Las guerrilleras y los guerrilleros de las FARC-EP han hecho su entrada masiva a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en un gesto de consecuencia política y de decisión inquebrantable de honrar los acuerdos de La Habana. En canoas, en buses, en camionetas, a lomo de mula o a caballo y, cómo no, a pie, […]
Las guerrilleras y los guerrilleros de las FARC-EP han hecho su entrada masiva a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en un gesto de consecuencia política y de decisión inquebrantable de honrar los acuerdos de La Habana. En canoas, en buses, en camionetas, a lomo de mula o a caballo y, cómo no, a pie, los vimos llegar con sus fusiles al hombro y la esperanza pintada en sus rostros. El país entero fue testigo de un hecho que hace apenas unos meses era inimaginable, cuando las pantallas de televisión mostraron el momento en que los combatientes farianos saludaban a los soldados del ejército nacional que prestaban guardia en las inmediaciones de los campamentos. Después de esto, incluso los más escépticos tienen que convenir en que es posible que esta vez la paz haya llegado para quedarse. Las FARC-EP, por lo menos, así lo están confirmando.
Tanto más encomiable es el gesto de la guerrilla si se tiene en cuenta el lamentable e irresponsable espectáculo de improvisación e incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en relación con la adecuación de la infraestructura necesaria para el apropiado funcionamiento de las zonas de normalización. Lo más grave, en realidad, es que la falta de seriedad y compromiso con la que el Gobierno asumió el cumplimiento de este punto de los Acuerdos puede ser un indicativo de su actitud futura frente a la implementación de los mismos. Del Gobierno, como tal, pero también de la elite gobernante, tan amiga de empantanar en discusiones jurídicas farragosas la solución de los problemas nacionales para eludir su responsabilidad histórica en nuestras tragedias. Y es que en el contexto actual se hace necesario trascender la discusión meramente jurídica y enfrentar con pragmatismo las exigencias de una realidad tozuda que impone la reforma de las instituciones políticas tradicionales, si en verdad se quiere aclimatar la paz mediante el blindaje de los acuerdos alcanzados, aun si esto implica reformas a la Constitución y a leyes vigentes. Tal vez se entienda mejor ahora por qué amplios sectores de la opinión democrática colombiana propusieron durante el desarrollo de los Diálogos de La Habana la realización de una asamblea constituyente.
Ese es un aspecto de enorme preocupación en el momento actual del proceso. El otro es el de la persistencia de la criminalidad paramilitar que se ensaña contra los lucha- dores populares por la tierra, la defensa de los derechos humanos y la paz con justicia social. No es un hecho inédito: ya desde los años 80, frente al crecimiento monstruoso del paramilitarismo aupado por sectores de la economía, el Estado y la politiquería, los sucesivos gobiernos de la época optaron por desentenderse del problema y minimizar sus proporciones y efectos. A pesar de las múltiples denuncias y pruebas aportadas tanto nacional como internacionalmente, no se implementó en momento alguno una verdadera estrategia de combate contra el paramilitarismo con el fin de derrotarlo militarmente y exterminarlo. No se investigaron sus fuentes de financiación para poner al descubierto su alianza con el narcotráfico y con sectores económicos regionales, nacionales e incluso transnacionales. No se examinaron a profundidad sus nexos con diversas instituciones del Estado y las elites políticas dominantes en regiones y departamentos. Y el monstruo creció e implantó un verdadero régimen de terror, cuyas brutales características no dejan de sobrecogernos.
Por ello es inaceptable que el ministro de Defensa, el señor Luis Carlos Villegas, minimice y banalice lo que está ocurriendo en el país a este respecto. ¿No habrá entendido que estas nuevas expresiones del paramilitarismo pueden significar el surgimiento de nuevas violencias, sobre todo ahora que copan territorios que habían estado bajo el control de las FARC-EP? ¿Será posible que después de todo lo que ha pasado, la clase dominante quiera seguir ocultando la relación entre la criminalidad paramilitar y la acumulación de capital? ¿Será que no comprende el nexo entre el discurso de la ultraderecha enemiga de la paz y el fortalecimiento de estas organizaciones criminales?
¿Habrá olvidado que el Acuerdo Final dispone que El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra los defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo? Mucho me temo que esa actitud y ese camino nos conducen en contravía de la paz verdadera y seguirán teniendo consecuencias nefastas para el campo de la democracia colombiana.
¡Y todo esto precisamente en el momento en que los guerrilleros de las FARC-EP se aprestan a continuar el proceso hacia su desmovilización y la insurgencia del ELN se sienta a una mesa de negociaciones para buscar un acuerdo de paz con el Gobierno!
Fuente original: http://www.espaciocritico.com/