Desde el 28 de septiembre más de mil campesinos de las comunidades de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), en la vereda Puerto Rico, del corregimiento de Llorente, en la frontera con Ecuador, estaban en manifestación pacífica exigiendo el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo […]
Desde el 28 de septiembre más de mil campesinos de las comunidades de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), en la vereda Puerto Rico, del corregimiento de Llorente, en la frontera con Ecuador, estaban en manifestación pacífica exigiendo el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de La Habana, particularmente el punto cuatro sobre cultivos de uso ilícito, donde se le da importancia a la sustitución voluntaria, gradual y concertada.
El 5 de octubre llegaron a la vereda El Tandil mil efectivos de la Policía Antinarcóticos. Los campesinos los rodearon en un cerco humanitario para evitar la erradicación. Y como fue posible constatar en las pruebas que la misma comunidad tiene, la Policía empezó a disparar contra los manifestantes.
Los datos sobre los muertos aún no son exactos, pues la comunidad habla de nueve y el informe de Medicina Legal dice que son seis. Los heridos ascienden a 80, muchos de ellos salieron a refugiarse a Ecuador. Incluso uno de los que falleció es de este país hermano. Aún hay personas desaparecidas.
En Alto Mira y Frontera existen consejos comunitarios afros, así como colonos que llegaron desplazados por la violencia. Allí viven cerca de cuatro mil familias que, en su mayoría, derivan su sustento del cultivo de coca. En Tumaco está el 16% del total del área sembrada de coca en Colombia, alrededor de 23.148 hectáreas, datos que arroja un monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos entre 2016 y 2017 en Colombia hecho por las Naciones Unidas. Unas 50 mil familias viven de este cultivo en el departamento de Nariño, según Ramiro Cortés, delegado nacional de las FARC para el Programa Nacional de Sustitución.
Versiones del Gobierno que no coinciden con la realidad
Ese mismo día de los ataques, el Ejército y la Policía sacaron un comunicado donde aseveraron que fue responsabilidad de una disidencia de las FARC que está obligando a la comunidad a protestar contra la erradicación. También decía el comunicado que lanzaron «al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades». La Defensoría del Pueblo, en una verificación que hizo en el lugar, dijo que no había evidencia de los efectos que dejan las explosiones. Tampoco hubo soldados ni policías heridos.
El presidente Santos, en declaración pública sobre los hechos en Tumaco, expresó: «Ya hemos identificado a dos individuos (alias Guacho y alias David) que son objetivos de alto valor por parte de la Fuerza Pública colombiana. Ofreceremos una recompensa de $150 millones para la persona que nos lleve a la captura de estos dos hombres» y los sindica de ser los responsables del «lanzamiento de tatucos a la población civil».
En un audio que envía la comunidad, habla uno de los testigos y desmiente el comunicado de la Fuerza Pública: «Estaba la montonera de gente y la Policía disparó contra todos. Yo estaba a 50 metros de uno de ellos y ahí me disparó a mí. No eran disidencia de las FARC, fue la Policía que hizo como una emboscada y soltaron un rafagazo y ahí quedó el reguero de gente tendida».
El informe de Medicina Legal arroja resultados muy diferentes a esas primeras versiones: «Los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad (…). Los expertos en balística del Instituto determinaron que los disparos no fueron hechos a corta distancia». Los campesinos también afirmaron que había francotiradores en la zona.
La Defensoría, después de indagar en la región lo sucedido, concluyó: «Testimonios recogidos en la zona de los hechos por una comisión humanitaria encabezada por el vicedefensor del Pueblo permiten inferir la presunta participación de servidores de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas».
Erradicación forzada o sustitución
El corregimiento de Llorente es una de las zonas que tiene mayor número de hectáreas de coca en Nariño y es priorizado para la implementación de los acuerdos y más aún en el tema de sustitución.
El gran problema es que la Policía no diferencia entre grandes y pequeños cultivadores. Ahí surge la inquietud de porqué atacan de manera indiscriminada a los pequeños cultivadores, además de que son los más explotados en toda esta cadena cocalera.
Las grandes mafias presionan para que se sigan expandiendo los cultivos mientras que el Acuerdo de Paz busca concertar la sustitución que beneficie a los campesinos. Pero este Gobierno apoya la estrategia de Estados Unidos que impone la erradicación.
«El Gobierno lo que ha dicho es que la firma de los acuerdos colectivos de voluntad no impide la erradicación forzada. Ese es un territorio en disputa territorial, es un territorio de consejos comunitarios y son campesinos que han estado ahí durante mucho tiempo. La solución que da el Gobierno no puede ser la salida de aproximadamente cinco mil familias que son las que viven allí. Eso puede ser una de las excusas por las que están erradicando ese territorio realmente», dijo Alejandra Torres, delegada por Nariño a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola en una entrevista a la Red de Prensa Alternativa Zur (RPAZ).
Policía ataca a misión humanitaria
El domingo 8 de octubre llegó a la vereda El Tandil una misión humanitaria conformada por defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, Personería de Tumaco, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, MAPP OEA y periodistas, pero fueron atacados con bombas aturdidoras y disparos. Las autoridades de la región tenían información de la visita humanitaria.
La misión de verificación, en un comunicado, expresó que hubo alteración y contaminación de la escena de la masacre. En una entrevista de RPAZ a Andrés Samudio, de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y que hizo parte de la misión de verificación, cuenta cómo encontraron el lugar: «Pudimos constatar con la comunidad que habían levantado cáscaras de los árboles, cortado árboles, escondido sangre en donde habían caído los cuerpos, esto nos hace pensar que se pudo alterar la escena de los hechos».
Además habla Andrés Samudio de un posible montaje judicial, porque cuando se encontraron con la comunidad, esta estaba indignada al saber que justo cuando entró un periodista de RCN encontraron un artefacto explosivo en la zona. Y agrega que «hay doscientas personas que quieren declarar, pero el CTI solo escogió a cinco, cosa que nos parece inconsistente porque cada uno tendrá su versión de los hechos».
El lunes 9 de octubre continuaba la erradicación forzada y el ataque a los campesinos.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22172