La epidemia por la covid-19 ha vuelto muy difícil encubrir los problemas más notorios y añejos de las sociedades, aunque, también, los más recientes.
Muchos, ya eran conocidos, pero no reconocidos —en el discurso oficial, en las prácticas políticas, la toma de decisiones, etc.—. Ahora han quedado al descubierto. El acelerado ritmo de propagación de esta enfermedad contagiosa no ofrece al mundo un amplio margen de tiempo para la acción social y política. Cuba no escapa del desafío. Sin embargo, el problema fundamental ha estado menos en la ejecutoria de los políticos que en el diseño de base de las políticas, condicionante de los cursos de su implementación. Bajo la égida de estas últimas, de su regulación en el orden jurídico y sus fundamentos constitucionales, se implementan las medidas de contingencia para contrarrestar los efectos de la pandemia. Luego, en el análisis de la relación entre la covid-19 y los problemas sociales, las reflexiones que siguen toman como punto de partida las dimensiones institucional, normativa y política de la sociedad cubana, dimensiones que intervienen en el ordenamiento, regulación y dirección de los procesos a niveles macro, meso y micro.
En circunstancias que podrían denominarse «normales» para Cuba ya se constataban problemas sociales relacionados con la situación de la vivienda —hacinamiento, insalubridad—, la pobreza, las ilegalidades y la insatisfacción de necesidades básicas; cada una de estas situaciones registra expresiones específicas entre subgrupos poblacionales según sexo, edad, color de la piel, nivel educacional, zona de residencia o condición de actividad —si la persona trabaja, si busca trabajo, si desarrolla un trabajo doméstico no remunerado, si tiene una situación no especificada, que puede comprender trabajos informales, entre otros casos—.
Como temas cruciales para debatir hoy —aunque no son privativos de los efectos de la covid-19— tenemos los de la migración interna no controlada y el trabajo informal, cuyos vínculos son bastante cercanos en no pocos casos, y que guardan una relación estrecha con las desigualdades sociales entre territorios, familias y estratos sociales. Ambos procesos colocan a un número importante de personas en condiciones de vulnerabilidad[1] porque su aprovechamiento relativo de las medidas de protección desplegadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y por el Ministerio de Comercio Interior (Mincin) es menor, o ninguno. Por lo tanto, sus condiciones de salud se pueden ver más comprometidas en las circunstancias actuales, dadas las características de la situación epidemiológica y la necesidad del aislamiento social para contener la propagación de la covid-19.
Otro vector de vulnerabilidad se origina en las vías facilitadas para realizar la autopesquisa, y también para el consumo de productos de primera necesidad a través de plataformas virtuales. Si no se toman en consideración las dificultades con la infraestructura tecnológica que afectan el funcionamiento de las webs y la conectividad mediante los dispositivos móviles que lo complejizan todo más aún: ¿cómo se abastecen las familias que no disponen de la tecnología para comprar en línea, si se tienen en cuenta la paralización del transporte público, el cierre temporal de algunos establecimientos para la comercialización y los problemas y diferencias territoriales en la distribución de los bienes de consumo?; ¿a quiénes benefician estas medidas y a quiénes no? Benefician a quienes tienen facilidades para la movilidad y mayor y mejor acceso a la conectividad —redes y dispositivos— que no constituyen la mayoría de la población cubana.
Hasta 2018, por cada 1,000 habitantes en Cuba, solo 126 tenían computadoras personales, y aunque la cobertura de celulares era del 85.3 %, 584 personas por cada 1,000 se registraban como usuarios de internet[2] —hay que contar con la posibilidad de que no exista una relación directa entre ser usuario de internet en Cuba y tener acceso sistemático a las redes debido al costo de este servicio—. Sería interesante analizar la distribución territorial de estos datos para visibilizar mejor su impacto en la población y las desigualdades entre los diferentes territorios, pero la información no está disponible. No deben obviarse las brechas tecnológicas si en este campo se dirime también la mitigación de los problemas ante la covid-19; de lo contrario se estarían reproduciendo o profundizando disparidades sociales que obstaculizarían los beneficios que la población en mayores condiciones de vulnerabilidad pudiera obtener de las soluciones propiciadas por la tecnología.
Las políticas públicas en Cuba y las medidas adoptadas ante la contingencia no están diseñadas en su base para cubrir el amplio espectro que abarcan las desigualdades sociales en el país; ello comporta un reto para la superación de iniquidades.
