Chile vivía desde octubre en una gran revuelta social y popular, con manifestaciones masivas contra el régimen político, el neoliberalismo y contra las fuertes desigualdades en las que está inmerso el país.
Ese proceso de rebelión consiguió lo que se podía interpretar como una concesión del gobierno del multimillonario Sebastián Piñera, al mismo tiempo que como un intento de recuperar el poder político: la convocatoria de un referéndum el 26 abril para decidir si se cambiaba o no la Constitución, heredada, no hay que olvidarlo, de la dictadura de Pinochet. Con la propagación de la pandemia el referéndum ha sido pospuesto hasta el mes de octubre. Y como en el resto del mundo, las medidas de confinamiento y los riesgos de contagio han paralizado las manifestaciones y protestas que se venían desarrollando.
Epidemia y lucha de clases
El Covid-19 llegó a Santiago a través de las personas más ricas provenientes de distintos países de Europa, China o de viajes en crucero. Proporcionalmente, Chile es el país más afectado por la epidemia de toda América Latina; sin embargo, su tasa de mortalidad es inferior a la de Ecuador. Es de dominio público el no respeto del confinamiento por parte, sobre todo, de las familias acomodadas que viajan entre sus residencias principales y secundarias. Esto ha llevado incluso a la organización de protestas y de la acción directa a través de barricadas: los habitantes de los pueblos balnearios buscan de ese modo impedir la llega de los miembros de la burguesía capitalina a sus zonas veraniegas. Durante el fin de semana de Pascua, algunos miembros de la gran patronal, para evitar los controles policiales, han llevado hasta el absurdo el escapar del confinamiento, ¡viajando en helicóptero a sus mansiones veraniegas de la costa!
Las numerosas asamblea locales que se pusieron en pie tras la revuelta que estalló en octubre han permitido cuando menos cierto nivel de respuesta popular para hacer frente a la crisis sanitario y dar continuidad a la lucha contra Piñera y su mundo. Estos espacios autoorganizados desempeñaron un papel fundamental durante la revuelta: garantizar el abastecimiento mientras los comercios permanecían cerrados, garantizar la seguridad y la vigilancia frente a la violación de los derechos humanos por parte de la policía y la organización de las protestas. Con el paso del tiempo, estas asambleas se convirtieron en espacios deliberativos y de debate político por abajo. Para Karina Nohales, de la Coordinadora feminista del 8 de marzo, «con la pandemia, las asambleas de barrio han permitido elaborar sin demora las listas de personas mayores, de quienes se encuentran en situación de penuria económica y de gente aislada y en situación de vulnerabilidad para organizar la ayuda a las mismas. Sin embargo tampoco hay que pensar que en este momento estas redes sociales barriales van a permitir una organización paralela al Estado con un impacto social importante».
«El miedo que había desaparecido está de vuelta con la epidemia»
Para el gobierno la crisis sanitaria ha sido una buena oportunidad para recuperar relativamente la iniciativa política y de comenzar a gobernar tras meses de parálisis y protestas. Es lo que, de forma simbólica, testimonia la imagen de Sebastián Piñera paseándose y haciéndose fotos en la Plaza de la dignidad, epicentro de las manifestaciones y de los enfrentamientos con la policía desde octubre. Como recuerda Karina Nohales, «Durante los meses de la revuelta, todo lo que decía el gobierno alimentaba la revuelta y aumentaba la rabía de la gente movilizada. Ahora mismo, frente a la pandemia, el país está más o menos obligado a obedecer los dictados del gobierno. Esto no significa que las decisiones gubernamentales sean asumidas acríticamente, pero no tenemos la posibilidad de manifestarnos. Aunque, por su parte, el gobierno no las tiene todas consigo. Una expresión de ello es la agudización de las medidas represivas y el reforzamiento del estado de excepción que ya estaba en marcha desde octubre. Piñera sabe que solo puede gobernar gracias a la excepcionalidad del momento». En efecto, la pandemia emerge como un momento de ruptura con la normalidad en el seno de una situación ya excepcional. Según las distintas encuestas de opinión, el índice de aprobación del presidente del gobierno se sitúa por debajo del 8%, es decir, el nivel más bajo desde el fin de la dictadura en 1990. Hay que señalar que la gestión de la pandemia esta siendo catástrófica, con erráticas medidas de confinamiento que varían de una ciudad a otra, de un barrio a otro y de una calle a otra; y que, sobre todo, están dictadas por el imperativo de mantener la actividad económica bajo la presión de la patronal local. Mañana y tarde, el metro de Santiago está abarrotado de trabajadores y trabajadoras pobres y precarios, y las calles llenas de trabajadores y trabajadoras del sector informal que no tienen otra opción que ir a trabajar para ganar unos pocos pesos.
La ministra de la Salud ha multiplicado las declaraciones optimistas a pesar de que la pandemia no ha hecho mas que comenzar y que el sistema sanitario público no tiene capacidad para absorber una afluencia masiva de enfermos por el Covid-19. Más en general, la red sanitaria está extremadamente segmentada y abandonada a la lógica del mercado y de las aseguradoras privadas, mientas que las clases populares deben contentarse con hospitales abarrotados y mal equipados. «Es por eso que el miedo que había desaparecido está de vuelta con la epidemia», como indica Karina Nohales. «Por tanto, nuestro desafío político es vincular las protestas acumuladas a lo largo de estos últimos meses y la forma como la pandemia pone al descubierto, de forma brutal, todos los elementos de la crisis. Pero no es fácil lograr esa politización de masas».
