Recientemente se han presentado graves acontecimientos en el país que han puesto de presente la profundidad de la crisis política y social que afecta a Colombia. El estallido de una rebelión indígena en el norte del Cáuca contra la guerra/militarismo gubernamental y en favor de la paz; el fracaso de la reforma a la justicia, […]
Recientemente se han presentado graves acontecimientos en el país que han puesto de presente la profundidad de la crisis política y social que afecta a Colombia.
El estallido de una rebelión indígena en el norte del Cáuca contra la guerra/militarismo gubernamental y en favor de la paz; el fracaso de la reforma a la justicia, atascada ésta en el burocratismo y la infinita corrupción; el colapso del sistema general de salud expresado en el cierre continuo de hospitales y bancarrota de las instituciones intermediadoras; la anarquía del servicio público educativo, presionado por los rentistas de dicho servicio; el abandono de las regiones por la ausencia de la inversión pública y la distorsión de la distribución de las regalías petroleras y mineras; y la profundización de la guerra interior por las sorpresivas mutaciones políticas en los protocolos de los contendientes y la reactivación del neoparamilitarismo, tienen enfurecida la mayoría de la sociedad que trasluce por diversos mecanismos su oposición e inconformidad con el actual gobierno de J.M. Santos, cada vez más incompetente para ejercer la conducción de los asuntos público y gubernamentales.
Santos el autoproclamado pokerista, gran jugador y ganador, agotó sus posibilidades y se desplaza, a la deriva, en escenarios de incertidumbre y severos desaciertos. Ingresamos en un tramo de turbulencias e inestabilidad crónica del sistema político central.
Y como siempre, como para confirmar aquella socorrida fórmula de que las sociedades en crisis solo se plantean aquellos proyectos que está en capacidad de ejecutar, aparece, otra vez, la idea de realizar una Asamblea Constituyente como un procedimiento popular y democrático para la conformación de un nuevo modelo de legislación constitucional y de organización del Estado. Esto es, para realizar transformaciones radicales orientadas al cambio de las estructuras básicas del esquema político oligárquico hegemónico.
De lo que se trata es de buscar, con procedimientos institucionales y no institucionales, una Asamblea general de personas, que simbolizan el pueblo ejerciendo su poder constituyente, y que tiene a su cargo la capacidad de legislar, para aprobar una nueva Ley fundamental y los nuevos parámetros de conformación de un Estado, que deben cambiar los prototipos existentes colapsados.
Importantes núcleos de la sociedad han planteado la iniciativa de acudir al poder constituyente básico como una potencia que acelere la superación de la cruenta y prolongada guerra civil que nos desangra. Para el efecto reúnen asambleas municipales, departamentales y regionales cuya síntesis será una Asamblea Nacional para la paz a reunirse en los últimos días del mes de noviembre del año en curso, de donde saldrá una propuesta universal de solución política a la guerra mediante profundas transformaciones a la sociedad.
Más recientemente, en el contexto de una creciente rivalidad intraelite, con choques en curso entre el Ejecutivo y Legislativo y entre el Presidente y el Vice Presidente de la República, por la focalizacion del fracaso de la reforma de la justicia en los parlamentarios que la conciliaron y la iniciativa de suprimir la Vice Presidencia – a causa de la grave enfermedad de su titular, que salió duramente afectado al malograrse su candidatura para ser elegido Director de la OIT- mediante reforma constitucional que regrese la figura del Designado, se han proyectado propuestas de revocatoria de funcionarios y de reunión de una Asamblea Constituyente mediante el trámite de proyectos de ley formulados y radicados en las correspondientes instancias congresionales.
En éste último caso se han formalizado dos iniciativas, del Senador Juan Carlos Velez y del Representante Miguel Gomez, que apuntan a realizar la Constituyente para que aborde una reforma prioritaria de la justicia, un ajuste al periodo presidencial y una reorganización del régimen territorial del Estado que de vía libre a las regiones autónomas, bloqueadas por el obsoleto régimen departamental y el agobiante centralismo que tiene en la mas honda pobreza las periferias nacionales.