Es en este escenario de políticas sociales universales que se despliega la informalidad, cuyas relaciones económico-laborales engloban actores de diversa naturaleza y con características diferenciadas. Lo cierto es que la creciente informalización de la economía —sea estructural o coyuntural— es síntoma de las fracturas existentes en el esquema de oferta y demanda de bienes y servicios, incluidas la oferta y demanda de fuerza de trabajo. Quienes se hallan más desfavorecidos por las lógicas de la informalidad son aquellos que no tienen el capital económico, social y cultural para insertarse en las dinámicas que se establecen, o para reproducirse al margen de la informalidad. Estos son los grupos poblacionales cuyos procesos reproductivos —desde las dimensiones individual y familiar— ya tenían lugar en condiciones de vulnerabilidad antes de las presentes eventualidades sociales y económicas, que las acrecientan.
En tanto referente histórico cercano, es cierto que durante la década de los noventa del siglo pasado se experimentó algo parecido, pero, aunque la crisis económica fue muy dura, las brechas sociales eran menores, y las circunstancias entonces no amenazaban las condiciones de mortalidad y de morbilidad con la misma intensidad y nivel de riesgo que hoy; los efectos de aquel contexto se produjeron bajo otros condicionamientos. Ahí radica la diferencia.
Los déficits alimentarios padecidos por la población cubana durante la crisis de hace treinta años —deterioro de los niveles calóricos en la dieta y de las proporciones de los componentes nutricionales— dieron origen a la epidemia de neuropatía óptico-periférica que abarcó buena parte del trienio 1991–1993, y para finales de la década registró una prevalencia de 493.3 por cada 100,000 habitantes. Aunque esa afectación de la salud se asocia a una combinación de múltiples causas, los factores nutricionales fueron los determinantes, y la sobreincidencia en la población femenina devino una expresión muy concreta de las desigualdades sociales relativas al género. El caso es que la mortalidad por aquella enfermedad tuvo un carácter excepcional,[3] y entre los múltiples determinantes identificados ninguno se vinculó con la movilidad de la población ni con el incremento o disminución del contacto físico. Estas —además de la transmisibilidad— son las diferencias entre la epidemia por la neuropatía óptico-periférica y la epidemia por la covid-19.
¿Será posible encontrar en la esperada vacuna una salvación para la población en mayores condiciones de vulnerabilidad? ¿Quiénes mueren y/o enferman hoy por covid-19 en Cuba?
Las interrogantes de marras no pueden ser agotadas en este texto, pero en la ruta de su clarificación debe advertirse que, además de los grupos de edades y del sexo, sería factible e imprescindible incorporar otras variables, entre ellas las socioeconómicas y las culturales. En este sentido, es importante establecer las diferencias entre las distintas etapas de propagación de la epidemia teniendo en cuenta quiénes se contagiaron durante las primeras etapas y quiénes se contagian ahora. Estas preguntas tendrán mayor trascendencia en la medida en que el tiempo transcurra y se regrese a cierta «normalidad» de convivencia con la covid-19 y de alternancia entre la flexibilización y el incremento del aislamiento social. Valdría preguntarse también quiénes continuarán contagiándose. Todo esto resulta vital tenerlo en cuenta, toda vez que se trata de una enfermedad contagiosa de nueva aparición y se desconoce todavía, por ejemplo, si es posible contagiarse más de una vez y cuáles pueden ser las secuelas.
Existen subgrupos poblacionales cuya muerte o enfermedad se evitarían con la aplicación de una vacuna; sin embargo, pueden continuar exponiéndose de forma más significativa al riesgo de morir o enfermar —con las consecuencias y/o secuelas para la salud— no, en rigor, por las características propias de la enfermedad en cuestión, sea la covid-19 u otra, sino por sus condiciones de vida. Por lo tanto, contar con una vacuna —proceso que se desconoce cómo y cuándo culminará, pues no existe una vacuna contra otras enfermedades infecto-contagiosas como el dengue, o el sida— no significará directamente que los subgrupos en mayores condiciones de vulnerabilidad estén protegidos de la misma forma que el resto de la población[4].
La interrelación entre los factores sociodemográficos y económicos, y las características de esta epidemia, demandan de los gobiernos prácticas integrales con base en todas las esferas que abarcan y deben abarcar las políticas públicas en una etapa dentro de la transición epidemiológica que no tiene muchos antecedentes, y donde adolecemos todavía de la falta de certezas sobre el futuro.
