La muerte del detenido Eduardo Ruiz Torres, en el complejo penitenciario de Bogota – Comeb Picota, es un hecho que enciende de nuevo las alarmas sobre la violación de derechos humanos que se vive tras las rejas. En una denuncia pública, los internos del establecimiento señalan que la víctima fue brutalmente golpeada por varios integrantes […]
La muerte del detenido Eduardo Ruiz Torres, en el complejo penitenciario de Bogota – Comeb Picota, es un hecho que enciende de nuevo las alarmas sobre la violación de derechos humanos que se vive tras las rejas.
En una denuncia pública, los internos del establecimiento señalan que la víctima fue brutalmente golpeada por varios integrantes del personal de custodia y vigilancia del Inpec, cuando se dirigía al área de sanidad. Precisan que luego, fue abandonado en un pasillo sin atención médica, a pesar del sufrimiento producido como consecuencia de la agresión física y que varias horas más tarde, murió en un centro hospitalario.
Con base en la información difundida y mediando solicitud de la población reclusa que forma parte del Movimiento Nacional Carcelario; el Equipo Jurídico Pueblos, solicitó a la Fiscalía General de la Nación el inicio de una investigación seria y exhaustiva por los punibles de homicidio agravado (por la condición indefensión de la víctima) y tortura; éste último, generalmente invisibilizado por los órganos de control y persecución penal del Estado.
En el mismo escrito se pidió al Procurador General, la apertura de una indagación disciplinaria, por lo que se consideran faltas gravísimas, al constituir los hechos denunciados por los reclusos, graves violaciones a los derechos humanos.
Se espera de las autoridades competentes una actuación que conlleve al real esclarecimiento de la verdad y la impartición de justicia ejemplarizante, como presupuestos de no repetición.
Lamentablemente las investigaciones por hechos de tortura, malos tratos, abuso de autoridad y otras formas de violación de derechos humanos, que se cometen contra la población reclusa o sus familiares en Colombia, se caracterizan porque en ellas concurren toda suerte de mecanismos de impunidad: a) Legales. Dadas las dificultades que comporta la redacción del delito de tortura en el código penal colombiano y la falta de tipicidad frente a otros malos tratos o tratamientos degradantes; b) Judiciales. Por la falta de interés demostrada por la Fiscalía en estos casos, que se traduce en la dilación de los términos de indagación, la paquidermia, el desconocimiento del contexto en que ocurren, el cual suele interpretarse como asuntos de «mala convivencia», la falta de protección eficaz a víctimas y testigos, entre otras expresiones; c) Sociales. En tanto impera la normalización de un tratamiento discriminatorio contra la población tras las rejas, y d) Políticos. Pues sin duda el tratamiento penitenciario y la política criminal en general continúan siendo entendidas desde el fin único del castigo.
Aún así, la denuncia y visibilización de casos como el de Eduardo Ruiz, así como las acciones de promoción de los derechos humanos en las cárceles del país, siguen siendo necesarias y vigentes en procura del objetivo intermedio de humanizar el sistema judicial y penitenciario. Por ello esperamos que la respuesta a este hecho no sea de nuevo la impunidad.