En el año de 1986, los asesinatos de campesinos, jóvenes, hombres por parte de un grupo de paramilitar, recobran una de las historias más escabrosas y de hechos violentos contra la población por el despojo de la tierra, la oposición en la implementación de diversos proyectos agrarios e impedimento en proyectos de economía solidaria. Un […]
En el año de 1986, los asesinatos de campesinos, jóvenes, hombres por parte de un grupo de paramilitar, recobran una de las historias más escabrosas y de hechos violentos contra la población por el despojo de la tierra, la oposición en la implementación de diversos proyectos agrarios e impedimento en proyectos de economía solidaria. Un territorio de grandes surcos de violencia territorial, rodeado de altas montañas y paisajes aparentemente pacientes y tranquilos, donde se advierte un miedo y una guerra en silencio. Es una muestra más de la violencia que vive Colombia.
En ese lugar geográfico, de trazos sinuosos cobra vigencia uno, de los tantos grupos de paramilitares que están vigentes en Colombia: los tenebrosos llamados «los rastrojos». Una especie simbiótica, entre narcos, militares y agentes del estado colombiano, donde aún hacen presencia en el casco urbano y sus alrededores. El municipio de Trujillo no es la excepción y su población vive cada día el terror. En el primer semestre de 2013 han asesinado 8 jóvenes en el municipio de Trujillo. La continuación, de una guerra y la perpetración criminal continúa, con estos crímenes de lesa humanidad.
¿Un giro jurídico o un lastre de la impunidad en Colombia?
El 31 de agosto de 2013, se reúne la comunidad en la sede de AFAVIT (Asociación de Familiares y Víctimas de Trujillo). La comunidad, las familias convocan al «XII perenigración». Se concentran numerosas personas, entre estudiantes universitarios, varios representantes de derechos humanos, la comunidad, líderes, y familiares de las víctimas para conocer el «Sendero de la Memoria» en reconocimiento a las personas asesinadas.
En esta jornada, cobra vigencia el estado actual de los procesos jurídicos que se llevan a cabo contra Henry Loaiza , el teniente Ureña y Diego Montoya.
Actualmente, el proceso contra Henry Loaiza, condenado por dos procesos a 20 y 30 años por 80 homicidios, secuestro, torturas y desapariciones y otros delitos, que bajo una estructura criminal perpetró, sigue vigente aunque con algunas modificaciones. Este hombre quien no ha demostrado arrepentimiento público, tiene 18 años y medio detenido y por efectos carcelarios tiene unos derechos para solicitar la libertad: de un lado, por rebaja de estudio que ha realizado en la cárcel, y de otro lado, por haber pagado las dos terceras partes de la pena, solicita acumulación de los procesos para una posible libertad condicional. Situación jurídica que se halla, bajo un gran trazo de impunidad, porque la organización paramilitar que él organizó: «los rastrojos», no se ha reinsertado, con sometimiento a la justicia y continúa vigente.
Ante el orden judicial y carcelario las victimas de AFAVIT, exigen que la Juez niegue estos beneficios, por considerar esta persona altamente peligrosa, donde no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento hacia las victimas y además, sigue activa toda la estructura Paramilitar. El estado es responsable por acción y omisión del caso de las victimas de Trujillo, hoy día Jurídicamente se hace responsable al estado colombiano de 76 casos. Son más de 25 años de lucha social, política y jurídica por parte de las víctimas. El alcance jurídico, sobre la responsabilidad de los criminales es muy lento. Mientras se espera sentencia contra el teniente Berrio y Francisco Javier Espinoza, las víctimas seguirán insistiendo en mantener viva la memoria de sus familiares y la búsqueda porque se responsabilicen a los genocidas por los crímenes cometidos. Igualmente, insistirán por el nuevo juicio contra el teniente Ureña, por hechos de 1990 y contra Diego Montoya por todos los delitos que se le han adjudicado, como contra los miembros de la fuerza pública que participaron de estos delitos.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han enviado los procesos, donde se adjudica la responsabilidad del Estado por acción y omisión. En este contexto jurídico, la comunidad del municipio de Trujillo, los familiares de las victimas seguirán en resistencia, por la lucha, la verdad y la responsabilidad de quienes perpetraron los crímenes.
¡Por la memoria y sin olvido de los que no están!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.