Al partir de estas ideas, y explorar alternativas para enfrentar de manera más acertada los múltiples efectos de la covid-19, hay que establecer una diferenciación entre aquellos procesos y actores con institucionalidad reconocida, que pudieran proyectarse de forma más articulada y descentralizada desde las políticas —porque en ellos existen potencialidades aún no aprovechadas en su totalidad: trabajadores por cuenta propia, productores agropecuarios privados, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias— y aquellos con escaso o ningún reconocimiento en las proyecciones de las políticas —el sector informal de la economía y la migración interna no controlada, porque en ellos se verifican, una parte de los problemas actuales, o bien una parte no despreciable de la población en mayores condiciones de vulnerabilidad—. Como es obvio, el reconocimiento se refiere a que no sean ignorados a la hora de diseñar y ejecutar las políticas para garantizar mayor eficacia de las mismas y mayor correspondencia con sus ámbitos de impacto y a las características de la población —se incluye la necesidad de que se explicite una política de población integral que articule las tres variables de la dinámica demográfica—.
En la actualidad cubana se identifican todavía aspectos normativos y logísticos que restringen la participación comunitaria de trabajadores por cuenta propia, productores agropecuarios privados y cooperativas, tanto agropecuarias como no agropecuarias. Aun cuando algunos de estos actores se han incorporado a la respuesta necesaria para enfrentar la covid-19, su participación sigue siendo limitada por la presencia de dificultades que obstaculizan su contribución al desarrollo local de forma efectiva y eficiente, y que, al mismo tiempo, generan o potencian que se movilicen las redes existentes en el sector informal.
«(…) no resulta posible desarrollar una transformación como la que se verifica en Cuba sin mejorar y modificar a fondo las instituciones (…) el fortalecimiento institucional es un requerimiento esencial del diseño de cualquier estrategia económica — pudiera decirse que de cualquier estrategia social — (…), en la Isla han persistido endebleces institucionales cuya incidencia negativa ha sido de relevante, ya que han impedido la obtención de mejores resultados en la gestión gubernamental».[5]
Hay que señalar que un mayor protagonismo del sector no estatal —dentro de los marcos de una fiscalización popular que conjure distorsiones nocivas— ofrece la posibilidad de racionalizar recursos estatales, con lo cual se facilita que el sector estatal pueda enfocarse en las actividades más complejas y de mayor valor agregado. Para lograr esta distribución de funciones sería estratégico incorporar a los actores antes mencionados a distintos entramados socioproductivos y de servicios.
Para ello es preciso que:
1. El Estado instale de forma expedita capacidades estructurales e institucionales para el control y el aseguramiento de los desempeños de los actores no estatales [6].
2. Como parte de la lógica anterior, se evite recargar los costos operacionales de los emprendedores individuales —sobre todo los relacionados con la transportación y la producción de alimentos—.
3. Se continúen visibilizando en los medios de difusión masiva y en las redes sociales las iniciativas de cooperación que en la actualidad despliegan algunos actores del espacio no estatal, y se diseñe una estrategia de comunicación inteligente, creativa e inclusiva para convocar y movilizar a un número mayor, bajo la aspiración de que las iniciativas no constituyan casos aislados, sino que estén integradas a la acción y la toma de decisiones. Los medios pueden y deben participar, la convocatoria puede y debe ser explícita, pues los actores del espacio no estatal están reconocidos a nivel constitucional.
4. Sobre la base del diseño general para la participación ciudadana que está contenido en la Constitución refrendada hace poco más de un año —con independencia de las consabidas y ya discutidas debilidades de dicho diseño— deben aprovecharse las fortalezas que este escenario ha creado para potenciar las capacidades existentes en los municipios cubanos con el objetivo de afrontar los problemas y reclamos de sus residentes, superar las limitaciones que han existido y existen todavía en la instrumentación cotidiana de la carta magna y favorecer la credibilidad de las instituciones.
Estos deben ser principios del proceso de gobernar en cada uno de los territorios.
