domingo 17 de enero, 2016. Versión digital: http://www.semana.com/opinion/
[24] Polanyi, Karl. (1983). La Grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps. Trad, par Catherine Malamoud, Paris: Gallimard, p. 59 [Traducción del autor].
[25] Ver: Polanyi, op.cit., p, 175.
[26] Ver: Orozco Tascón, Cecilia » La bochornosa situación del defensor «, El Espectador, enero, 28, 2016. Versión digital: http://www.elespectador.com/
[27] Bandas criminales.
[28] «En la URSS, la «perestroika» era una «restructuración de la vida económica y politica preconisada y puesta en marcha por M. Gorbachov que reposaba además sobre el desarrollo de la comunicación y la transparencia (glasnost)». [Traducción del autor] Ver:http://www.larousse.fr/
[29] Ver: Giddens, Anthony (1994). Les conséquences de la modernité, Paris: L’Harmattan
[30] Sarmiento, Pedro. » Balance 2015 «, El espectador, 26 de diciembre, 2015. Fuente:http://www.elespectador.com/
[31] Sotelo Valencia, Adrian. (2004). Desindustrialisacion y crisis del neoliberalismo: maquiladoras y telecomunicaciones. Mexico: Plaza y Valdes.
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