Los trabajadores y trabajadoras pagan la crisis
La combinación de la crisis sanitaria y crisis económica conduce a la mayoría de la población chilena a una situación catastrófica. La Administración de los fondos de pensiones (AFP) que gestionan las pensiones, todas ellas privatizadas desde los años 1980 –si excepturamos ¡la de los militares!- ya han perdido el 20% de sus fondos. Y esto no ha hecho más que empezar. En 2008, durante todo el período de la crisis económica, las pérdidas llegaron al 40%. Las medidas económicas anunciadas por el gobierno se refieren a tres elementos definidos en función de las exigencias de la gran patronal (los Luksic, Matte, Angelini y otros que controlan la economía):
•Ayudas a las empresas, facilitándoles créditos a un tipo de interés bajo;
•Ayudas al sector informal, y a las y los autónomos, si bien con cantidades ridículamente bajas y sólo para un sector reducido de los mismos.
•Para la gente asalariada, se ofrece la posibilidad de suspender el contrato de trabajo, pero ¡sin derecho al salario! La única obligación de las y los empleadores es de cotizar a las AFP, al Fondo Nacional de Salud y al seguro de desempleo, pero al 50%. Así pues, es la gente asalariada quien paga la crisis, porque su única fuente de ingresos es el seguro de desempleo, financiado por los propios trabajadores y trabajadoras. Todo ello, teniendo en cuenta que el importe que van a recibir no se corresponde de lo que han cotizado, como es lógico en el sistema de capitalización e individualización que existe en Chile. Más de 23.000 empresas se han acogido a esta medida que afecta a 350.000 personas; la mayoría de ellas no cobrará más que la mitad del salario mínimo.
Esta suspensión del contrato de trabajo ya se aplica en las cadenas de comida rápida (Stark Bucks, Burger King). También se han dado despidos masivos en el sector hotelero, de la restauración y del comercio. Cuando se activó el confinamiento en los barrios ricos de Santiago, hubo una ola de despidos masivos en el sector de la construcción debido a que se pararon todas las obras.
Los sindicatos no están a la altura
La respuesta sindical no ha estado a la altura de la situación. Su intervención ha estado centrada fundamentalmente en intentar conservar los puestos de trabajo sin plantear el derecho a abandonar el trabajo (mientras no se cumplan las condiciones sanitarias necesarias) y sin plantearse cómo garantizar un confinamiento digno y seguro para millones de personas. Muchos sindicatos han continuado apalancados en la lógica de que el confinamiento podría poner en riesgo el empleo. Sin embargo otras organizaciones sindicales han impulsado demandas judiciales para proteger los derechos fundamentales y la salud de sus afiliados y afiliadas. Los tribunales laborales han dictado resoluciones por las que autorizan a los trabajadores y trabajadoras a no acudir al puesto de trabajo, sin perder su salario, si las condiciones de higiene y seguridad no estaban garantizadas. Pero, a pesar de ello, aún muchos sindicatos no se acogen a ellas.
La Coordinadora feminista del 8 de marzo, en relación con otras organizaciones feministas, lanzó una campaña para responder a la violencia machista y de género en el período de confinamiento. Este espacio feminista unitario, que reunió a millones de personas el 8 de marzo último, también impulsó la huelga en defensa de la vida; es decir, una huelga para exigir la puesta en pié de un plan de urgencia social y sanitaria para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias.
Semanas que definen el futuro
Sin duda, tanto en Chile como en Francia, el fin del confinamiento estará marcado por la vuelta de las manifestaciones, de las huelgas y de las movilizaciones sociales. Las clases dominantes chilenas tratan de aprovechar bien la pandemia para hacer avanzar su propia agenda y organizar la recuperación de la iniciativa que les permita canalizar y neutralizar la crisis política actual, al mismo tiempo que continúan con la represión. Y todas las ocasiones serán buenas para ello. Un ejemplo de ello es la lucha de numerosas familias y militantes para exigir la liberación de cientos de presos y presas políticas de la revuelta de octubre , dado que las prisiones constituyen un riesgo añadido para el contagio. Finalmente, una parte de las personas detenidas en el país, consideradas como no peligrosas, pasarán a una situación de detención domiciliaria debido a la urgencia sanitaria, sin que se haya dado una respuesta concreta a quienes están en prisión por haber participado en la movilización social. Aprovechando esta coyuntura, varios parlamentarios de la derecha exigieron al poder la necesidad de liberar también a los responsables de la sistemática violación de los derechos humanos de la dictadura que se encuentran en prisiones de lujo. Frente a la indignación social creada y a pesar del apoyo a esta medida por parte de jueces pinochetistas, el gobierno tuvo que dar marcha atrás.
Así pues, las próximas semanas serán, sin duda, determinantes (tanto desde el punto de vista de la salud pública y sanitaria del país, como de la capacidad del movimiento popular para continuar a impulsar las reivindicaciones emanadas de la revuelta de octubre), para hacer recular a la derecha y a la extrema derecha nostálgica de la dictadura, al mismo tiempo que se exige un plan de urgencia para hacer frente a la Covid-19.
El otro desafío se sitúa en la capacidad para aprovechar este tiempo de transición, aún inestable, para comenzar a tejer formas de organización política por abajo que puedan ofrecer una perspectiva clara, democrática y radical a la fuerza de las luchas que se vienen expresando en las calles desde hace meses con un régimen político en plena descomposición y contra el modelo neoliberal.
* Franck Gaudichaud, profesor de historia y civilización de América Latina en la Univesidad de Toulouse, del comité editorial de ContreTemps y militante del NPA. Alex G. Militante del NPA en Toulouse.
Traducción del francés por Viento Sur