Un ejemplo concreto, sobre la base de lo que ya se viene realizando y que podría perfeccionarse a partir de la perspectiva que este texto sostiene y de otros enriquecimientos, sería:
· Generar y/o potenciar iniciativas específicas para las familias de más bajos ingresos que se ven imposibilitadas de efectuar compras de forma virtual y/o de trasladarse hacia las entidades establecidas para la distribución y comercialización de bienes de consumo. Para ello el MTSS debe desplegar sus capacidades para identificar a estas familias en coordinación con los gobiernos y las intendencias municipales. Es importante destacar que para garantizar la efectividad de las iniciativas deben activarse los actores y líderes locales y promoverse procesos democráticos de participación.
· Podría pensarse en una mayor articulación mediante encadenamientos entre quienes producen los alimentos —en los distintos espacios económico-laborales— [7] y los distribuidores en cada territorio. Los distribuidores llevarían los productos de manera directa a los hogares, y eliminarían a los intermediarios del proceso de distribución y comercialización. Esta propuesta no debe limitarse a los productos agropecuarios, puede incluir alimentos procesados y aquellos producidos en las minindustrias —lo cual implicaría incentivar, apoyar y reanimar las producciones locales—. Esto supone que se diseñen nuevas formas de organización de la producción y el trabajo para reorientar los procesos actuales teniendo en cuenta las características de las demandas y del escenario socioeconómico nacional e internacional —producir más para diversificar la oferta y cubrir la demanda en volumen y estructura, elementos que varían en cada sector ante la contracción de las importaciones—.
Las iniciativas deben extenderse a las familias de bajos ingresos —no deben tenerse en cuenta solo a los adultos mayores, la edad es otra variable, pero no es la única a tener en cuenta, como ya se ha dicho—.
De igual forma, para aliviar la sobrecarga logística que enfrenta hoy el comercio virtual, se pudiera implicar al sector no estatal de la misma forma que hoy se hace para brindar atención a las demandas y necesidades del personal de la salud. Pudiera pensarse en:
1. Involucrar a los transportistas privados de cargas pesadas o de carga mayor en las operaciones de distribución de los productos que comercializa la red de tiendas virtuales en divisas y agilizar así las operaciones actuales al disponer de un mayor número de vehículos.
2. Involucrar a desarrolladores privados de software y diseñadores de páginas webs que tengan creadas capacidades en infraestructura al proceso de comercialización virtual para facilitar la mayor efectividad de las plataformas actuales y la ampliación de capacidades para la recepción y tramitación de las demandas.
3. Comercializar también de forma virtual otros productos a los que no se accede en la red de tiendas en divisas, incluidos aquellos que se producen en los espacios no estatales.
Un aprendizaje de esta contingencia es que debe potenciarse un contexto institucional más favorable para extender las prácticas que de manera espontánea ya se están generando, con el apoyo y acompañamiento de los gobiernos e intendencias territoriales, pero garantizando procesos de genuina participación de los diferentes actores sociales reconocidos por la Constitución.
Por otra parte, están aquellos actores con escaso o ningún reconocimiento en el diseño e implementación de las políticas. Teniendo en cuenta las características que distinguen al sector informal en Cuba: ¿cuáles pueden ser los efectos de la epidemia por covid-19 sobre los distintos subgrupos de población vinculados a este sector? ¿Las medidas desplegadas por el MTSS, el Mincin y el Ministerio del Transporte (Mitrans) benefician, perjudican o son indiferentes a la diversidad actoral que converge en el sector informal? ¿Cómo están y cómo estarán representados los trabajadores informales dentro de la población contagiada por la covid-19?
Estas preguntas se formulan a partir del reconocimiento de que el sector informal cubano se distingue por englobar a diferentes subgrupos de población, tanto aquellos más desfavorecidos como otros que poseen mayores dotes de capitales —no solo económicos—. Entre los más desfavorecidos se encuentran quienes protagonizan los movimientos migratorios internos no controlados, cuya principal puerta de entrada al mercado laboral del territorio al que arriban es la informalidad. Estos procesos tienen mayor visibilidad en las ciudades cabeceras de las provincias cubanas como resultado de la migración rural-urbana. Es La Habana, por su condición de mayor receptora de la migración interna, donde se presentan las mayores complejidades. En contraste con la necesidad de profundizar en este tema para su mejor abordaje desde la ciencia y la política de forma articulada, no existen datos estadísticos disponibles que den cuenta de este fenómeno.[8] Por lo tanto, para intervenir con propuestas expeditas ante los retos y problemáticas que plantea la covid-19 en cada uno de los territorios, se hace necesario levantar información directa y ponerla en función de la toma de decisiones a escala territorial. En términos epistemológicos, la experiencia debería situarse en el terreno de la coinvestigación, que representa una forma de producir conocimientos mediante los nexos entre la investigación y la acción social, con énfasis en el empoderamiento de todos los sujetos involucrados.[9]
Para su puesta en práctica en el contexto de la covid-19 es preciso que:
1. Los gobiernos provinciales, en articulación con los gobiernos e intendencias municipales, promuevan y apoyen un proceso de levantamiento de información directa sobre la población que ingresa a los centros de aislamiento.