Rápidamente Santos y sus subalternos han descalificado todo, argumentando peligros, inconveniencias e inoportunidades. Por supuesto, sienten pasos de animal grande ya que las cosas se les salen de las manos, como es obvio, en condiciones de profunda crisis en que los de arriba ya no pueden manejar las cosas como hasta hace poco lo hacían y los de abajo no soportan las infernales condiciones existentes de agobio y falta de sosiego por la violencia, inseguridad y rampante pobreza.
Por fuera del gobierno, hay voces de peritos que descalifican, en tono apocalíptico, la reunión de una Constituyente alegando la defensa de la Constitución del año de 1991, según ellas la encarnación misma de la belleza postmoderna, para evitar dizque su desmonte, aduciendo que la misma implicó un gran salto en todos los ordenes de la sociedad, olvidando que tal texto estableció, por iniciativa del Presidente Cesar Gaviria, el marco esencial del modelo neoliberal que en 20 años ha devastado la nación y, lo más escandaloso, apuntaló la guerra porque dejó intacta la estructura y el poder de los militares para que siguieran su guerra biopolítica contra la resistencia guerrillera de los campesinos y el pueblo, como en efecto ha ocurrido hasta el día de hoy. Lo cierto es que con esa Constitución, los grandes beneficiarios, en dos décadas de vigencia, han sido los banqueros, las multinacionales, los grandes capitales y monopolios privados y los generales de la Fuerzas Armadas. La Carta del 91 no fue un pacto de paz, ni de justicia como lo pregonan ciertas almas cándidas, pues los hechos están a la vista. Las conquistas en materia de derechos alcanzadas en estos tiempos se deben más a las potentes luchas de la multitud y a los desarrollos internacionales de los derechos humanos que una casta política no puede desconocer olímpicamente.
Así que no se puede desconocer, con argumentos incoherentes, la urgencia de una Asamblea Constituyente. Su viabilidad se desprende de la clamorosa demanda popular que está creando las condiciones políticas propicias para que ello ocurra. Del clima favorable generalizado por todo el país.
Para no ir muy lejos baste con indicar que la problemática de los indigenas del Cáuca ya está siendo refundida/aplazada por los delegados gubernamentales en mesas espureas, temporalidades retorcidas, y con dilaciones y temas irrelevantes, para dejar las cosas tal como estaban hasta hace poco; es que la oligarquía local y sus delegados en la Casa de Nariño, se las arreglan hábilmente para traicionar, de nuevo, como hace 500 años, a los indígenas/campesinos/afros y desconocer sus derechos fundamentales.
O recordar el dantesco panorama de la salud, frente al cual se expidieron la semana pasada unos pañitos de agua tibia que no levantaran el enfermo en condición terminal.
O retomar el colapso de la justicia.
O repasar la rutina de la sempiterna guerra con masacres, muertes, bombardeos, falsos positivos, torturas, neoparamilitarismo, bacrim, militarismo y dilapidación de presupuestos en batallones de hechicería.
O revivir la fracasada «revolución agraria» y la malograda reparación de 7 millones de victimas de la violencia militar y paramilitar.
O describir el abandono de las regiones.
O relatar la debacle de la Locomotora minera que tiene en vilo a la nación por su asombrosa capacidad destructora de la naturaleza y la sociedad.
Estos problemas, que son como el Memorial de agravios o el Pliego de Peticiones de una nación entera, no pueden ser resuelto por la institucionalidad actual, es inexorable recurrir al recurso de la Asamblea Constituyente en la que se expresen todos los elementos de la nacionalidad colombiana. Dejemos que el debate haga su curso y que surjan las materialidades politicas requeridas, pues el señor Santos y su Unidad Nacional no dieron la medida. Esa es la verdad que no podemos desconocer.
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