2. Se active el potencial científico multidisciplinario de todos los territorios en función de dicho levantamiento de información, con el apoyo logístico que requieran teniendo en cuenta las condiciones actuales para la investigación.
3. Se realice un estudio piloto que, además de proveer la información necesaria, aporte un procedimiento de investigación que pueda ser replicado y adaptado por otros territorios, y concluya con propuestas de acciones concretas a implementarse con inmediatez.
4. Se identifique una institución académica coordinadora que lidere el proceso de investigación, cuya selección contemple: capacidad de convocatoria, capacidades logísticas, potencial científico, alianzas de trabajo establecidas con anterioridad, entre otros aspectos.
5. Se seleccione un territorio —o varios, con fines comparativos— para efectuar el estudio piloto tomando en consideración los indicadores que guían el análisis de la evolución de la epidemia —tasas de incidencia y prevalencia, así como índice de letalidad— y de las características de la población de dichos territorios —estructura y composición; variables de la dinámica demográfica, a saber, fecundidad, mortalidad y migración; y variables socioeconómicas—.
6. Involucrar a diferentes instituciones no académicas, por ejemplo, se sugiere incluir al MTSS, al Ministerio de Salud Pública (Minsap) y a otras que se consideren indispensables.
Algunos datos, ideas e interrogantes para profundizar en el contexto cubano actual de la covid-19 y poscovid-19
Al seguir el curso de las noticias sobre la epidemia en Cuba,[10] parecería que al menos para el momento actual, su comportamiento e impacto son más comunitarios que municipales y/o provinciales. Pudiera pensarse en propuestas de acción e investigación en caso de que cambie ese escenario —algo que no debe desestimarse—.
El análisis de la exposición al riesgo de adquirir la enfermedad resulta uno de los temas estratégicos a considerar, porque puede orientar el trabajo preventivo y localizar las acciones más contundentes. Para ello se requiere incorporar de forma integral al trabajo de los decisores todos los factores que pueden intervenir, entre los cuales resultan fundamentales: la densidad poblacional, la edad —en el entendido de que son los jóvenes los más expuestos—, el hacinamiento en hogares y el problema de la vivienda en general —albergues, ciudadelas, viviendas ilegales—, la condición de actividad, y otras variables.
Será inevitable que a partir de los hallazgos obtenidos se revisite la relación entre el estado actual de la transición demográfica en Cuba y la transición epidemiológica.
Entre las grandes interrogantes abiertas por la epidemia de la covid-19 están las relativas a las alternativas de tratamiento, la posible cura y el momento para el cual se espera un escenario favorable en este sentido. Otra de las grandes preguntas tiene que ver con la magnitud del impacto socioeconómico, el período necesario para la recuperación, el comportamiento de las variables económicas en los países hegemónicos, y en la economía cubana también. Esas son grandes preguntas, sin dudas, y determinan los desafíos del futuro. Dentro de la sociedad cubana podrían formularse otras preguntas, quizás menos complejas, pero de una gran connotación estratégica y con profundas implicaciones sociales, por ejemplo: ¿Cuál es el impacto que debe esperarse sobre la fuerza de trabajo? ¿Cambiarán algunos de los factores o percepciones que inciden en los patrones actuales de absorción de fuerza de trabajo ante el efecto protector del sector estatal?
Los procesos de toma de decisión y las acciones de investigación deben establecer y arrojar luces sobre la relación entre: las características de la población —estructura por sexo y edad—, las tasas de incidencia y las tasas de letalidad, los factores que inciden en la mayor o menor exposición al riesgo de adquirir la enfermedad, entre otras. Aunque la letalidad sea mayor en los territorios con una estructura etaria envejecida, la tasa de incidencia no tiene por qué responder a esta característica, sobre todo si se tiene en cuenta que la población sobre la cual se ha desplegado el mayor número de acciones protectoras es la de 60 años o más.
No sería errado pensar que las tasas de incidencia responden a las desigualdades sociales y a su expresión en las nuevas dinámicas que ha generado la covid-19 sobre las estrategias de reproducción individual y familiar.
A partir de estas hipótesis hay que apuntar que, si bien es importante preservar la vida de las personas adultas mayores pues con el aumento de la edad también aumenta la probabilidad de morir, no debe desatenderse al grupo que registra el mayor número de contagiados por la covid-19, el de las edades activas. Al cierre del 17 de mayo, el 72 % de las personas contagiadas en Cuba tenían entre 10 y 59 años de edad,[11] es decir, estas personas forman parte de los recursos laborales efectivos y potenciales con los que contará el país en el presente y en el futuro —contando con que aquellas que están por debajo de la edad laboral arribarán a esta en unos siete años—.
Hay que tener en cuenta el impacto de la epidemia junto a otros factores de comorbilidad que puedan incrementar las condiciones de vulnerabilidad de la población en edad productiva y reproductiva. Si se realizara, a futuro, un análisis por cohorte de la Población Económicamente Activa, es posible que se distinga la influencia de este evento epidémico en combinación con las circunstancias socioeconómicas que ha generado — las que quizás se recrudezcan — sobre las condiciones de mortalidad y de morbilidad de la fuerza de trabajo, así como sus posibles efectos en sus condiciones generales de reproducción.
Este es un tema a tener en cuenta en la agenda política e investigativa ante los retos del envejecimiento de la estructura etaria de la fuerza de trabajo; ante los desafíos del mundo económico-laboral cubano precovid-19, durante la covid-19 y poscovid-19, comoquiera que una población más saludable será también más plena y productiva, en ese orden, pues la productividad para el socialismo debe subordinarse siempre a la plenitud.
Notas:
[1] Véanse: Zabala, M.C. (2010) Familia y pobreza en Cuba. Ediciones Acuario; y, Romero, M., Gómez, J., y Miranda, Y. (2018) «El trabajo informal como fenómeno social: aciertos y desaciertos de la Sociología para su comprensión en el contexto cubano», en Izquierdo, O. y Burchardt, H. (2018) (comps.) Trabajo decente y sociedad. Cuba bajo la óptica de los estudios sociolaborales, pp. 289–313. Editorial UH.
[2] Véase: ONEI (2019) Anuario Estadístico de Cuba. Año 2018 (tabla 17.4). La Habana.
[3] Véase: Albizu-Campos, J.C. (2014) Mortalidad en Cuba. CEDEM. La Habana.
[4] Esta idea se construye a partir de una reflexión teórica más general sobre los diferenciales de la mortalidad en Cuba expresada por: Albizu-Campos, J.C. (2014) Mortalidad en Cuba. CEDEM. La Habana.
[5] Véase: Marquetti, H. (2018) «La política económica en el proceso de actualización del Modelo Económico y Social de Cuba. Su impacto presente y futuro en la estructura sociolaboral cubana», en Izquierdo, O. y Burchardt, H. (2018) (comps.) Trabajo decente y sociedad. Cuba bajo la óptica de los estudios sociolaborales, pp. 37–82. Editorial UH.
[6] Marquetti, H. (2018), op.cit.
[7] CIPS (2000) Reajuste y trabajo en los 90. Fondos del CIPS. La Habana.
[8] Véase: Romero, M., Gómez, J., y Miranda, Y. (2018) «El trabajo informal como fenómeno social: aciertos y desaciertos de la sociología para su comprensión en el contexto cubano», en Izquierdo, O. y Burchardt, H. (2018) (comps.) Trabajo decente y sociedad. Cuba bajo la óptica de los estudios sociolaborales, pp. 289–313. Editorial UH.
[9] Véase: Zaffaroni, A. y Juárez, C. (2013) «Experiencias de coinvestigación en el NOA: la apuesta por generar conocimiento desde la reflexividad y el pensamiento grávido», en De prácticas y discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales, (2), pp. 2–16. CLACSO.
[10] Aunque se sigue el curso de las estadísticas a distintas escalas espaciales, todavía estas se encuentran en proceso de conformación, análisis y ajuste, por lo cual no están disponibles para el momento en se publica este texto.
[11] Véase: https://covid19cubadata.github.io/#cubaLa Tizza Cuba